María del Carmen Lezama Gil
Expediente 69/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Carmen Lezama Gil
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/346/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de algunas constancias del juicio laboral ********************. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable las documentales que acompaña, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora bien y en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, así como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, en razón a que como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, consistente en: ".La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, puesto que no desarrolla el juicio laboral número ********************, con diligencia, si no con dilación o demora en perjuicio de mi parte, ahora quejosa, lo anterior acontece as¡ ya que en fecha 23 veintitrés de Septiembre del año 2022, dos mil veintidós, presenté escrito inicial de demanda, y con fecha 27 de Octubre del mismo año, la responsable, requirió a la parte actora, mismo que se dio cumplimiento con fecha 14 de Diciembre del mismo año, en tiempo y forma, y es el caso que desde la presentación de la demanda y el cumplimiento a la prevención ha sido omisa en radicar la misma, señalara fecha para la audiencia de conciliación en los plazos que estipula la ley que les rige, y de no haber conciliación, señalara fecha para la audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, todo lo anterior se solicita como acto reclamado para que la responsable lo realice en los términos y plazos de la ley estatal y de la supletoria ley federal del trabajo, siendo el acto reclamado imputado a la responsable ante la dilación procesal que está incurriendo de manera sistemática.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas a su informe de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este asunto, este último ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal responsable de radicar la demanda laboral y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del juicio burocrático ******************** y, por ende, la imposibilidad de señalar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; lo cierto es, que el dos de febrero de la presente anualidad, la citada autoridad responsable tuvo a la parte actora cumpliendo con el requerimiento de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, y fijó las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, de conformidad con los artículos 97 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y de su Municipios; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada; además, precisó que desechó la referida demanda únicamente por lo que ve a la demandada "QUIEN RESULTE SER EL RESPONSABLES DE LA RELACIÓN LABORAL CON EL TRABAJADOR ACTOR" y, que se admitía a trámite la demanda, se tenía por recibida y radicada la demanda promovida por la actora, en contra de la Secretaría de Educación en el Estado. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/346/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de algunas constancias del juicio laboral ********************. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable las documentales que acompaña, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora bien y en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, así como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, en razón a que como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, consistente en: ".La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, puesto que no desarrolla el juicio laboral número ********************, con diligencia, si no con dilación o demora en perjuicio de mi parte, ahora quejosa, lo anterior acontece as¡ ya que en fecha 23 veintitrés de Septiembre del año 2022, dos mil veintidós, presenté escrito inicial de demanda, y con fecha 27 de Octubre del mismo año, la responsable, requirió a la parte actora, mismo que se dio cumplimiento con fecha 14 de Diciembre del mismo año, en tiempo y forma, y es el caso que desde la presentación de la demanda y el cumplimiento a la prevención ha sido omisa en radicar la misma, señalara fecha para la audiencia de conciliación en los plazos que estipula la ley que les rige, y de no haber conciliación, señalara fecha para la audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, todo lo anterior se solicita como acto reclamado para que la responsable lo realice en los términos y plazos de la ley estatal y de la supletoria ley federal del trabajo, siendo el acto reclamado imputado a la responsable ante la dilación procesal que está incurriendo de manera sistemática.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas a su informe de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este asunto, este último ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal responsable de radicar la demanda laboral y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del juicio burocrático ******************** y, por ende, la imposibilidad de señalar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; lo cierto es, que el dos de febrero de la presente anualidad, la citada autoridad responsable tuvo a la parte actora cumpliendo con el requerimiento de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, y fijó las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, de conformidad con los artículos 97 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y de su Municipios; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada; además, precisó que desechó la referida demanda únicamente por lo que ve a la demandada "QUIEN RESULTE SER EL RESPONSABLES DE LA RELACIÓN LABORAL CON EL TRABAJADOR ACTOR" y, que se admitía a trámite la demanda, se tenía por recibida y radicada la demanda promovida por la actora, en contra de la Secretaría de Educación en el Estado. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el doce de los actuales, compareció..., autorizado de la parte quejosa a recibir el edicto ordenado en auto diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para estar en condiciones de emplazar a juicio al tercero interesado Sucesión testamentaria o intestamentaria a bienes de...; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, indíquese a la parte quejosa, que en caso de que no acredite haber entregado para su publicación los edictos a partir del día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación del acuerdo de referencia -diecinueve de diciembre de dos mil veintidós- en el que se señaló que el citado edicto quedó a su disposición, se sobreseerá en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.10o.P.1 K (10a.), emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el 17 de marzo de 2017, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2013988 que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado... por medio de edictos, mismos que quedaron a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado para su correspondiente publicación, en el que se le apercibió en el sentido de que de no acreditar ante este Tribunal Federal haber entregado los aludidos edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes a aquel en que quedara debidamente notificada al efecto, lo que ocurrió el dieciséis de marzo de la presente anualidad, o manifestar el impedimento legal o material que tuviera para ello, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de veinte días concedido en el citado auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- María del Carmen Castro Angel432/2023
- María del Carmen Espino Espino134/2022
- María del Carmen Estrada Morales390/2022
- María del Carmen Gutiérrez Hernández225/2023
- María del Carmen Herrera González800/2018
- María del Carmen Juárez López207/2005
- María del Carmen Lezama Gil1447/2023
- María del Carmen Mora Lara7/2016
- María del Carmen Nateras Villegas330/2021
- María del Carmen Ortíz Girón1009/2018
- María del Carmen Ortíz Girón827/2018
- María del Carmen Rábago Almanza690/2020