María del Carmen Lezama Gil

Expediente 1447/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1447/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Lezama Gil

Actuaciones

  1. Principal

    OFICIO DESTACADO

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número UAVF/792, signado por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento de diez de octubre y remite copias certificadas de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Documentales citadas que de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional respetiva. Por tanto, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien de las constancias que remitidas por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, medio del cual informa que con fecha veinte de agosto de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la aludida Agente, adjuntó a su oficio de cuenta, consistentes copias certificadas de las constancias que integran la a carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, documentales a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También se cita la diversa la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, sintetizado en el considerado segundo de la presente resolución. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido del artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la lectura de la citada porción normativa se aprecia que, el juicio de amparo es improcedente, entre otras hipótesis, contra actos emanados en un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, con relación a dicha causa de improcedencia, es menester establecer que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la cual se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y, la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional ********************, presentó demanda de amparo indirecto en contra de la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención de Violencia Familiar de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad, por el acto que hizo consistir en el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que, entre otras cosas se dictaron medidas de protección, a favor de la aquí tercera interesada ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Establecido lo anterior, es evidente que, en el caso concreto, a saber, en los autos de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, del cual emana el acto reclamado, ha operado un cambio de situación jurídica, pues las violaciones de las cuales pudiera adolecer la determinación reclamada, a saber, el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se acordó entre otras cuestiones, medidas de protección y aseguramiento a favor de la aquí tercera interesada, dentro de la aludida indagatoria que se instaba por el hecho que la ley señala como violencia familiar. Lo anterior es así, pues, con posterioridad a la emisión del acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, integrada en contra de la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar, el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil veintitrés, dictaron el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por ser dicha resolución la que ahora rige la situación jurídica de dicho tópico, a saber, del auto de determinación de no ejercicio de la acción penal a la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, bajo los términos y condiciones decretados en la propio acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veinte de agosto de dos mil veintitrés por el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, razón por la cual, como se estableció previamente, es indudable que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 521 del tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ARTICULO 73, FRACCION X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Igualmente, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

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