María del Carmen Ocampo Castañeda y Otros.
Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María del Carmen Ocampo Castañeda y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentada por María del Carmen Ocampo Castañeda, contra actos que atribuye a la Gobernadora del Estado de Guerrero y otra dependencia oficial. ? Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 149/2023-F que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo1, dispone la facultad de esta juzgadora para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) De la Gobernadora del Estado de Guerrero, la omisión de exhibir la cantidad de $1,098,993.60 (un millón noventa y ocho mil novecientos noventa y tres pesos 60/100 moneda nacional), ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en cumplimiento al oficio 7312/2022, derivado del juicio laboral 572/2012. b) De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la omisión de exhibir la cantidad de $1,098,993.60 (un 1 Ley de Amparo Vigente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." millón noventa y ocho mil novecientos noventa y tres pesos 60/100 moneda nacional), ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en cumplimiento al oficio 7311/2022, derivado del juicio laboral 572/2012. Ahora, de las manifestaciones vertidas por el quejoso y anexos que acompañó a su escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en esencia, la parte quejosa reclama de la Gobernadora y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la omisión de dar cumplimiento dado a lo requerido mediante oficios 7311/2022 y 7312/2022, ambos de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitidos por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el juicio laboral 572/2012, mediante los cuales les requirió para que en coordinación con el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, de acuerdo a los techos financieros, realizaran los pagos conforme a los programas y presupuestos otorgados al prealudido Ayuntamiento demandado y a favor de la parte actora en el expediente de origen, con apercibimiento de la imposición de multa para el caso de no hacerlo así. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente de conformidad con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los normativos 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: CESAR HERNANDEZ SERRANO "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Ley." Asimismo, se destaca que la jurisprudencia que emita el Máximo Tribunal del País funcionando en pleno o en salas es obligatoria, en el caso, para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, de conformidad con el ordinal 217 de la propia ley dispone que: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Ahora, se estima necesario formular algunas reflexiones en torno al contenido del término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103 Constitucional en su fracción I, establece: Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Así tenemos que ni el precepto 103, fracción I, ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término "autoridad". Ciertamente, dicho término se define en el artículo 5o, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que establece: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esta manera, la definición de que se trata ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República y que al respecto existe publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Cobra mayor fuerza lo asentado por los ordinales transcritos, de donde se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad". Ahora, respecto a la interpretación de autoridad responsable a que se refiere el referido numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la tesis: P. XXVII/97, con número de registro digital: 199459, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, visible en página: 118, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Sentado lo anterior, cabe decir que el término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan. De esta manera, se ha sostenido que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio; pues este criterio actualmente ha cambiado y debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del estado han resentido cambios sustanciales que permiten conceptuar a la autoridad con independencia de que pueda o no hacer uso directo de la fuerza pública, sin embargo, para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar la naturaleza del acto reclamado. De esa guisa, debe decirse que, una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a).- Que su emitente tenga características de órgano público; b).- Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c).- Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En relación con estos elementos distintivos de actos de autoridad, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, es necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. Al respecto, las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el caso en análisis, el acto que el quejoso atribuye a las dependencias que señala como responsables no es un acto unilateral, ya que por sí mismo, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular aquí quejoso en su esfera de derechos, porque los actos de omisión que se les atribuyen son con el carácter de autoridades vinculadas al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen, lo que únicamente incumbe a la responsable (Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero), por lo que no pueden estimarse como "actos de autoridad"; sino que los mismos deben reclamarse a través del procedimiento específico que prevé la ley de la materia, en donde incluso puede llegarse a la imposición de la multa con que fueron apercibidas para el caso de incumplir con el requerimiento formulado. De lo anteriormente asentado, se advierte que el acto que se les reclama a la Gobernadora y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no tiene la naturaleza de acto de autoridad; toda vez que no pueden considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que su emisión o no de actos, en el sentido de no atender requerimientos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a fin de cumplir con una condena derivada del laudo de origen, no le otorga el carácter de autoridad contra las cuales se dirige el aquí quejoso. Lo así determinado encuentra apoyo en la tesis: VII.2o.T.60 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, visible en página: 2279, del rubro y texto que siguen: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA QUE ES VINCULADA POR EL TRIBUNAL DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL LAUDO, EN TÉRMINOS DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ. Los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son aquellos provenientes de relaciones de supra a subordinación que afecten derechos de particulares y no actos derivados de relaciones de coordinación; concebidas las primeras como las existentes entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros se encuentran en un plano superior respecto de los segundos, mientras que las de coordinación, son las establecidas entre particulares ubicados en una situación de igualdad y bilateralidad, regida por el derecho privado. De ahí que no pueden considerarse como autoridades responsables a los órganos de gobierno y dependencias públicas del Estado de Veracruz que, a pesar de no haber sido parte en el juicio de origen, fueron vinculadas al cumplimiento del laudo emitido en esa contienda, en términos de la ley burocrática local, pues con esa determinación quedan incorporados al juicio natural en la fase de ejecución del laudo, siendo colocadas en un plano de coordinación y de igualdad procesal con las partes contendientes; máxime, si se toma en consideración que la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", estableció que el incumplimiento de una condena impuesta a los órganos de gobierno y dependencias públicas de dicha entidad federativa, no constituye un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, dado que su marco normativo prevé un procedimiento específico para ejecutar dicha condena, en el que, incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento mediante el embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas, lo que es suficiente para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales regidas por el derecho privado y social." Es menester precisar que el criterio invocado, no obstante de hacer alusión a la legislación del Estado de Veracruz, resulta aplicable al presente caso, ello en razón que la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, al igual que la Ley Laboral para el Estado de Veracruz, prevé un procedimiento específico para ejecutar dicha condena. En las narradas circunstancias, el acto impugnado de la Gobernadora y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no es un acto de autoridad, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora el contenido de la Jurisprudencia: III.4o.T.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE DESECHARSE CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.), CUANDO SE RECLAMA UNA ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO, AL NO CONSTITUIR UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, NI DISPOSICIÓN O JURISPRUDENCIA QUE DEFINA DICHOS CONCEPTOS."; sin embargo, en el caso en análisis no resulta aplicable dicha jurisprudencia, toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, no fue señalado como autoridad responsable, siendo este a quien en todo caso podría atribuírsele dilación en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, ? Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. ? Autorizados. Dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde el promovente no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Ahora, en atención a la solicitud de que las notificaciones se le realicen por medio del correo electrónico y/o número telefónico, que proporciona en su escrito de cuenta, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que dichos medios de comunicación, son medios alternativos de comunicación, no procesales, para realizar las notificaciones personales a las partes. ? Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. ? Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ? Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
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