María del Carmen Salmerón Pérez
Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María del Carmen Salmerón Pérez
- Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado
- María del Carmen Salmerón Pérez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual devuelve el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo******************** y copia certificada del testimonio pronunciado en el toca del incidente en revisión administrativo ********************, interpuesto por ********************, en contra de la interlocutoria emitida en autos; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo******************** y se reservó acordar respecto de la calificación del incidente de suspensión hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de sentencia interlocutoria; por tanto, acorde a lo que prevé el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: El ORIGINAL DEL INCIDENTE de suspensión será DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva; y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN serán DESTRUIBLE; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que en auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se admitió el recurso de revisión hecho valer por el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado, contra la resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintidós dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 101/2022 de nuestro índice; de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco, Guerrero, que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente en el juicio de amparo 101/2022 y el ocho de junio del año en curso, se declaró firme la sentencia que sobresee ordenándose el archivo definitivo del mismo; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que se sobreseyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 13 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, se reserva a acordar respecto de la calificación del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión interpuesto por el Comisario Amadeo Tiburcio Paulino, Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado, en contra de la sentencia interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 101/2022 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós , hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por María del Carmen Salmerón Pérez, por propio derecho; estando en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. El Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demandas 13-16 2 Auto admisorio 20-23 3 Emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal 24 Enseguida el Secretario da cuenta al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, dentro del cual se da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. A lo anterior, el Juez Primero de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto continuo, el secretario: certifica que no existen pruebas por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. El Juez Primero de Distrito, acuerda: atento a la certificación de cuenta, se culmina la etapa probatoria y se continúa con la de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó alegatos, así como las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez Primero de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al Agente del Ministerio Público por no formulando alegato ministerial y por perdido el derecho a las demás partes de hacerlo. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, para dictar la resolución que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 101/2022, promovido por María del Carmen Salmerón Pérez, por propio derecho, contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, María del Carmen Salmerón Pérez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A). ORDENADORA; el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado, con domicilio en Calle Ministerio Publico, número 07. Colonia Villa Moderna, C.P. 39070, de esta Ciudad Chilpancingo Guerrero. B).- EJECUTORAS; el Director, así como el Jefe de Seguridad, ambos del Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, con domicilio en Calle, Dr. Sergio García Ramírez, S/N, Las Cruces, C.P. 39770, en Acapulco de Juárez, Guerrero.". "IV.- ACTO RECLAMADO: El oficio número DGSCP/PM/0035/2022, suscrito por la responsable "ordenadora", en el cual me asigna una "comisión temporal" del Centro de Reinserción Social de Chilapa de Álvarez, Guerrero, al Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero; en flagrante violación de los preceptos 1 y 16 respectivamente de nuestra Carta Magna. A las autoridades señaladas como ejecutoras se le reclaman consecuencias jurídicas y materiales del oficio número DGSCP/PM/0035/2022.". SEGUNDO. Admisión y trámite. El ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; al Agente del Ministerio Público de la Federación se le dio la intervención que le compete; se emplazó al tercero interesado; la autoridad responsable rindió su informe justificado, y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, el acto reclamado es atribuido a una autoridad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo cual, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado en su carácter de ordenadora: 1.- El oficio número DGSCP/PM/0035/2022, en el cual me asigna una comisión temporal del Centro de Reinserción Social de Chilapa de Álvarez, Guerrero, al Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero. Y como EJECUTORAS; el Director y el Jefe de Seguridad, ambos del Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero. 2.- Consecuencias jurídicas y materiales del oficio número DGSCP/PM/0035/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado [1]. Es cierto el acto reclamado del Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado, por así haberlo aceptado al rendir su informe justificado. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado." Lo que se corrobora con las copia certificada del oficio número DGSCP/PM/0035/2022, que adjuntó a su informe justificado; actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable [2] Director y el Jefe de Seguridad, ambos del Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, por tratarse de autoridades que tienen el carácter de ejecutoras. Motivos por los cuales, debe tenerse por cierto el acto destacado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, debe decirse que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional. En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De la citada disposición normativa se advierte que uno de los presupuestos jurídicos procesales, para la procedencia del juicio de amparo es la demostración de la afectación del interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a favor del titular, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo. En otras palabras, como lo reconoce la jurisprudencia, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo objeto, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado es un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado), que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado, que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Luego, de conformidad con lo establecido por el precepto mencionado, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueva haya resentido un agravio (principio de agravio personal directo), pues, en efecto, sólo así puede acudir al juicio de amparo, debiendo ser titular del derecho que alega infringido y como consecuencia de esa violación, resulta afectado en sus intereses jurídicos. Esto, porque el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos constitucionales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de la parte peticionaria de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 1a. /J.168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de enero de 2008, página 225, que a la letra establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto de autoridad o la ley que se reclame. Como se precisó, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso, en su calidad de policía estatal custodio, carece de interés jurídico para impugnar su cambio de adscripción por comisión temporal, debido a que no cuenta con derecho a la inamovilidad para permanecer en un determinado centro de reinserción social. Ahora, como ya quedó precisado con anterioridad, la parte quejosa reclama en esencia en el presente juicio de amparo, el oficio DGSCP/PM/0035/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, emitido por el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado, a través del cual, le comunican que se le comisiona de manera temporal en el CEFERESO Acapulco. Ahora de la lectura del citado oficio, se advierte: a) Por necesidades del servicio derivado de la falta de personal operativo la quejosa fue comisionada de manera temporal al CEFERESO. b) El primero de febrero de dos mil veintidós, le fue notificado a la parte quejosa el oficio DGSCP/PM/0035/2022, emitido por el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, a través del cual se hizo de su conocimiento su comisión de manera personal al CEFERESO Acapulco. Dicho oficio es del contenido siguiente: Luego, la relación de la parte quejosa con el Estado se encuentra especialmente regulada, en términos del precepto 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal que establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones." Dicho precepto constitucional revela la naturaleza del vínculo que existe entre el Estado y los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de las instituciones policiales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. El Máximo Tribunal del País determinó que el régimen excepcional contemplado en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo es aplicable a los servidores públicos expresamente señalados en la porción normativa indicada, es decir: A los militares, marinos. Al personal del servicio exterior. A los agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. Sirve de sustento, la Jurisprudencia P./J. 24/95, de número de registro 200322, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." Lo anterior, evidencia que se tuvo la intención de excluirlos del régimen laboral establecido en el propio apartado B del señalado numeral 123 de la Constitución Federal. Dicho precepto constitucional ha sido interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los agentes de policía que integran los cuerpos de seguridad pública entablan una relación administrativa [y no laboral] con el Estado, derivado de la naturaleza de las funciones que desempeñan vinculadas directamente con la seguridad de las personas. Derivado de esas funciones, resulta indispensable, entre otras cosas, que los policías se mantengan siempre a disposición de sus superiores, para procurar la satisfacción de las necesidades propias de su cargo. En esa medida, se justifica que la propia Constitución General excluya a los policías del régimen aplicable a los trabajadores de base y de confianza, para ubicarlos en una situación especial de naturaleza administrativa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 14/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, reiteradamente, ('POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.', Novena Época, Pleno, tesis P./J. 24/95; 'POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.', Octava Época, Pleno, Tomo I, Primera Parte-1, página 43; 'TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.', Octava Época, Pleno, tesis P./J. 9/90; 'POLICÍAS. EL AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN QUE DECRETA SU BAJA.', Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 7/96; 'POLICÍAS. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN DE BAJA.', Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 8/96) en el sentido de que los miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen laboral que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, en tanto que si en la Constitución se hubiese querido dar un trato igual a los grupos mencionados en la misma, constituidos por los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, no se hubiera establecido, en dicha fracción, que debían regirse por sus propias leyes, ya que hubiera bastado con lo enunciado en el apartado B, al señalar las reglas generales para normar las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En estas condiciones, lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son contrarios a lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues la razón de la inclusión en un precepto expreso, de que los cuatro grupos citados deben regirse por sus propias leyes, se ve nulificada al asemejarlos a los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, la disposición constitucional, al diferenciar a estos grupos en las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, señalando que deberán regirse por sus propias leyes, las excluye de la aplicación de las normas que se establecen en el citado apartado. Por último, la exclusión de los miembros de los cuerpos de seguridad pública de las relaciones que regula el apartado B del artículo 123 constitucional, se hace patente si se considera que en el segundo párrafo de la fracción XIII se establece que el Estado deberá proporcionar a los miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones establecidas en el inciso f) de la fracción XI, lo que implica un privilegio constitucional en favor de algunos de los sujetos que contempla la fracción XIII, establecido en forma expresa en atención a que se encuentran excluidos de dichas prestaciones. Esto es, si la intención de la Potestad Revisora hubiera sido la de considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del apartado B, como trabajadores de confianza, con los derechos de protección al salario y a la seguridad social, no hubiera sido necesario disponer, expresamente, que el Estado se encuentra obligado a otorgar a una parte de ese grupo lo que ya está establecido en la fracción XIV, de lo que se evidencia la exclusión de dichos grupos de ser considerados como trabajadores." Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 87/2004, la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció que, el cambio de adscripción de los agentes de policía -que se origine por necesidades del servicio- y sin que implique la modificación de funciones o condiciones laborales, no los dota de interés jurídico para impugnar dicho cambio a través del juicio de amparo. Lo anterior, sobre la premisa relativa a que los agentes de policía no tienen reconocido el derecho a la inamovilidad o a permanecer indefinidamente en una determinada adscripción, por lo que su cambio no actualiza afectación alguna en sus derechos jurídicamente tutelados. De dicho precedente derivó la jurisprudencia 2ª./J 38/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 310, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento." Posteriormente, la Segunda Sala del Alto Tribunal reiteró el referido criterio al resolver al resolver la contradicción de tesis 331/2010, en la cual estimó que los cambios de adscripción deben observar en todo momento el procedimiento establecido en la legislación aplicable, dado que dicha determinación no puede escapar ni es ajena a la garantía de legalidad. En este sentido, se indicó que si bien los agentes policiales no tienen permanencia en su adscripción, su cambio debe sujetarse al procedimiento establecido en la ley, por lo que en el supuesto de que ello no aconteciera así, daría lugar -en principio- a estimar que sí cuentan con interés jurídico para acudir a la instancia constitucional a impugnar su cambio. No obstante, se señaló que si de autos se demuestra que el cambio de adscripción se realizó en igualdad de funciones y condiciones, entonces indefectiblemente el agente de policía carecerá de interés jurídico para impugnar dicha determinación, lo que permitió la armonización de dicho criterio con el diverso contenido en la jurisprudencia 2ª./J 38/2005 previamente aludida. Dicho en otras palabras, si bien se ha reconocido que los agentes de policía cuentan, en principio, con interés jurídico para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, lo cierto es que si ese cambio se verifica en igualdad de funciones y condiciones a las que anteriormente tenían, provocará que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De ese modo, únicamente en el supuesto de que el cambio de adscripción o comisión implicara una modificación a las funciones y condiciones de los agentes de policía, podrá estimarse que cuentan con interés jurídico para reclamar tal acto a través del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 16/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 815, Tomo XXXIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Lo anterior pone de manifiesto que para considerar que un agente policial cuenta con interés jurídico para impugnar su comisión de manera temporal al CEFERESO ACAPULCO, será necesario verificar los elementos siguientes: (i) que cuente con un derecho de inamovilidad; o (ii) que dicho cambio implique una modificación en sus funciones y condiciones. Ahora, en el caso el quejoso reclama su comisión de manera temporal en el CEFERESO ACAPULCO; sin embargo, se carece de interés jurídico para reclamar dicho acto pues: a) No cuenta con el derecho a la inamovilidad en el empleo, y; b) No demostró ni se encuentra acreditado en autos que su nueva comisión implique realizar funciones distintas de las que desempeñaba en su comisión anterior. A fin de justificar el primero de esos elementos -inamovilidad-, es conveniente establecer que artículo 75 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se desprende un catálogo de derechos establecidos a favor del personal de carrera del cuerpo de seguridad pública del Estado de Guerrero, entre los cuales no se advierte el relativo a la inamovilidad de su adscripción o comisión. Artículo 75. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el personal. Se regirá por las disposiciones mínimas siguientes: I. Las instituciones policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en los Registros Nacional y Estatal antes de que se autorice su ingreso a las mismas; II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado, que expedirá el Centro Estatal de Evaluación; III. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema Estatal; IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las instituciones policiales, los aspirantes y el personal que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización; V. La permanencia del personal en las instituciones policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley; VI. Los méritos del personal de las instituciones policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las Leyes respectivas; VII. Para la promoción del personal de las instituciones policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones del personal de las instituciones policiales; IX. El personal policial podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio; De lo anterior se desprende que no se satisface el primero de los requisitos necesarios para considerar que la aquí quejosa cuenta con interés jurídico para combatir el acto reclamado, dado que la legislación aplicable no reconoce a su favor el derecho a la inamovilidad. Ahora, en relación con el segundo requisito relativo al desempeño de funciones o establecimiento de condiciones distintas a las que tenía con anterioridad a su cambio por comisión temporal, debe destacarse que del oficio que constituye el acto reclamado se advierte que la quejosa permanecerá en la misma categoría y plaza que ostenta. Además, sus acciones se relacionan a mantener la seguridad y vigilancia al interior y exterior del centro de reclusión. Lo anterior pone de manifiesto que la quejosa, a partir de que fue comisionado al CEFERESO ACAPULCO, desempeña las mismas funciones que realizaba con anterioridad, lo que se robustece si se toma en cuenta que después de su cambio continuara con el nombramiento que viene desempeñando. En esas condiciones, no puede considerarse válidamente que se hubieran modificado sus funciones, puesto que actualmente es un elemento policial de carrera que hace las funciones de policía custodio, aun cuando fue comisionado al CEFERESO ACAPULCO. Por tanto, la parte quejosa, en su calidad de custodio, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Guerrero, carece de interés jurídico para impugnar los actos reclamados que dieron sustento a su comisión temporal. Lo anterior, porque como quedó demostrado, no cuenta con un derecho de inamovilidad, aunado a que su nueva comisión no implica la realización de funciones diversas al cargo que ostentaba como policía custodio; y por tanto, el cambio de adscripción laboral por una comisión temporal de la aquí quejosa no modifica su calidad de servidor público, máxime que, como ya se dijo, ese cambio es con la misma plaza y grado que ostenta, por motivo de las necesidades del servicio que imperan en dicha Institución. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio promovido por María del Carmen Salmerón Pérez. QUINTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por María del Carmen Salmerón Pérez, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades que fue señalada en el considerando SEGUNDO, de acuerdo a lo expuesto en el diverso considerando CUARTO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido por Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario que da fe. El suscrito Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; certifico y hago constar que esta foja corresponde a la sentencia emitida el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 101/2022. Conste. .
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