María del Carmen Ocampo Castañeda

Expediente 427/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
427/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • María del Carmen Ocampo Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 70 a 73). Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, y de acuerdo a la certificación de cuenta no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos enviados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual adjuntó copia certificada del auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 572/2012, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, María del Carmen Ocampo Castañeda por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, que hizo consistir en (foja 2): "La negativa de la responsable de vincular a las autoridades estatales, Gobernador del Estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero, dentro del Juicio Laboral 572/2012, para el efecto que conminen y coadyuven al pago de las prestaciones laborales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33, 95 de la Ley 51." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa basa su reclamación en que: el presidente del tribunal laboral ha sido omiso en emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que le presentó el veinticinco de enero (fojas 61 a 62) y once de febrero ambas de dos mil diecinueve (fojas 63 a la 67), en las que solicitó entre otras cosas certificar que en la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, no existe medida de apremio más elevada que la dispuesta en el artículo 95 que dispone hasta quinientos días de salario mínimo como multa para hacer cumplir el laudo dictado a favor de la actora aquí quejosa; asimismo, certificar que en el juicio laboral de origen ya se había aplicado la medida de apremio de quinientos días de salario mínimo vigente al Ayuntamiento demandado sin que este hubiera hecho el pago a lo adeudado y por lo cual solicita también vincular a las autoridades municipales del Ayuntamiento demandado de Taxco de Alarcón Guerrero, como son el Tesorero Municipal, Presidente Municipal, así como al Gobernador del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado de Guerrero, para los efectos, estos últimos de superiores jerárquicos, conminen y coadyuven a liberar el pago para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, al oficio de cuenta anexó copia certificada del acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, del que se aprecia que en primer término recibió las promociones que le presentó la parte quejosa el veinticinco de enero (fojas 61 a 62) y once de febrero ambas de dos mil diecinueve (fojas 63 a la 67) y dijo a la parte actora aquí quejosa que en razón de que en auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, requirió al demandando el pago de lo condenado en el juicio laboral de origen; sin embargo, que el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, se hicieron cambios de administración y representantes de los Ayuntamientos demandados, por lo cual era improcedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto antes citado a la C. Ana Lilia Jacobo de la Cruz en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado ya que la misma en la actualidad ya no se ostenta con el cargo. Luego, la responsable señaló que para continuar con la ejecución del laudo determinó requerir nuevamente a la Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $1,098,933.60 (Un millón noventa y ocho mil novecientos y treinta y tres pesos 60/100 moneda nacional) cantidad que debía exhibir en el término de quince días hábiles siguientes a la notificación del aludido auto, con el apercibimiento para la Síndica Procuradora que de no dar cumplimiento al requerimiento de pago efectuado se aplicaría una multa de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo vigente que ascendía a $46,206.00 (cuarenta y seis mil doscientos seis pesos 00/100 moneda nacional). Además, en relación a la solicitud de la parte actora aquí quejosa, respecto de vincular a las autoridades municipales del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón Guerrero como son el Tesorero Municipal, Presidente Municipal, así como el Gobernador del Estado de Guerrero, y Congreso del Estado de Guerrero, estos dos últimos para los efectos, como superiores jerárquicos conminen y coadyuven a liberar el pago de las prestaciones laborales del presente juicio, la responsable manifestó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado ya que si bien es cierto las autoridades de ese Órgano Municipal representan en su conjunto al Ayuntamiento demandado también lo es que de dichos funcionarios quien tiene la representación jurídica, es únicamente la Síndica Procuradora, tal y como ha quedado asentado en el artículo 77 fracción II de la Orgánica del Municipio libre vigente en el Estado; por ende, es al Síndico a quien se debe imponer la multa en caso de ser omiso al requerimiento de la aludida autoridad laboral. De igual forma, el órgano laboral precisó que de acuerdo a lo establecido en el capítulo de "los medios de apremio y la ejecución de los laudos" de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en lo referente a los medios de apremio establecen únicamente la multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado de Guerrero, por lo cual el tribunal laboral debe de sujetarse a lo que estableció el legislador en la citada Ley. En esas condiciones, dado que en veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la quejosa presentó la demanda de amparo; sin embargo, en auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la responsable acordó las promociones que le presentó el veinticinco de enero y once de febrero ambas de dos mil diecinueve la parte actora aquí quejosa, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las doce horas con veinte minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 49). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a éste Juzgado, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas que refiere.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 33); misma que no es posible desahogar, en razón de que en auto de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 45) se concedió un término de tres días a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que rinda su informe justificado, el cual se encuentra transcurriendo como se aprecia de la constancia de notificación que obra agregada en autos a foja 48. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

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