María del Carmen Martínez López y Otros.

Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1045/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Martínez López
  • María del Carmen Martínez López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Martínez López, en representación de sus menores hijos de iniciales J.A.F.M. y A.P.F.M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1045/2022-VIIl. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en el apartado de antecedentes por los propios impetrantes, se advierte que el acto reclamado es: La omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer contra el virus SARS-CoV2, a los menores de edad de identidad reservada con iniciales J.A.F.M. y A.P.F.M. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de los directos quejosos de iniciales J.A.F.M. y A.P.F.M. (quienes a la fecha cuentan con once y siete años cumplidos); por lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I, del artículo 5° de la presente ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley De los numerales citados, se advierte que, para que el juicio de amparo sea procedente, es condición indispensable que la parte promovente acredite fehacientemente que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos, en atención a que este juicio se sigue siempre a instancia de parte agraviada; lo que equivale, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, a que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución, en favor de la parte quejosa. Es decir, se debe contar con interés jurídico, por ser una persona directamente agraviada por la ley o acto u omisión que estime violatorio de sus derechos fundamentales. De este modo, las notas calificativas del concepto de interés jurídico pueden expresarse diciendo que tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto u omisión de autoridad y el perjuicio debe ser actual y directo. Ahora, de la lectura integral de su escrito de demanda y de las documentales consistentes en las actas de nacimientos con folio N-2145492 y A-134066, se advierte que los menores quejosos tienen como fecha de nacimiento las siguientes: por cuanto a J.A.F.M. el siete de septiembre de dos mil diez, y A.P.F.M. el veintiséis de noviembre de dos mil catorce; esto es, hoy en día, los menores en cuestión cuentan con la edad de once y siete años. Asimismo, se aprecia que señala como acto reclamado la omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer contra el virus SARS-CoV2 los menores de edad de identidad reservada con iniciales J.A.F.M. (once años) y A.P.F.M. (siete años). Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo Nacional de Vacunación contra el SARS COV 2 para la Prevención de la COVID 19 en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno, cobró vigencia la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID19 en México, cuyos lineamientos fueron publicados en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx el ocho de diciembre de dos mil veinte. De acuerdo con los ordenamientos en cita, las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, en lo que interesa al presente asunto, serían de la manera siguiente: -Etapa 1: Diciembre 2020 - Febrero 2021 Personal de Salud de Primera Línea de Control de la COVID 19. -Etapa 2: Febrero - Abril 2021 Personal de Salud Restante y Personas de 60 y más años. -Etapa 3: Mayo - Junio 2021 Personas de 50 a 59 años. -Etapa 4: Junio - Julio 2021 Personas de 40 a 49 años. -Etapa 5: Julio - Marzo 2022 Resto de la población. Asimismo, es un hecho notorio que a través de un comunicado oficial, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en conferencia matutina del día trece de junio de dos mil veintidós, informó que el pre-registro para el grupo etario de cinco y once años en adelante iniciará a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la página https://mivacuna.salud.gob.mx. Se toma a consideración el criterio XX.2o. J/24, con número de Registro digital: 168124, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIX, de enero de 2009, página 2470, que a continuación se aprecia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". De lo anterior, se aprecia que, el grupo etario al que pertenecen los menores quejosos comenzó con el proceso de vacunación correspondiente, pues a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el preregistro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se le aplique la vacuna referida. Esto es, el periodo de vacunación al que se encuentran sujetos los menores quejosos, ya se habilitó el dieciséis de junio actual por lo que las autoridades sanitarias proporcionarán o suministrarán la vacuna que corresponda al solicitante de amparo, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. De ahí que los menores de entre cinco y once años de edad, sin comorbilidades, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación. Así, el acto aquí reclamado no afecta el interés de los directos quejosos, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenecen puede realizar su pre-registro a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, por ende, deberán realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sean inoculados. Y es que en el caso, se estima que ya no es aplicable la jurisprudencia por reiteración de criterios, aprobada en sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, cuyo contenido literal es el siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO DECRETADA DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA ANTE LA OMISIÓN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 A MENORES DE EDAD EN UN RANGO DE 12 A 17 AÑOS AL NO ENCONTRARSE CONTEMPLADOS DENTRO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN, POR LO QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS: Un menor quejoso por conducto de sus representantes interpuso recurso de queja en contra del auto por el que el juez de distrito negó decretar la suspensión de oficio y de plano en un juicio de amparo indirecto promovido en contra de "La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México", en el que solicitó la medida cautelar para el efecto de que se le inocule a la brevedad posible teniendo en cuenta el interés superior de la niñez para tutelar, proteger y garantizar su derecho humano a la salud, prerrogativa constitucional que estimó violada debido a que dicho instrumento omite considerar a los menores de edad en un rango de 12 a 17 años en las etapas de vacunación. CRITERIO JURÍDICO: Este tribunal colegiado de circuito determina que es procedente decretar la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión que contiene la referida política de vacunación, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo se estaría poniendo en peligro la vida del menor, que es el bien jurídico de más alto valor que consagra nuestra Constitución. CRITERIO JURÍDICO: Este tribunal colegiado de circuito determina que es procedente decretar la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión que contiene la referida política de vacunación, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo se estaría poniendo en peligro la vida del menor, que es el bien jurídico de más alto valor que consagra nuestra Constitución. JUSTIFICACIÓN: El Gobierno de México emitió el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", actualizado el once de mayo de dos mil veintiuno, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Dicho plan de vacunación consiste en 5 etapas por grupos poblacionales, priorizados de la siguiente manera: etapa 1: personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: personas de 50 a 59 años; etapa 4: personas de 40 a 49 años; y etapa 5: resto de la población (mayor a 18 años). De lo anterior se desprende que los menores de edad quedaron excluidos del mencionado plan de vacunación, a pesar de existir evidencia científica en el sentido de que también pueden contraer el virus, enfermar gravemente e, incluso, fallecer; lo que demuestra que la omisión reclamada a través del juicio de amparo es susceptible de poner en peligro su vida y, por lo mismo, la ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; de tal suerte que en esa hipótesis procede conceder la medida cautelar en los términos precisados para el efecto de que se aplique a favor del menor quejoso la "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", y se le aplique la vacuna conforme a las autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, siempre y cuando se cuente con la opinión médica de un especialista en relación con su aplicación." Lo anterior, debido a que dicho criterio, parte del cuadro fáctico de que los menores de edad fueran excluidos del plan nacional de vacunación; sin embargo, a la fecha se han emitido comunicados oficiales que demuestran que ya se encuentran contemplados a fin de ser inoculados, como el resto de la población de este país. En ese orden ideas, no existe una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de los quejosos de iniciales de iniciales J.A.F.M. (once años) y A.P.F.M. (siete años), en tanto que no se les ha negado la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenecen se encuentra en proceso para efecto de que le sean suministrados, debiendo estar atentos a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID-19 en México y les sean efectivamente aplicadas las vacunas dentro del periodo previsto para ello. Por lo relatado anteriormente, procede desechar la demanda de amparo presentada por María del Carmen Martínez López, en representación de sus menores hijos de iniciales J.A.F.M. y A.P.F.M., al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1 y 6 de la Ley de Amparo. En diverso contexto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda; asimismo, por autorizado en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a Vicente Iván Lortia Martínez; limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Además, por cuanto hace al correo electrónico que proporciona la promovente, únicamente se tienen como contacto, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, en términos del artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, requiere a este Órgano Jurisdiccional para que, en el término de veinticuatro horas legalmente computadas, remita la constancia con la que se advierta la fecha de presentación del recurso de revisión interpuesto por el Consejo de Salubridad General dentro del presente incidente de suspensión; asimismo, se informe si éste fue presentado por Correo Postal. Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo requerido por la superioridad, hágase de su conocimiento que el recurso de revisión en cita, fue presentado mediante servicio postal, situación que se acredita con el sobre en el que llegó dicho medio de impugnación, mismo que le es remitido en copia certificada para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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