María del Carmen Ortiz Sánchez
Expediente 1202/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1202/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/01/2023
Partes del expediente
- Fiscalía General de Justicia del Estado de México
- María del Carmen Ortiz Sánchez
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACION
- Principal
MESA V. Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; del cual la quejosa María del Carmen Ortiz Sánchez, en atención a la prevención de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (sic), exhibe acta de nacimiento debidamente requisitada expedida por el Director del Registro Civil 0002 del Estado de México, con la cual pretende acreditar ser madre de la menor de iniciales M.F.G.O., asimismo, bajo protesta de decir verdad, solicita se señale únicamente como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público con residencia oficial del Centro Estación Lerma y no al diverso Fiscal General del Estado de México; además, en esencia precisa el acto reclamado. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados: La omisión dolosamente en dar fe de las lesiones graves de la menor de iniciales M.F.G.O., estando en el Hospital de Adolfo López Mateo, así como la negativa de proporcionarle todo tipo de información relacionada con la carpeta de investigación LERM/TOL/054/296190/21/10. La omisión por parte de la autoridad responsable de no tomar las declaraciones de la menor de iniciales M.F.G.O., así como de los testigos presenciales de los hechos. La omisión de la autoridad responsable en hacer la inspección ocular en el lugar donde sucedieron los hechos. La omisión de la autoridad responsable en recibir las pruebas documentales de Hospitalización de la menor víctima, expedida por el Hospital Adolfo López Mateo con residencia en Toluca, Estado de México. La omisión de la autoridad responsable de dar todas las formalidades ordenadas por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la investigación en la carpeta de investigación LERM/TOL/054/296190/21/10. La omisión de recibir declaración de la promovente. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, los actos que aquí reclama la parte quejosa, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no están exentos de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra de los mismos. Lo anterior se afirma, pues de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe agotarse el medio de impugnación previsto en los artículos 258 y 459 del citado ordenamiento, relativo a los referidos medios de impugnación, dispositivos legales que establecen: ".Artículo 258.- Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. [.] Artículo 459.- Recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad." En atención a los artículos transcritos, se evidencia que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de control; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen. Asimismo, debe decirse que el principio de definitividad, constituye un presupuesto distinto y autónomo que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado; por ende, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1ª/28/2018 (10ª), Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Décima Época, que al texto y rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), con registro digital 2005039, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de texto y rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, toda vez que dicha promovente, solicitó se le tuvieran las listas que ocupa este órgano jurisdiccional como domicilio para oír y recibir notificaciones, se tienen las mismas para los efectos legales conducentes. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó remitir atento exhorto al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Lerma, Estado de México, para que entre otras cosas, notificara personalmente a la referida quejosa, dicho proveído a efecto de desahogar la prevención realizada en el mismo, situación que ya aconteció; por tanto, ordénese dar de baja la comunicación oficial 587/2021 (número de orden 587/2021), y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes.
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 984/2020 AL TERCERO INTERESADO, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el testimonio de la resolución emitida en los autos del recurso de queja 136/2021, interpuesto por la quejosa Enny Isabel Salgado Negrete, en contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, cuyo único punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara parcialmente FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Enny ****, por propio derecho, contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 984/2020-II.. Asimismo, devuelve las copias certificadas de las constancias que se le remitieron del presente sumario constitucional y solicita se acuse de recibo. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, en atención a lo resuelto en la ejecutoria que se recibe, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó parcialmente fundada la queja en comentario, para los efectos siguientes: "a) Dejar sin efectos la parte conducente del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que no admitió la ampliación de demanda respecto de la autoridad señalada como ejecutora; b) Acorde a sus facultades, emita el auto admisorio de la ampliación de demanda de amparo con relación a la nueva autoridad ejecutora, resuelva si admite la misma y, en su caso, la mande notificar para que rinda su informe justificado respecto del acto que se le reclama; y, entre otros aspectos, lo relativo a fijar día y hora para la celebración de la audiencia constitucional." Bajo esa tesitura, se levanta la suspensión del juicio ordenada en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, se deja sin efectos la parte conducente del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que no admitió la ampliación de demanda respecto de la autoridad señalada como ejecutora. ??????????????? De igual modo, con fundamento en los artículos 111, fracción II, y 115, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria del mencionado ordenamiento legal, se tiene a la quejosa Enny Isabel Salgado Negrete, ampliando su demanda de amparo únicamente respecto la autoridad responsable ejecutora siguiente: 1) Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes de manera personal, con copia del escrito de ampliación de demanda. Por otra parte, no se apertura incidente de suspensión respecto a la ampliación de la demanda por no haberse solicitado, ni estar en los supuestos a que se refiere el artículo 128 de la ley de la materia. Luego, se señalan las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno para el verificativo de la audiencia constitucional. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la nueva autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contados a partir de que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de sus informes; lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardarla integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. De tal manera, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrán, en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rindan sus informes dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la nueva autoridad responsable que, en caso de que dentro de la?????????????? información que remita como apoyo al informe de Ley o sean requeridas posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este órgano de control constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. No se soslaya que la parte quejosa solicite se pida los datos de la autoridad que ahora se tiene como ejecutora a la autoridad ordenadora, sin embargo, para el caso de que el actuario de la adscripción tenga alguna dificultad para notificar el oficio de cuenta, se proveerá lo conducente a dicha solicitud.
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