María del Carmen García Estrada

Expediente 1138/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1138/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen García Estrada
  • Juez Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CERTIFICACION

  2. Principal

    MESA V. Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, inciso a), toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción y depuración, respectivamente. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1138/2021-V, promovido por ***, contra actos del Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, María del Carmen García Estrada, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "3.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tienen éste carácter los siguientes: A.- AUTORIDAD ORDENADORA: El C. Juez Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, con domicilio en la Avenida Tecnológico, Sin número, Colonia San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, Estado de México, precisamente en el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. B.- AUTORIDAD EJECUTORA: El C. Ejecutor adscrito al H. Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, con domicilio en la Avenida Tecnológico, Sin número, Colonia San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, Estado de México, precisamente en el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México." "4.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables señaladas, les reclamo la inconstitucionalidad y arbitraria molestia de pretender desposeer y/o perturbar la posesión de su patrimonio, ordenándose dicha molestia en los autos del EXHORTO NÚMERO 468/2021, del índice del H. Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, sin que exista causa legal para hacerlo como lo precisaré más adelante, ya que la quejosa MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ESTRADA, no fue llamada a juicio de donde se ordena la entrega material de inmueble de su propiedad, por ende, no ha sido oída y vencida en el citado juicio, razón por la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal. " Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; 3. Informe justificado. Mediante proveído de tres de diciembre del año en curso, se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, y con su contenido se dio vista a la partes. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional previo diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede, que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: -La falta de emplazamiento a juicio y como consecuencia la orden de desposeer o perturbar la posesión del inmueble denominado Lote 11, Manzana 11, ubicado en la Calle José María Velasco, número 2147, Conjunto ubicado en la Calle Barranca del Buen Suceso, número 285 Poniente, San Bartolomé Tlaltelulco, Colonia "BONANZA", comercialmente BANUS 360, Municipio de Metepec, Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Ejecutora, y el Juez adscritos al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, respectivamente, al rendir sus informes justificados refirieron ser cierto el acto reclamado, únicamente en cuanto a que el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el exhorto procedente del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito deducido del expediente 123/2019, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por Lilex, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Hugo Espinoza Figueroa; por encontrarse ajustado a derecho por auto de veintiocho de octubre del presente año se admitió a trámite y se ordenó el turno de los autos al ejecutor adscrito a ese juzgado a efecto de llevar a cabo la diligencia encomendada. Por lo que, el tres de noviembre de dos mil veintiuno la ejecutora en compañía del abogado de la actora licenciado Leobardo Varela Vázquez en cumplimiento al auto de veintiocho de octubre del dos mil veintiuno dictado por la Juez de su adscripción, se constituyó en el domicilio del demandado Hugo Figueroa Espinoza para dar cumplimiento a los autos de trece de octubre, tres de septiembre y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sobre requerimiento de desocupación y entrega del inmueble motivo del juicio 123/2019 relativo al Juicio Especial Hipotecario. Por lo que, para corroborar lo anterior el Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, remitió copias certificadas del exhorto 468/2021 sacadas del expediente electrónico constante de catorce fojas, constancias que solicitó la Ejecutora se hicieran suyas; documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales públicas expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Y en ese sentido, analizado el escrito de demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." De los numerales trascritos se advierte que es obligación de la parte quejosa señalar a la autoridad o autoridades responsables a quienes atribuya el acto reclamado, pues de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente, ya que -además de ser un requisito formal de la demanda de amparo- son éstas quienes dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar los actos que le causan algún perjuicio a los gobernados, de tal forma que si faltare el señalamiento de ellas, no habría a quién atribuirle el acto combatido y la litis en el juicio no podría fijarse; en tal virtud, resulta necesario llamar a las autoridades responsables a la contienda para que estén en aptitud de sostener la constitucionalidad de su actuación, lo que compete a la que emite el acto, esto es, a la ordenadora, pues ésta es quien conoce el juicio de origen y, conforme al procedimiento que ha dilucidado y a las pruebas que le han ofertado las partes, toma una decisión sobre el asunto que atiende, lo cual constituye los medios necesarios para velar por la firmeza de su determinación ante cualquier otra autoridad, en el caso ante ese juzgado de Distrito. Ello, pues de lo informado por las autoridades responsables La Ejecutora, y el Juez adscritos al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, respectivamente, se advierte que únicamente actúan en auxilio de la autoridad, que emitió el acto reclamado, es decir, el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que emitió el acto reclamado, de ahí que su actuar se manifiesta dentro de los autos del exhorto que refirieron y no del procedimiento especial hipotecario de origen. Ahora bien, en el caso concreto, de los antecedentes del desarrollo del presente juicio, se advierte que en proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa para que manifestara si deseaba ampliar su demanda por la autoridad Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en el cual se tramitaba el juicio especial hipotecario 123/2019, con el apercibimiento que de no hacerlo no se tendría como responsable; sin embargo, de párrafos precedentes se advierte que se hizo efectivo el apercibimiento señalado y se tuvo a la parte quejosa no desahogando la ampliación por esa autoridad en mención, por lo que no se integró a la Litis constitucional. Ahora, al no haber señalado oportunamente la parte quejosa como autoridad responsable Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que emitió el acto reclamando, este juzgador federal se encuentra impedido para hacer mayor pronunciamiento al respecto, pues corresponde a la demandante del amparo realizar la precisión de las autoridades responsables que tuvieron participación en la emisión y ejecución del acto que por esta vía reclama, y no al suscrito. Luego, si la amparista no señaló a la autoridad que emitió el acto impugnado, pese a la prevención realizada en autos para que lo hiciera, tomando en cuenta que conforme a lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable es una obligación que corresponde única y exclusivamente al accionante de amparo, este juzgador federal se encuentra impedida para subsanar de oficio esa omisión, dado que la suplencia de la deficiencia de la queja prevista por el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, no faculta al órgano de control a cambiar los sujetos de la relación procesal, sino únicamente a suplir los razonamientos tendentes a demostrar la violación de garantías con los actos que por este medio constitucional controvierte. Apoya lo anterior, la tesis aislada 31 K, publicada en la página 512, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Septiembre de 1995, Materia Común, Novena época, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL. Si el quejoso interpone una demanda de amparo, señalando como autoridad responsable ordenadora a una que no emitió el acto reclamado y sin que conste que ésta tuviese jurisdicción alguna en el asunto por impedimento, excusa o cualquier otra causa, es evidente que ante tal circunstancia opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio constitucional, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". También es de citarse, por su aplicación al caso la tesis aislada 1 K, publicada en la página 2199, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena época, con rubro y texto: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento". Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diverso 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis aislada 2a.CLXIV/98,, publicada en la página 103, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena época, con rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, en los términos precisados en los Considerandos Segundo y Tercero y para los efectos del Considerando Cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA V. Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que se encuentra prevista para celebrarse la audiencia constitucional para el día de la fecha; sin embargo, se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa mediante proveído de tres de diciembre del año en curso, para que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las trece horas con quince minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.

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