Maria Del Carmen López Salgado
Expediente 271/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2019
Partes del expediente
- Maria Del Carmen López Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración; ello es así, toda vez que en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). Ahora bien, no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada del laudo de quince de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente laboral J.29/1224/2016, de su índice estadístico. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional.. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese; personalmente
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta evidencia que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior en acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 36/2011, visible en la página 3515 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Décima Época, Materia Común, que a la letra dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." No obstante lo anterior, se hace la precisión de que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia, fueron para que la autoridad responsable, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral 1224/2016 y a partir de que cause ejecutoria, en los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Notifíquese.
- Principal
I. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 271/2019-I promovido por María del Carmen López Salgado, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: El seis de marzo de dos mil diecinueve (foja 2 a 7). Admisión: El siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10). Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El ocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 11). Emplazamiento del tercero interesado: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el trece de marzo de dos mil nueve (foja 15). Audiencia constitucional: En esta al tenor del acta que antecede y que forma parte de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto reclamado se refiere a la material laboral, constituye una omisión, esto es, no requiere ejecución material, y se atribuye a una autoridad con residencia en el ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción, donde además se presentó la demanda. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio es: La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 1224/2016, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado y causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 17 y 18). Lo que se corrobora con la documental que exhibió la responsable como complemento a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 1224/2016; al cual se le concede valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 188 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Presupuestos de procedencia del juicio de amparo. I. Oportunidad de la presentación de la demanda. La promoción del presente juicio de amparo es oportuna, tomando en consideración que el acto reclamado es de carácter omisivo, así como continuado, por lo que se está en aptitud de presentar la demanda en cualquier momento. II. Legitimación. María del Carmen López Salgado está legitimada para promover la demanda, en términos de los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues es titular de los derechos subjetivos que se ven afectados con el acto reclamado, ya que reclama una omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 1224/2016, y determinar lo que en derecho corresponda, lo cual le produce una afectación real, actual y directa a su esfera jurídica y la faculta para intentar la acción de amparo. III. Verificación de diversas causales de improcedencia. No obstante que el análisis de las causas de improcedencia es de estudio preferente sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el presente caso las partes no las hicieron valer ni este juzgado advierte la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo, y sin que sea necesario analizar cada una de las hipótesis que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe precepto en dicha legislación que obliga a realizarlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN. Si bien es cierto que la procedencia del juicio de garantías debe ser estudiada de manera primordial y aun en forma oficiosa, ello no significa que por necesidad, en toda sentencia de amparo, el órgano judicial tenga la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; explicando por el método de eliminación, los motivos por los que no se actualice ninguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 73 de la ley de la materia, habida cuenta de que no existe ningún dispositivo legal que así lo ordene, sino que basta con examinar aquellas causales invocadas por las partes, de ser el caso. Pero cuando ninguna causal fue aducida por los interesados ni el juzgador advierte que se esté en presencia de ellas, será suficiente con el hecho de que el resolutor así lo determine de manera expresa, o bien, que esa opinión se infiera del tratamiento dado en la resolución, como ocurre cuando se entra al estudio del fondo, pues ello implica que la procedencia del juicio se considera acreditada." Quinto. Estudio del acto reclamado. Se procede al estudio de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, los cuales no se transcriben a fin de evitar repeticiones innecesarias, sin que ello ocasione agravio alguno ni se contraponga a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 2a/J./58/2010, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, consultable en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante ello, la parte quejosa en esencia aduce que lo anterior viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 apartado "B", Constitucionales, en atención a que la junta responsable no ha dado el trámite legal que corresponde al juicio laboral de origen, dentro de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, al ser omisa en dictar el laudo correspondiente. Los motivos de inconformidad son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, en atención a las siguientes consideraciones de derecho. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la nuestra Constitución dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Del precepto transcrito se desprende el derecho del gobernado a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Cabe destacar que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Por su parte el numeral 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.) Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. (.)" De la cita que antecede se aprecia que de conformidad con los plazos y términos establecidos en la legislación laboral aplicable, en el procedimiento que se lleva ante la responsable, una vez formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario en el sentido que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el entendido que del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se hubiesen recibido la copia del proyecto, si lo estiman necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad. En el caso, se tiene que el tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral citado, y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto del laudo, sin que a la fecha exista constancia que demuestre que dicha resolución fue pronunciada o que por lo menos se entregó copia del proyecto de laudo a cada una de los integrantes de la Junta para que actúen en términos del numeral 886 transcrito, lo cual, evidencia que ha transcurrido en exceso el plazo establecido para que se dictara el laudo correspondiente. Además, se advierte que al momento de la presentación de la demanda (seis de marzo del presente año), existe una abierta demora del procedimiento de origen pues habían transcurrido más de ciento sesenta y ocho días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que la responsable debió dictar el laudo correspondiente, tomando en cuenta que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, término que transcurrió del cuatro de septiembre al dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 2a/J.33/2019, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2019, registro 2019400, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Por tanto, se puede afirmar que se han superado en exceso los términos legales precisados en los párrafos anteriores para que se dictara el laudo correspondiente, trayendo como consecuencia la paralización del procedimiento. Conforme a lo anterior, se puede establecer que la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, transgrede en perjuicio de la quejosa el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues menoscaba su derecho de acceso a la impartición de justicia, al no obtener solución sobre las pretensiones que expusieron ante ella, pues ésta de manera negligente no emitió el laudo que en derecho corresponde de manera oportuna, en contravención del derecho fundamental de la promovente, en el sentido de que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para lograr la mejor economía, concentración y sencillez del proceso, soslayando que una de las características primordiales del procedimiento laboral es la de centralizar las cuestiones litigiosas con el fin de evitar dilaciones procesales y contribuir a la expeditez de las resoluciones. Lo anterior, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal pues es inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable a la quejosa, toda vez que está de por medio la vigencia del derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita consagrada en el multicitado artículo 17 Constitucional. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente, la tesis 196 L, consultable en la página mil cuatrocientos treinta, del tomo XXI, Abril de 2005, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que es del tenor siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SON ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL QUE DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje son órganos formalmente administrativos, pero materialmente jurisdiccionales, puesto que por imperativo del artículo 123 de la Constitución General de la República son las encargadas de resolver las diferencias y conflictos entre el capital y el trabajo, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el primer precepto citado, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes.". Por lo tanto, debe estimarse que en la especie se ha quebrantado el derecho fundamental consagrado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la omisión de haber tramitado el procedimiento dentro de los términos legales y como consecuencia la omisión del dictado el laudo, trae consigo la paralización del procedimiento. Sustenta el razonamiento expuesto, la jurisprudencia 8/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis, del tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo tenor es: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo.". SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haber resultado fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral 1224/2016 y a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Las jurisprudencias y tesis citadas en esta sentencia, se consideran aplicables al caso concreto, no obstante que analizan lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, pues, en el caso respectivo, se considera la misma figura jurídica. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen López Salgado, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, para los efectos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, quien da fe. Doy Fe.
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