Maria Del Carmen Mejia Rojas
Expediente 451/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/06/2016
Partes del expediente
- Maria Del Carmen Mejia Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido el artículo 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y Protección de la Justicia Federal, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que deberá conservarse la demanda y sentencia respectiva, porque se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y Protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Sin embargo, en autos obran diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, los cuales se ubican dentro de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por ende, en términos del punto décimo primero, último párrafo del Acuerdo General referido, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que deberá dejarse en su lugar copia certificada por el Secretario de este juzgado y quien comparezca a recogerlos tendrá que exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Por otra parte, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario que da fe, Rafael Becerra Lozano.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 451/2016-VI promovido por María del Carmen Mejía Rojas, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el siete de abril del dos mil dieciséis (fojas 2 a 8), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, María del Carmen Mejía Rojas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el actos que a continuación se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. SEÑALO COMO AUTORIDADES ORDENADORAS: a) C. Procurador General de Justicia del Estado de México. b) C. Subprocurador General de Justicia del Estado de México. c) Director de Seguridad Ciudadana del Estado de México. 2. SEÑALO COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: A) C. Agente del Ministerio Público adscrito primer turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. B) C. Agente del Ministerio Público adscrito segundo turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. C) C. Agente del Ministerio Público adscrito tercer turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. D) Comisario de la Policía Ministerial adscrito primer turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. E) Comisario de la Policía Ministerial adscrito al segundo turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. F) Comisario de la Policía Ministerial adscrito al tercer turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. "IV. ACTO RECLAMADO. De la Autoridad Responsable señalada como ordenadora reclamo la ilegal Orden de Detención y aseguramiento del vehículo de mi propiedad, acontecido dentro de la carpeta de investigación de la cual no se me proporcionó el número por estar en sigilo, solamente el número económico el cual es 159/2016, carpeta de investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público de la Agencia de Robo y Recuperación de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, misma que ha sido con flagrante violación mis Garantías Constitucionales, por considerar que la misma no se encuentra fundada y motivada. SEGUNDO. La peticionaria de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de trece de abril de dos mil dieciséis, previo desahogo de requerimientos, se admitió a trámite (fojas 17 a 20); se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los respectivos informes justificados a las autoridades identificadas como responsables; y se señaló día y hora para su celebración. CUARTO. Mediante acuerdo de quince de abril del citado año se dejó de tener como autoridades responsables a los Comisarios de la Policía Ministerial Adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turno de la Agencia de Robo de vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y al Director de Seguridad Ciudadana del Estado de México (fojas 37 a 38). QUINTO. Seguido en su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues en el presente asunto se reclama el aseguramiento de un vehículo automotor ejecutado dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama esencialmente: El aseguramiento de un vehículo automotor marca Pontiac, tipo Matiz, modelo dos mil siete, con número de serie KL2MM610X7C191445. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. En ese entendido, debe precisarse que el Procurador General de Justicia del Estado de México, el Subprocurador General de Justicia del Estado de México, y los Agentes del Ministerio Público adscritos al segundo y tercer turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (fojas 40, 42, 44 y 46, ), al momento de rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que la parte quejosa les imputa, sin que la solicitante de amparo aportara prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tal negativa. En efecto, si dichas autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que el peticionario de garantías probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, pues oportunamente se les dio vista con el contenido de los informes justificados, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados, pese a lo cual no lo hizo. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que opera si de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer en el juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia 284, publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como el criterio de la tesis publicada en la página 6673, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, Quinta Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." Y, la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo: XV, con número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De lo expuesto, queda patente que el solicitante del amparo, se encuentra obligado a exhibir los medios de prueba con los que demuestre la existencia de los actos reclamados, y no así, el órgano jurisdiccional del conocimiento tenga que recabarlos. En ese entendido, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados, resulta procedente decretar el sobreseimiento respecto de éstos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. CUARTO. La autoridad responsable señalada por el quejoso como ordenadora Agente del Ministerio Público adscrito primer turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, omitió rendir informe justificado, pese a haberse hecho el requerimiento vía oficio número 16192/2016 (foja 22 de autos). Por tanto, ante la omisión de rendir el informe justificado, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la existencia del acto reclamado a dicha autoridad. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 8/99, publicada en la página 26, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 194401, cuya literalidad es: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." QUINTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el particular, este Juzgado Federal no considera actualizada alguna causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio, por lo que se procede al análisis de fondo de los actos reclamados. SEXTO. Cabe acotar que si bien operó la presunción de certeza de los actos que se reclaman relativos al aseguramiento del citado vehículo, lo cierto es que este órgano federal no está en aptitud de examinar su constitucionalidad, dado que ante la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe y, en su caso, remitir las constancias que pudieran justificarlo, es evidente que correspondía al quejoso la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, considerando que el acto reclamado no es violatorio de derechos en sí mismo. Es así, ya que las autoridades responsables, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, está facultada para asegurar los objetos motivos de un ilícito, lo que constituyen facultades derivadas de ordenamientos aplicables y vigentes, por lo que el acto reclamado per se no resulta inconstitucional. De ahí que, la omisión del quejoso de ofrecer prueba alguna, o al menos demostrar que solicitó a la autoridad responsable copia certificada de las constancias relativas, para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de requerirla para su expedición, deriva en un obstáculo que no permite analizar su constitucionalidad. Por tanto, el hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada para ese efecto, de ninguna manera puede determinarse que los actos reclamados sean inconstitucionales, pues la falta de informe justificado solamente presume cierto el acto que se reclama, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 7/94, publicada en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 206350 y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." No constituye un obstáculo para llegar a esta determinación, lo establecido en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, puesto que esta obligación solamente surge cuando la autoridad constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no es así, cuando la autoridad responsable y la parte quejosa omiten exhibir las constancias relativas al mandamiento combatido, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/84, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Enero de 1997, Novena Época, página 245, registro 199523, bajo el rubro "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO." Asumir un criterio distinto equivaldría a ignorar lo que dispone expresamente el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia; es decir, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de la demostración de su inconstitucionalidad. Consecuentemente, lo procedente es negar la protección constitucional impetrada, por las razones referidas. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por María del Carmen Mejía Rojas, contra los actos, las autoridades y por las razones expresadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Carmen Mejía Rojas, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero, así como por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario de Juzgado, Nicolás de Luna González, quien da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil dieciséis. En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la quejosa María del Carmen Mejía Rojas, en el ocurso de cuenta, consistentes en la factura 4694 y carta factura DMO-970115-MH0; sin perjuicio de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. Asimismo, acorde con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las aseveraciones que a manera de alegatos formula la impetrante del amparo, en el escrito que se atiende; sin perjuicio de tomarlos en consideración y acordar lo procedente en la audiencia de ley. Por otra parte, tocante a la petición de la promovente, en el sentido de que se requiera informe justificado al Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, dígase que tendrá que estarse a lo acordado en auto de trece de abril de dos mil dieciséis en donde se acordó lo conducente, con los apercibimientos ahí insertos. Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa María del Carmen Mejía Rojas, a través del cual refiere aclarar la denominación de los Agentes del Ministerio Público señalados inicialmente como autoridades responsables, y refiere que ésta es la siguiente: Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, México; Agente del Ministerio Público Adscrito al Segundo Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, México; y Agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, México. En conformidad con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, glósese para los efectos legales procedentes. Asimismo, en términos del ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha dicha aclaración sin realizar mayor pronunciamiento, pues mediante auto de trece de abril de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a dichas autoridades en su carácter de responsables, lo cual se acredita con los acuses que obran en autos. Tan es así, que de igual forma, obran los informes justificados del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo, Toluca-Tlalnepantla, Segundo Turno, Toluca y del Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, Estado de México. En ese orden, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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