Maria del Carmen Hernandez Delgado

Expediente 1163/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1163/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Hernandez Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Firmeza procesal. De la certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de diecisiete de julio de este año, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ... El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita. ... Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción según corresponda conforme al acuerdo general aludido. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1163/2023-VI. Improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la persona juzgadora está obligada a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama: La omisión de emitir dictamen de pensión respecto a la solicitud presentada el veintinueve de junio del presente año, registrada con el folio ********************. En ese sentido, los artículos 61, fracción XIII de la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene reseñar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En esa tesitura, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, la persona titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. De igual manera, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y, recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, publicada en la página 89, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS.- La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2005, tomo XXII, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Aunado a lo anterior, en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios se establece: "ARTICULO 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma. El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes." Lo resaltado es propio. Del artículo anterior se advierte que las autoridades tienen un plazo de treinta días para dar respuesta a las peticiones de pensión. En el caso, la solicitud de pensión impugnada se presentó el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, según se advierte del acuse de recibo de dicha solicitud que la quejosa anexó al ocurso que se provee (foja 6). Por otra parte, la demanda de amparo fue presentada el uno de agosto de dos mil veintitrés (foja 1), a través del Buzón Judicial. Ahora, si en términos del artículo el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, las autoridades responsables cuentan con un plazo de treinta días para dar contestación a la solicitud formulada por la quejosa, y la demanda de amparo se presentó el uno de agosto del año en curso, como se precisó con anterioridad; resulta evidente que no ha transcurrido el plazo en el que debe pronunciarse la autoridad responsable respecto de la solicitud en mención y la presentación de la demanda que se atiende; como se advierte del siguiente calendario: JUNIO 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 Fecha de presentación de solicitud de emisión de dictamen. 30 DÍA 1 JULIO 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 DÍA 2 4 DÍA 3 5 DÍA 4 6 DÍA 5 7 DÍA 6 8 9 10 DÍA 7 11 DÍA 8 12 DÍA 9 13 DÍA 10 14 DÍA 11 15 16 17 DÍA 12 18 DÍA 13 19 DÍA 14 20 DÍA 15 21 DÍA 16 22 23 24 VACACIONES AUTORIDAD 25 VACACIONES AUTORIDAD 26 VACACIONES AUTORIDAD 27 VACACIONES AUTORIDAD 28 VACACIONES AUTORIDAD 29 30 31 DÍA 17 AGOSTO 1 DÍA 18 2 DÍA 19 3 DÍA 20 4 DÍA 21 5 6 7 DÍA 22 8 DÍA 23 9 DÍA 24 10 DÍA 25 11 DÍA 26 12 13 14 DÍA 27 15 DÍA 28 16 DÍA 29 17 DÍA 30 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lo que hace improcedente la demanda, porque la omisión reclamada no constituye una dilación; de ahí que, se estima que el quejoso no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición. En ese sentido, toda vez que al día de presentación de la demanda de amparo no han trascurrido los treinta días previstos en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; previo descuento de los días inhábiles -en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo- así como de los días en los que las autoridades de mérito gozó su periodo vacacional; máxime aun cuando no se descontara el periodo vacacional de las responsables, no se actualizaría el término requerido para constituirse una dilación. Sobre el particular se estima aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, localizable en la página 2163 del Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Materia Común, Febrero de 2017, Décima Época, registro digital 2013747, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO, ADEMÁS DE LOS DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE (LEGILACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 279, de rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", determinó que los días comprendidos en los periodos vacacionales semestrales de los tribunales civiles, administrativos o del trabajo no son computables para el término de la presentación de la demanda de amparo indirecto, pues como en esos lapsos tales órganos se encuentran cerrados al público, las partes no tienen la oportunidad de consultar los autos y, por ende, preparar el material para la elaboración de la demanda. Dicho criterio es aplicable analógicamente en la promoción de juicios de amparo indirecto tramitados con fundamento en la Ley de Amparo vigente, a efecto de determinar la oportunidad en su promoción en los casos en que la autoridad responsable haya suspendido labores en días distintos a esos periodos, pues, de igual forma, en éstos el agraviado se encuentra imposibilitado para consultar el expediente del que emana el acto reclamado y, por ende, de preparar una defensa adecuada; sin que sea obstáculo el hecho de que el artículo 19 citado, disponga que son inhábiles para la presentación de la demanda, además de los sábados y domingos y los días expresamente señalados "aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor", pues este precepto debe interpretarse de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en forma integral con el resto de las previsiones relativas a la promoción del juicio constitucional, de modo que si el término genérico de 15 días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia tiene por objeto que el quejoso prepare oportuna y eficazmente su defensa, este derecho se vería restringido si no se excluyen del cómputo los días en que la responsable suspendió labores. Máxime que el artículo 26 de la Ley de Amparo abrogada, vigente en la época de emisión de la jurisprudencia citada, también preveía un supuesto similar al destacado." En ese contexto, se considera que el acto reclamado en este momento, no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la quejosa; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: ... En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, respecto del acto antes señalado se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "********************", así como el acceso electrónico del mismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario que refiere para la consulta electrónica del presente expediente; asimismo, para que se le realicen las notificaciones por dicha vía. En el entendido que únicamente deberán realizarse de manera electrónica las que así lo ameriten en términos del precepto 26, fracción I de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso dentro de las áreas de este juzgado de Distrito. ... Notifíquese electrónicamente.

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