María del Carmen Llanas Velázquez
Expediente 978/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 03/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María del Carmen Llanas Velázquez
- María del Carmen Llanas Velázquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; tres de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 978/2017-I-1,y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el día siguiente, esto es, el veintinueve del citado mes y año, ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos y otras autoridades, con morada en esta localidad, de quienes reclamó: Del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos: todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas, procedimientos de ejecución, avalúos, embargos, remates, adjudicaciones y escrituración dictados en el juicio ordinario civil 1733/2009, de su índice, así como la desposesión del inmueble ubicado en calle **, en esta localidad. Del Jefe o Encargado de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores, así como del Actuario o Notificador adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil, ambos del distrito judicial Bravos: todas las actuaciones, notificaciones o emplazamientos realizados dentro de la controversia natural indicada en supra líneas, así como la desposesión del citado inmueble. Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, la desposesión del predio de marras, y la inscripción respecto del título de propiedad expedido a favor del adjudicatario del inmueble en comento, con inscripción 73, folio 74, libro 6013, sección primera. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, la venta o cesión del crédito 9433808433, así como la desposesión del reiterado inmueble. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 4, 14, 16, 123 fracción VI párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como 978/2017-I-1, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se solicitó a las autoridades responsables sendos informes con justificación, señalándose tiempo y data para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos: la falta de emplazamiento y cada una de las actuaciones dictadas dentro del juicio ordinario civil 1733/2009, la orden de desposesión del inmueble ubicado en calle ***, en esta localidad, así como la orden de adjudicación del mismo en favor del aquí tercero interesado **. Del Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del distrito judicial Bravos: las actuaciones, notificaciones ordenadas por el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos y la falta de emplazamiento. Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, la inscripción 73 a folio 74 del libro 6013 de la Sección Primera de la oficina a su cargo, respecto del título de propiedad expedido a favor de **, del mencionado inmueble. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, la venta o cesión del crédito 9433808433. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en líneas anteriores, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, el Jefe del Registro Público de la Propiedad, todos del distrito judicial Bravos, todos en esta ciudad, manifestaron que son ciertos los actos de que se duele la quejosa. Por su parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue omiso en rendir su informe justificado, por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por cierto el acto que se le endilgó, consistente en la cesión del crédito 9433808433 de la quejosa. Para corroborar lo anterior, el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, remitió copia certificada del juicio ordinario civil 1733/2009 de su índice; el Jefe del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, copias certificadas de las inscripciones: 33 a folio 33 del libro 2783 de la sección primera, 48 a folio 48 del libro 5948 de sección primera, y 73 a folio 74 del libro 6013 de sección primera; mientras que los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, adjuntaron copia certificada del proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio ordinario civil 1733/2009, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, y de la diligencia que se llevó a cabo el seis de noviembre del año en cita y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores remitió copias certificadas del testimonio de la escritura del contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos que celebraron por una parte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por otra parte *, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable respecto del crédito de la quejosa, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Por su parte, el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos manifestó que no son ciertos los actos reclamados que se le endilgan. Aduce que solamente tiene funciones administrativas, pues en el artículo 2 del Reglamento de la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados de Primera Instancia se establece que su función es distribuir entre los notificadores, ministros ejecutores los expedientes en que se haya originado la notificación o diligencia que deba ejecutarse, por lo que, toda vez que la quejosa reclamó de este las actuaciones tendentes a notificar y llevar a cabo las diligencias ordenadas por el juez responsable, es incocuso que el acto reclamado se debe tener por cierto. Incluso, aduce que dentro de sus facultades se encuentra dirigir las labores de la oficina central de oficiales notificadores y ministros ejecutores de conformidad con las facultades que le otorga la ley y las instrucciones y determinaciones del juez. Así, si el juez responsable y los oficiales notificadores y ministros ejecutores manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman resulta evidente la actuación del Encargado de la Oficina Central de Oficiales y Ministros Ejecutores, por lo que, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierto el acto reclamado consistente en las actuaciones ordenadas por el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Precisión especial. Resulta conveniente indicar que las irregularidades alegadas por la quejosa en cuanto a que no fue llamada al juicio generador de los actos reclamados, obligan a la que suscribe a analizar primeramente si la diligencia de emplazamiento fue practicada de manera legal. Lo anterior dado que uno de los derechos esenciales en el proceso consiste en que a las partes se les debe enterar de todos y cada uno de los actos, principalmente los trascendentales y las actuaciones que puedan tener influencia en el fallo; pues en caso contrario pudieran quedar en estado de indefensión, lo cual implicaría una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y, por consiguiente, un quebranto a los derechos de debido proceso y de legalidad consagradas en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del emplazamiento reclamado. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte promovente. El inconforme aduce que los actos reclamados son violatorios de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues asegura que no fue emplazada al juicio civil de origen. En la especie, la quejosa reclama de la Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos la falta de emplazamiento, así como todo lo actuado en el expediente 1733/2009. Para estar en condiciones de evidenciar porqué la que suscribe considera que es infundado el concepto de violación, es importante destacar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: 1. La moral ** sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderada, demandó en la vía ordinaria mercantil a * y **, escrito que se radicó el dieciséis de octubre del dos mil nueve en el Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos con el número 1733/2009 (fojas 64 a 188). 2. El veintiocho de octubre de dos mil nueve se notificó a la quejosa personalmente, se le corrió traslado con copia de la demanda (foja 189) y se le dejó citatorio a fin de notificar al codemandado (foja 190). 3. Posteriormente, el dieciocho de noviembre de dos mil nueve se declaró la rebeldía de la demandada, aquí quejosa (foja 196). 4. El diecisiete de septiembre de dos mil diez se dictó sentencia condenatoria a la parte demandada (fojas 213 a 216). 5. El quince de octubre de dos mil diez causó ejecutoria la sentencia (foja 170). Ahora, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo adujo que no fue notificada de la demanda en su contra y que tuvo conocimiento el seis de noviembre de dos mil diecisiete en virtud de que fue desalojada por la orden emitida por el juez responsable. Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer en carácter de tercero extraño, aquel que no siendo parte material en un procedimiento, ve afectado alguno de sus intereses, por lo que, solicita la protección constitucional a fin de que la Justicia de la Unión excluya sus bienes jurídicos de dicha afectación a través de la anulación del acto concreto que produjo aquella, únicamente en relación al citado tercero. Además de ello, existe la figura del tercero extraño por equiparación, que es quien a pesar de sí ser parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado o bien fue emplazado de manera defectuosa. En ambos casos, la ley de amparo los excluye de la obligación de agotar recursos ordinarios previamente a acudir al juicio de garantías, toda vez que al no ser parte en el procedimiento, en el primer caso (tercero extraño), o bien, no haber sido legalmente emplazado en el segundo (tercero extraño por equiparación), no estuvieron en aptitud de defender sus intereses en ese procedimiento natural. Sin embargo, contrario a lo aseverado por la peticionaria del amparo, se advierte que tuvo conocimiento de la tramitación del juicio natural el veintiocho de octubre de dos mil nueve, pues en esa fecha fue notificada con copia de la demanda entablada en su contra en la que incluso obra su rúbrica. Sirve de apoyo a lo dicho, por similitud en la idea que se sustenta, la tesis aislada que emitió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de mil novecientos ochenta y nueve, que se consulta en la página 325, con registro 228411, que dispone: EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL, SI SE ENTIENDE PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO. Basta con que la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, a quien se le corre traslado con las copias de la demanda y del acuerdo en que se señala fecha de celebración de la audiencia correspondiente, para que deba de considerarse que tiene conocimiento del juicio instaurado en su contra; sin que pueda estimarse ilegal el emplazamiento porque en el acta correspondiente no se asienta cómo el funcionario que la practicó se percata que en el lugar de donde practica la diligencia habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado. De igual manera, es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 3a./J. 34/90 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de la Nación, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de mil novecientos noventa, Materia Civil, visible en la página 195, con registro 207124, del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia. Con lo que queda acreditado de manera fehaciente, que ** conoció del juicio natural, desde el veintiocho de octubre de dos mil nueve, es decir, antes de que en éste se dictara sentencia definitiva. En consecuencia, se desvirtúa su calidad de tercero extraño al juicio ordinario mercantil 1733/2009, pues bien tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos dentro del contencioso natural a través del respectivo incidente de nulidad de notificaciones e incluso, en su oportunidad, atacar tal violación procesal al promover amparo directo en contra de la sentencia dictada en el juicio mercantil antes referido. En las relatadas consideraciones, no le asiste razón a la peticionaria de amparo al referir que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia, dado que al haberse practicado la diligencia de emplazamiento conforme a las reglas del procedimiento, solamente en caso de una omisión de esta magnitud, se le dejaría inaudita respecto al procedimiento seguido en su contra, sin embargo, como se vio, ello no ocurrió así. En mérito de lo expuesto, es evidente que el emplazamiento reclamado no resulta violatorio de derechos; por lo que al ser ineficaces los conceptos de violación expuestos, y sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó **.Así las cosas, enseguida se estudiara la procedencia del juicio de amparo en relación de los restantes actos reclamados, tomando en consideración que, ante la legalidad del emplazamiento evidenciada con antelación, no se verá más a la impetrante como tercera extraña por equiparación, sino como parte formal que tuvo a su alcance la posibilidad de impugnar las resoluciones que estimara contrarias a sus intereses a través de los respectivos medios de defensa. SÉPTIMO. Improcedencia de los actos diversos al emplazamiento. Ahora, dado que no se expresaron conceptos de violación contra los actos dictados después de concluido el juicio y los imputados a las diversas autoridades ejecutoras, se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del citado numeral 61, señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, el artículo 108, fracción VIII, de la ley de la materia establece: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: VIII. Los conceptos de violación. Ahora, en el presente caso, se debe tomar en cuenta que la quejosa reclama un asunto en materia civil, esto es, de estricto derecho, en el que expuso como conceptos de violación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Los actos que se reclaman a los responsables violan en mi perjuicio las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 parte dogmática de la Constitución Federal, toda vez que de acuerdo con el citado precepto (14), a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de la vida, libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en lo que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los mismos actos reclamados contra las citadas autoridades son violatorias también en mi agravio de la diversa garantía de legalidad y seguridad jurídica a que alude el artículo 16 constitucional, ya que conforme al mismo nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Con la transcripción anterior, se evidencia que la quejosa no vierte verdaderos conceptos de violación contra los actos reclamados, pues únicamente de manera dogmática expresa que se vulneraron los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal, diversas disposiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los derechos del Niño. En este sentido, la que suscribe se encuentra imposibilitada para realizar el examen del remate, adjudicación y escrituración del inmueble que aduce es de su propiedad, pues, las afirmaciones dogmáticas e imprecisas hechas valer en el amparo indirecto en materia civil, sin apoyarse en razonamientos jurídicos concretos, no constituyen propiamente conceptos de violación. Lo anterior se corrobora con lo expresado en la jurisprudencia 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, visible en la página 61, con registro 185425, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. De manera que, ante la ausencia de conceptos de violación en un asunto en materia civil, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para hacer el estudio de los restantes actos reclamados, pues a la quejosa corresponde evidenciar las violaciones que cometieron las autoridades responsables al emitir los actos reclamados. Ello, se corrobora con la jurisprudencia 28/93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 72, diciembre de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, visible en la página 38, con registro 206659, que reza: CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. También es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/341, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, que se localiza en la página 54, con registro 209638, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se dejan de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías. Por último, respecto de la cesión del crédito reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se actualiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a la primera de las citadas normas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la causal de improcedencia derive, además de alguno de los supuestos ahí descritos, de alguna norma diversa de la propia Ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la segunda disposición mencionada, señala como parte en el juicio de amparo, a la autoridad responsable, la cual se entiende (para efectos de tal juicio, con independencia de su carácter formal), como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita realizar tales acciones que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dicho precepto considera para efectos del juicio de amparo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos, en los términos indicados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Respecto a las características de las autoridades, para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época y número de registro 161133, determinó lo siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, que los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, se distinguen de otros, debido a lo siguiente: Relaciones de supra a subordinación: medularmente significa que un ente dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto, dotado de unilateralidad (es decir, sin el concurso de la voluntad del particular, sino sólo la del Estado) y obligatoriedad. Que a través de tales actos, afecten derechos (que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas). Que esa relación de supra a subordinación, tenga su nacimiento en la ley (norma general), lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales. En el caso que se resuelve, evidentemente no se está en el supuesto de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deba considerarse como autoridad para los efectos del amparo al ceder el crédito de la quejosa a la moral tercero interesada. En efecto, debe tenerse presente, en primer lugar, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción XII, sólo es un administrador del mencionado Fondo, el cual como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene el encargo constitucional de operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad sus habitaciones. En segundo término, debe tenerse presente también, en términos de las disposiciones aplicables de la ley que regula al instituto en cita, que los créditos que otorga este último, plasmados en los contratos respectivos, no se suscriben en un plano de supra a subordinación entre el instituto y los trabajadores, pues dicho acto, por su propia naturaleza, es un acto bilateral, es decir, deriva de un acuerdo de voluntades en el que el instituto accede al otorgamiento de financiamiento a un trabajador para que adquiera en propiedad una habitación, y este último lo acepte en los términos y condiciones que se plasmen en el contrato. Finalmente, es de atenderse también, que al establecer la propia ley en su artículo 49 la posibilidad de que el instituto rescinda los créditos que otorgue y, por tanto, los dé por vencidos anticipadamente, cuando concurran las circunstancias ahí previstas, para lo cual tendrán que tramitarse necesariamente los juicios correspondientes ante los tribunales competentes, en términos del diverso numeral 53 de la ley en cita, evidencia igualmente que no se está ante un acto de autoridad. Por las razones anteriores, es de considerarse que el acto por el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la ley que lo regula, cedió el crédito de la quejosa a **, si bien es cierto es un acto unilateral realizado conforme a las facultades que le otorga la ley, también lo es que no contiene las notas distintivas para que pueda ser considerado como un acto de autoridad, pues debe tenerse presente que si la venta de la cartera vencida (cesión de derechos), en sí misma considerada, en términos del Código Civil Federal es un acuerdo de voluntades entre acreedor (cedente) y un tercero ajeno a la relación contractual primigenia, o bien, otro acreedor (cesionario) cuyo objeto es transmitir a este último los derechos que el primero tiene contra el deudor, sin que ello implique la extinción de la deuda, y en el caso de que la cesión sea onerosa, como sucede en la especie, el pago realizado por el cesionario al cedente constituye una circunstancia de este contrato, pues se trata del importe de esta operación, resulta válido concluir entonces, que el instituto no emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, en este caso de la quejosa. De esta manera, queda demostrado que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada con el número de registro 165531, en la página 280, novena Época, enero de 2010, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RCA-1316-10/05 DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, POR LA QUE AUTORIZÓ LA VENTA DE CARTERA VENCIDA, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXXVI/99, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", estableció que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, de lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En congruencia con dicho criterio, el acto por el que el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la Ley que lo regula, emitió la resolución número RCA-1316-10/05 de 26 de octubre de 2005, en la que autorizó la venta de la cartera vencida reservada al 100%, hasta por 56491 créditos, mediante subasta pública, así como a la contratación de los proveedores necesarios para realizar esa venta, cumpliendo con la normatividad que al respecto hubiese emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si bien es cierto es un acto unilateral realizado conforme a las facultades que le otorga la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también lo es que no contiene las notas distintivas para que pueda considerarse como un acto de autoridad, pues debe tenerse presente que si la venta de la cartera vencida (cesión de derechos), en sí misma considerada, en términos del Código Civil Federal es un acuerdo de voluntades entre acreedor (cedente) y un tercero ajeno a la relación contractual primigenia, o bien, otro acreedor (cesionario) cuyo objeto es transmitir a este último los derechos que el primero tiene contra el deudor, sin que ello implique la extinción de la deuda, y en el caso de que la cesión sea onerosa, como en la especie, el pago realizado por el cesionario al cedente constituye una circunstancia de este contrato, pues se trata del importe de esta operación, resulta válido concluir que a través de la resolución citada (que sólo resulta ser el antecedente de la cesión de derechos), el Instituto no emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, en este caso de los trabajadores cuyos contratos de crédito forman parte de la cartera vencida y que fueron vendidos. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en las fracciones XIII, XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionadas con el diverso 108, fracción VIII y 5 fracción II, del mismo cuerpo de leyes, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicha ley. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 978/2017-I-1 promovido por ** respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, el Jefe del Registro Público de la Propiedad, todos del distrito judicial Bravos, y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por las razones expresadas en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a * por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta determinación. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, hasta el trece de abril de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa ante la Secretaria **, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de trece de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 978 2017 I,y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el día siguiente, esto es, el veintinueve del citado mes y año, ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos y otras autoridades, con morada en esta localidad, de quienes reclamó: Del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos: todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas, procedimientos de ejecución, avalúos, embargos, remates, adjudicaciones y escrituración dictados en el juicio ordinario civil 1733 2009, de su índice, así como la desposesión del inmueble ubicado en calle **, en esta localidad. Del Jefe o Encargado de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores, así como del Actuario o Notificador adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil, ambos del distrito judicial Bravos: todas las actuaciones, notificaciones o emplazamientos realizados dentro de la controversia natural indicada en supra líneas, así como la desposesión del citado inmueble. Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, la desposesión del predio de marras, y la inscripción respecto del título de propiedad expedido a favor del adjudicatario del inmueble en comento, con inscripción 73, folio 74, libro 6013, sección primera. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, la venta o cesión del crédito 9433808433, así como la desposesión del reiterado inmueble. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 4, 14, 16, 123 fracción VI párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como 978 2017 I, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se solicitó a las autoridades responsables sendos informes con justificación, señalándose tiempo y data para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3 2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos: la falta de emplazamiento y cada una de las actuaciones dictadas dentro del juicio ordinario civil 1733 2009, la orden de desposesión del inmueble ubicado en calle ***, en esta localidad, así como la orden de adjudicación del mismo en favor del aquí tercero interesado **. Del Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del distrito judicial Bravos: las actuaciones, notificaciones ordenadas por el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos y la falta de emplazamiento. Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, la inscripción 73 a folio 74 del libro 6013 de la Sección Primera de la oficina a su cargo, respecto del título de propiedad expedido a favor de **, del mencionado inmueble. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, la venta o cesión del crédito 9433808433. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en líneas anteriores, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, el Jefe del Registro Público de la Propiedad, todos del distrito judicial Bravos, todos en esta ciudad, manifestaron que son ciertos los actos de que se duele la quejosa. Por su parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue omiso en rendir su informe justificado, por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por cierto el acto que se le endilgó, consistente en la cesión del crédito 9433808433 de la quejosa. Para corroborar lo anterior, el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, remitió copia certificada del juicio ordinario civil 1733 2009 de su índice; el Jefe del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, copias certificadas de las inscripciones: 33 a folio 33 del libro 2783 de la sección primera, 48 a folio 48 del libro 5948 de sección primera, y 73 a folio 74 del libro 6013 de sección primera; mientras que los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, adjuntaron copia certificada del proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio ordinario civil 1733 2009, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, y de la diligencia que se llevó a cabo el seis de noviembre del año en cita y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores remitió copias certificadas del testimonio de la escritura del contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos que celebraron por una parte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por otra parte *, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable respecto del crédito de la quejosa, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Por su parte, el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos manifestó que no son ciertos los actos reclamados que se le endilgan. Aduce que solamente tiene funciones administrativas, pues en el artículo 2 del Reglamento de la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados de Primera Instancia se establece que su función es distribuir entre los notificadores, ministros ejecutores los expedientes en que se haya originado la notificación o diligencia que deba ejecutarse, por lo que, toda vez que la quejosa reclamó de este las actuaciones tendentes a notificar y llevar a cabo las diligencias ordenadas por el juez responsable, es incocuso que el acto reclamado se debe tener por cierto. Incluso, aduce que dentro de sus facultades se encuentra dirigir las labores de la oficina central de oficiales notificadores y ministros ejecutores de conformidad con las facultades que le otorga la ley y las instrucciones y determinaciones del juez. Así, si el juez responsable y los oficiales notificadores y ministros ejecutores manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman resulta evidente la actuación del Encargado de la Oficina Central de Oficiales y Ministros Ejecutores, por lo que, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierto el acto reclamado consistente en las actuaciones ordenadas por el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Precisión especial. Resulta conveniente indicar que las irregularidades alegadas por la quejosa en cuanto a que no fue llamada al juicio generador de los actos reclamados, obligan a la que suscribe a analizar primeramente si la diligencia de emplazamiento fue practicada de manera legal. Lo anterior dado que uno de los derechos esenciales en el proceso consiste en que a las partes se les debe enterar de todos y cada uno de los actos, principalmente los trascendentales y las actuaciones que puedan tener influencia en el fallo; pues en caso contrario pudieran quedar en estado de indefensión, lo cual implicaría una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y, por consiguiente, un quebranto a los derechos de debido proceso y de legalidad consagradas en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58 2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del emplazamiento reclamado. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte promovente. El inconforme aduce que los actos reclamados son violatorios de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues asegura que no fue emplazada al juicio civil de origen. En la especie, la quejosa reclama de la Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos la falta de emplazamiento, así como todo lo actuado en el expediente 1733 2009. Para estar en condiciones de evidenciar porqué la que suscribe considera que es infundado el concepto de violación, es importante destacar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: 1. La moral ** sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderada, demandó en la vía ordinaria mercantil a * y **, escrito que se radicó el dieciséis de octubre del dos mil nueve en el Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos con el número 1733 2009 fojas 64 a 188 . 2. El veintiocho de octubre de dos mil nueve se notificó a la quejosa personalmente, se le corrió traslado con copia de la demanda foja 189 y se le dejó citatorio a fin de notificar al codemandado foja 190. 3. Posteriormente, el dieciocho de noviembre de dos mil nueve se declaró la rebeldía de la demandada, aquí quejosa foja 196. 4. El diecisiete de septiembre de dos mil diez se dictó sentencia condenatoria a la parte demandada fojas 213 a 216. 5. El quince de octubre de dos mil diez causó ejecutoria la sentencia foja 170. Ahora, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo adujo que no fue notificada de la demanda en su contra y que tuvo conocimiento el seis de noviembre de dos mil diecisiete en virtud de que fue desalojada por la orden emitida por el juez responsable. Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer en carácter de tercero extraño, aquel que no siendo parte material en un procedimiento, ve afectado alguno de sus intereses, por lo que, solicita la protección constitucional a fin de que la Justicia de la Unión excluya sus bienes jurídicos de dicha afectación a través de la anulación del acto concreto que produjo aquella, únicamente en relación al citado tercero. Además de ello, existe la figura del tercero extraño por equiparación, que es quien a pesar de sí ser parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado o bien fue emplazado de manera defectuosa. En ambos casos, la ley de amparo los excluye de la obligación de agotar recursos ordinarios previamente a acudir al juicio de garantías, toda vez que al no ser parte en el procedimiento, en el primer caso tercero extraño, o bien, no haber sido legalmente emplazado en el segundo tercero extraño por equiparación, no estuvieron en aptitud de defender sus intereses en ese procedimiento natural. Sin embargo, contrario a lo aseverado por la peticionaria del amparo, se advierte que tuvo conocimiento de la tramitación del juicio natural el veintiocho de octubre de dos mil nueve, pues en esa fecha fue notificada con copia de la demanda entablada en su contra en la que incluso obra su rúbrica. Sirve de apoyo a lo dicho, por similitud en la idea que se sustenta, la tesis aislada que emitió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero Junio de mil novecientos ochenta y nueve, que se consulta en la página 325, con registro 228411, que dispone: EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL, SI SE ENTIENDE PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO. Basta con que la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, a quien se le corre traslado con las copias de la demanda y del acuerdo en que se señala fecha de celebración de la audiencia correspondiente, para que deba de considerarse que tiene conocimiento del juicio instaurado en su contra; sin que pueda estimarse ilegal el emplazamiento porque en el acta correspondiente no se asienta cómo el funcionario que la practicó se percata que en el lugar de donde practica la diligencia habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado. De igual manera, es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 3a J 3490 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de la Nación, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio Diciembre de mil novecientos noventa, Materia Civil, visible en la página 195, con registro 207124, del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO. De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia. Con lo que queda acreditado de manera fehaciente, que ** conoció del juicio natural, desde el veintiocho de octubre de dos mil nueve, es decir, antes de que en éste se dictara sentencia definitiva. En consecuencia, se desvirtúa su calidad de tercero extraño al juicio ordinario mercantil 1733 2009, pues bien tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos dentro del contencioso natural a través del respectivo incidente de nulidad de notificaciones e incluso, en su oportunidad, atacar tal violación procesal al promover amparo directo en contra de la sentencia dictada en el juicio mercantil antes referido. En las relatadas consideraciones, no le asiste razón a la peticionaria de amparo al referir que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia, dado que al haberse practicado la diligencia de emplazamiento conforme a las reglas del procedimiento, solamente en caso de una omisión de esta magnitud, se le dejaría inaudita respecto al procedimiento seguido en su contra, sin embargo, como se vio, ello no ocurrió así. En mérito de lo expuesto, es evidente que el emplazamiento reclamado no resulta violatorio de derechos; por lo que al ser ineficaces los conceptos de violación expuestos, y sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó **.Así las cosas, enseguida se estudiara la procedencia del juicio de amparo en relación de los restantes actos reclamados, tomando en consideración que, ante la legalidad del emplazamiento evidenciada con antelación, no se verá más a la impetrante como tercera extraña por equiparación, sino como parte formal que tuvo a su alcance la posibilidad de impugnar las resoluciones que estimara contrarias a sus intereses a través de los respectivos medios de defensa. SÉPTIMO. Improcedencia de los actos diversos al emplazamiento. Ahora, dado que no se expresaron conceptos de violación contra los actos dictados después de concluido el juicio y los imputados a las diversas autoridades ejecutoras, se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del citado numeral 61, señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, el artículo 108, fracción VIII, de la ley de la materia establece: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: VIII. Los conceptos de violación. Ahora, en el presente caso, se debe tomar en cuenta que la quejosa reclama un asunto en materia civil, esto es, de estricto derecho, en el que expuso como conceptos de violación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Los actos que se reclaman a los responsables violan en mi perjuicio las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 parte dogmática de la Constitución Federal, toda vez que de acuerdo con el citado precepto 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de la vida, libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en lo que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los mismos actos reclamados contra las citadas autoridades son violatorias también en mi agravio de la diversa garantía de legalidad y seguridad jurídica a que alude el artículo 16 constitucional, ya que conforme al mismo nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Con la transcripción anterior, se evidencia que la quejosa no vierte verdaderos conceptos de violación contra los actos reclamados, pues únicamente de manera dogmática expresa que se vulneraron los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal, diversas disposiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los derechos del Niño. En este sentido, la que suscribe se encuentra imposibilitada para realizar el examen del remate, adjudicación y escrituración del inmueble que aduce es de su propiedad, pues, las afirmaciones dogmáticas e imprecisas hechas valer en el amparo indirecto en materia civil, sin apoyarse en razonamientos jurídicos concretos, no constituyen propiamente conceptos de violación. Lo anterior se corrobora con lo expresado en la jurisprudencia 81 2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, visible en la página 61, con registro 185425, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. De manera que, ante la ausencia de conceptos de violación en un asunto en materia civil, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para hacer el estudio de los restantes actos reclamados, pues a la quejosa corresponde evidenciar las violaciones que cometieron las autoridades responsables al emitir los actos reclamados. Ello, se corrobora con la jurisprudencia 28 93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 72, diciembre de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, visible en la página 38, con registro 206659, que reza: CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. También es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2 J 341, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, que se localiza en la página 54, con registro 209638, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se dejan de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías. Por último, respecto de la cesión del crédito reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se actualiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a la primera de las citadas normas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la causal de improcedencia derive, además de alguno de los supuestos ahí descritos, de alguna norma diversa de la propia Ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la segunda disposición mencionada, señala como parte en el juicio de amparo, a la autoridad responsable, la cual se entiende para efectos de tal juicio, con independencia de su carácter formal, como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita realizar tales acciones que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dicho precepto considera para efectos del juicio de amparo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos, en los términos indicados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Respecto a las características de las autoridades, para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2 J. 164 2011, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época y número de registro 161133, determinó lo siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, que los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, se distinguen de otros, debido a lo siguiente: Relaciones de supra a subordinación: medularmente significa que un ente dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto, dotado de unilateralidad es decir, sin el concurso de la voluntad del particular, sino sólo la del Estado y obligatoriedad. Que a través de tales actos, afecten derechos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. Que esa relación de supra a subordinación, tenga su nacimiento en la ley norma general, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales. En el caso que se resuelve, evidentemente no se está en el supuesto de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deba considerarse como autoridad para los efectos del amparo al ceder el crédito de la quejosa a la moral tercero interesada. En efecto, debe tenerse presente, en primer lugar, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción XII, sólo es un administrador del mencionado Fondo, el cual como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene el encargo constitucional de operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad sus habitaciones. En segundo término, debe tenerse presente también, en términos de las disposiciones aplicables de la ley que regula al instituto en cita, que los créditos que otorga este último, plasmados en los contratos respectivos, no se suscriben en un plano de supra a subordinación entre el instituto y los trabajadores, pues dicho acto, por su propia naturaleza, es un acto bilateral, es decir, deriva de un acuerdo de voluntades en el que el instituto accede al otorgamiento de financiamiento a un trabajador para que adquiera en propiedad una habitación, y este último lo acepte en los términos y condiciones que se plasmen en el contrato. Finalmente, es de atenderse también, que al establecer la propia ley en su artículo 49 la posibilidad de que el instituto rescinda los créditos que otorgue y, por tanto, los dé por vencidos anticipadamente, cuando concurran las circunstancias ahí previstas, para lo cual tendrán que tramitarse necesariamente los juicios correspondientes ante los tribunales competentes, en términos del diverso numeral 53 de la ley en cita, evidencia igualmente que no se está ante un acto de autoridad. Por las razones anteriores, es de considerarse que el acto por el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la ley que lo regula, cedió el crédito de la quejosa a **, si bien es cierto es un acto unilateral realizado conforme a las facultades que le otorga la ley, también lo es que no contiene las notas distintivas para que pueda ser considerado como un acto de autoridad, pues debe tenerse presente que si la venta de la cartera vencida (cesión de derechos), en sí misma considerada, en términos del Código Civil Federal es un acuerdo de voluntades entre acreedor (cedente) y un tercero ajeno a la relación contractual primigenia, o bien, otro acreedor (cesionario) cuyo objeto es transmitir a este último los derechos que el primero tiene contra el deudor, sin que ello implique la extinción de la deuda, y en el caso de que la cesión sea onerosa, como sucede en la especie, el pago realizado por el cesionario al cedente constituye una circunstancia de este contrato, pues se trata del importe de esta operación, resulta válido concluir entonces, que el instituto no emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, en este caso de la quejosa. De esta manera, queda demostrado que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada con el número de registro 165531, en la página 280, novena Época, enero de 2010, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RCA 1316 10 05 DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, POR LA QUE AUTORIZÓ LA VENTA DE CARTERA VENCIDA, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2 XXXVI 99, de rubro:AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES, estableció que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, de lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En congruencia con dicho criterio, el acto por el que el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la Ley que lo regula, emitió la resolución número RCA 1316 10 05 de 26 de octubre de 2005, en la que autorizó la venta de la cartera vencida reservada al 100%, hasta por 56491 créditos, mediante subasta pública, así como a la contratación de los proveedores necesarios para realizar esa venta, cumpliendo con la normatividad que al respecto hubiese emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si bien es cierto es un acto unilateral realizado conforme a las facultades que le otorga la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también lo es que no contiene las notas distintivas para que pueda considerarse como un acto de autoridad, pues debe tenerse presente que si la venta de la cartera vencida cesión de derechos, en sí misma considerada, en términos del Código Civil Federal es un acuerdo de voluntades entre acreedor cedente y un tercero ajeno a la relación contractual primigenia, o bien, otro acreedor cesionario cuyo objeto es transmitir a este último los derechos que el primero tiene contra el deudor, sin que ello implique la extinción de la deuda, y en el caso de que la cesión sea onerosa, como en la especie, el pago realizado por el cesionario al cedente constituye una circunstancia de este contrato, pues se trata del importe de esta operación, resulta válido concluir que a través de la resolución citada que sólo resulta ser el antecedente de la cesión de derechos, el Instituto no emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, en este caso de los trabajadores cuyos contratos de crédito forman parte de la cartera vencida y que fueron vendidos. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en las fracciones XIII, XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionadas con el diverso 108, fracción VIII y 5 fracción II, del mismo cuerpo de leyes, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicha ley. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 978 2017 I promovido por ** respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, el Jefe del Registro Público de la Propiedad, todos del distrito judicial Bravos, y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por las razones expresadas en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a * por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta determinación. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, hasta el trece de abril de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa ante la Secretaria **, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Subdelegado del instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por medio del cual da cumplimiento al auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho para lo cual envía testimonio de la escritura del contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos que celebraron de una parte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de otra parte *******, signado ante la Fe del Licenciado *******, Notario Público número ******* para el Distrito Federal. en quince de junio del dos mil seis, relativas a la cuenta de crédito *******, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, conforme al artículo 119 de la Ley de amparo. Lo anterior sin perjuicio de ser relacionado en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados conforme al artículo 9 y 28 de la legislación mencionada con anterioridad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- María de Lourdes Zamora Palacios676/2018
- Maria del Carmen Aldana Tena362/2017
- María del Carmen Elizalde Franco264/2020
- Maria del Carmen Fierro Moriel715/2015
- María del Carmen Fonseca Esquivel887/2019
- María del Carmen García Moya19/2021
- María del Carmen Navarro Trevizo851/2021
- María del Carmen Ortega Valerio113/2020
- María del Carmen Ortega Valerio169/2021
- Maria del Carmen Ramírez Nevarez265/2016
- Maria del Carmen Ramirez Nevarez17/2015
- María del Carmen Trejo Cadillo851/2015