Maria del Carmen Fierro Moriel

Expediente 715/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
715/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
08/12/2015

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Fierro Moriel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el uno de diciembre de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente juicio, sin hacer pronunciamiento respecto a los cuadernos formados con motivo del incidente de suspensión, derivado del presente juicio, por lo anterior, se ordena agregar el cuadernillo original. Atento a lo anterior, luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009; para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción por lo que deberá destruirse junto con el principal. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes recurrieran el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de noviembre de dos mil quince. Glósese a los autos los informes justificados rendidos por parte de las autoridades responsables Juez Titular del Juzgado Primero de lo Familiar y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar, ambos del Distrito Judicial Bravos, y anexo certificado que los acompaña, mediante los cuales remiten copia certificada de las actuaciones habidas en el expediente ***************, del índice de dicho Juzgado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la copia certificada acompañada por el Juez Titular del Juzgado Primero de lo Familiar y la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar, ambos del Distrito Judicial Bravos, con su informe justificado, se advierte que en el caso se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con numerales 17 y 18, de la invocada ley de la materia. En principio, se estima oportuno mencionar, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a llevar a cabo la audiencia constitucional, cuando en el procedimiento exista un motivo "manifiesto" e "indudable" de sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, por "manifiesto" debe entenderse, lo que se advierte de manera clara y precisa de las constancias de autos que integran el juicio constitucional, y por "indudable", la evidencia de que la causa de sobreseimiento que se invoque no pueda ponerse en duda y que tampoco pueda desvirtuarse a través de ningún medio de convicción. Ilustra al razonamiento anterior, por principio de interpretación a simil, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo: X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, página 730, la cual expresa: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Como se dijo, este Juzgador considera que respecto de los actos reclamados que anteceden, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, de la invocada ley. El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo señala: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por otra parte, el artículo 18, de la Ley de Amparo dispone: 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De conformidad con la última disposición legal transcrita, el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se contará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que la peticionaria del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y c) Desde el día siguiente al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ***************, por su propio derecho, reclama: A) De la autoridad señalada como responsable ordenadora Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio de divorcio voluntario o de mutuo acuerdo ***************, esto es, la ilegal substanciación y todas sus consecuencias legales, en especial la diligencia consistente en el pago para la publicación de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil uno, así como las subsecuentes actuaciones incluyendo la sentencia definitiva de dos de marzo de dos mil uno, B) De la autoridad ejecutoria Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos la falta de cotejo de las firmas que aparecen en todo el juicio, en especial la que aparece en el escrito en el que se realiza el pago para la publicación de la sentencia. Ahora, las autoridades responsables remitieron junto con su informe justificado, entre otras constancias, copia certificada de: 1. Escrito de uno de septiembre de dos mil quince, por medio del cual, la peticionaria del amparo solicita se le expida copia certificada del expediente *************** relativo al juicio de divorcio por mutuo consentimiento y autoriza para recogerlas en su nombre y representación a los licenciados *************** y/ o ***************, así como a la ciudadana ***************. 2. Acuerdo de diez de septiembre de dos mil quince, que recayó al escrito de uno del mismo mes y año, emitido por el Juez Titular del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual autoriza la expedición de las copias solicitadas y a las personas que facultó para recogerlas. 3. Constancia de la que se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil quince, le fue entregada la copia certificada solicitada a ***************, quien se identificó con cédula profesional *************** y quien firmó de conformidad por su recibo. Del contexto anterior, se advierte de manera indudable que la ahora quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia constitucional, el diecisiete de septiembre de dos mil quince, pues en ese momento, su autorizado *************** recibió copia del expediente *************** del que derivan los actos que aquí reclama, persona a quien también autorizó en este juicio de amparo, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de la Novena Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, Materia Común, visible en la página 5 del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Establecido lo anterior, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por conducto de las personas que autorizó para imponerse de los autos y recibir documentos ante la responsable mediante el escrito que presentó ante la responsable el uno de septiembre de esta anualidad, en la especie, el dieciocho de septiembre de dos mil quince; máxime que la quejosa no es persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados, sino que es parte en esa controversia, por lo que para computar el término legal para promover el juicio de amparo debe estarse a la segunda regla del artículo 18 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si legalmente tuvo conocimiento de los actos reclamados el diecisiete de septiembre de dos mil quince, el término de quince días que tuvo para promover el juicio de amparo contra la diligencia citada, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil quince, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, así como tres y cuatro de octubre, por haber sido inhábiles. De ahí que, como la demanda que dio origen a este juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dieciséis de octubre de dos mil quince, según se advierte del sello de recibido que aparece en el escrito de demanda, se estima que ésta se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado, en contra de las actuaciones del juicio ***************, entre las que se encuentran el escrito en el que se realiza el pago para la publicación de la sentencia definitiva y la sentencia misma. En las relatadas circunstancias, al haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días a que aluden los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el acto reclamado fue consentido y tal demanda deviene improcedente, lo que se tiene plenamente demostrado con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis II.1º.88 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, lo manifestado por la quejosa al aclarar la demanda de amparo, donde afirmó, bajo protesta de decir verdad, que la fecha en que recibió la copia certificada del expediente del que emanan los actos reclamados haya sido el treinta de septiembre último, porque esa fecha se encuentra desvirtuada con las copias certificadas remitidas por las responsables, pues se itera, tales documentales fueron entregadas a la persona que autorizó para tales efectos en una fecha diversa. En esa medida, el hecho de que la parte interesada por sí misma o a través de su autorizado, concurran indistintamente a recoger las copias certificadas al Juzgado donde se encuentra radicado el juicio del que emanan los actos reclamados, implica que la primera se imponga del contenido de esas actuaciones, al ser parte del juicio del que deriva, tan es así que compareció al mismo; de ahí que la fecha en que legalmente tuvo conocimiento del acto reclamado es el diecisiete de septiembre de dos mil quince y no la diversa que fue señalada en el escrito de aclaración de demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVI, de Septiembre de 2002, materia común, página 5, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley en cita. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil quince. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de noviembre de dos mil quince. Agréguense a los autos los informes previos del Juez Primero de lo Familiar y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar, ambos del Distrito Judicial Bravos, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*dmjv

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