María del Carmen Aragón Pérez

Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1003/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Aragón Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso 268/2022, con el que le fue enviado el juicio de amparo 1003/2022, original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios y cuatro tomos de pruebas; e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa María del Carmen Aragón Pérez, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de octubre del año en curso, radicándolo con el número de recurso de revisión 570/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa María del Carmen Aragón Pérez, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de diecisiete de noviembre del año en curso, exhibe una copia de su escrito de agravios; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyanse las otras entre las demás partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse estos autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Oaxaca, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa MARÍA DEL CARMEN ARAGÓN PÉREZ; a fin de proveer sobre el recurso de revisión que interpone, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique este proveído, exhiba una copias más de su escrito de agravios, para correr traslado a todas y cada una de las partes; pues son necesarias cuatro copias que se distribuyen de la siguiente forma: una para el expediente, una para la autoridad responsables, una para el tercero interesado y una más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado que conocerá del recurso de revisión, y únicamente exhibió tres; con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el término que se indica, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 1003/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. María del Carmen Aragón Pérez, por su propio derecho, mediante demanda de amparo directo presentada el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto consistente en: "D). LA SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA ES CONSTITUTIVA DEL ACTO RECLAMADO. Los puntos resolutivos primero y considerando tercero que sustenta la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca con fecha siete de junio del año dos mil veintidós dentro del toca familiar de apelación número 103/2022 (.)" Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Carmen Aragón Pérez, contra la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar número 103/2022, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el fallo dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 548/1997, de quince de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior debido a que dicha resolución no tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, ni es una resolución que ponga fin al juicio, o que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido. Por lo que ordenó remitir la demanda y sus anexos, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, residente en San Bartolo Coyotepec, para que se avocara a su conocimiento y resolviera lo procedente. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 1003/2022; en proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, previo cumplimiento al requerimiento formulado el treinta y uno de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se ordenó notificar dicho auto al tercero interesado Vicente Francisco Aldeco Cruz; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La resolución de siete de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar número 103/2022, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el fallo dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al juicio de controversias del orden familiar 548/1997, de quince de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La magistrada presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, que ha quedado precisado en el considerando que antecede. Lo que se acredita con las actuaciones que obran en el toca familiar número 103/2022, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio. Previo al análisis de los conceptos de violación, se considera pertinente narrar los antecedentes del acto reclamado, que derivan de las actuaciones que integran los autos del toca familiar 103/2022, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; juicio de controversias del orden familiar 548/1997 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, e incidente de cancelación de pensión alimenticia, los cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se observan los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de controversias del orden familiar 548/1997, la jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, condenó al demandado Vicente Francisco Aldeco Cruz, al pago de una pensión alimenticia definitiva del quince por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe en su fuente de trabajo, a favor de su acreedora alimentaria María del Carmen Aragón Pérez; asimismo, absolvió al demandado, del pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijas Alma Monserrat y Cindy Marel de apellidos Aldeco Aragón (fojas 101 - 106 del juicio de controversias del orden familiar 548/1997). 2. Dicha sentencia fue declarada firme mediante auto de quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 115 vuelta del juicio de controversias del orden familiar 548/1997). 3. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, el demandado Vicente Francisco Aldeco Cruz, promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia, en contra de María del Carmen Aragón Pérez (fojas 2 - 4 del incidente de cancelación de pensión alimenticia), ya que refirió haber promovido su divorcio ante el juez Segundo de lo Familiar del Centro de Oaxaca, bajo el expediente 199/2019, en que el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia se decretó la disolución del vínculo matrimonial, que causó ejecutoria, y que por ello feneció su obligación alimentaria, pues expuso lo siguiente: "Que por medio de la presente vengo a promover Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia dentro del presente juicio en contra de la C. María del Carmen Aragón Perez quien tiene su domicilio en consideración de las circunstancia de Hecho y Derechos que en seguida se describen: H E C H O S: a) Dentro del presente expediente principal se dictó sentencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve en el que se me condenó al pago de una pensión alimenticia definitiva del 15% (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibo, a favor de la C. Mará del Carmen Aragón Pérez, esto es, por ser cónyuge de la ahora demandada. b) Es el caso que ya no era mi deseo seguir unido en matrimonio con la C. María del Carmen Aragón Pérez por lo que promoví mi divorcio ante el Juez Segundo de lo Familiar del centro de Oaxaca, bajo el expediente 199/2019 en el que con fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve se dictó sentencia, en el que se decreta la disolución del vínculo matrimonial, mismo que ha causado ejecutoria, como lo demuestro con la copia certificada de la sentencia, misma que anexo a la presente demanda de incidente como documento base de mi acción, por lo que fenece mi obligación alimentaria y vengo a ejercitar ese derecho. (.) De lo antes expuesto a usted Juez de lo Familiar atentamente pido: Primero. Tenerme demandando en términos señalados en el presente escrito de demanda al C. María del Carmen Aragón Pérez. ." 4. El juez Segundo de lo Familiar del Distrito del Centro, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, tuvo a Vicente Francisco Aldeco Cruz, promoviendo incidente de cancelación de pensión alimenticia (foja 1 del incidente de cancelación de pensión alimenticia). 5. Mediante resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno, el juez de origen declaró procedente el incidente sobre cancelación de pensión alimenticia, decretada a favor de María del Carmen Aragón Pérez, proporcionada por el actor incidentista Vicente Francisco Aldeco Cruz (fojas 53 a 55 del incidente de cancelación de pensión alimenticia). 6. Inconforme con la anterior determinación, María del Carmen Aragón Pérez, por ocurso que presentó el doce de noviembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación (fojas 57 a 63 del incidente de cancelación de pensión alimenticia). 7. Dicho recurso fue resuelto mediante determinación dictada el siete de junio de dos mil veintidós, en el toca familiar 103/2022, en que los magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmaron la resolución incidental recurrida, con la precisión de que quedaban a salvo los derechos de la ex cónyuge para que si lo estimaba conveniente demandara en la vía y forma que en derecho corresponda la pensión alimenticia compensatoria. Resolución que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa, en esencia hace valer los siguientes conceptos de violación. 1. Refiere que la responsable viola los artículos 53 y 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, el primero que establece que no puede alterarse, modificarse o renunciarse a las normas del procedimiento; y el segundo que establece que en el escrito de contestación, el demandado deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos por la contraria, confesándolos o negándolos, expresando los que ignore por no ser propios; por lo que tenía que contestar de acuerdo a los hechos aducidos por el actor, y si el actor plasmó en el hecho marcado con el inciso a) del escrito inicial de su demanda incidental, que fue condenado en el juicio principal al pago de una pensión alimenticia definitiva del quince por ciento de su sueldo y demás prestaciones a favor de su cónyuge Mara del Carmen Aragón Pérez, no tenía otra opción de acuerdo a lo estipulado por los citados artículos, contestar de acuerdo con esos hechos, lo que la dejó en estado de indefensión; vulnerándose en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales. 2. La quejosa además arguye que el actor fundó su petición en un hecho falso, ya que en el inciso a) de su escrito de demanda, menciona que fue condenado en el juicio principal al pago de una pensión alimenticia definitiva del quince por ciento de su sueldo y demás prestaciones a favor de su cónyuge Mara del Carmen Aragón Pérez, y en su inciso b) de su mismo escrito, menciona que promovió el divorcio en contra de la quejosa ante del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, radicado con el número 199/2019, en donde el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia en que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que los unía, la que causó ejecutoria, y que por lo tanto feneció su obligación de seguirle otorgando alimentos; sin embargo, que el actor incidentista no acató lo dispuesto por el citado artículo 267 del código adjetivo en cita, ya que no fue claro ni preciso en los hechos de su demanda, ni fundó su petición en hechos verdaderos, como se puede ver en su inciso a) del multicitado escrito. 3. La promovente del amparo refiere que, se le debió absolver de las prestaciones exigidas, ya que el actor enderezó su petición basada en el hecho de que fue condenado al pago de una pensión alimenticia definitiva del quince por ciento de su sueldo y demás prestaciones a favor de su cónyuge Mara del Carmen Aragón Pérez, y no de María del Carmen Aragón Pérez. Por otra parte, la Sala responsable sustentó la resolución reclamada en las consideraciones torales siguientes: 1. Del expediente se desprende que mediante escrito de veintiuno de enero de dos mil veinte, como lo mencionó la recurrente, el actor incidentista en el inciso a) de su escrito de demanda, señaló que fue condenado a pagar el quince por ciento de su sueldo y demás prestaciones a favor de Mara del Carmen Aragón Pérez, no así como lo señala la recurrente a favor de María del Carmen Aragón; sin embargo, en el epígrafe de su demanda incidental, el actor señaló el número de expediente (548/1997), el juez a quien lo dirigió, y en el segundo párrafo de su escrito, en el inciso b) del capítulo de hechos y en el punto petitorio primero el nombre correcto de su cónyuge, María del Carmen Aragón Pérez; de donde advirtió que por un error, el actor incidentista omitió de manera equivocada asentar la letra "í"; lo que corroboró con las constancias del incidente de cancelación planteado. 2. Sin que por ello se trate de diferente persona a la demandada incidentista María del Carmen Aragón Pérez. 3. Que el referido error no es motivo para estimar que la resolución apelada no es congruente con el escrito de demanda incidental y mucho menos que la haya dejado en un estado de indefensión, tan es así que dio contestación al escrito de demanda planteada en su contra, además que en el auto admisorio el juez se refirió a la demandada incidentista como María del Carmen Aragón Pérez. 4. Por consiguiente, determinó que la resolución incidental apelada no violaba el principio del debido proceso, el cual se rige por los principios de igualdad, legalidad y probidad tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al haber sido dictada en términos legales. 5. En cuanto a la inconformidad basada en que es incongruente la resolución cuando el actor incidentista manifestó que fue condenado en el juicio principal a otorgar una pensión a la demandada en su calidad de cónyuge, y en el inciso b) de su escrito de demanda mencionó que promovió el divorcio, decretándose el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve la disolución del vínculo, sin que esos hechos contradictorios hayan sido valorados por el juez; sin embargo, la sala desestimó dicho argumento, pues consideró que fueron esas circunstancias las que el juez tomó en cuenta para determinar que las circunstancias originales que habían dado origen a la pensión alimenticia habían cambiado, y por ende decretó procedente la acción de cancelación de pensión alimenticia intentada en su contra. 6. Que tratándose de los cónyuges en el caso de matrimonio, la legislación establece una obligación de otorgarlos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos, obligación que se mantiene incluso en casos de separación; sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio, esta obligación termina y en su caso, da lugar a un pensión compensatoria, que goza de una naturaleza distinta a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio, pues encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que pudiera presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. 7. Que no es en el juicio en que ese actúa en donde pudiera determinarse o no la procedencia de la pensión compensatoria, ya que la parte interesada en que se decrete a su favor, con motivo de la ruptura del vínculo matrimonial, debe intentar la vía legal procedente donde acredite los elementos de su acción. 8. Que aun cuando los alimentos son de orden público e interés social, el derecho de percibirlos en calidad de ex cónyuge se establece a partir del divorcio, esto es, tiene el carácter de constitutiva, por lo que no se está en el caso de una resolución que declare la existencia previa de una obligación alimenticia (declarativa), como lo sería en aquellos que se soportan en los principios de solidaridad y ayuda mutua. Por ello fue correcto que se declarara procedente la acción de cancelación de pensión alimenticia en contra de la recurrente María del Carmen Aragón Pérez, al quedar insubsistente el vínculo jurídico que unía a la acreedora y al deudor. Ahora bien, devienen infundados los conceptos de violación sintetizados en párrafos que anteceden. En efecto, contrario a lo referido por la quejosa, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, pues cabe destacar que el derecho de seguridad jurídica es el derecho subjetivo público a favor de los gobernados, que puede ser oponible a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o en la incertidumbre, lo que hace posible que existan condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. El derecho referido entraña la prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de afectación contra particulares y, cuando deban realizarlos, tienen que cumplir con los requisitos previamente establecidos, siguiendo con las formalidades del procedimiento, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido, lo que permite que los derechos públicos subjetivos permanezcan indemnes, por lo cual, las autoridades deben de respetar irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para su actuación. Por otra parte, el artículo 14 constitucional dispone que nadie que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 constitucional, consagra entre otros, el derecho de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado. Por fundamentación se entiende, que deben expresarse con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta, para lo cual, resulte procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación, se entiende que la autoridad debe indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o surtir efectos, esto es, configurar la hipótesis normativa aplicable. Entonces, el requisito formal de debida fundamentación y motivación -se insiste-, implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 178, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". En otro contexto, los artículos 88 y 257 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: "Artículo 88.- Las sentencias, que contendrán una sucinta relación de los hechos, deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y resolviendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Las sentencias deberán estar apoyadas, en cuanto a sus puntos resolutivos, en preceptos legales o principios jurídicos, a falta de aquéllos. Cuando el actor no probare su acción será absuelto el demandado." "Artículo 257.- La contienda judicial principiará con demanda escrita en la que se expresarán: I. El tribunal ante el que se promueve; II. El nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones; III. El nombre del demandado y su domicilio; IV. Las prestaciones que se reclamen con sus accesorios; V. Los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa; VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables; VII. El valor de lo demandado. Precisamente con la demanda debe el actor presentar todos los documentos justificativos de su acción y, además, anunciar las pruebas que se proponga rendir." La lectura de los anteriores preceptos permite advertir que las sentencias contendrán una sucinta relación de los hechos, deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y resolviendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; además, que la contienda judicial principiará con demanda escrita en la que se expresarán, entre otros puntos, el nombre del demandado. Ahora bien, contrario a lo que refiere la quejosa, la resolución reclamada no vulnera lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Pues como lo refirieron los magistrados de la Sala responsable, si bien en el inciso a) del capítulo de hechos del ocurso presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, suscrito por Vicente Francisco Aldeco Cruz, promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia, y sostuvo que mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se le condenó al pago de una pensión alimenticia definitiva del quince por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe a favor de Mará del Carmen Aragón Pérez, por ser su cónyuge. Sin embargo, los datos proporcionados en el resto del ocurso, permiten advertir claramente que el incidente de cancelación de pensión alimenticia, fue promovido en contra de María del Carmen Aragón Pérez y no de Mará del Carmen Aragón Pérez, ya que: 1.- En el segundo párrafo del citado escrito, se indicó que el incidente de cancelación de pensión alimenticia se promovió en contra de María del Carmen Aragón Pérez 2.- En el inciso b), del capítulo de hechos, manifestó que ya no era su deseo seguir unido en matrimonio con María del Carmen Aragón Pérez, por lo que promovió su divorcio ante el juez Segundo de lo Familiar del Centro de Oaxaca, bajo el número de expediente 199/2019, en que el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en que se decretó la disolución del vínculo matrimonial, y que causó ejecutoria. 3.- En el primer punto petitorio del mencionado escrito, pidió tenerlo demandado en los términos señalados en el escrito de demanda a María del Carmen Aragón Pérez. 4. En el proemio del escrito en que promovió el incidente de cancelación de pensión, precisó el número de expediente 548/1997. Todo lo cual denota que la demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia es María del Carmen Aragón Pérez, y no Mará del Carmen Aragón Pérez, y que aun cuando en el inciso a) del capítulo de hechos se mencionó incorrectamente el nombre Mará del Carmen Aragón Pérez, se trató de un error en la precisión del nombre (faltó incluir la letra "i"), pero de forma alguna puede considerarse que ello dejó en estado de indefensión a la demandada incidentista, ahora quejosa; ya que como se dijo, los datos proporcionados en el escrito en que se promovió el incidente de cancelación de pensión, permiten advertir claramente que la demandada es María del Carmen Aragón Pérez. En efecto, María del Carmen Aragón Pérez, mediante escrito que presentó el nueve de septiembre de dos mil veinte, ante la oficialía de partes del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al dar contestación a la demanda de cancelación pensión (fojas 20 a 22 del incidente de cancelación), asentó su nombre correcto María del Carmen Aragón Pérez, y en ninguna parte del mismo manifestó que el nombre precisado en el inciso a) del capítulo de hechos de la demanda de cancelación de pensión, le había ocasionado confusión, o en su caso, que se trataba de una diversa persona. Incluso, mediante escritos presentados el ocho de julio y treinta de agosto de dos mil veintiuno, la demandada incidentista María del Carmen Aragón Pérez, exhibió el pliego de posiciones para el desahogo de la prueba confesional, y formuló alegatos, respectivamente (fojas 38 y 46 a 50 del incidente de cancelación de pensión alimenticia). Por lo que como se dijo, el nombre asentado en el inciso a) del capítulo de hechos en que se promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia, no imposibilitó a la quejosa el conocimiento exacto del número juicio, de los hechos, y el nombre de la demandada. Luego, lo resuelto por la sala responsable fue objetivamente correcto, ya que como lo determinó, se trató de un error mecanográfico que no vulnera los derechos de la quejosa, pues arribar a la conclusión contraria, esto es, considerar que la demanda de cancelación de pensión alimenticia se promovió en contra de diversa persona, por el solo hecho de haberse asentado incorrectamente en una parte del escrito de cancelación de pensión, el nombre de Mará, en lugar de María, se incurriría en un formalismo y rigorismo excesivos. Además que como ya se dijo, los datos contenidos en el escrito de cancelación de pensión alimenticia, permitieron a la quejosa conocer claramente el número del juicio en que se promovió el incidente de cancelación, los hechos y el nombre de la demandada. Por lo que como lo razonó el órgano colegiado responsable, el juez natural no resolvió de forma incongruente el incidente planteado, pues tomó en consideración lo expuesto en el escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.6o.C.133 C, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 699 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, con número de registro digital 196122, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN. NO EXISTE EN ÉSTE LA SUPLENCIA EN LA QUEJA DEFICIENTE, SI EL AD QUEM CONSIDERA COMO UN ERROR MECANOGRÁFICO EL YERRO EN LA CITA DE LA FECHA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, CUANDO HAY ELEMENTOS QUE LA IDENTIFIQUEN Y ENTRA AL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. Si en el recurso de apelación el agraviado cita una fecha distinta de la que corresponde a la sentencia apelada, pero sus argumentos no dejan lugar a duda de la identidad de la resolución que se combate, es correcto que el tribunal de alzada considere el yerro de la fecha como un error mecanográfico y se aboque al conocimiento del asunto, sin que ello implique en manera alguna la suplencia en la queja deficiente en favor del promovente, dado que dicho error no es motivo bastante para omitir el estudio de los agravios." De lo que sigue, la responsable no vulneró en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, ya que expuso los motivos por los que consideró que la resolución dictada por el juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se encuentra ajustada a derecho (motivación); además, citó los artículos 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, 2º de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como las tesis de rubros: "IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4º., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SUS ALCANCES", "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO", y "PENSIÓN COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILLIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO Y LA MODALIDAD DE ESTA OBLIGACIÓN." (fundamentación). En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, y al no advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitados. Resta únicamente agregar que las tesis y jurisprudencias que se invocan en este apartado, no obstante haberse integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, continúan siendo aplicables, en virtud de que sus contenidos no se oponen a la actual Ley de Amparo, como lo establece su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María del Carmen Aragón Pérez, contra la autoridad y el acto precisados en el considerando segundo, por las razones que sustentan el diverso último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO.

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