María del Carmen Evangelina Vásquez Arnaud
Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Carmen Evangelina Vásquez Arnaud
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte a transcurrido el plazo previsto en la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto de once de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta que envía la Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental las constancias que anexa la responsable al oficio de cuenta. Ahora, de autos se advierte, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el once de marzo de dos mil veintidós, María del Carmen Evangelina Vásquez Arnaud, por propio derecho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca, que en esencia hizo consistir en: "Omisión en la materialización del contenido de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente 4536/19-15-01-5. El retraso en la admisión, tramitación y resolución de la queja presentada el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por conducto de la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Sureste." En auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, entre otras cosas, se desechó la demanda de amparo promovida por María del Carmen Evangelina Vásquez Arnaud, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión en la materialización del contenido de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2020, dictada en el expediente 4536/19-15-01-5; admitiéndose por cuanto hace al acto reclamado relativo al retraso en la admisión, tramitación y resolución de la queja presentada el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno; por ende, se solicitó a la responsable su informe justificado, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, que la omisión reclamada no es cierta, pues de las mismas se advierte, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca, dictó el acuerdo respectivo, en el cual desechó por notoriamente improcedente la instancia de queja interpuesta por María del Carmen Evangelina Vásquez Arnaud; dicho acuerdo fue notificado a la aquí quejosa, el tres de marzo de dos mil veintidós, mediante avisos de correo electrónico; por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa, al momento de la presentación de la demanda de amparo (once de marzo de dos mil veintidós) era inexistente. Ante tales circunstancias, y al ser inexistente el acto reclamado, conlleva a sobreseer el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, dada la evidente inexistencia del acto reclamado, pues ni aun celebrándose podría ser desvirtuada la misma con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que en el caso este órgano jurisdiccional se encuentre obligado a requerir a la quejosa para el efecto de ampliar la demanda de amparo respecto del auto por el cual se desechó el recurso de queja planteado ante la responsable. En efecto, pues para que opere dicha figura en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, los actos novedosos por los que se intenta ampliar la demanda de amparo, deben encontrarse vinculados con los inicialmente reclamados; lo que en el caso no acontece. Es así, pues la omisión reclamada por la hoy quejosa resultó inexistente, ya que previo a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya se había pronunciado respecto de la queja promovida, por tanto, no puede decirse que existe una relación entre el acto inicialmente reclamado (omisión de proveer), con el auto por el cual se desechó la queja interpuesta, pues debe señalarse que el amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales; de ahí que no sea factible requerir la ampliación de la demanda. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta signado por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que haya lugar a decretar providencia alguna, atento a lo determinado en párrafos precedentes. Hágase del conocimiento de las partes lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Evangelina Vásquez Arnaud, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 279/2022. Desechamiento. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión en la materialización del contenido de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2020, dictada en el expediente 4536/19-15-01-5. Ello es así, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. (.) Lo anterior e así, pues conforme a lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, refiere que una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de origen 4536/19-15-01-5, y haber transcurrido cuatro meses sin que la demandada diera cumplimiento a la misma, mediante escrito de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de queja, en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, recurso que resulta el idóneo para modificar, revocar o nulificar la omisión de la demanda para cumplir con dicha sentencia. Lo anterior lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública ordinaria de nueve de febrero de dos mil veintidós, al resolver la contradicción de tesis 306/2021, pendiente de ingresarse al Semanario Judicial de la Federación, en la cual determinó: "Se informa que, el criterio que en su oportunidad será aprobado, se orienta en el sentido de que, cuando en el juicio de amparo se reclame el incumplimiento de una sentencia de nulidad debe agotarse previamente el recurso de queja, por omisión en el cumplimiento previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo" Conforme a lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que respecto a la omisión reclamada del cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, y al haberlo resuelto así nuestro máximo tribunal del país, procede el recurso de queja en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que si el quejoso promovió dicho medio de defensa en contra del acto hoy reclamado, el cual puede modificar, revocar o nulificar la omisión reclamada, es inconcuso que la presente instancia constitucional deviene improcedente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo, en contra del acto reclamado consistente en la omisión en la materialización del contenido de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2020, dictada en el expediente 4536/19-15-01-5. Admisión. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida María del Carmen Evangelina Vásquez Arnau, contra el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en el retraso en la admisión, tramitación y resolución de la queja presentada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de dicha Sala; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes. En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico de contacto. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deban remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), vigente a partir del 3 de agosto de 2020, podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Autorizados. Téngase a la parte quejosa autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Flavio Rodríguez Sanginés, Miguel Ángel Ramírez Salazar, Cesar López Ramos, Nelly Quiroz Tecpanecatl, Avisaí Iván Martínez Vazquez, Norma Patricia Herrera Martínez, Luisa Antonio Toledo Martínez, Isabel Castillo Márquez, y Ángel Josué Sánchez Candia, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, conforme a la certificación de cuenta, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Ángel Ramos Rivera, Edna Mitzi León Galguera y Laura Rosa Sierra Álvarez, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciada en derecho o proporcionen el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico flavio.rodrigue.sangines@correo.cjf.gob.mx, únicamente para contacto con el presente Órgano Jurisdiccional en casos necesarios, no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. Tramitación juicio en línea. En relación a la autorización que solicita de la consulta electrónica de los autos y recibir notificaciones; y toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "Fsangines1967"; por consiguiente, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como las notificaciones por este medio, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; de igual manera, se le faculta para presentar promociones y recursos por ese medio. Pruebas. Ahora bien, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que acompaña a su escrito de cuenta, misma que se tiene por desahogada en este acto en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional correspondiente. En cuanto a la presuncional legal y humana, así como la de actuaciones, llegado el momento procesal oportuno, se tomarán en consideración las que resulte a su favor. Tercero interesado Ahora bien, toda vez que le resulta el carácter de tercero interesado al Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo tanto, por conducto del actuario adscrito, mediante oficio que se gire al efecto, al que se deberá anexar copia de la demanda de amparo, emplácese a dicha autoridad en el domicilio ubicado en calle Gardenias, número seiscientos trece, esquina Heroica Escuela Naval Militar, colonia Reforma, código postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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