Maria de Lourdes Cordova Palacios
Expediente 884/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Cordova Palacios
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, primer párrafo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado por este Tribunal el once de agosto de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 20, del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el juicio de amparo carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. Radicación Por recibida la demanda de amparo promovida por MARÍA DE LOURDES CÓRDOVA PALACIOS, contra actos del Secretario Encargado del Despacho del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el número 884/2021 que le correspondió. Análisis de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juzgador de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una causa de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la causa de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la promovente MARÍA DE LOURDES CÓRDOVA PALACIOS, reclama del Secretario Encargado del Despacho del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, de manera destacada, el auto que dictó el cinco de agosto de dos mil veintiuno, donde desechó de plano el recurso de revocación que interpuso en contra del proveído de veintiséis de julio de este año, en el juicio ejecutivo mercantil 74/2021 -en el que es parte demandada-, ya que consideró: "En virtud de que no obra convenio alguno, no ha lugar a suspender el procedimiento, ya que no hay dispositivo que permita la paralización del proceso, considerando que el mismo es una cuestión de orden público." La suscrita juzgadora estima que ese auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno reclamado, aun cuando causa un agravio a la aquí promovente del amparo, no es de difícil reparación. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Los normativos transcritos permiten establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no causen un perjuicio de imposible reparación. Se entiende por tales, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el auto dictado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano el recurso de revocación que interpuso en contra del proveído de veintiséis de julio de este año, del juicio ejecutivo mercantil 74/2021, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina afectación a derechos intraprocesales. Ello, pues la suspensión del procedimiento que solicitó para liquidar el adeudo demandado por la parte actora, está condicionado a la exhibición del convenio celebrado entre las partes; cuestión procesal que no afecta de ninguna manera derechos sustantivos de la promovente del amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizadas para ese efecto a las personas que refiere y en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Joel Germaín Blas García, porque conforme a la certificación de cuenta, existe registrada la cédula profesional 514887 a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Así también, se le tiene proporcionando los números telefónicos 2212718710, 9511707844 y 9512887802, y los correos electrónicos betto.fuentes1@gmail.com, lic.joelblas01@gmail.com, y luismvnot@tribunaloaxaca.gob.mxm, como medios de contacto para entablar comunicación no procesal. Uso de medios electrónicos Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Protección de datos. Se informa a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico Fórmese el expediente electrónico y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Adjúntese el escrito de los quejosos Antonio Pérez Niño y Omar Orea Carrillo, en cuando al primero de los escritos, desahogan la vista ordenada en proveído de diez de agosto actual, realizando diversas manifestaciones, solicitando que se requiera a la Junta responsable; así como al Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, a fin de que den cabal cumplimiento con la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, al efecto se provee: Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; así como al Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo; esto es, la Junta responsable deberá de requerir al Congreso del Estado en los términos expuestos en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito; debiendo informar a este Juzgado sobre el citado requerimiento y apercibimiento que le haya formulado al citado Congreso, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acredite; y respecto al referido Ayuntamiento cumpla a cabalidad con el laudo a que fue condenado en dicho juicio laboral, debiendo informar las medidas tomadas a fin de dar cumplimiento al mismo; en el entendido que de no cumplir con ello, se les hará efectivo el medio de apremio contenido en proveído de diecinueve de mayo último, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Referente al segundo de sus escritos, como lo solicitan con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizada a María Fernanda Ramírez Cruz, sin que implique revocar a los autorizados en autos. Como lo solicita, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de medios electrónicos. NOTIFÍQUESE.
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