Maria de Monserrat Ancona Rivero

Expediente 2176/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2176/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Maria de Monserrat Ancona Rivero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2176/2021-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito de demanda, auto admisorio de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, constancias de notificación practicadas a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa, así como con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las referidas probanzas que se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que el secretario da cuenta con las manifestaciones formuladas por la Agente en auxilio de la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en su alegato ministerial número 1016/2021. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de mérito para ser considerados conforme a derecho correspondan; con lo cual se cierra este período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 2176/2021-II, promovido por María de Monserrat Ancona Rivero (o) María de Montserrat Ancona Rivero, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por violación a los artículos 8 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, María de Monserrat Ancona Rivero (o) María de Montserrat Ancona Rivero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en el acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo aplicable, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa en esencia hizo consistir los actos reclamados en: - La omisión por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por no haber emplazado a la parte demandada en el juicio de origen 315/2019 de su índice. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, refirió que no es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, del mismo se advierten manifestaciones que evidencian su existencia, por lo que se tiene por cierto el acto de molestia. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por no haber emplazado a la parte demandada en el juicio de origen 315/2019 de su índice, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; " La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por no haber emplazado a la parte demandada en el juicio de origen 315/2019 de su índice. Sin embargo, como se anticipó de la lectura de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de enero de dos mil veinte, la parte actora María de Monserrat Ancona Rivero (o) María de Montserrat Ancona Rivero, compareció ante la autoridad a celebrar un convenio con la parte demandada Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por la cantidad de $14,623.67 (catorce mil seiscientos veintitrés pesos, con sesenta y siete centavos, moneda nacional), el cual fue aprobado por la junta responsable, motivo por el cual el juicio de origen se archivó como asunto totalmente concluido por carecer de materia legal. En efecto, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior, pues como se puede ver el veinte de enero de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aprobó el convenio celebrado por la parte quejosa y la parte demandada en el juicio de origen, convenio al cual se le dio el efecto de laudo consentido y de cosa juzgada, actualizándose la improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues al haberse aprobado el convenio celebrado en el juicio natural con los efectos antes precisados, es incuestionable que aun cuando subsisten los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal alguno, por no poderse concretar en perjuicio de ninguna de las partes. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, por encontrar una aplicación en lo conducente, se cita la tesis 2a. XCVIII/2000, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 358, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones al derecho humano que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, se reitera, si la materia de este juicio de amparo consiste en la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por no haber emplazado a la parte demandada en el juicio de origen 315/2019 de su índice, es incuestionable que al celebrarse y aprobarse un convenio entre las partes de dicho juicio, el cual tiene el efecto de laudo consentido y de cosa juzgada, el objeto material de los actos reclamados y sus consecuencias han dejado de existir. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María de Monserrat Ancona Rivero (o) María de Montserrat Ancona Rivero, contra los actos que reclama a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Se agrega a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 69/20212 suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de seis de enero de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone el citado oficio y anexos a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintidós. Visto lo informado en la cuenta que antecede, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de resolver con pleno conocimiento de causa lo que legalmente proceda en este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente, al en que reciba el oficio en el que se le comunique este acuerdo, remita en copia certificada la totalidad de las constancias del juicio laboral 315/2019, del cual deriva del acto reclamado. Con el apercibimiento a la citada autoridad, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Asimismo, en atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá hacer llegar a este Juzgado las constancias requeridas o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolos al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, fue puesto a la vista de las partes en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, notificado el nueve del mismo mes y año, por tanto aún está transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su celebración las trece horas con cincuenta minutos del seis de enero de dos mil veintidós. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.

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