María de los Milagros Herrera Guillermo

Expediente 992/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
992/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • María de los Milagros Herrera Guillermo y Otros.
  • María de los Milagros Herrera Guillermo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 7545 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta en cinco fojas útiles el testimonio de resolución dictada en el expediente 208/2018 formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa María de los Milagros Herrera Guillermo, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda; testimonio del cual se advierte que el Tribunal Colegiado en cita declaró infundado dicho recurso. Acúsese recibo. Se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se tiene por recibido y se agrega a este expediente para que obre como corresponda el oficio 6654, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo de los oficios 2564.II y 2565.II mediante los cuales este Juzgado Federal rindió su informe sobre la materia de la queja, se le remitió original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de mérito interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, así como la certificación de constancias relativas al presente expediente; asimismo, la Superioridad comunica que dio entrada a dicho medio de impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a estos autos el memorial suscrito por la quejosa María de los Milagros Herrera Guillermo, con el que interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo y señala las constancias que propone deberán remitirse para la resolución del citado medio de impugnación. En mérito de lo anterior, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase copia certificada de las constancias que integran este juicio de amparo 992/2018-II y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. Finalmente, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito de mérito, en cuanto al señalamiento de las constancias que integran este expediente para la remisión a la citada Superioridad, con motivo del recurso de queja que interpuso. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por María de los Milagros Herrera Guillermo contra el acto de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, demanda presentada con cuatro copias y un anexo. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 992/2018-II. Ahora bien, es de señalarse que de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que en la especie lo que procede es desechar la demanda al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 65, fracción IV de la Ley de Amparo aplicable, los cuales se transcriben a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Para demostrarlo en principio se destaca que en la especie la quejosa señala como acto reclamado en esencia la omisión genérica de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán autoridad responsable para proveer lo conducente para la ejecución en vía de apremio del convenio de cinco de mayo de dos mil diez, que se radico en el juicio 518/2011 de su índice. Sobre esta premisa en el caso, se advierte que si bien la autoridad responsable tiene la obligación de dar seguimiento al expediente en comento, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos asumen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión genérica del Juzgado responsable de no respetar los plazos legales, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del Juzgado responsable, de proveer lo conducente para la ejecución en vía de apremio del convenio de cinco de mayo de dos mil diez, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del accionante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica atribuida así al Juez señalado como responsable. La improcedencia se actualiza derivado que la parte quejosa señala como acto reclamado una omisión genérica del juez de origen; esto si se toma en cuenta que de la propia narrativa del escrito de demanda se evidencia que el acto procesal con el que instó al juzgado, fue acordado en uno de abril de dos mil dieciocho, y le fue notificado en veintinueve de mayo de mismo año, sin que se advierte que la parte quejosa haya realizado alguna otra promoción a la autoridad que haya dejado se atenderse. De forma tal que al alagarse un retraso de justicia genérico en la demanda de amparo, se actualiza una inexistencia del acto reclamado, pues como se dijo la petición del quejoso relativo a la ejecución parcial de la sentencia dentro del expediente 518/2011, del índice de la autoridad responsable, fue atendida en uno de abril de dos mil dieciocho y le fue debidamente notificada como la propia quejosa lo narra. Por tanto, al presentarse la demanda no se evidencia omisión alguna, ya que la alegación planteada en los términos que lo hace resultan de realización incierta, en razón de que las actuaciones judiciales relativas al cumplimiento, en este caso, al convenio elevado a calidad de cosa Juzgada, están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al juez señalado como responsable. Lo anterior guarda respaldo, aplicada por analogía, en la Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Común, Página: 2771, cuyo texto y rubro indica: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Resulta importante señalar que la anterior jurisprudencia deriva de la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución del convenio alegado no es una fase que la autoridad jurisdiccional pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse al Juzgado responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución en vía de apremio del convenio. Resulta aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Nicolás Rodríguez Peniche y a Raúl del Carmen Bardales González y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas relacionadas en su escrito de demanda, los cuales se alude en la parte final del segundo párrafo del citado precepto legal; lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

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