Marìa del Carmen Fonseca Urbina
Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marìa del Carmen Fonseca Urbina
Actuaciones
- Incidental
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el presente incidente de suspensión en original es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte y por resolución interlocutoria de dieciséis de junio del año en curso se concedió respectivamente la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo y resolución relativos a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo informado por la secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las doce horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 556/2020-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, la secretaria da cuenta con el escrito de demanda, con el acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte, a través del cual se proveyó sobre la admisión y se precisó el acto reclamado y la parte directamente agraviada; con las constancias de notificación a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el que oportunamente se dio vista a las partes. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que adjuntó a su demanda de amparo la parte quejosa; con las documentales que remitió el Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, con su informe de ley. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la secretaria certifica que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita se abstuvo de realizar pedimento. En atención a lo cual el Juez acuerda: Téngase por practicada la certificación secretarial que antecede; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo número 556/2020-VI promovido por Luis Chávez Rojas, contra actos del Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, por violación a los artículos 1, 4 y 8 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el ocho de junio de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, Luis Chávez Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán. Resulta pertinente precisar, que la demanda de amparo originalmente fue promovida por Luis Chávez Rojas en nombre y representación de María del Carmen Fonseca Urbina en contra del acto que reclama al Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, reclamando la falta de contestación del escrito de cuatro de junio del año en curso, que el propio ocursante signó, así como la negativa de realizar las gestiones necesarias para que se le proporcione, a quien pretende representar, la hemodiálisis que su padecimiento requiere; no obstante, por auto de ocho de junio de dos mil veinte, tomando en consideración que los actos reclamados no se ubicaban en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni que la directa agraviada (María del Carmen Fonseca Urbina) se encontrará imposibilitada para promover el juicio de amparo; se determinó tener únicamente como acto reclamado la omisión de la autoridad señalada como responsable de dar contestación al escrito presentado por Luis Chávez Rojas el cuatro de junio del año en curso, por ser éste el que concierne directamente. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte; se admitió a trámite la referida demanda, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puestos a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclaman actos omisivos que carecen de ejecución pero presentado ante este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el acto que en apariencia señaló como tal. En ese sentido, se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad señalada como responsable de dar contestación a su escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinte, por ser éste el que concierne directamente al quejoso. TERCERO. Existencia de Acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, ya que dicha responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó el mencionado Director del dispensario militar, a las cuales, se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de ellas se advierte la existencia del acto reclamado; consecuentemente, se tiene por cierto tal acto, al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . CUARTO. Análisis de la causal de improcedencia invocada por las partes. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, al rendir su informe justificado, aduce que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, por oficio T.S./07 de cinco de junio de dos mil veinte, se dio respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, tal y como se acreditó con la copia certificada del mencionado oficio en el cual ahora quejoso estampo la leyenda "recibí, 22 de junio de dos mil veinte, Luis Chávez Rojas 10:52 am y firma autógrafa". Cumpliéndose de esta forma con el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual han cesado los efectos del acto reclamado. Resulta fundada esta causal de improcedencia. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De ahí que, se actualice la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad señalada como responsable de dar contestación a su escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinte, en el que formula diversas peticiones con motivo del ejercicio de sus funciones. Ahora, de las constancias certificadas que remitió el Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de junio de dos mil veinte (foja 24), la nombrada responsable emitió un oficio en el que hace da contestación a la solicitud planteada por el ahora quejoso en su escrito de cuatro de junio de dos mil veinte, mismo oficio que le fuera notificado al directo quejoso de manera personal el veintidós de junio de dos mil veinte (foja 25), según se desprende de la copia certificada que para tal efecto remitió la responsable. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el ocho de junio de dos mil veinte, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte del Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, de proveer sobre el memorial presentado por el ahora amparista, es inconcuso que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que el cinco de junio de dos mil veinte, se emitió el oficio respectivo en el cual se da contestación a las solicitudes planteadas, y se notificó al peticionario del amparo el veintidós del referido mes y año, dejando de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que el auto de mérito repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". QUINTO. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: SE R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Chávez Rojas, contra actos del Director interino del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
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