María de Lourdes Granados Diana

Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Granados Diana

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio 2734, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio firmado electrónicamente y con evidencia criptográfica de la ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dentro del recurso de revisión 46/2022, asimismo devuelve el juicio de amparo número 1066/2018, promovido por..., contra actos del Jefe de Área del Departamento de la Dirección General de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México y otra autoridad; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resolvió: "...PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se SOBRESEE el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, atento a lo expuesto en los considerados tercero, cuarto y quinto del fallo recurrido." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y tomando en consideración que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó, así como el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo, y, por lo que respecta a las constancias que integran la causa penal 4/2014, devuélvase al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), realícese de manera personal la notificación del presente proveído al citado quejoso, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS, donde actualmente se encuentra recluido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019918, de texto y rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.11o.C.27 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3424, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016464, de texto y rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." Ahora bien, toda vez que el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS, se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese, atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente al aquí quejoso GUSTAVO AGUILAR BARBOSA, el presente proveído, acatando para ello los lineamientos de higiene derivado de la pandemia por el virus Covid-19. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de doce de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el cual transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil veintidós, sin que lo hicieran; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vistos; específicamente el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado en relación a la ampliación de demanda admita en autos, sin embargo, dicha autoridad no fue señalada como responsable en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, regularícese el procedimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de sus unidades administrativas, en representación del Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Titular de la Dirección de Reanudación de la Secretaría de Finanzas y el Administrador de Rentas de Morelia, Michoacán, todos con sede en esta ciudad; rindiendo su informe justificado en relación a la ampliación que les fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tiene como pruebas de las citadas responsables, las documentales que adjuntaron a su comunicado DGJ/DC/4751/2020, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para recibir notificaciones, por ser el de su oficina principal. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de que se le tenga señalando como medio de notificación el correo electrónico dircontencioso@correo.michoacán.gob.mx y número telefónico 44-33-12-19-29 extensión 242, dígasele que, se tendrá únicamente como medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19; lo anterior es así, toda vez que este medio de comunicación es únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pasen al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Por otro lado, agréguese el oficio SFA/DGJ/DC/1380/2022, signado por el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas, en representación de la Administración de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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