María de los Ángeles Valencia Cruz
Expediente 932/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de los Ángeles Valencia Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha fenecido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del diecinueve al veintiséis de los actuales; en consecuencia, se declara firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio número 6675 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dentro del conflicto competencial número 23/2019, así como los autos originales del juicio de amparo 932/2019, con motivo del mismo, suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan y esta potestad federal; acúsese recibo; comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".ÚNICO. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán, es en quien recae la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata". Por tanto, en cumplimiento a la citada ejecutoria, este órgano jurisdiccional SE AVOCA al estudio del aludido juicio promovido por *****, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, la promovente por esta vía reclama: Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado consistente en la audiencia celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario número 155/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, con sede en esta ciudad, en la que aduce la promovente no estuvo presente la parte actora -a quien por esta vía señala como tercera interesada- y la ocursante no estuvo asesorada en la citada diligencia; no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelve en definitiva el juicio natural, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En efecto, como se dijo, la solicitante de amparo se duele de la audiencia celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario número 155/2019 del índice del tribunal responsable; en ese contexto, si bien el tribunal agrario tiene la obligación de suspender el procedimiento y solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria cuando una de las partes no este asesorada ello, no actualiza una violación a derechos subjetivos, sino únicamente se está frente a una violación a las leyes del procedimiento que afecta la defensa de la solicitante de la protección federal, análoga a la prevista en la fracción II, y relacionada con la fracción XI, del artículo 172 de la Ley de Amparo; habida cuenta, que la promovente precisa que en el controvertido de origen, en el que es parte demandada, se señaló nueva fecha de audiencia para las nueve horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, como se ha dicho, la celebración de la aludida audiencia, no trasgrede en forma sustancial algún derecho fundamental de la parte promovente; ello es así, dado que las violaciones en torno a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, al encontrarse aún en trámite ese procedimiento agrario, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente resultara favorable a sus intereses, o bien al impugnarla mediante los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo directo. Luego, el acto que por esta vía se reclama no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales de la parte impetrante, dado que sus efectos son meramente formales y pueden desaparecer si la peticionaria de amparo obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal y de no ser así, esto es que la sentencia no le favorezca puede impugnarlo mediante juicio de amparo directo que se promueva en su contra, pero no mediante el juicio de amparo indirecto que intenta el promovente, por lo que no se puede ubicar en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto. De ahí que, la impetrante quejosa no queda en estado de indefensión alguna, al ser parte en el juicio agrario, del que deriva el acto combatido, a consideración de este órgano jurisdiccional, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Lo anterior es así, pues como se advierte, en el presente asunto, aún no se dicta sentencia definitiva, lo que impide a este Juzgado de Distrito el estudio de posibles violaciones procesales, máxime que como en contra de la misma, podrá agotarse los recursos ordinarios de defensa y ahí hacer valer las violaciones procesales de las cuales aquí se duelen; y de persistir dichas violaciones, por medio del amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 170, fracción I, de la Ley de Amparo, más no el juicio de amparo en la vía indirecta, como se pretende. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 6675 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dentro del conflicto competencial número 23/2019, así como los autos originales del juicio de amparo 932/2019, con motivo del mismo, suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan y esta potestad federal; acúsese recibo; comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".ÚNICO. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán, es en quien recae la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata". Por tanto, en cumplimiento a la citada ejecutoria, este órgano jurisdiccional SE AVOCA al estudio del aludido juicio promovido por *****, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, la promovente por esta vía reclama: Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado consistente en la audiencia celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario número 155/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, con sede en esta ciudad, en la que aduce la promovente no estuvo presente la parte actora -a quien por esta vía señala como tercera interesada- y la ocursante no estuvo asesorada en la citada diligencia; no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelve en definitiva el juicio natural, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En efecto, como se dijo, la solicitante de amparo se duele de la audiencia celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario número 155/2019 del índice del tribunal responsable; en ese contexto, si bien el tribunal agrario tiene la obligación de suspender el procedimiento y solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria cuando una de las partes no este asesorada ello, no actualiza una violación a derechos subjetivos, sino únicamente se está frente a una violación a las leyes del procedimiento que afecta la defensa de la solicitante de la protección federal, análoga a la prevista en la fracción II, y relacionada con la fracción XI, del artículo 172 de la Ley de Amparo; habida cuenta, que la promovente precisa que en el controvertido de origen, en el que es parte demandada, se señaló nueva fecha de audiencia para las nueve horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, como se ha dicho, la celebración de la aludida audiencia, no trasgrede en forma sustancial algún derecho fundamental de la parte promovente; ello es así, dado que las violaciones en torno a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, al encontrarse aún en trámite ese procedimiento agrario, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente resultara favorable a sus intereses, o bien al impugnarla mediante los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo directo. Luego, el acto que por esta vía se reclama no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales de la parte impetrante, dado que sus efectos son meramente formales y pueden desaparecer si la peticionaria de amparo obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal y de no ser así, esto es que la sentencia no le favorezca puede impugnarlo mediante juicio de amparo directo que se promueva en su contra, pero no mediante el juicio de amparo indirecto que intenta el promovente, por lo que no se puede ubicar en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto. De ahí que, la impetrante quejosa no queda en estado de indefensión alguna, al ser parte en el juicio agrario, del que deriva el acto combatido, a consideración de este órgano jurisdiccional, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Lo anterior es así, pues como se advierte, en el presente asunto, aún no se dicta sentencia definitiva, lo que impide a este Juzgado de Distrito el estudio de posibles violaciones procesales, máxime que como en contra de la misma, podrá agotarse los recursos ordinarios de defensa y ahí hacer valer las violaciones procesales de las cuales aquí se duelen; y de persistir dichas violaciones, por medio del amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 170, fracción I, de la Ley de Amparo, más no el juicio de amparo en la vía indirecta, como se pretende. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 5710 signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; por el que acusa recibo del diverso oficio 14459/2019, con el que se remitieron los autos del juicio de amparo número 932/2019, en virtud de que este órgano jurisdiccional planteó conflicto competencial con el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, informando además que admitió dicho medio de impugnación; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- María de los Ángeles Mora Alvarado319/2022
- María de los Ángeles Mora Alvarado536/2018
- María de los Ángeles Negrete López764/2017
- María de Los Ángeles Pineda Soto270/2020
- María de los Ángeles Silva Mendoza229/2021
- María de los Ángeles Silva Mendoza1187/2017
- María de los Guadalupe Pompa Martínez644/2021
- María de los Guadalupe Pompa Martínez652/2021
- María de Lourdes Galván López1247/2023
- María de Lourdes García Nuñez570/2022
- María de Lourdes Granados Diana453/2022
- María de Lourdes Hernández Tapia217/2022