María de Lourdes Hernández Tapia
Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de Lourdes Hernández Tapia
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticuatro de noviembre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho provisto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que la parte promovente exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió en un tomo copias certificadas del juicio ordinario laboral 1259/2017, para la substanciaron del presente juicio y a la fecha se encuentra concluido; por tanto, devuélvase el mencionado tomo a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho provisto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que la parte promovente exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió en un tomo copias certificadas del juicio ordinario laboral 1259/2017, para la substanciaron del presente juicio y a la fecha se encuentra concluido; por tanto, devuélvase el mencionado tomo a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/1778/2020, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por medio del cual remite copias certificadas del laudo emitido el seis de octubre del año en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, acredita que emitió el seis de octubre del año en curso, laudo dentro del juicio laboral ********************, promovido por ********************, apoderado de ********************, demandando al ********************, de quien reclamó la reinstalación en el empleo, así como el pago de diversas prestaciones de carácter laboral. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado de ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, por los actos reclamados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la OMISIÓN DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, DE EMITIR EL LAUDO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO ********************DENTRO DEL TERMINO LEGAL ESTABLECIDO PARA ELLO EN EL ARTÍCULO 99 Y 114 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ASÍ COMO EL 885 DE LA SUPLETORIA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, transcurriendo con exceso el término legal desde el día en que la autoridad responsable ordeno se pusieran los autos del juicio ordinario laboral con expediente número ********************a la vista de la autoridad responsable a fin de que se emitiera el laudo respectivo, además de que hasta la fecha de la presentación de esta demanda de amparo la autoridad responsable no ha dictado el laudo respectivo y por consiguiente mucho menos la autoridad responsable ha notificado el citado laudo.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en el laudo emitido el seis de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral ********************, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de emitir el lado en el juicio laboral ********************, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; no rindió su informe con justificación, dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia Constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para su desahogo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese.
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