María de Lourdes Cordova Palacios

Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
170/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Cordova Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado declara infundada queja. Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 121/2023, de su índice, sin que sea necesario acusar de recibo, por las razones que expone. Ahora, tomando en consideración que el tribunal revisor declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ..., en contra de la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintitrés que desechó de plano la demanda de amparo; de lo que se toma nota de conocimiento y se provee: Archivo y valoración documental. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido, En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción IV (Aquellos que desechen, declaren improcedentes o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: Carece relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual informa que ese Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés dictado en este asunto, mismo que quedó registrado con el número de queja ********************; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ********************; visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintidós de febrero del año en curso, mediante el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional; por lo tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho recurso. Por lo tanto, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y ríndase el informe con justificación al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, en turno con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el acuerdo referido, se desechó la demanda. Ahora, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, la remisión de constancias que justifican el acto reclamado será de forma electrónica, es decir, se pueden consultar en el expediente electrónico del presente juicio; por lo tanto, anexo al informe justificado, y de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO POR LA VÍA ELECTRÓNICA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Córdova Palacios contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 170/2023. Se desecha la demanda. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la promovente, esencialmente consiste en: la resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil 208/2022, que modifica el auto apelado de treinta de junio de dos mil veintidós- dictado en el expediente civil 704/2018 del Juzgado Cuarto Civil del Centro-, y determina en el considerando segundo, que en el auto combatido no se analizó la falta de personalidad, sino la falta de legitimación y que ninguna de las manifestaciones de la recurrente se refiere a la falta de personalidad o falta de legitimación en el proceso de la demandada, que sólo se limitó a cuestionar la legitimación pasivo y por tanto no forma parte de la Litis. Dicho acto no constituye un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo. En efecto, en el caso en relación a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El segundo de los numerales establece que por actos cuyos efectos son de imposible reparación se entiende a aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que originó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Atento a lo expuesto, es incuestionable que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, al no afectar algún derecho sustantivo de la promovente, pues en la resolución controvertida, la responsable analizó la impugnación de la quejosa, en relación al reconocimiento de la personería o legitimación de su contraparte en el juicio de origen; lo cual no produce efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, de ahí que las consecuencias de dichos actos impugnados son solamente intraprocesales, cuenta habida que únicamente se proyectan en la continuación del trámite del juicio natural y que a la postre puede o no trascender al resultado de la determinación que resuelva el contradictorio primigenio. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizados únicamente para esos efectos a las personas que designa, toda vez que no se proporciona su número de cédula profesional o de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho, que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Juicio en línea. Se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, por lo que se ordena agregar al expediente electrónico el usuario "********************", a nombre de su autorizado ********************-que se constató como válido en el SISE según certificación de cuenta-; asimismo, se ordena notificarle por la misma vía, con el usuario que proporciona, todas las determinaciones que se dicten en este asunto, por así solicitarlo expresamente; lo anterior, con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, 55 a 67 y 96 a 105 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en el entendido que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. En atención a ello, no ha lugar a tenerle señalando domicilio particular para oír y recibir notificaciones, pues en el párrafo que antecede se autorizaron las notificaciones a esa parte, vía electrónica. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Se exhorta a las demás partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberán proporcionar el nombre de usuario con que se encuentran registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a las partes para que, soliciten además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..

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