María de Lourdes Chel Ambrocio
Expediente 1706/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1706/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María de Lourdes Chel Ambrocio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el veintiséis de enero del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia firmada el veintiséis de enero de los corrientes, el hecho que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio 3587/2022-V-B, por medio del cual se notificó la referida resolución al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Asimismo, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que los actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Ahora bien, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver los autos del juicio de amparo 1706/2021-V-B, promovido por María de Lourdes Chel Ambrocio, contra el acto que reclama al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció María de Lourdes Chel Ambrocio, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 1706/2021-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Mediante proveído de diecisiete de enero pasado, se recibió del Juez responsable, el oficio número 146/2022, por medio del cual remitió copias certificadas de la sentencia definitiva dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno en el procedimiento especial de divorcio sin causales 819/2020, de donde deriva el acto reclamado en el presente asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno dictado en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales 819/2020 del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, mediante la cual se determinaron las medidas provisionales respecto a la custodia y convivencia con el progenitor no custodio del menor de edad A.J.C.C. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así lo señaló el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, respecto al acto reclamado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Sentado lo anterior, se tiene que la autoridad responsable en su informe justificado remitió copias certificadas del procedimiento especial de divorcio sin causales 819/2020, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º. De dichas constancias se desprende que en el acuerdo reclamado de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales 819/2020, se determinó en lo conducente, lo siguiente: "Ahora bien, con fundamento en el artículo 197 fracciones II y III del Código de Familia del Estado, en concordancia con el artículo 196 del referido ordenamiento judicial, se procede a dictar las siguientes medidas provisionales: Por lo que respecta a la custodia del adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.C.C., es preciso señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, sancionada por el Senado de la República el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en su artículo 3° establece que: "1.- En todas las medidas concernientes a los niños, que se tomen las Instituciones Públicas o Privadas de bienes social, los Tribunales, Autoridades Administrativas o los órganos Legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. 2.- Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y los deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él, ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." y por cuanto de la lectura de las constancias, se advierte que el señor JOSÉ FELICIANO CANCHÉ CANO desde hace aproximadamente cuatro años se ha encargado del cuidado de su referido hijo, quien por el momento se encuentra bajo su cuidado y que la presente resolución no se trata de sentencia definitiva sino de medidas provisionales que pudieran ser modificadas en la sentencia definitiva, e incluso antes, si hubiese elementos fundados para ello; en tal virtud, con fundamento en los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, 318, 320, 321, 322, 333, 334 y 335 del Código de Familia para el Estado, se pone provisionalmente al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.C.C., bajo la custodia de su progenitor JOSÉ FELICIANO CANCHÉ CANO hasta en tanto se definan los derechos controvertidos, ya que cambiar por el momento el entorno familiar de dicho adolescente donde se ha desenvuelto en los últimos años, se estaría afectando su estado emocional y psicológico." Lo anterior, constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Siendo que, de las constancias remitidas por la responsable mediante el oficio número 146/2022, se desprende también que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en autos del procedimiento de origen, en la que, entre otras cosas, se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Ha procedido el Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales promovido por la señora MARÍA DE LOURDES CHEL AMBROCIO, en contra del ciudadano JOSÉ FELICIANO CANCHÉ CANO. SEGUNDO.- Se aprueba en cuanto ha lugar en derecho los acuerdos a que llegaron los señores MARÍA DE LOURDES CHEL AMBROCIO y JOSÉ FELICIANO CANCHÉ CANO en esta audiencia preliminar en la etapa de avenimiento; quedando ambos obligados al cumplimiento de todo lo pactado. TERCERO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que celebraron los señores MARÍA DE LOURDES CHEL AMBROCIO y JOSÉ FELICIANO CANCHÉ CANO el día veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis ante el oficio número uno del Registro Civil de la Localidad y Municipio de Seyé, Yucatán, bajo el régimen matrimonial de Sociedad Legal, quedando ambos comparecientes en aptitud de contraer nuevas nupcias, al tenor de lo dispuesto en el artículo 169 del Código de Familia del Estado de Yucatán. CUARTO.- De conformidad con los artículos 182 fracción I y 332 del Código de Familia del Estado, se declara que el menor de edad ADRIEL JOSUÉ CANCHÉ CHEL quedará bajo la guarda y custodia de su madre MARÍA DE LOURDES CHEL AMBROCIO hasta que alcance la mayoría de edad o autoridad competente disponga lo contrario; conservando ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad. QUINTO.- De conformidad con lo que dispone los artículos 182 fracción II y 324 del Código de Familia del Estado de Yucatán, así como el numeral 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece como régimen de visitas y convivencia que deberá tener el adolescente ADRIEL JOSUÉ CANCHÉ CHEL para con sus padres, lo pactado por los señores GRACIELA YAZMÍN CARDEÑA SARABIA y JOSÉ MONTOYA RUIZ en los acuerdos a que llegaron en esta audiencia en la etapa de avenimiento." Siendo que, también remitió copia del acta instruida en la audiencia preliminar de esa propia fecha, de donde se desprende, entre otras cosas lo siguiente: "A petición de las partes, con fundamento en el artículo 400 fracción I del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, se declara que la sentencia dictada el día de hoy para la disolución del vínculo matrimonial, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes." Ahora bien, a fin de tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido, es claro que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues como quedó establecido, posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, la responsable dictó sentencia definitiva en el procedimiento de origen en la que, entre otras cuestiones, disolvió el vínculo matrimonial de los promoventes y cambió la custodia y régimen de convivencia del menor A.J.C.C., resolución que causó ejecutoria en esa propia fecha, a petición de las partes y, por consiguiente, es la que ahora rige la modalidad y forma de convivencia del menor, en términos de quien se determinó debía tener la custodia. De ahí que no sea factible pronunciarse sobre la legalidad o no del acto reclamado, pues de hacerlo se trastocaría lo determinado definitivamente en la resolución en cita. Al respecto, conviene citar el criterio de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diecinueve Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por lo anterior, es patente que aconteció un cambio de situación jurídica, y en ese sentido, deviene inconcuso que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica existente en virtud de la resolución definitiva pronunciada en el juicio de origen, la cual causó ejecutoria en esa propia fecha. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja cincuenta, del Tomo XXVI, Agosto de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171841, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto. Ello, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María de Lourdes Chel Ambrocio, en contra del acto que reclamó al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la promoción de cuenta; no obstante que el pasado dos de diciembre de dos mil veintiuno, a las once horas con veintinueve minutos, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, agréguese a los mismos, para los efectos legales que correspondan, el oficio número 146/2022, signado por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias conducentes del expediente 819/2020, de su índice; así como un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia preliminar de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos incidentales, se acuerda: agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el sobre de cuenta que contiene el oficio 31870/2021-V-B, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, devuelto por el Servicio Postal Mexicano, por la siguiente razón: "período vacacional"; al efecto, reexpídase el citado oficio a la referida autoridad responsable, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
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