María de los Milagros Romero Bastarrachea

Expediente 1053/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1053/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • María de los Milagros Romero Bastarrachea
  • María de los Milagros Romero Bastarrachea y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el treinta de octubre del presente año, se hizo el treinta y uno siguiente, y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los dos documentos originales que exhibió con su escrito aclaratorio de demanda de amparo, los cuales se le devolverán previa copia certificada y recibo que se deje en este expediente; apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente, conforme al párrafo que antecede. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo uno, que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a dicha autoridad el referido anexo y sin necesidad de que acuse recibo del mismo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio de los informes justificados que se relacionan en el proveído de diez de septiembre en curso; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, por sí y en representación de dicha Mesa Directiva, ambos con sede en esta ciudad y anexos que acompaña. Ahora bien, dada su voluminosidad de los anexos, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, como solicita la autoridad responsable, con fundamento en el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados y como su domicilio para oír y recibir las notificaciones relacionadas con este asunto, los que señala en su informe de ley. Finalmente, con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como sus pruebas, las documentales que anexó a su informe de ley, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, en todo cuanto favorezcan a sus intereses, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta signado por ***********, representante común de las quejosas, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado mediante proveído de siete de agosto del presente año, acreditando con las documentaciones idóneas, el carácter con el que promueven el presente juicio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter con que se ostentan las promoventes, en términos de la constancia de asignación de diputados y la constancia de mayoría y validez de la elección para las diputaciones que exhibe para tal efecto con su escrito aclaratorio. Ahora bien, una vez acreditado el carácter de las promoventes, se procede analizar la procedencia del juicio constitucional para lo cual con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a María de los Milagros Romero Bastarrachea y Silvia América López Escoffié, en su carácter de diputadas locales en funciones, de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, con sede en esta ciudad, contra los actos que reclaman de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán y del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, que hacen consistir en: Extralimitarse de sus facultades al imponer una votación por medio de cédulas (secreta), realizada el quince de julio de dos mil diecinueve, sobre el Dictamen para reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán, con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en la entidad; y, Negarse a someter a votación la propuesta de votación nominal para la votación realizada el quince de julio de dos mil diecinueve, sobre el Dictamen para reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán, con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en la entidad. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo que promueven. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley citada Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados o en su caso, la improcedencia del juicio, al que acompañarán, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del ordinal 26 de la Constitución Federal. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia autorizada del auto de prevención y del presente proveído, así como copia simple de la demanda y ocurso aclaratorio de la misma. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numerario 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la presuncional en su doble aspecto, la documental, consistente en el disco versátil digital (DVD), la cual será relacionada y valorada al celebrarse la audiencia constitucional relativa, haciendo la aclaración que las documentales marcadas con el número uno (1) del apartado relativo del escrito de demanda, no fueron exhibidas. Por otra parte, respecto a la solicitud realizada por la parte quejosa, en el sentido de que le sean devueltos los documentos que en original adjuntaron a su escrito aclaratorio de demanda; no habiendo impedimento legal para ello, devuélvasele dicha documentación, previa identificación a satisfacción de este juzgado, previo recibo y certificación que de los mismos se glose en autos. Debiendo hacerle saber a las autoridades responsables, que no habrá la necesidad de emitirles oficio para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese; haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y cúmplase.

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