Maria de los Santos Olan Ramirez
Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria de los Santos Olan Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio recibido vía electrónica en uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Edgar Iván Canto Ortiz, contra la sentencia dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo; el cual quedó registrado con el número de amparo en revisión 627/2023. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica en uso de la FIREL del tercero interesado ********************, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materia Civil y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 543/2023-IV-A, promovido por MARÍA DE LOS SANTOS OLAN RAMÍREZ, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del actuario adscrito, así como del Director y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, todos con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció MARÍA DE LOS SANTOS OLAN RAMÍREZ, a solicitar amparo en contra del acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del actuario adscrito, así como del Director y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 543/2023-IV-A; por tal motivo se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: - La orden de embargo del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno, de la calle treinta y siete letra "B" (dato correcto), del fraccionamiento Ciudad Caucel, localidad Caucel, municipio de Mérida, Yucatán, derivada del juicio ejecutivo mercantil 837/2021; y su ejecución.. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán [7290], al actuario adscrito [5648], así como al Director y al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad [7057 y 7218, respectivamente], pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que la parte tercero interesada [promoción 1071] hace valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que textualmente indica lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Al respecto, debe decirse que el tercero interesado sustenta dicho motivo de improcedencia sobre la base que el documento con el cual la parte quejosa refiere acreditar la propiedad del inmueble que defiende, a su consideración no reúne las formalidades notariales relativas a ese tipo de actos; aspecto que será materia de fondo del presente asunto, y por tanto, solamente puede ser analizado conforme a los conceptos de violación expresados por la parte solicitante de amparo por lo que dicha causal de improcedencia se desestima. Al respecto, resulta ilustrativa, la jurisprudencia P./J.135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XV, materia común, enero de dos mil dos, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. No existiendo diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni se advierte que debiera hacerse valer alguna de oficio, debe decirse que al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que sea legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan esencialmente fundados, razón por la cual habrá de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En principio, a fin de dotar al presente estudio del correspondiente marco fáctico, a continuación se reseñan los antecedentes del acto reclamado, los cuales derivan de las documentales que obran en autos enviadas por la autoridad responsable con su informe justificado, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; constancias de las que se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno [fojas 1 a 5, tomo de pruebas], ante la Oficialía de Partes Común de Juicios Civiles y Familiares del Primer Distrito Judicial del Estado, Edgar Iván Canto Ortíz y Edgar Iván Canto Torres, por propio derecho, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Eustacio César Sánchez Padilla, el cual correspondió conocer al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez del conocimiento admitió a trámite el juicio, [foja 14, tomo de pruebas], radicándolo con el número de expediente 837/2021; asimismo, ordenó requerir de pago y emplazar al demandado, lo que ocurrió a través de la constancia de notificación realizada el doce de enero de dos mil veintidós, a través de María de los Santos Olán Reyes, que fue la persona que atendió la diligencia [fojas 21 a 24 del tomo de pruebas]. 3. Seguida la secuela procesal, por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el demandado Eustacio César Sánchez Padilla, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso excepciones y defensas, y también ofreció pruebas de su parte [fojas 25 a 37 del tomo de pruebas]. 4. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Juez del conocimiento dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil, la cual culminó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los ciudadanos EDGAR IVÁN CANTO ORTÍZ y EDGAR IVÁN CANTO TORRES, por su propio y personal derecho, en contra del señor EUSTACIO CÉSAR SÁNCHEZ PADILLA; en el cual la parte actora probó su acción y la parte demandada no justificó sus excepciones opuestas. SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada a este juicio a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente conforme a la ley, la cantidad en el pagaré base de la acción de CUATROCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de suerte principal; así como los intereses moratorios pactados y reclamados que genere dicho monto a razón del UNO PUNTO SIETE POR CIENTO MENSUAL, computados a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del pagaré base de la acción y hasta que se realice el pago total del adeudo, por los motivos expuestos en el último considerando de este juicio. TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagar las costas y gastos que se generen en virtud del presente procedimiento, regulados que fueren conforme a derecho. CUARTO.- Hágase trance y remate de los bienes embargados y que se embarguen en este procedimiento para pagar con su producto todo lo sentenciado." 5. Dicho fallo, causó ejecutoria en auto de trece de abril de dos mil veintitrés. Juicio que actualmente se encuentra en etapa de ejecución y respecto del cual la quejosa se ostenta tercero extraña, aduciendo tener un derecho legítimo sobre el predio objeto del embargo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la peticionaria del amparo alega que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, bajo el argumento de que sin ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 837/2021 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se le restringe su derecho de propiedad al haberse ordenado un embargo que recayó sobre un bien inmueble de su propiedad. De igual manera arguye que se invade la esfera de su persona y propiedad sin que exista causa legal que así lo justifique, toda vez que es ajena al procedimiento de origen, es decir, es tercera extraña al juicio del que deriva el acto ahora reclamado. Como se anticipó, le asiste razón a la amparista en los motivos de disenso sintetizados, pues de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, derivadas del juicio ejecutivo mercantil de origen se patentiza que la quejosa no es parte en ese controvertido, y que por tanto, le asiste el carácter de persona extraña con que se ostenta en el presente sumario constitucional. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, la quejosa es persona extraña a juicio y alega la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirma, se le pretende privar de la propiedad del bien inmueble de que se trata sin que se le haya oído y mucho menos vencido en juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Al respecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, establece: "...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Del precepto jurídico invocado, se infiere que el debido respeto al derecho de audiencia exige, que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este derecho fundamental puede entenderse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal derecho, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue el propio derecho, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales los que garanticen lo anterior. Así, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente sus defensas, y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 47/95, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 133, con número de registro 200234, cuyo rubro y texto señalan: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, respecto del bien inmueble de que se trata, la quejosa ofreció como pruebas, sustancialmente: 1.- La documental consistente en el contrato de compraventa privado ratificado ante el fedatario JOSÉ MARÍA VARGAS SANSORES, Notario Público Número Cinco del Estado, de esta ciudad, contrato en el que se realizó un reconocimiento de adeudo, respecto a una hipoteca a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en relación con el predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B", del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida; y, 2.- La documental relativa en el certificado de Libertad o Gravamen del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B", del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, documento en el cual se observan los gravámenes relativos a la hipoteca y al embargo derivado del juicio ejecutivo mercantil de origen. En ese sentido, el instrumento notarial antes aludido en el numeral uno (1), acredita por sí mismo que la adquisición que tuvo la quejosa en su carácter de propietaria del bien inmueble relativo, ocurrió el veintisiete de diciembre de dos mil doce, es decir, en fecha anterior a que se decretara la medida precautoria en autos del juicio de origen, y se inscribiera en el registro público el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. En efecto, en el particular, al haberse realizado la transferencia de la propiedad a favor de la quejosa del referido predio, con motivo del contrato de compraventa que celebró con Eustacio César Sánchez Padilla, el cual se realizó mediante contrato privado de compraventa, el cual fue presentado ante el Notario Público Número Cinco del Estado, de esta ciudad, para la ratificación de firmas, desde el veintisiete de diciembre de dos mil doce es dable concluir que dicho inmueble ya había salido del patrimonio del deudor en el juicio de origen, evento que aconteció antes de que se verificara la traba legal (embargo) sobre él, realizado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Es menester destacar, que el referido documento da certidumbre sobre la fecha en que fue realizado el acto jurídico que comprende, atendiendo a las siguientes consideraciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si se da alguno de estos supuestos, al documento se le puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica. En razón de lo expuesto, un documento adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el fedatario o celebrado el acto, en virtud de que éste está investido de fe pública y tiene facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su celebración o ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un fedatario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". Así pues, queda demostrado que la medida precautoria relativa al embargo decretado sobre el inmueble propiedad de la quejosa, conculca sus derechos fundamentales, puesto que sin formar parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen 837/2021, se ordenó la retención del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B", del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, respecto del cual, desde el veintisiete de diciembre de dos mil doce ya tenía la calidad de propietaria. De ahí que resulte ilegal la medida precautoria (embargo) que se reclama en el presente juicio, pues el predio afecto a esa determinación, propiedad de la tercera extraña al procedimiento de origen, aquí quejosa, ya había salido del patrimonio de la persona demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen 837/2021 del índice de la autoridad responsable. Por lo que es claro que se le vulneraron sus derechos humanos de seguridad jurídica y de legalidad, que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya que dichos preceptos constitucionales protegen la propiedad que se tenga sobre un bien inmueble, independientemente del derecho y de la capacidad de poseerlo, habida cuenta de que al peticionario de amparo se le restringe del derecho que tiene de propiedad del predio adjudicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 96/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional." Sin que influya a la anterior determinación, la circunstancia de que el referido contrato no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, toda vez que dicha inscripción no es constitutiva de derechos, sino únicamente reúne las características de dar publicidad a un acto; esto es, la inscripción sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, dado que los derechos provienen del acto jurídico declarado y no de la inscripción cuya finalidad, como se dijo, es dar publicidad al acto. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 40, volumen 63, cuarta parte, Séptima Época, con número de registro 800688, que dice: "REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho". De igual manera resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, con número de registro 164612, de la literalidad siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros". En consecuencia, lo que legalmente procede es conceder a la quejoso MARÍA DE LOS SANTOS OLÁN RAMÍREZ el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que: La Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, deje insubsistente el embargo decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 837/2021, consistente en la retención del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B" (37-B), del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, y ordene su cancelación en las oficinas registrales correspondientes, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja 993, Novena Época, del Tomo XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192581, del texto y rubro siguientes: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto". Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las restantes autoridades responsables, por no reclamarse por vicios propios y en términos de la jurisprudencia número 89, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional. SEPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DE LOS SANTOS OLAN RAMÍREZ, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del actuario adscrito, así como del Director y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 543/2023-IV-A, promovido por MARÍA DE LOS SANTOS OLAN RAMÍREZ, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del actuario adscrito, así como del Director y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, todos con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció MARÍA DE LOS SANTOS OLAN RAMÍREZ, a solicitar amparo en contra del acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del actuario adscrito, así como del Director y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 543/2023-IV-A; por tal motivo se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: - La orden de embargo del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno, de la calle treinta y siete letra "B" (dato correcto), del fraccionamiento Ciudad Caucel, localidad Caucel, municipio de Mérida, Yucatán, derivada del juicio ejecutivo mercantil 837/2021; y su ejecución.. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán [7290], al actuario adscrito [5648], así como al Director y al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad [7057 y 7218, respectivamente], pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que la parte tercero interesada [promoción 1071] hace valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que textualmente indica lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Al respecto, debe decirse que el tercero interesado sustenta dicho motivo de improcedencia sobre la base que el documento con el cual la parte quejosa refiere acreditar la propiedad del inmueble que defiende, a su consideración no reúne las formalidades notariales relativas a ese tipo de actos; aspecto que será materia de fondo del presente asunto, y por tanto, solamente puede ser analizado conforme a los conceptos de violación expresados por la parte solicitante de amparo por lo que dicha causal de improcedencia se desestima. Al respecto, resulta ilustrativa, la jurisprudencia P./J.135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XV, materia común, enero de dos mil dos, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. No existiendo diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni se advierte que debiera hacerse valer alguna de oficio, debe decirse que al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que sea legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan esencialmente fundados, razón por la cual habrá de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En principio, a fin de dotar al presente estudio del correspondiente marco fáctico, a continuación se reseñan los antecedentes del acto reclamado, los cuales derivan de las documentales que obran en autos enviadas por la autoridad responsable con su informe justificado, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; constancias de las que se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno [fojas 1 a 5, tomo de pruebas], ante la Oficialía de Partes Común de Juicios Civiles y Familiares del Primer Distrito Judicial del Estado, Edgar Iván Canto Ortíz y Edgar Iván Canto Torres, por propio derecho, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Eustacio César Sánchez Padilla, el cual correspondió conocer al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez del conocimiento admitió a trámite el juicio, [foja 14, tomo de pruebas], radicándolo con el número de expediente 837/2021; asimismo, ordenó requerir de pago y emplazar al demandado, lo que ocurrió a través de la constancia de notificación realizada el doce de enero de dos mil veintidós, a través de María de los Santos Olán Reyes, que fue la persona que atendió la diligencia [fojas 21 a 24 del tomo de pruebas]. 3. Seguida la secuela procesal, por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el demandado Eustacio César Sánchez Padilla, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso excepciones y defensas, y también ofreció pruebas de su parte [fojas 25 a 37 del tomo de pruebas]. 4. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Juez del conocimiento dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil, la cual culminó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los ciudadanos EDGAR IVÁN CANTO ORTÍZ y EDGAR IVÁN CANTO TORRES, por su propio y personal derecho, en contra del señor EUSTACIO CÉSAR SÁNCHEZ PADILLA; en el cual la parte actora probó su acción y la parte demandada no justificó sus excepciones opuestas. SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada a este juicio a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente conforme a la ley, la cantidad en el pagaré base de la acción de CUATROCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de suerte principal; así como los intereses moratorios pactados y reclamados que genere dicho monto a razón del UNO PUNTO SIETE POR CIENTO MENSUAL, computados a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del pagaré base de la acción y hasta que se realice el pago total del adeudo, por los motivos expuestos en el último considerando de este juicio. TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagar las costas y gastos que se generen en virtud del presente procedimiento, regulados que fueren conforme a derecho. CUARTO.- Hágase trance y remate de los bienes embargados y que se embarguen en este procedimiento para pagar con su producto todo lo sentenciado." 5. Dicho fallo, causó ejecutoria en auto de trece de abril de dos mil veintitrés. Juicio que actualmente se encuentra en etapa de ejecución y respecto del cual la quejosa se ostenta tercero extraña, aduciendo tener un derecho legítimo sobre el predio objeto del embargo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la peticionaria del amparo alega que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, bajo el argumento de que sin ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 837/2021 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se le restringe su derecho de propiedad al haberse ordenado un embargo que recayó sobre un bien inmueble de su propiedad. De igual manera arguye que se invade la esfera de su persona y propiedad sin que exista causa legal que así lo justifique, toda vez que es ajena al procedimiento de origen, es decir, es tercera extraña al juicio del que deriva el acto ahora reclamado. Como se anticipó, le asiste razón a la amparista en los motivos de disenso sintetizados, pues de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, derivadas del juicio ejecutivo mercantil de origen se patentiza que la quejosa no es parte en ese controvertido, y que por tanto, le asiste el carácter de persona extraña con que se ostenta en el presente sumario constitucional. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, la quejosa es persona extraña a juicio y alega la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirma, se le pretende privar de la propiedad del bien inmueble de que se trata sin que se le haya oído y mucho menos vencido en juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Al respecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, establece: "...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Del precepto jurídico invocado, se infiere que el debido respeto al derecho de audiencia exige, que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este derecho fundamental puede entenderse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal derecho, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue el propio derecho, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales los que garanticen lo anterior. Así, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente sus defensas, y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 47/95, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 133, con número de registro 200234, cuyo rubro y texto señalan: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, respecto del bien inmueble de que se trata, la quejosa ofreció como pruebas, sustancialmente: 1.- La documental consistente en el contrato de compraventa privado ratificado ante el fedatario JOSÉ MARÍA VARGAS SANSORES, Notario Público Número Cinco del Estado, de esta ciudad, contrato en el que se realizó un reconocimiento de adeudo, respecto a una hipoteca a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en relación con el predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B", del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida; y, 2.- La documental relativa en el certificado de Libertad o Gravamen del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B", del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, documento en el cual se observan los gravámenes relativos a la hipoteca y al embargo derivado del juicio ejecutivo mercantil de origen. En ese sentido, el instrumento notarial antes aludido en el numeral uno (1), acredita por sí mismo que la adquisición que tuvo la quejosa en su carácter de propietaria del bien inmueble relativo, ocurrió el veintisiete de diciembre de dos mil doce, es decir, en fecha anterior a que se decretara la medida precautoria en autos del juicio de origen, y se inscribiera en el registro público el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. En efecto, en el particular, al haberse realizado la transferencia de la propiedad a favor de la quejosa del referido predio, con motivo del contrato de compraventa que celebró con Eustacio César Sánchez Padilla, el cual se realizó mediante contrato privado de compraventa, el cual fue presentado ante el Notario Público Número Cinco del Estado, de esta ciudad, para la ratificación de firmas, desde el veintisiete de diciembre de dos mil doce es dable concluir que dicho inmueble ya había salido del patrimonio del deudor en el juicio de origen, evento que aconteció antes de que se verificara la traba legal (embargo) sobre él, realizado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Es menester destacar, que el referido documento da certidumbre sobre la fecha en que fue realizado el acto jurídico que comprende, atendiendo a las siguientes consideraciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si se da alguno de estos supuestos, al documento se le puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica. En razón de lo expuesto, un documento adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el fedatario o celebrado el acto, en virtud de que éste está investido de fe pública y tiene facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su celebración o ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un fedatario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". Así pues, queda demostrado que la medida precautoria relativa al embargo decretado sobre el inmueble propiedad de la quejosa, conculca sus derechos fundamentales, puesto que sin formar parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen 837/2021, se ordenó la retención del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B", del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, respecto del cual, desde el veintisiete de diciembre de dos mil doce ya tenía la calidad de propietaria. De ahí que resulte ilegal la medida precautoria (embargo) que se reclama en el presente juicio, pues el predio afecto a esa determinación, propiedad de la tercera extraña al procedimiento de origen, aquí quejosa, ya había salido del patrimonio de la persona demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen 837/2021 del índice de la autoridad responsable. Por lo que es claro que se le vulneraron sus derechos humanos de seguridad jurídica y de legalidad, que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya que dichos preceptos constitucionales protegen la propiedad que se tenga sobre un bien inmueble, independientemente del derecho y de la capacidad de poseerlo, habida cuenta de que al peticionario de amparo se le restringe del derecho que tiene de propiedad del predio adjudicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 96/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional." Sin que influya a la anterior determinación, la circunstancia de que el referido contrato no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, toda vez que dicha inscripción no es constitutiva de derechos, sino únicamente reúne las características de dar publicidad a un acto; esto es, la inscripción sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, dado que los derechos provienen del acto jurídico declarado y no de la inscripción cuya finalidad, como se dijo, es dar publicidad al acto. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 40, volumen 63, cuarta parte, Séptima Época, con número de registro 800688, que dice: "REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho". De igual manera resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, con número de registro 164612, de la literalidad siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros". En consecuencia, lo que legalmente procede es conceder a la quejoso MARÍA DE LOS SANTOS OLÁN RAMÍREZ el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que: La Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, deje insubsistente el embargo decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 837/2021, consistente en la retención del predio marcado con el número ochocientos cincuenta y uno (851), de la calle Treinta y siete letra "B" (37-B), del fraccionamiento Ciudad Caucel, ubicado en la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, y ordene su cancelación en las oficinas registrales correspondientes, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja 993, Novena Época, del Tomo XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192581, del texto y rubro siguientes: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto". Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las restantes autoridades responsables, por no reclamarse por vicios propios y en términos de la jurisprudencia número 89, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional. SEPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DE LOS SANTOS OLAN RAMÍREZ, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, del actuario adscrito, así como del Director y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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