Maria de Lourdes Carrillo Campos
Expediente 1309/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Carrillo Campos
- Congreso del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los que se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si las responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante resolución constitucional de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que: ".el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa el artículos 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en el presente y hasta en tanto no sean reformados. b) Deje sin efectos el oficio DAVD-465-2019 de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con todos sus efectos y consecuencias. c) Emita otro, en el que deberá considerar los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al cónyuge de la quejosa, como en el caso del cónyuge trabajador, según lo establece la ley en cita. Esto es, se abstenga de realizar un trato desigual y discriminatorio por razón de género, como se advierte de la exigencia de demostrar que José María Lugo Quijada está incapacitado física o psíquicamente y que depende económicamente de ella (la trabajadora)." Inconformes con dicho fallo, la autoridad responsable-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora-, hizo valer recurso de revisión, por lo que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto y se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito correspondiente, para su conocimiento. III. Declaración de ejecutoria. Posteriormente, mediante auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió el testimonio de la ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión 44/2020, en la cual se desechó el recurso interpuesto; y por ende, se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. IV. Calificación de cumplimiento. Ahora bien, de autos se advierte que se colmaron el efecto de la sentencia protectora, toda vez que la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante la misiva recibida en este juzgado el quince de enero del año que transcurre manifestó que se dejó insubsistente el oficio DAVD-465-2019 de veinticuatro de septiembre anterior e informó que considera los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al cónyuge de la quejosa. V. Vista cumplimiento. Con lo anterior se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que a la fecha se advierta manifestación alguna. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. VIII. Recepción de oficio. Agréguese a los autos sin mayor determinación del oficio presentado por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, toda vez que fue agregado en el presente sumario mediante acuerdo de veintidós de enero anterior. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Actos tendentes. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y el jefe de la Unidad Jurídica, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante los cuales informan los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias que acrediten que: a) Desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en el presente y hasta en tanto no sean reformados; b) Dejaron sin efectos el oficio DAVD-465-2019 de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con todos su efectos y consecuencias; y, c) Emitieron otro, en el que se consideran los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al cónyuge de la quejosa, como en el caso del cónyuge trabajador, según lo establece la ley en cita. Esto es, se abstenga de realizar un trato desigual y discriminatorio por razón de género, como se advierte de la exigencia de demostrar que José María Lugo Quijada está incapacitado física o psíquicamente y que depende económicamente de ella (la trabajadora). Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de incumplir, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Actos tendentes. Agréguense a los autos el oficio y anexo por medio del cual el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, informan los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen las gestiones necesarias para dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, lo que deberá acreditar con las constancias pertinentes. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de incumplir, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el presidente del Congreso del Estado de Sonora, el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y el jefe de la Unidad Jurídica, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante los cuales realizan manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, de las documentales allegadas por las autoridades referidas en segundo y tercer término se advierte el oficio CJ-SPJP-3486/2019, a través del cual se instruye a la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del referido instituto a dar cumplimiento al fallo protector; sin embargo, dicha misiva fue expedida el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, sin que de ésta deriven actos referentes al acatamiento de la sentencia. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído emitan un nuevo acuerdo en el que deberá considerar los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al cónyuge de la quejosa, como en el caso del cónyuge trabajador, según lo establece la ley en cita. Esto es, se abstenga de realizar un trato desigual y discriminatorio por razón de género, como se advierte de la exigencia de demostrar que José María Lugo Quijada está incapacitado física o psíquicamente y que depende económicamente de ella (la trabajadora). Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de incumplir, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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