María de Lourdes Márquez Carrasco

Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Márquez Carrasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado en doce de mayo de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, en las que se advierte la actualización de una causal de sobreseimiento. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que. la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: "(.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: Señalo como actos reclamados de la responsable H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA, la omisión de la autoridad responsable de girar los oficios necesarios para el desahogo de las pruebas admitidas en auto de admisión de pruebas de fecha 03 de noviembre de 2021. Señalo como actos reclamados de la responsable ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA, la omisión de la autoridad responsable de realizar las notificaciones necesarias para el desahogo de pruebas admitidas en auto de admisión de pruebas de fecha 03 de noviembre de 2021. (.)" Al rendir su informe justificado, el presidente y el actuario, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, deben tenerse por ciertos los reclamos de la parte quejosa, pues de las constancias que anexaron a sus informes, se advierte lo siguiente: El tres de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó en el juicio laboral de origen 2197/2020, del índice de la responsable, auto de admisión de pruebas, donde, fueron admitidas las que se plasman en la siguiente tabla: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Foja y fecha en la que se advierte que se atiende Confesional por posiciones Carmen Cristina González Nemer Foja 21 vuelta. -quince de marzo de dos mil veintidós- Confesional por posiciones Olga María González Nemer Foja 21 vuelta. -quince de marzo de dos mil veintidós- Confesional por hechos propios José Manuel González Nemer Foja 49. -veintiséis de abril de dos mil veintidós, desahogo diligencia- Confesional por hechos propios Javier González Nemer Foja 65. -veinte de mayo de dos mil veintidós- Confesional por hechos propios Roberto González Nemer Foja 66. -veinte de mayo de dos mil veintidós- Confesional por posiciones María de Lourdes Márquez Carrasco Foja 21 vuelta. - dieciséis de marzo de dos mil veintidós- Testimonial Francisca Márquez Carrasco Foja 38. -dieciocho de abril de dos mil veintidós- Guadalupe Márquez Carrasco Foja 39. -dieciocho de abril de dos mil veintidós- Pablo Felipe Márquez Carrasco Foja 40. -dieciocho de abril de dos mil veintidós, imposibilidad de notificación- Informe de autoridad Coordinador jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad. Foja 24. -veintiocho de marzo de dos mil veintidós- Informe de autoridad Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de esta ciudad. Foja 25. -veintiocho de marzo de dos mil veintidós- Atento a lo apenas reproducido, se observa que todas las gestiones fueron realizadas posteriormente a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de marzo de dos mil veintidós), dejando claro que existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Cuestiones que se corroboran de las pruebas documentales que acompañaron a sus informes justificados, así como aquellos en alcance. Ahora bien, con respecto al acto reclamado incrustado anteriormente en primer término, se advierte que la autoridad a la que se le atribuye dicho acto, realizó las acciones conducentes, tal cual se denota de las dos últimas casillas de la tabla ilustrativa. Luego, por lo que refiere al acto reclamado mencionado en segundo término, se hace patente que las notificaciones que le concernían a los absolventes que se designaron en el citado auto de tres de noviembre pasado dictado en el expediente de origen, fueron llevadas a cabo las acciones correspondientes, como se desprende de la tabla en mención. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de realizar los actos tendentes de girar los oficios y efectuar las notificaciones respectivas para lograr el desahogo y/o allegarse las pruebas admitidas en el multicitado auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio obrero génesis; no obstante, la Junta y el actuario responsables realizaron las acciones conducentes que les confieren sus facultades para subsanar las irregularidades reclamadas por el impetrante de amparo. De modo que aquellas conductas de las que se dolía la parte quejosa, han quedado subsanadas, cuestiones que se corroboran en párrafos precedentes; pues se han efectuado acciones proclives, es decir, la Junta responsable giró los oficios faltantes, y el fedatario público notificó y razonó a los absolventes señalados para la celebración de las diligencias que les corresponden, por tanto se considera que se restituyó al peticionario de amparo en el goce de su derecho conculcado, pues los efectos de las consabidas omisiones reclamadas cesaron. De ahí, que con tales actuaciones desplegadas por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Es necesario dilucidar que, no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que el ciudadano Pablo Felipe Márquez Carrasco, no pudo ser notificado en el juicio de origen; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como es posible percatarse de las constancias que integran el asunto en que se actúa, éste acató la orden del tribunal responsable y pretendió notificar a dicha persona; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso se encuentra en posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse posteriormente alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y un minutos del quince de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos el oficio y anexos presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado el siete de abril de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de las probanzas acompañadas al oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable omitió anexar las constancias relativas a la notificación de la totalidad de las partes intervinientes en las pruebas confesionales y testimoniales que se admitieron en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen 2197/2020 de su índice, a saber, las que conciernen a José Manuel, Javier y Roberto, todos de apellidos González Nemer. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias mencionadas en el párrafo precedente. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver lo conducente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados y anexos presentados por el presidente y el actuario, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de las constancias adjuntas a los informes de cuenta, se advierte que las autoridades responsables omitieron anexar las constancias relativas de notificación a la totalidad de las partes intervinientes en las pruebas confesionales y testimoniales que se admitieron en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen 2197/2020 de su índice. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias mencionadas en el párrafo precedente. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y seis minutos del doce de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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