María de Lourdes Argil Maldonado

Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Argil Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de agosto de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos el informe rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual se pronuncia en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte, que la quejosa María de Lourdes Argil Maldonado, se desistió del presente juicio de amparo; asimismo, que de la diligencia de notificación que antecede, se advierte que la referida quejosa ratificó el contenido y firma del escrito de desistimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que existe manifestación expresa de la peticionaria de amparo de no continuar la secuela de este juicio, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a foja 488, del Tomo III, Febrero de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice textualmente: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado." Hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales correspondientes. En otro orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y toda vez que la parte quejosa se desistió expresamente de este juicio, en el caso se surte la hipótesis prevista en dicho precepto, se declara que este proveído, en que se sobreseyó ha causado estado para todos sus efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Visto el escrito de demanda con el que se da cuenta; fórmese expediente y regístrese bajo el número de expediente 999/2022-A-III, en el libro uno de juzgado de registro de juicio de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Argil Maldonado, por propio derecho, contra actos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 3. Suspensión de plano. Teniendo en consideración que del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de las responsables la omisión de otorgarle la atención médica adecuada, toda vez que aduce que le diagnosticaron Hipertensión Arterial Sistémica, Hipotiroidismo, Cardiopatía Isquémica Crónica y Ateroesclerosis Coronaria de Múltiples Vasos; en consecuencia, se provee lo siguiente: En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cesen los actos omisivos reclamados, o cualquier otro que atente contra su salud o restablecimiento de ésta; lo que se traduce en que las autoridades responsables le proporcionen de inmediato el tratamiento integral en relación con sus padecimientos y que le suministren los medicamentos adecuados a las enfermedades que padece y le otorguen el servicio médico necesario para la atención de las enfermedades cardiovasculares que padece, incluyendo de ser necesario de manera urgente, cualquier procedimiento médico tal como la cirugía que refiere necesitar (ello, bajo la consideración de la responsable correspondiente); a fin de que pueda efectuarse la cirugía de corazón que refiere requerir la peticionaria. Por lo que las responsables, dentro de su respectivo marco de atribuciones, deberán adoptar las medidas pertinentes para que a la quejosa pueda otorgársele el servicio médico integral conforme a sus padecimientos, incluyendo desde luego y de ser necesario, la realización de la cirugía que refiere necesitar la quejosa; lo anterior, a fin de garantizarle el derecho a la salud al más alto nivel posible y proporcionarle un servicio con atención y calidad, en el centro hospitalario que se atiende la impetrante. En esa medida, las autoridades responsables de inmediato deberán cumplir debidamente con la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de la agraviada; esto es, actuar con la diligencia que requiere la atención médica de la quejosa, y deberán llevar a cabo todas las medidas que estén a su alcance para garantizar el acceso pleno al derecho a la salud que se tilda como conflagrado. Lo anterior, a fin de procurar en todo momento la salvaguarda de derechos relativos a evitar actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, que por la naturaleza del reclamo incluye el derecho de acceso a la atención médica integral en casos urgentes (como el servicio médico al más alto nivel posible que refiere requerir a la quejosa), por lo que las autoridades responsables deberán proporcionarle directamente a la agraviada la atención, tratamientos y medicamentos adecuados a su enfermedad, en la forma expuesta con antelación. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin que se constituya ante las responsables y las requiera, para que con base en la suspensión de plano decretada, se brinde el servicio médico requerido para el bienestar de la salud de la impetrante del amparo. Además, deberá apercibir a las autoridades correspondientes que de persistir en la actitud omisa que delata la quejosa, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos probablemente constitutivos de delito. Para otorgar de oficio y de plano esta medida cautelar se tiene en consideración, sustancialmente, que el párrafo tercero, del artículo 4º Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, los servicios de salud, a los que alude el precepto antes citado, deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado. Así, el derecho a la salud debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquel que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentre totalmente recuperado el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que hubieren solicitado sus servicios. En estas condiciones, si algún sujeto (asegurado o beneficiario) acude a solicitar atención médica y ésta se prolonga, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, también en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" -instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos. En esa virtud, en aras de privilegiar el derecho a la salud contemplado en el numeral 4º Constitucional, las autoridades responsables deberán ordenar, proporcionar y suministrar, de manera inmediata e incondicional el tratamiento y cuidado que resulte indispensable para salvaguardar la integridad física de la parte solicitante del amparo, en razón de sus padecimientos. Resulta aplicable la tesis aislada P. XIX/2000, que se encuentra visible en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de rubro y texto que se transcriben: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentesen: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." deberán canalizarlo a la institución de salud con la que eventualmente tenga algún convenio, o bien, a cualquiera de los institutos de salud pública gratuita brindada por el Estado. El sentido y alcance de la suspensión del acto reclamado está perfilado por los criterios jurídicos que orientan las tesis de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL SERVICIO MÉDICO QUE SE SUMINISTRABA A QUIEN FUE DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO ACTIVO COMO MILITAR Y A SUS DERECHOHABIENTES."; Cabe destacar que la atención médica que se brinde a la agraviada debe ser acorde a lo que haya determinado el médico adscrito al instituto responsable en función de los padecimientos que se encuentran efectivamente diagnosticados a la parte quejosa. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 5. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 7. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 8. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 9. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. 11. Emplazamiento. Dada la naturaleza del acto reclamado se considera que no existe tercero interesado. 12. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las autoridades responsables para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se le tiene proporcionado para cuestiones no procesales a la quejosa los correos electrónicos que refiere en su escrito de demanda. 13. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión en virtud de haberse concedido la suspensión de plano. 14. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. En relación con la solicitud de la parte quejosa de que se requiera a la autoridad responsable Centro Médico DR. Ignacio Chávez, con residencia en esta ciudad, para que exhiba la documental a que se refiere en el capítulo de pruebas, dígasele que deberá estarse al requerimiento que se formula en el punto cuatro, en el sentido de que en caso de ser cierto el acto reclamado, deberá remitir las constancias necesarias para estar en condiciones de resolver el presente juicio; máxime que no acredita haberla solicitado ante la citada autoridad correspondiente, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. 15. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. 16. Acceso al expediente electrónico y usuario para notificaciones. En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento de la quejosa de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado los nombres de usuarios "carcoamarillo" y "MAYRACASTILLOY", pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" electrónica surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo del presente año, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin d mitigar el brote y propagación del virus. 17. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 18. Comunicación a las responsables de cuáles resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restante se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 19. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 20. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 21. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 22. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 23. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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