María de Los Ángeles Pineda Soto
Expediente 270/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de Los Ángeles Pineda Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo y/o resolución de fecha veintinueve de enero dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Pineda Soto, para los siguientes efectos: ". I. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1226/2018, y II. En su lugar, dicte otra, donde siguiendo los lineamientos fijados en esta sentencia, subsane las omisiones antes destacadas, para lo cual deberá abordar el estudio de lo alegado por la quejosa en su escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en lo tocante a sus excepciones, y habrá fundar y motivar legalmente la decisión que adopte, con libertad de jurisdicción." 2) Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió su cumplimiento al Juez Primero Menor Civil, con sede en esta capital. a).- Por oficio 1527/2020 de catorce de diciembre de dos mil veinte, signado por el Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, recibido el quince de diciembre de dos mil veinte, por este órgano jurisdiccional, la citada responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución que emitió el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el cual consta, que por una parte, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, y por la otra, dictó una nueva resolución en la cual, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria, analizó lo que la quejosa manifestó al momento de contestar la vista que se le dio respecto al incidente, precisamente en lo tocante a sus excepciones, y fundó y motivó dicha resolución. Ahora, en relación al pronunciamiento que hizo del escrito de la quejosa, así se advierte de la siguiente consideración: "Ahora bien, respecto a las manifestaciones hechas por la demandada María de los Ángeles Pineda Soto, al momento de contestar la vista que se le dio respecto a este incidente, se analizan de la siguiente manera: Al contestar al punto número I, refirió que no le asiste el derecho a la actora en reclamar el porcentaje del 2.20% dos punto veinte por ciento desde el 27 veintisiete de marzo de 2018 dos mil dieciocho, al 3 tres de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, porque dicho interés es excesivo y usurario. El anterior argumento resulta inatendible e infundado, en virtud de que no es el momento procesal oportuno para dolerse de dicho aspecto, puesto que es un porcentaje que no está a discusión, ya que en sentencia definitiva de fecha 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, se resolvió respecto a dicho porcentaje, y la demandada tuvo expedito su derecho para hacerlo valer en la forma correspondiente dentro del procedimiento al momento de contestar la demanda (la cual contestó mediante escrito fechado el 31 treinta y uno de octubre de 2018), lo cual ya fue analizado en la sentencia definitiva de referencia. No debemos perder de vista que este tipo de incidentes se circunscriben a determinar con precisión la cuantía de prestaciones a las que quedó obligada la parte vencida, y que de ningún modo pueden modificar, anular o rebasar lo ya decidido en la sentencia definitiva, pues de hacerlo así, se atentaría contra los principios de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, además de que la resolución sería ilegal. Además de que, de considerarse usurero el porcentaje del 2.20% que dice la demandada, se habría realizado su estudio correspondiente en la sentencia definitiva. Lo que así se encuentra establecido en la Jurisprudencia emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, del siguiente rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA." Cabe mencionar que actualmente el interés que se considera usurero, es mayor a 4.25% cuatro punto veinticinco por ciento mensual, de conformidad con las tasas de interés bancarias que se toman en cuenta para analizar la usura, por lo que el 2.20% dos punto veinte por ciento mensual que se condenó en sentencia definitiva esta muy por debajo del que se considera no usurario. Por ello, es que no le resulta lesivo el porcentaje del 2.20% que se ha venido mencionando, como lo refiere en su contestación a la vista de este incidente, al indicar que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no debe regir aisladamente, y que se debe hacer un control de convencionalidad ex oficio en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 1° primero Constitucional, puesto que este estudio se realiza al momento de hacer la sentencia definitiva, precisamente por si existieran usurarios solicitados, pero en este caso NO EXISTE USURA EN EL PORCENTAJO YA SENTENCIADO y al que se condenó a la parte demandada pagar a la accionante en la multicitada sentencia definitiva. Para una mayor ilustración, se hace el siguiente análisis, el porcentaje de los intereses antes mencionado no se encuentran fuera de los parámetros legales, toda vez que acorde con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer si las tasas de interés pactadas por las partes son desproporcionadas o no, es válido acudir a las tasas de interés fijadas por el Banco de México, ello en virtud de que el riesgo asumido por el acreedor, al entregar cierta cantidad de dinero se equipara al que se toma al emitir una tarjeta de crédito, tasa que se estima adecuada para retribuir al acreedor de una ganancia lícita. Criterio el anterior que deriva de la Jurisprudencia por reiteración, del siguiente rubro: "TASAS DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR LAS PARTES SON DESPROPORCIONADAS O NO." En ese orden, al realizarse un análisis de las "tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan", cuya apreciación constituyen un parámetro de referencia. Para obtener los parámetros mencionados de los intereses permitidos en el mercado financiero, y al tratarse de un asunto en el que el documento base de la acción es un título de crédito (pagaré), debemos tomar como referente bancario el Costo Anual Total (cat) por ser el referente financiero de naturaleza activa que informa cual es el costo de un crédito para los clientes o usuarios del crédito, y a partir del análisis del resto de los parámetros estar en aptitud de aplicar el porcentaje que corresponda. En ese tenor, y a fin de conocer esta información, es prudente traer a colación los cuadros comparativos que publica en su página de internet, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx), en los cuales se encuentran las tasas de interés de los créditos que otorgan las instituciones bancarias (créditos hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, entre otros). Bajo ese tenor es menester aludir, que se advierte que el uso de la tarjeta platino, es la que origina el Costo Anual Total (CAT) más moderado en promedio, es decir, que es la que discrepa menos, entre la tasa más alta y la más baja; pues aquélla corresponde a la tarjeta de crédito "Fiesta Rewards Planito" perteneciente a Santander Consumo S.A. de C.V. SOFOM, E.R., con una tasa de interés del 79.3% setenta y nueve punto tres por ciento anual y, esta última, es decir, la más baja es Mifel World Elite de Banca Mifel, por 22.7% veintidós punto siete por ciento anual -con una diferencia de 56.6% cincuenta y seis punto seis por ciento- amén de que al sumar ambas tasas nos arrojan 102% ciento dos por ciento, y dividir tal cifra entre 2 dos, resulta 51% cincuenta y un por ciento, después, entre los 12 doce meses del año, nos arroja una tasa del 4.25% cuatro punto veinticinco por ciento mensual, que es la que se toma en cuenta cuando los porcentajes pedidos rebasan éste (4.25% mensual). Lo anterior lleva a que se considere que en el caso concreto no se actualiza el elemento de la usura, habida cuenta que la tasa de intereses ordinarios al 2.20% dos punto veinte por ciento mensual, no sobrepasa el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que a la fecha de contratación, ascendía al 6.44% seis punto cuarenta y cuatro por ciento anual, ni el Costo Anual Total (CAT) que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito platino, las que oscilan entre el 79.3% setenta y nueve punto tres por ciento anual y el 22.7% veintidós punto siete por ciento anual. Por otra parte, respecto a su inconformidad referente a que la fecha por la cual pide la cuantificación de intereses la incidentista, que dice debió pedirla por el periodo del 27 veintisiete de marzo de 2018 dos mil dieciocho al 27 veintisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, debe decirse que resulta infundado, puesto que no hace referencia del porqué debió pedir la cuantificación por dicho periodo de tiempo, máxime que se pidió hasta antes de la presentación del escrito de planilla de liquidación, ya que se pidió por el periodo del 27 veintisiete de marzo de 2018 dos mil dieciocho al 3 tres de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, y la planilla de liquidación fue presentada el 4 cuatro de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, y se advierte en la sentencia definitiva que puso fin al presente juicio, que se condenó al pago de intereses ordinarios hasta la total liquidación del adeudo principal, y del juicio no se aprecia que se haya cuantificado intereses dentro del periodo de tiempo por el que se pidieron, de ahí resulta improcedente por infundado su argumento. Por lo que ve a su argumento tendiente a que no le asiste el derecho a la actora de reclamar la presente planilla, debe decirse que es infundado, ya que la condena decretada en la sentencia definitiva de fecha 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, faculta a la parte actora para reclamar lo ahí sentenciado, ya que se condenó a la parte demandada PAGAR a la actora las prestaciones ahí señaladas, derecho que hace valer al formular su planilla de liquidación de las prestaciones que reclama en este incidente. De ahí la improcedencia de su argumento. La demandada también manifiesta que la actora no hace un debido cómputo de los meses y días que han transcurrido del 27 veintisiete de marzo de 2018 dos mil dieciocho, al 3 tres de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, que porque han transcurrido 18 dieciocho meses y 6 seis días, y que resulta una cantidad menor a la que solicitó la actora. Argumento el anterior que resulta improcedente, toda vez que, de la cuenta del lapso de tiempo por el que se pidió la cuantificación, NO es del 27 veintisiete de marzo como lo refiere, sino del 27 veintisiete de abril, del año que indica, además de que una vez que se realizó el conteo de los meses y días de ese periodo de tiempo, SÍ resultan los meses y días solicitados como se advierte en el apartado correspondiente en este fallo, por lo que sus manifestaciones resultan infundadas, por ende improcedentes. Por último, también manifiesta que la cuantía que se solicitó por concepto de honorarios profesionales, no corresponde a la cantidad solicitada, y que la endosataria en procuración de la parte actora no acredita el derecho de recibirlos. A lo cual, se dice que, no le asiste la razón, toda vez que de las operaciones aritméticas correspondientes que se hicieron respecto a esta partida, no resulta la cantidad que dice aquí la demandada debía ser ($3,630.16), por el contrario, sí resultó la cuantía solicitada; además de que la endosataria en procuración de la parte actora sí acreditó su derecho a cobrar honorarios, ya que cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho, de la cual hizo mención en su escrito de planilla de liquidación en el apartado marcado con el número III (foja 168), la que se encuentra registrada en el libro que se lleva en este juzgado, en la foja y bajo el registro que ahí señaló, lo que se constató por parte de este Tribunal, por ello es que procedió autorizar esta partida. Congruentes con lo antes expuesto, y no habiendo más argumentos pendientes por analizar, se declara parcialmente procedente la planilla de liquidación promovida por la parte actora Caja Morelia Valladolid S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por conducto de su endosataria en procuración. Por consiguiente, se condena a María de los Ángeles Pineda Soto, a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $27,580.53 veintisiete mil quinientos ochenta pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, por concepto de intereses ordinarios, intereses moratorios y honorarios profesionales, generados hasta el día 3 tres de diciembre de 2019 dos mil diecinueve." [.] "CUARTO. Se condena a la parte demandada María de los Ángeles Pineda Soto, a pagar a su contraparte la cantidad de $27,580.53 veintisiete mil quinientos ochenta pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, por concepto de intereses ordinarios, intereses moratorios y honorarios profesionales, generados hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve." Con base en lo hasta aquí expuesto, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución interlocutoria que emitió el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el incidente de liquidación derivado del juicio ejecutivo mercantil 1226/2018, en la cual dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de enero de dos mil veinte, con libertad de jurisdicción dictó una nueva en la cual siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues analizó las excepciones que la quejosa formuló en el escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, de forma fundada y motivada consideró parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia promovido por Caja Morelia Valladolid S.C. de A.P. de R.L. de C.V., y condenó María de los Ángeles Pineda Soto, a pagar a su contraparte la cantidad de $27,580.53 (veintisiete mil quinientos ochenta pesos con 53/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios, intereses moratorios y honorarios profesionales, generados hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve; este órgano de Control Constitucional declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número 1527/2020, signado por el Juez Primero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo ponen de manifiesto; con su contenido dése vista a la parte quejosa y tercero interesada para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número 1527/2020, signado por el Juez Primero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo ponen de manifiesto; con su contenido dése vista a la parte quejosa y tercero interesada para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA SOTO; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez Primero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en relación con los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir realice lo siguiente: ". I. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1226/2018, y II. En su lugar, dicte otra, donde siguiendo los lineamientos fijados en esta sentencia, subsane las omisiones antes destacadas, para lo cual deberá abordar el estudio de lo alegado por la quejosa en su escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en lo tocante a sus excepciones, y habrá fundar y motivar legalmente la decisión que adopte, con libertad de jurisdicción." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá a la autoridad responsable una multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258, de la Ley de la materia en vigor, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el numeral 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". Finalmente, devuélvase al Juez Primero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, el juicio ejecutivo mercantil 1226/2018 que remitió como complemento a su informe justificado, en virtud de que no resulta necesario continuar conservándolo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
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