Maria de la Luz Nicolas

Expediente 743/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Maria de la Luz Nicolas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII-A....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio, con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa e informa que admitió dicho medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número 377/2023 de su índice. NOTIFÍQUESE......

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por Otilio Bautista López, autorizado legal de la quejosa María de la Luz Nicolás, atento a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el auto de desechamiento de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, de este índice. En consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en Turno, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para su substanciación, manifestándole que es cierta la determinación impugnada. SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal que por turno conozca tenga a su disposición las constancias necesarias. Por otra parte, respecto a las manifestaciones del autorizado legal de la quejosa, con fundamento en el artículo 86 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase de su conocimiento que la autoridad administrativa competente es el Consejo de la Judicatura Federal, por tal motivo se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime conveniente y ante la autoridad competente. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. SE ACEPTA COMPETENCIA DECLINADA Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, remite el juicio de amparo 713/2023 de ese índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por María de la Luz Nicolás, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. Lo anterior, pues DECLINÓ COMPETENCIA a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo que dio origen a ese asunto, al actualizarse el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós. Ello, bajo la consideración de que los actos reclamados en la demanda de cuenta, tienen su origen en el mismo acto de autoridad y actos reclamados en el juicio de amparo 593/2023 de este índice, por lo que este Juzgado tiene el último antecedente del asunto. Por tanto, téngase por recibidos los autos, acúsese el recibo correspondiente e infórmese a la autoridad declinante, que este juzgado SE AVOCA AL CONOCIMIENTO del asunto. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de control con el número 743/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA MARÍA DE LA LUZ NICOLAS, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS Autoridades responsables Actos reclamados 1. Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. 2. Encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. - La omisión de hacer el pago de la pensión por viudez, con los derechos inherentes como es el pago de aguinaldo, bono de despensa, previsión social múltiple, contabilizados desde el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, que es el día siguiente del fallecimiento de su cónyuge Alberto Santiago García, a la fecha. - La omisión de entregar el documento de concesión de pensión ******************** y credencial de pensionada. 3. Jefa de Operaciones de Pagos y Presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. La omisión de incorporar y activar en la nómina a la quejosa para estar en condiciones de cobrar su pensión por viudez. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 123 apartado B, fracción XI inciso a) de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Respecto del acto reclamado al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, con fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, YA QUE EN EL CASO, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYEN COSA JUZGADA. El numeral citado, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." De conformidad con el texto transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando las normas generales o los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y mismos actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; su finalidad es proteger la cosa juzgada, es decir, se estableció para proteger la seguridad jurídica, evitando que se pasara por alto la sentencia ejecutoria, asimismo, para impedir el dictado de sentencias contradictorias. Así, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto 61 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se estime que el acto reclamado ha sido materia de otro juicio de amparo, deben reunirse los siguientes requisitos: a) Que el primer juicio constitucional haya sido promovido por el mismo quejoso; b) Contra las mismas autoridades; y, c) Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones aducidas sean diversas. Las tres condicionantes se actualizan en la especie en la medida de que conforme a la revisión de las constancias relativas al juicio de amparo anterior, esto es, el identificado con el número 593/2023 del índice de este órgano judicial, el cual se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyas constancias se tienen a la vista y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2° de la Ley de Amparo. ... Ello, en atención a que en ambas demandas la parte quejosa se duele de la negativa de pagar la pensión por viudez, acto de aplicación que atribuye esencialmente a las mismas autoridades responsables, es decir, al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. De lo cual, se colige que existe identidad sustancial de los actos reclamados, aunado a que el escrito de demanda que se atiende, así como el que dio origen al juicio 593/2023, del índice de este juzgado, fueron presentados por la misma parte quejosa; este último expediente, el trece de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, resolución que quedó firme el veintiocho de junio del año en curso; por lo que es inconcusa la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la parte quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus intereses en uno previo y, por tanto, existe cosa juzgada respecto de los actos reclamados en el presente expediente, al haber sido materia de estudio en un juicio de amparo anterior. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, puede llegarse a la conclusión que la demanda de cuenta contiene elementos de conocimiento relacionados a la parte quejosa, actos y autoridades, iguales a la que se instó y dio motivo a la formación del juicio de amparo 593/2023 del índice de este juzgado, lo cual actualiza la prevalencia de un juzgamiento anterior que constituye base para considerar que la demanda de cuenta se torne improcedente de modo notorio y manifiesto, al tenor del supuesto normativo contenido en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que protege el principio jurídico relativo a la cosa juzgada. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2011383, tomo II, abril de 2016, página 1107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.P.1 K (10a.) Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005580, Libro 3, Febrero de 2014, tomo III; Décima Época; página: 2306 que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse". 2. Respecto a los actos reclamados al Encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Pensiones y Jefa de Operaciones de Pagos y Presupuesto, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Al respecto, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE AMPARO, consistente en que la parte promovente no agotó el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El numeral citado, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)." El precepto transcrito regula el principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos contra los cuales procede el amparo, siempre y cuando no sean reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, con el que el afectado pueda obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales -a través del recurso ordinario-, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Principio que responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Lo cual significa que, si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente; entre otros, cuando se Lo cual significa que, si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente; entre otros, cuando se reclama la constitucionalidad de leyes (con motivo de su primer acto de aplicación); se proponen en exclusiva, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. En el caso, el acto que en esencia se reclama es: La negativa de entregar el documento de concesión de pensión ******************** y su credencial de pensionada, así como la negativa de incorporarla y activarla en la nómina para estar en condiciones de cobrar su pensión por viudez. Sin embargo, debe reiterarse a la quejosa que previo a instar el juicio de amparo, debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita; preceptos legales que establecen lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". De la transcripción que antecede se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, con la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que los actos negativos relativos a la pensión por viudez que se reclaman pueden ser combatidos mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. ... Sin que de la demanda de amparo, se advierta que la quejosa se ubique en alguna excepción al principio de definitividad -en materia administrativa-. De modo que no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para la quejosa obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatorio de derechos fundamentales, a través del juicio de nulidad, que al presentarlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso. Con base en todo lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, por autorizados únicamente en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a las personas restantes que indica, por así solicitarlo expresamente. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario "********************" en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en el último párrafo del considerando noveno, 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Asimismo, como lo solicita, se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la parte promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita la parte promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, u otros dispositivos electrónicos semejantes, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, de rubro. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." SE ORDENA COMPENSACIÓN Ahora, atento a que la demanda de que se trata se remitió directamente a este órgano jurisdiccional, y no a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; en tales circunstancias, gírese oficio a la Jefa de la aludida Oficina, para que ésta a su vez realice la compensación el registro respectivo y lo turne a este Juzgado. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

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