Maria de la Cruz Mora Licona

Expediente 972/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
972/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Maria de la Cruz Mora Licona
  • Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    MESA II... Conste.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se declaró cumplida la ejecutoria de amparo ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió sentencia en este juicio, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María de la Cruz Mora Licona, para los efectos siguientes: "Efectos de la concesión del amparo. A fin de restituir al solicitante del amparo en el goce de sus derechos, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1.- De inmediato, deberá suspender el descuento aplicado a la pensión por jubilación de la parte quejosa, con base en los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales. 2.- Reintegre al quejoso, en una sola exhibición, las cantidades que descontó del pago de dicha pensión con motivo de la aplicación de los preceptos aludidos, correspondiente al mes de octubre de dos mil diecinueve así como los posteriores que se hubieren realizado; y ya no se realicen posteriores descuentos, bajo el concepto "202 FDO. D. PENSIONES". Se precisa, que los efectos de la concesión establecida, se determinaron así, toda vez que en la demanda de amparo los descuentos aún no realizados fueron reclamados por la parte quejosa, y por ende, formaron parte de la litis, por lo que de ninguna manera se está variando la misma, ni implica un desequilibrio para las partes, porque se le brindó oportunidad a las autoridades responsables de rendir su informe justificado donde inclusive pudieron combatir el carácter de inminentes los actos reclamados." Dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de noviembre pasado; por lo que se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Asimismo, mediante oficio con terminación número OP/DG/2225/2021, el Director General y Apoderado Legal del Consejo Directivo, de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remitió copia certificada del oficio número OP/UAYFFP/DRHYNP/0914/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, e impresión del historial de nómina de pago de pensión mediante el cual acreditó que desde el mes de octubre de dos mil veintiuno, se desincorporó a la quejosa MARÍA DE LA CRUZ MORA LINCONA de la obligación de enterar la cuota de 9%, por concepto de fondo de pensiones. Asimismo, remitió copia certifica de la póliza de cheque número 159, de diecinueve de noviembre del año en curso, mediante el cual se entregó el cheque número 0080252 a la quejosa con el que se devolvieron las cantidades que fueron descontadas a su pensión por concepto de pensiones durante los meses del año 2019 al mes de septiembre del 2021. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) que el juicio se tramitó con incidente de suspensión, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado; con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18° fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de amparo, este expediente es depurable, después de tres años. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación del secretario y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: "A fin de restituir al solicitante del amparo en el goce de sus derechos, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1.- De inmediato, deberá suspender el descuento aplicado a la pensión por jubilación de la parte quejosa, con base en los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales. 2.- Reintegre al quejoso, en una sola exhibición, las cantidades que descontó del pago de dicha pensión con motivo de la aplicación de los preceptos aludidos, correspondiente al mes de octubre de dos mil diecinueve así como los posteriores que se hubieren realizado; y ya no se realicen posteriores descuentos, bajo el concepto "202 FDO. D. PENSIONES". Se precisa, que los efectos de la concesión establecida, se determinaron así, toda vez que en la demanda de amparo los descuentos aún no realizados fueron reclamados por la parte quejosa, y por ende, formaron parte de la litis, por lo que de ninguna manera se está variando la misma, ni implica un desequilibrio para las partes, porque se le brindó oportunidad a las autoridades responsables de rendir su informe justificado donde inclusive pudieron combatir el carácter de inminentes los actos reclamados. (...) Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, cumplan con la sentencia que concedió el amparo y Protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia de amparo o en su caso informe el impedimento que tenga para ello. Se apercibe a las referidas responsables, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA I "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 1º, 6°, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis constitucional, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obran en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama lo siguiente: El acto de aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18 párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; los subsecuentes descuentos que se pretendan aplicar al pago de su pensión por jubilación y la devolución de las cantidades que se hayan descontado en su pago de pensión por jubilación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado el Director General y Apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada del oficio OP/DG/1866/2019, de diez de julio de dos mil diecinueve, y de los comprobantes de pago expedidos por la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, a nombre de la quejosa María de la Cruz Mora Licona, correspondientes a los meses de octubre de dos mil diecinueve y octubre del año en curso, donde se advierte el descuento del que se duele la quejosa. . Lo anterior, revela la aplicación ulterior a la parte quejosa de los artículos 6 fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce y publicada mediante decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. CUARTO. Improcedencia del amparo. En el presente juicio de amparo las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna de ellas, que deba estudiar de oficio. QUINTO. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Son FUNDADOS los conceptos de violación. En efecto, respecto al tema materia de estudio, existe la jurisprudencia siguiente: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." (Jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2512 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Registro: 2007629). Cabe precisar que en la ejecutoria del amparo en revisión 146/2014, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que formó parte de la jurisprudencia antes transcrita, por reiteración de criterios, se estableció: "[.] De lo expuesto, resulta evidente la inconvencionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se prevé el descuento del nueve por ciento sobre el monto de su pensión; lo anterior, a la luz del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo Núm. 102, "Convenio sobre la Seguridad Social" (norma mínima), del que México forma parte, dado que el mismo solamente autoriza la reducción del monto de la pensión cuando las ganancias del beneficiario excedan del valor prescrito o fijado por la autoridad competente, de conformidad con las reglas relativas, dado que en la legislación del país ningún límite se establece para ello; motivo por el cual, al privilegiar el principio de la dignidad humana se impone la declaratoria respectiva. [.] En efecto, las normas en cuestión resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados, sin atender a que los del primer rubro, por encontrarse en plena actividad laboral, pueden ascender en su trabajo o allegarse de mayores o diferentes ingresos, dado que al encontrarse en funciones cuentan con juventud; mientras que los del segundo rubro, al tratarse de trabajadores que ya han agotado una vida laboral, tienen como ingreso único, el de su pensión relativa, quienes por cierto, efectuaron ya aportaciones a lo largo de su vida de trabajo, lo cual, como ya se dijo, servirá precisamente para financiar esa pensión; supuesto en el cual al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas, por cuanto resulta excesivo que una vez que se obtiene el beneficio de la jubilación, derivado de haber cumplido los años y tiempo de servicio, se siga imponiendo al jubilado y pensionado la carga de contribuir al fondo de pensiones, cuando se supone que agotó ya esa aportación, durante su vida de trabajo. Ciertamente, no existe razón jurídica ni práctica para que las personas jubiladas y pensionadas continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión, para el fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de la prestación consignada en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto la referida Constitución prevé la jubilación como derecho mínimo de la seguridad social. [.]" La jurisprudencia y ejecutoria transcritas clarifican que los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante decreto número 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalentes al 9% de su pensión, son inconstitucionales e inconvencionales, al desatender los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo y violar el Derecho Humano a la Igualdad, así como el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual ocasiona un perjuicio en contra de la parte quejosa, al restringirla de gozar íntegramente un derecho mínimo de seguridad social, como lo es el recibir su pensión por jubilación completa, la cual no es una gratuidad sino el producto de su vida laboral activa, y para tener acceso a ella, debe cumplir con ciertos requisitos, para garantizar al trabajador una digna jubilación con dicha pensión, la cual será su único medio de subsistencia por entrar en una etapa de la vida laboralmente poco productiva. Es por eso que dicho derecho mínimo de la seguridad social no puede ser coartado, y a pesar de existir límites al monto de la prestación como se establece en los artículos 26, numeral 3 y 67, inciso b), del convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la legislación nacional no establece dichos montos. Criterio jurisprudencial que resulta obligatorio para este Juzgado, en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . En el caso, la parte quejosa reclama el segundo o ulterior acto de aplicación, de los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante Decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, cuyo origen se encuentra demostrado con el oficio OP/DG/1866/19 de diez de julio de dos mil diecinueve y la materialización de su ulterior acto de aplicación está demostrada con los comprobantes de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de pensión mensual por jubilación y otros, a cargo de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el cual se advierte que al total de su pensión mensual, se le hace una deducción (202 FDO. DE PENSIONES), que se traduce, en un descuento del nueve por ciento (9%) a su pensión mensual por jubilación, en donde la autoridad responsable aplica los artículos 6º, fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que como anteriormente se señaló, ya han sido declarados inconstitucionales e inconvencionales. Bajo ese contexto, toda vez que las autoridades responsables, en el pago mensual de la pensión por jubilación correspondiente al mes de octubre de dos mil diecinueve y septiembre de dos mil veintiuno, aplicó en perjuicio de la parte quejosa los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, violatorios de los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual nuestro Estado Nación forma parte, y del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así declarado jurisprudencialmente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los efectos siguientes: 1.- Para que no se le aplique en el presente y en lo futuro, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el 28 de enero de dos mil doce. 2.- Para que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en esta ciudad, suspenda los descuentos para enterar al fondo de pensiones, realizados a la pensión por jubilación que corresponde a la quejosa. 3.- Reintegre a la parte quejosa, en una sola exhibición, los descuentos realizados por ese concepto. (..) De ahí que, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa precisados en el considerando que antecede conlleva a CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado que obliga a la autoridad responsable a respetar el derecho humano vulnerado. Efectos de la concesión del amparo. A fin de restituir al solicitante del amparo en el goce de sus derechos, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1.- De inmediato, deberá suspender el descuento aplicado a la pensión por jubilación de la parte quejosa, con base en los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales. 2.- Reintegre al quejoso, en una sola exhibición, las cantidades que descontó del pago de dicha pensión con motivo de la aplicación de los preceptos aludidos, correspondiente al mes de octubre de dos mil diecinueve así como los posteriores que se hubieren realizado; y ya no se realicen posteriores descuentos, bajo el concepto "202 FDO. D. PENSIONES". Se precisa, que los efectos de la concesión establecida, se determinaron así, toda vez que en la demanda de amparo los descuentos aún no realizados fueron reclamados por la parte quejosa, y por ende, formaron parte de la litis, por lo que de ninguna manera se está variando la misma, ni implica un desequilibrio para las partes, porque se le brindó oportunidad a las autoridades responsables de rendir su informe justificado donde inclusive pudieron combatir el carácter de inminentes los actos reclamados. (.) SEXTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no emitieron su consentimiento para la publicación de sus datos confidenciales; una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ...por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables y para los efectos descritos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando sexto de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)

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