Maria de la Luz Nicolas

Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
593/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Maria de la Luz Nicolas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHADA Vista la primer certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. ARCHIVO SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. DESTINO Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 593/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSA María de la Luz Nicolás, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS Autoridades responsables Actos reclamados 1. Encargado del Despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. - El artículo 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo y 57, 15 último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, en relación con el artículo 12, fracción I, inciso a), y párrafo segundo, fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. - La ejecución de tal determinación mediante la retención del pago de su pensión por viudez otorgada por el ISSSTE; deducción que se viene aplicando de manera mensual y de forma sucesiva en el pago de la pensión que le corresponde. - La omisión de entregarle la concesión de pensión por viudez y credencial de pensionada. 2. Encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. - La negativa de pagar la pensión por viudez con motivo de la aplicación de los preceptos legales antes señalados. 3. Congreso de la Unión. - La iniciativa, discusión, aprobación y expedición de los artículos 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo y 57, 15 último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007. 4. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos - La promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, en específico los artículos 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo y 57, 15 último párrafo. - La expedición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente el contenido del artículo 12, fracción I, inciso a), y párrafo segundo, fracción II, inciso c). DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 123 apartado B, fracción XI, inciso a) Constitucional. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE AMPARO, consistente en que la parte promovente no agotó el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA por lo que debe DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO El numeral citado, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)." El precepto transcrito regula el principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos contra los cuales procede el amparo, siempre y cuando no sean reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, con el que el afectado pueda obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales -a través del recurso ordinario-, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Principio que responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Lo cual significa que, si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente; entre otros, cuando se reclama la constitucionalidad de leyes (con motivo de su primer acto de aplicación); se proponen en exclusiva, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. En el caso, el acto que en esencia se reclama es: - La negativa de pagarle la pensión por viudez, así como la retención del pago de su pensión por viudez y por ende, la aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales. Cabe precisar que de los antecedentes narrados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, la quejosa hace valer la aplicación de esos preceptos con motivo de la llamada telefónica recibida el ocho de junio de dos mil veintitrés, en la que fue informada que su pensión había sido suspendida por incompatibilidad con su actual trabajo, ya que cotiza para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al desempeñarse como trabajadora activa del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Asimismo, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, los actos aquí reclamados derivan de la ampliación que hizo valer la quejosa en el diverso juicio de amparo 424/2023 del índice de este Juzgado, en el que reclamó: "AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Titular de la Unidad Jurídica de la Representación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO La omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por escrito el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, para el reconocimiento de su calidad de conyugue supérstite del extinto Alberto Santiago García, para el otorgamiento de una pensión por viudez y en vía de consecuencia la falta de pago de dicha pensión.". Sin que a la fecha de la presente determinación, las autoridades responsables hayan rendido su informe justificado en el citado juicio de amparo. Por ende, con independencia de que a la fecha no se tiene certeza de un acto concreto de aplicación de la negativa que refiere la quejosa para otorgarle su pensión por viudez - a través de una determinación pronunciada por las responsables para sustentar tal negativa y de la que se infiera que se fundamentó en los preceptos que tilda de inconstitucionales-; se concluye que previo a instar el juicio de amparo, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita; preceptos legales que establecen lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". De la transcripción que antecede se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, con la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que el acto de negativa de pensión que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. ... Igualmente, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Sin que de la demanda de amparo, se advierta que la quejosa se ubique en alguna excepción al principio de definitividad -en materia administrativa-. Es así, pues si bien se puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; ello solo acontece, cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna; como sucede en el caso. Tampoco se advierte que el acto reclamado carezca de absoluta fundamentación y motivación, pues se reitera, la quejosa hace valer la aplicación del acto con motivo de la llamada telefónica que recibió el ocho de junio de dos mil veintitrés, por lo que a la fecha no se tiene certeza de la emisión por escrito de la negativa que reclama. De modo que no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para la quejosa obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatorio de derechos fundamentales, a través del juicio de nulidad, que al presentarlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso. Con base en todo lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. ... En virtud de la actualización de la aludida causal de improcedencia analizada; por lo que hace a la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, se imposibilita a este juzgador abordar su análisis, ya que al ser improcedente el acto de aplicación impugnado, resulta innecesario analizar la constitucionalidad de tales preceptos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, deducida del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, página 235, con registro digital 191311, de rubro y contenido siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. AUTORIZADOS En atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Otilio Bautista López, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, por autorizados únicamente en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a las personas restantes que indica, por así solicitarlo expresamente. USUARIO PARA CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se localizó al usuario BAULOPDAG, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente la consulta del expediente electrónico de este asunto. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente, previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema. En atención a lo anterior, únicamente se toma nota del domicilio convencional que señalada para oír y recibir notificaciones, solo para el caso de que no se puedan realizar las notificaciones vía electrónica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita la parte promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, u otros dispositivos electrónicos semejantes, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .... PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

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