María de la Luz Díaz Alonso
Expediente 802/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de la Luz Díaz Alonso
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acuse recibo de incompetencia. Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, por medio del cual acusa recibo del diverso 22932/2022, mediante el cual se le remitió el juicio de amparo 802/2022, en razón de que este juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María de la Luz Díaz Alonso, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, quien conoce actualmente del presente asunto, se determina que este cuadernillo es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 802/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por María de la Luz Díaz Alonso, por propio derecho, de acuerdo con el análisis integral del escrito inicial, se advierte que reclama lo siguiente: Del Juez Civil de Primera Instancia en Sahuayo, Michoacán, la violación a su garantía de audiencia y defensa dentro del juicio ejecutivo mercantil 966/2002, en el que se dictó sentencia definitiva el veintiocho de noviembre de dos mil tres, condenando al demandado Luciano Sánchez Álvarez, al pago de las prestaciones reclamadas, derivado de ello se remató la finca ubicada en la calle Ignacio Bernal número cuatro mil trescientos sesenta y cuatro, en la colonia Rancho Nuevo, Municipio de Guadalajara, Jalisco, respecto de la que refiere es propietaria la quejosa de un 50% en razón de que es esposa del demandado, con lo que se afectó el derecho su propiedad y posesión sobre dicho inmueble, lo cual ocurrió el veinticinco de febrero de dos mil cinco, que derivó en la adjudicación del inmueble en favor de la actora María Guadalupe Castillo Gudiño, en el juicio mercantil de origen Así como el remate y adjudicación en favor de María Guadalupe Castillo Gudiño, sobre la aludida finca, ocurrida el veinticinco de febrero de dos mil cinco, dentro del juicio ejecutivo mercantil 966/2002, en el cual no es parte la aquí quejosa. De los antecedentes bajo protesta, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil tres, el Juez Civil de Primera Instancia en Sahuayo, Michoacán, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 966/2002, dictó sentencia condenatoria en contra de Luciano Sánchez Álvarez. En fecha veinticinco de febrero de dos mil cinco, la autoridad responsable llevó a cabo el remate y adjudicación de la finca ubicada en la calle Ignacio Bernal número cuatro mil trescientos sesenta y cuatro, en la colonia Rancho Nuevo, Municipio de Guadalajara, Jalisco, con lo que refiere se le afecta su derecho de posesión y propiedad, atendiendo a que refiere es propietaria de un 50% en razón de que es esposa del demandado y, no tiene ninguna relación contractual con María Guadalupe Castillo Gudiño. Que con fecha doce de noviembre de dos mil diez María Guadalupe Castillo Gudiño, por medio de su apoderado legal el señor Joaquín Ángel Torres Esparza, vendió dicho inmueble a Jorge De la Cruz Medina, quien adquirió la finca multicitada para la sociedad legal que tiene instaurada con su esposa María Guadalupe Romo Manríquez, con garantía hipotecaria. Antecedentes de los que se advierte que la aquí quejosa acude en cuanto tercero extraña, por no ser parte en la contienda mercantil de la que derivó el remate y adjudicación que reclama en esta instancia constitucional. SE DECLARA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Se estima que esta Juzgadora carece de competencia por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo); así, fija tres reglas generales para definir la competencia. La primera, establece que será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En la segunda, delimita la competencia a favor del juez Federal ante el cual se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa en otro. La tercera, define la competencia a favor del juez constitucional ante el cual se presente la demanda, si se actualiza la particularidad de que el acto reclamado no requiere de ejecución material. Ahora bien, lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige ejecución; en tanto que, lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Precisado lo anterior, se reitera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, atendiendo a que la audiencia de remate y adjudicación fueron ejecutados en Sahuayo y en Jiquilpan, Michoacán -que son los lugares, el primero, donde se tramitó el juicio ejecutivo mercantil 966/2002 en el cual se llevó a cabo la audiencia de remate y, en el segundo, donde se materializó la expedición de la escritura del bien inmueble adjudicado a María Guadalupe Castillo Gudiño-; municipios que no pertenece aquellos en los que ejerce jurisdicción esta Juzgadora Federal, ello en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...]XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. De modo que debe ser un Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, que ejerce jurisdicción en Sahuayo y Jiquilpan, el que conozca del presente juicio. Sin que obste el hecho de que la demanda se encuentre dirigida al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Michoacán de Ocampo de manera genérica, sin embargo, del contenido íntegro no se advierte que haya señalado como responsable alguna autoridad con residencia en esta ciudad de Morelia, pues la única que precisó como responsable es el Juez Civil de Primera Instancia en Sahuayo, Michoacán, de lo que resulta evidente que la ejecución de los acto que reclama -audiencia de remate y adjudicación del bien- se materializaron en Sahuayo y Jiquilpan. Lo que además se corrobora con lo precisado en los antecedentes del acto reclamado, así como con la copia cotejada de la escritura pública número siete mil doscientos ochenta y cinco, que adjunta como documental a su escrito de demanda, de la que textualmente se advierte: "(.) En la ciudad de Jiquilpan de Juárez, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 12:00 horas del día 14 catorce de octubre del año 2005, dos mil cinco, ante Mi Licenciado Enrique Gudiño Magaña, Notario Público número nueve del Estado, COMPARECE: La C. MARÍA GUADALUPE CASTILLO GUDIÑO, en su calidad de Adjudicataria, y teniendo a la vista las actuaciones conducentes del Juicio Ejecutivo Mercantil número 966/2002, sobre el pago de pesos y otras prestaciones, promovido por el señor LIC. JULIO ÁLVARO RAMÍREZ SÁNCHEZ Y/O JOSÉ MARÍA CONTRERAS RUAN, EN CUANTO ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE CASTILLO GUDIÑO, frente al señor LUCIANO SÁNCHEZ ÁLVAREZ, procedí en cumplimiento del acuerdo de fecha 19 de agosto del 2005 dos mil cinco, a elaborar la escritura antes mencionada, procedo a otorgar el Título de Propiedad ordenado en autos, de acuerdo a los siguientes Antecedentes y Cláusulas: (.) CLÁUSULAS PRIMERA.- Es de adjudicarse y se adjudica en favor de la señora MARÍA GUADALUPE CASTILLO GUDIÑO, la totlaidad de la Finca Urbana, dedicada a casa habitación con el número 4364 de la calle Ignacio Bernal, Colonia Rancho Nuevo del Sector Hidalgo, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, construida sobre el lote 14 y manzana número 021, zona 03-A del ejido Atemajac del Valle, la cual tiene una extensión superficial de 88.00 M2 (.)" Por lo que, de lo reclamado no se advierta la ejecución de algún acto en alguno de los distritos judiciales en los que ejerce jurisdicción está juzgadora que den competencia. No se inadvierte por parte de esta juzgadora que el inmueble materia de la adjudicación se ubica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sin embargo, atendiendo a los actos reclamados -remate y adjudicación- y que precisa como responsable únicamente al juez natural, es que, a consideración de esta, con base en la información obtenida del escrito de demanda y de sus anexos, se declina la competencia a un Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan. En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. Tienen aplicación a lo anterior los siguientes criterios de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA EJECUCION DE UNA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO HIPOTECARIO, CUANDO ALGUNOS ACTOS PROCESALES ENCAMINADOS A DICHA EJECUCION YA SE HAN EJECUTADO Y SE ENCUENTRAN PENDIENTES EL OTORGAMIENTO Y LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE ADJUDICACION. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR EN QUE ESTOS ACTOS TENDRAN QUE EJECUTARSE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si la sentencia definitiva reclamada, pronunciada en un juicio especial hipotecario, ya empezó a ejecutarse dentro de la jurisdicción de un Juez de Distrito mediante las órdenes de remate y adjudicación del inmueble, los actos procesales reclamados que aún no se han ejecutado, pero tendrán que ejecutarse, consistentes en el otorgamiento y firma de la escritura relativa, los cuales forman parte de la controversia objeto de dicho juicio hipotecario, en el que precisamente se dictó la sentencia indicada, no tienen el carácter de autónomos, por lo que debe atenderse a la primera de las reglas contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados que requieren ejecución material, tendrán que llevarse al cabo por el Juez natural, el cual reside dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito en la que se ha iniciado la ejecución de la sentencia referida, y se llevarán al cabo materialmente los restantes actos reclamados que aún no se han ejecutado." "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Remítanse los presentes autos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copias simples de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, tampoco en la hipótesis del artículo 126, ambos de la ley de la materia; esto es, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa fue omisa en señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en tales condiciones, de conformidad al artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale domicilio correcto para tal efecto. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, pagina 238, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." No obstante lo anterior, por única ocasión y al tratarse del primer auto emitido dentro del juicio, se comisiona al actuario judicial adscrito para que comunique a la parte quejosa, el contenido íntegro del presente proveído, a través del correo electrónico romeroharo@yahoo.com, mismo que deberá confirmar al número telefónico 33 27 06 49 73. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Romero Haro, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a Ruth María Guevara Becerra, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico romeroharo@yahoo.com, así como el número telefónico 33 27 06 49 73, para efecto de establecer comunicación; sin que haya lugar a tenerlo señalando el referido correo o teléfono, pues no son medios autorizados por la Ley de Amparo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese a la parte quejosa mediante lista que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y por única ocasión por medio de correo electrónico. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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