María Cristina Vega Núñez

Expediente 133/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
133/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán.
  • María Cristina Vega Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Autoridad hace manifestaciones. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Coordinadora de la Oficina del Secretario de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, con sede en esta ciudad, mediante el cual, aduce dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo, respecto a la multa impuesta a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán y al Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán; lo que acredita con las constancias que anexa a su oficio de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y se negó la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. III. Se ordena hacer efectiva multa. Finalmente, conforme a lo ordenado en sentencia de once de mayo de dos mil dieciocho, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a fin de hacer efectiva la multa a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y al Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán, ambos con sede en esta ciudad; toda vez que, no rindieron su respectivo informe justificado en tiempo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena hacer efectiva la multa por la cantidad de $8,836.00 (ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), a cada uno de ellos, que corresponde a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurra en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario mínimo, multa que se hará efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a quien se comunicará esta resolución al causar ejecutoria, en el entendido que deberá recabar dicha multa de las personas que desempeñaban los cargos mencionados el día en el cual se le notificó la petición del informe; asimismo, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que dé a la presente determinación. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 133/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6), por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 133/2018 (fojas 12 a 15). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, y modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán Pretender aplicar una Ley de manera retroactiva y obligarla a obtener un permiso para la instalación de un anuncio ya existente, con amenaza de que retirarán el anuncio ya existente y además se le aplicarán sanciones económicas. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán (foja 34); toda vez que al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyó y la parte quejosa no exhibió prueba idónea para desvirtuar esa negativa. Además, cabe decir que para que se actualice el presente acto reclamado (retroactividad de ley) debe existir previamente facultad legal de la autoridad responsable de aplicar determinada ley. Por tanto, el hecho que el Ayuntamiento de Morelia, cuente con determinadas facultades para aplicar el Reglamento de Anuncios Publicitarios del Municipio de Morelia, Michoacán, lo cierto es que no se encuentra obligada a actuar en el sentido establecido por la parte peticionaria de amparo, ya que como lo manifiesta la citada autoridad responsable en su informe justificado, en sesión ordinaria de cabildo celebrada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dentro del quinto punto del orden del día, el Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil, delegó al Director de Orden Urbano de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e infraestructura, los tramites de licencias de anuncios publicitarios, lo cual se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Sexta Sesión, Tomo CLXIV, número 17, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis; de ahí que el acto reclamado al Ayuntamiento de Morelia, deviene inexistente. Así, ante la ausencia de la obligación jurídica de actuar de la aludida autoridad responsable en la forma en que la quejosa indica, es que el acto debe calificarse de inexistentes en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la autoridad indicada en este considerando. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán, fueron omisos en rendir el informe justificado solicitado, no obstante encontrarse debidamente notificados para ello, como consta de los acuses de recibo que obra a fojas 45 y 47 de autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se analizan las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, sea que las partes las invoquen o este órgano de control constitucional las advierta de oficio y cuyo estudio es preferente por ser de orden público, conforme lo dispuesto en el párrafo último del artículo 62, de la Ley de Amparo. El Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, manifiestan que resulta improcedente el presente juicio de amparo, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en orden a que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico o legítimo, pues no cuenta con la licencia municipal o permiso expedido por la autoridad competente para la colocación del anunció ubicado en la Al respecto, no debe soslayarse que la parte quejosa reclama el pretender aplicar una Ley de manera retroactiva y obligarla a obtener un permiso para la instalación de un anuncio ya existente, con amenaza de que retirarán el anuncio ya existente y además se le aplicarán sanciones económicas. En efecto, para acreditar su interés jurídico, la quejosa ofreció: Copia certificada ante Notario Público, Número , en el Estado de Michoacán, de la licencia de funcionamiento, género "B", folio , giro con domicilio en ; expedida por el Ayuntamiento de Morelia (foja 7). Constancia de situación fiscal a nombre de , del Servicios de Administración Tributaria (foja 8 a 10. Formato de solicitud de licencia de anuncios, expedido por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura (foja 11). Elementos de prueba que resulta eficaces para el fin pretendido, dado que se demuestra el permiso que tiene para el funcionamiento de su negocio y dada la omisión de las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán, y la presunción de certeza de los actos, se entiende que existe dicho acto reclamado. Por tanto, si de lo que se duele la parte quejosa es precisamente de que se le pretende quitar un anunció ya existencia de su negocio, con motivo de la aplicación de una ley que le es aplicada de manera irretroactiva, es inconcuso que dicha actuación sí afecta su esfera de derechos y, por ende, cuenta con el interés legítimo y jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo. Es así, ya que el argumento de que no contaba con licencia de un anuncio, pese a que ella tiene una licencia que le permitía tenerlo, por lo que un aspecto de la materia de la litis en el juicio, es precisamente analizar si efectivamente la licencia con la que cuenta la quejosa le ampara el anuncio comercial que tiene colocado y si la normatividad que se le pretende aplicar, viola el principio de irretroactividad de la Ley, de ahí que, de tener por actualizada la causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, haría nugatorio el derecho de la promovente del amparo para combatir la determinación que estima le causa perjuicio, y siendo ello así, resulta infundada la causa de improcedencia en estudio. Luego, al no existir otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni alguna otra que este juzgador advierta de oficio, procede analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados por lo siguiente: En principio, cabe destacar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la aplicación de una Ley de manera retroactiva y obligarla a obtener un permiso para la instalación de un anuncio ya existente en su negocio de llantas, venta y servicios, ubicado e, con amenaza de que retirarán el anuncio ya existente y además se le aplicarán sanciones económicas; cuando ella cuenta con una licencia que cuando se expidió incluía los permisos de anuncios, por lo que no tiene que tramitar alguna otra licencia. Luego, conviene señalar que de la interpretación armónica del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el principio de irretroactividad de la ley, se colige que una norma transgrede éste cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una disposición anterior. Ante todo, resulta pertinente establecer que conforme lo dispone el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la naturaleza de una norma reglamentaria municipal [como en el caso el Reglamento de Anuncios Publicitarios del Municipio de Morelia, Michoacán, y Reglamento de Construcción y de los Servicios Urbanos para el Municipio de Morelia] tiene la característica de una disposición general, toda vez que contiene determinaciones creadoras de situaciones de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria. Así como que el órgano facultado para emitir tales determinaciones es el Ayuntamiento encargado de sentar "las bases generales de la administración pública municipal", que comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio, de su administración pública, así como la regulación de los aspectos de las funciones, comercio y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado. Son cuerpos normativos que reglamentan sobre aspectos relacionados con la actividad del comercio y operación de servicios al público en general, cuya existencia obedece a la necesidad de regular tales actos en beneficio de la colectividad y para que se preserve el orden público. Tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. Para precisar la extensión normativa legítima de cada una de las fuentes normativas contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación de aspectos generales en las leyes estatales en materia municipal debe tener por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que requieran dicha uniformidad; 2. Debe tomarse en cuenta que la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza una facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo; 3. Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones específicas de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último, pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener, en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno, administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a cuestiones específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es, las encargadas de sentar "las bases generales de la administración pública municipal", comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado. Por su parte, el artículo 13 del Reglamento de Anuncios Publicitarios Vigente en el Municipio de Morelia, Michoacán, dispone: "Artículo 13. Los anuncios visibles desde la vía pública deberán contar con la autorización, sea Licencia o Permiso que se requiera según el presente Reglamento, y todos deben cumplir además con cualquier otra disposición que exijan otros ordenamientos legales aplicables. El contenido de los anuncios debe ajustarse a los siguientes lineamientos: (.)". El precepto transcrito prevé la obligatoriedad para la ciudadanía del Estado, en el sentido de que los anuncios visibles desde la vía pública deberán contar con autorización, ya sea licencia o permiso respectivo, acorde a lo que prevé la aludida norma. Por tanto, como ya se dijo, la aplicación retroactiva de la ley, prohibida por el artículo 14 constitucional, emerge cuando una norma jurídica modifica o afecta situaciones jurídicas concretas o derechos de los gobernados, producidas las primeras o adquiridos los segundos, bajo la vigencia de una ley anterior. Así, cuando el particular reclama que le fue aplicada retroactivamente una ley, en contravención al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque alega que indebidamente se le requirió la licencia correspondiente, debe justificarlo con un derecho o bien jurídico preexistente vulnerado por aquella legislación secundaria, pues para la procedencia del juicio de garantías se requiere la exteriorización objetiva de la voluntad administrativa de las actividades de su competencia. De ahí que la realización de la actividad, reglamentada o no, al margen de la declaración de voluntad de la autoridad administrativa, no puede ni debe ser objeto de tutela jurisdiccional por la inexistencia del acto administrativo implícito. Sentado todo lo anterior, contrario a lo que aduce la quejosa, el hecho de que al momento que le fue otorgada la licencia de funcionamiento de su negocio le hayan otorgado permiso para poner su anuncio, o en el caso que no se necesitara permiso para dicho anunció en esa época, no se afectan derechos adquiridos, como erróneamente lo plantea; debido a que ésta no cuenta con una prerrogativa absoluta e indefinida; pues de las constancias que obran en autos no se aprecia que la parte quejosa haya obtenido una licencia indefinida. Incluso la misma quejosa, en su demanda de amparo, reconoce que cada año revalida dicha licencia. Bajo tal perspectiva, debe añadirse que los derechos de un particular no pueden ni deben entrar en conflicto con los intereses de la comunidad, es decir, no hay derechos adquiridos en temas de interés social y comunitario que siempre son susceptibles de enriquecerse y generar normas reglamentarias prohibitivas de orden público, con el fin de garantizar las máximas condiciones de seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de la actividad privada regulada por el municipio, en cuyo caso, como quedó apuntado, el Ayuntamiento tiene la facultad de introducir normas, o bien, reformar o derogar las existentes de acuerdo con las necesidades sociales. Por lo que el ejercicio de dicha atribución no viola el derecho fundamental de irretroactividad de la ley contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los diversos principios que cita la parte quejosa, porque el particular no tiene un derecho previamente adquirido que le permita mantener perpetuamente su actividad conforme al régimen vigente en determinada época, sino que debe ajustarse en cada momento a los lineamientos fijados por el orden jurídico. De ahí que, la licencia municipal se encuentra vinculada a la legislación relativa, que se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público y, porque, precisamente, por esa dinámica administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del particular a quien se le otorgó la licencia de mérito. Luego, en la medida de que la licencia para operar una actividad no se otorgó de manera absoluta e ilimitada a la parte quejosa, sino que se encuentra sujeta al marco regulatorio local, así como a las disposiciones municipales relativas, entonces, no transgrede el derecho de no retroactividad como erróneamente lo plantea la inconforme; merced a que no hay derechos adquiridos en temas de interés social y comunitario que siempre son susceptibles de enriquecerse y generar normas prohibitivas de orden público. Tiene sustento a lo expuesto, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. LAS MODIFICACIONES A SUS CLÁUSULAS REGULATORIAS EN VIRTUD DE REFORMAS A LA LEGISLACIÓN RELATIVA, AL NO AFECTAR DERECHOS ADQUIRIDOS DEL CONCESIONARIO NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. La concesión constituye un acto jurídico administrativo mixto por contener cláusulas de orden contractual y otras de naturaleza regulatoria. En las primeras se materializan las ventajas económicas a favor del concesionario y en virtud de ello, el Estado no podrá variarlas sin concurrir la voluntad de aquél, porque podría afectar su esfera jurídica y patrimonio. Por su parte, las cláusulas regulatorias consisten en las estipulaciones que determinan las condiciones de la concesión y se encuentran vinculadas al marco legal que regula los términos generales de las concesiones a los que deberán sujetarse los concesionarios y los cuales podrá modificar el Estado, atendiendo a decisiones que importen intereses de la colectividad, de manera que cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de las condiciones reglamentarias del título de concesión, sin que para ello sea necesario el consentimiento del gobernado, porque sería tanto como pretender convenir con éste, reformas a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos respectivos, lo cual es jurídicamente inadmisible. En esa tesitura, cuando el estado modifica condiciones generales regulatorias de los títulos de concesión, a través de reformas legislativas o reglamentarias, derivadas de decisiones que importen el interés público, no se afectan derechos adquiridos del concesionario, por tres razones fundamentales: la primera porque éstas se encuentran vinculadas a la legislación relativa, que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; la segunda, porque dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público y la tercera, porque precisamente por esa dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario. Así, en virtud de que las cláusulas regulatorias del título de concesión no crean derechos adquiridos, las modificaciones que éstas sufran en razón de reformas constitucionales, legales o reglamentarias, no violan el principio de retroactividad a que se refiere el artículo 14 constitucional. Asimismo, tiene sustento a lo expuesto, por analogía, el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. LA INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR DE NORMAS QUE GARANTICEN LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA REGULADA POR EL ESTADO O LA REFORMA O DEROGACIÓN DE LAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES SOCIALES, NO VIOLA DICHA GARANTÍA. Con el fin de garantizar las máximas condiciones de seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de la actividad privada regulada por el Estado, el legislador tiene la facultad de introducir normas, o bien, reformar o derogar las existentes de acuerdo con las necesidades sociales, por lo que el ejercicio de dicha atribución no viola la garantía de irretroactividad de la ley contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el particular no tiene un derecho previamente adquirido que le permita mantener perpetuamente su actividad conforme al régimen vigente en determinada época, sino que debe ajustarse en cada momento a los lineamientos fijados por el orden jurídico. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por SÉPTIMO. Multa a las autoridades responsables. Como la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán, no rindieron su informe justificado, a pesar de haber sido notificadas para tal efecto, como se desprende de la constancia de notificación que obra a fojas 45 y 47 de autos, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, procede imponerle a las referidas autoridades responsables, multa por la cantidad de $8836.00 (ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) a cada una de ellas, que corresponden a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurran en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario mínimo, multa que se hará efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", a quien se comunicará esta resolución al causar ejecutoria, en el entendido que deberá recabar dicha multa de las personas que desempeñaban el cargo mencionado el día en el cual se les notificó la petición del informe; asimismo, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que dé a la presente determinación. OCTAVO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. NOVENO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, respecto del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a , contra el acto reclamado a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán; por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Por los motivos expuestos en el considerando séptimo, se impone a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán, multa por $8836.00 (ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) a cada una de ellas, que corresponden a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, para lo cual, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", residente en esta ciudad, para que la haga efectiva. CUARTO. En términos de lo previsto en el considerando octavo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCIA ARMAS, hasta el día de hoy once de mayo de dos mil dieciocho, ante la secretaria Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a quejoso y autorizados sentencia con engrose de once de mayo de dos mil dieciocho que en síntesis refiere: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, respecto del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a , contra el acto reclamado a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán; por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Por los motivos expuestos en el considerando séptimo, se impone a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia, Michoacán; y Departamento de Anuncios de Morelia, Michoacán, multa por $8836.00 (ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) a cada una de ellas, que corresponden a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, para lo cual, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", residente en esta ciudad, para que la haga efectiva. CUARTO. En términos de lo previsto en el considerando octavo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCIA ARMAS, hasta el día de hoy once de mayo de dos mil dieciocho, ante la secretaria Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe.

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