María de la Luz Guzmán Vega
Expediente 738/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de la Luz Guzmán Vega
- Brigida Mercado García y Otros.
- Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Recepción de ejecutoria. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la queja 134/2022, a través de la cual se declaró infundado dicho medio de impugnación, interpuesto en contra del auto que desechó la demanda promovida por María de la Luz Guzmán Vega, Brigida Mercado García, Daniela Villegas Guzmán y Celso de Jesús Guzmán; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de cuenta y acúsese el recibo correspondiente. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal colegiado acusa recibo y admite queja. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso comunicado 22636/2022; asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por José Martín Ramos Ruiz, autorizado de la parte quejosa, contra el auto de siete de julio de dos mil veintidós en que se desechó la demanda de amparo en el presente juicio, dando origen al expediente 134/2022 de su índice; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Agréguese a los autos el ocurso presentado por José Martín Ramos Ruiz en cuanto autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de siete de julio de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la recurrente y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 738/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, presentada la demanda el Juez está obligado a estudiarla para determinar si procede a formular alguna prevención, admitirla a trámite o desecharla de plano. Ciertamente, las normas en comento prevén la posibilidad de desechar la demanda cuando de su análisis aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiendo por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción del hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si bien los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales, toda vez que los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, también contribuyen a la seguridad jurídica de los gobernados. Por ello, el desechamiento de la demanda de amparo no implica denegar justicia, pues cuando el juzgador se funda en motivos de improcedencia previstos en la norma, está impartiendo justicia, con independencia del sentido de la resolución, dado que se está pronunciando sobre la acción, diciendo el derecho, lo cual permite que impere el orden jurídico. Empero, de existir indecisión en torno al motivo de improcedencia, o de ser necesario invocar argumentos que impliquen análisis de fondo o interpretación de normas; o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada, pues de hacerlo, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio, lo cual, sería contrario al principio de legalidad. En ese sentido, al proveer sobre la demanda el Juez de Amparo está en aptitud de verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no, así como el tipo de afectación para determinar si cuenta con interés legítimo o interés simple. En el caso, de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: María de la Luz Guzmán Vega, Brigida Mercado García, Daniela Villegas Guzmán y Celso de Jesús Guzmán, en cuanto ciudadanos libres de la comunidad Crescencio Morales, perteneciente al Municipio de Zitácuaro, Michoacán, contra actos del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, Directora del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, los dos últimos con residencia en esta ciudad, consistentes en: "Del Ayuntamiento de Zitácuaro: I. La indebida citación, ejecución y desarrollo de la tercera sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós. II. Indebida fundamentación y motivación de la aprobación del punto de acuerdo 04 cuatro, relativo al análisis y en su caso aprobación del reconocimiento de resultado de la asamblea celebrada en la tenencia de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. III. Los efectos legales que de tal emisión y otorgamiento se deriven. De la Directora del Periódico Oficial: I. La indebida publicación de la séptima sección en el Periódico Oficial, en donde se publica el reconocimiento del resultado de la asamblea celebrada en Crescencio Morales, y el acta constitutiva del Consejo de Administración de la Comunidad de Crescencio Morales. Del Secretario de Administración y Finanzas: I. La entrega y/o transferencia de los recursos públicos municipales a la tenencia de Crescencio Morales, Michoacán. II. Los efectos que de tal entrega y/o transferencia pudieran derivar." Como antecedentes de dicho acto narran, bajo protesta de decir verdad los siguientes: "PRIMERO. Que el pasado 28 veintiocho de octubre del 2021, la comunidad indígena de Crescencio Morales llevó a cabo la denominada consulta previa libre e informada, mediante la cual acordaron su autogobierno, así como el ejercicio directo de su presupuesto. SEGUNDO. Que el pasado 19 diecinueve de enero del presente año, el Ayuntamiento de Zitácuaro, mediante su sesión extraordinaria de cabildo aprobó el punto de acuerdo cuatro mediante el cual reconoce la validez de la consulta celebrada en la comunidad de Crescencio Morales el pasado 28 veintiocho de octubre del 2021. TERCERO. Que el pasado 1° de marzo del presente año, se publicó en la séptima sección del Periódico Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Acuerdo mediante el cual se reconoce la validez de la consulta realizada en la comunidad de Crescencio Morales, así como el Acta Constitutiva del Consejo de Autogobierno de la comunidad de Crescencio Morales. CUARTO. Que el pasado 31 treinta y uno de mayo del presente año, se realizaron transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a personas que no son integrantes del Ayuntamiento, siendo estas personas que se ostentan como supuestas autoridades de la comunidad de Crescencio Morales. QUINTO. Que bajo protesta de decir verdad manifestamos que el pasado 1 uno de julio del año en curso nos enteramos de los manifestado en el HECHO anterior." En el capítulo relativo a los conceptos de violación, aducen en esencia que el acuerdo que se aprobó en la sesión extraordinaria de cabildo el diecinueve de enero del año en curso, tiene implicaciones presupuestales y administrativas, ya que, con el supuesto reconocimiento de la consulta, se acepta que las arcas municipales se vean afectadas, en detrimento del gasto público previamente presupuestado en la Ley de Egresos respectiva, así como de cara a los futuros ejercicios fiscales que sobrevengan; señala además que el punto de acuerdo no determina de manera alguna el monto al que asciende o ascenderá el presupuesto a ejercer por parte de la comunidad de Crescencio Morales. Si bien es cierto que hace referencia solamente a la locución "al número de habitantes que le corresponden", sin mencionar si será una cantidad por cada habitante, si será de manera proporcional, qué partidas presupuestales serán afectadas, a partir de qué momento, etcétera. Continúa señalando que la disposición de recursos públicos para las personas que se ostentan como autoridades tradicionales, no observan los principios del derecho fiscal y tributario, por lo que consideran que el otorgamiento del presupuesto directo afecta sus derechos -de los quejosos- a acceder a servicios públicos de calidad-; lo consideran así en atención a que los servicios públicos son la parte visible de la administración pública municipal, a partir de las necesidades colectivas, toda vez que la prestación de los servicios públicos es una obligación de los municipios en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, lo cual debe ser de una manera uniforme a todos los usuarios sin discriminación alguna. Pues bien, del análisis integral de la demanda la suscrita juzgadora advierte que los quejosos no son titulares de un interés legítimo, sino de un interés simple, que de conformidad con los artículos 5º, fracción I, párrafo segundo, en relación con la fracción XII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, tornan improcedente la acción constitucional impetrada. En efecto, de conformidad con contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el Tribunal Pleno de la Nación definió el alcance del interés legítimo frente al interés simple, estableciendo esencialmente la distinción siguiente: El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, situación comúnmente identificada con las denominadas "acciones populares"; es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de forma tal que la anulación de acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo se requiérela existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Los anteriores razonamientos derivan de la siguiente jurisprudencia: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. También es importante destacar que como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, el interés que impere acorde con la naturaleza del acto reclamado, la situación particular y pretensión que aduzca la parte quejosa, el interés legítimo puede ser analizado desde el primer auto que recaiga a la presentación de la demanda, con base en la determinación casuística de las posibilidades sobre los perjuicios o privación de beneficios en los núcleos protectores de los derechos humanos. Es así, pues cuando del mero análisis de la demanda y sus anexos se puede advertir que el acto reclamado no perjudica la situación particular, o bien, la afectación que causa otorga solo un interés simple, no uno jurídico o legítimo, entonces resulta ocioso abrir una dilación procesal que, independientemente de los elementos que se alleguen en el sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia del promovente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Con base en el marco normativo y jurisprudencial expuesto, así como el análisis de lo relatado por los quejosos, se aprecia que su situación frente a los actos de autoridad que reclaman, conlleva en forma clara un interés simple que se identifica por el hecho de que los quejosos se manifiestan interesados en que las autoridades del Estado, particularmente las que señala como responsable, lleven a cabo todas las acciones necesarias para que se les presten los servicios públicos, los cuales refieren no pueden ser prestados por un órgano de autogobierno que carece de estructura y reconocimiento legal constitucional. Ciertamente, de la lectura de la demanda de amparo es claramente identificable que los ahora impetrantes de la acción constitucional no comparecen a defender los intereses de la comunidad indígena de Crescencio Morales, pues como se advierte de su propio escrito de demanda acuden al amparo en su calidad de habitantes del municipio al que pertenece dicho Municipio, pues así lo expresan en la demanda al señalar que acuden en cuanto ciudadanos libres. Esto es, lo quejosos no acuden al juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales colectivos de la comunidad, su petición constitucional lo basan en un interés o cuestión personal. Es decir, no se encuentra en una situación identificable, surgida de una relación específica con la pretensión que aducen, consistente en que los órganos de autogobierno no pueden prestar los servicios que corresponden garantizar a las autoridades del Estado, de manera específica a los Ayuntamientos; esto, pues ni siquiera manifestó encontrarse en una circunstancia personal o grupal concreta con la que se identifique su interés se proteja por el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. Dicho en otras palabras, no existe ningún dato objetivo que identifique formalmente el agravio actual, real, jurídicamente relevante y diferenciado que tienen los quejosos y que estos acudan en defensa de los derechos de los integrantes de la comunidad indígena de Crescencio Morales, que es lo que exige el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, en oposición al interés simple que no da lugar a la acción constitucional; pues, más allá de su posición como gobernado y el derecho que le asiste a exigir la actuación de las autoridades del Estado Mexicano, los quejosos no tiene una relación específica con el objeto de la pretensión que aducen. De manera que a partir de lo relatado por los promoventes, se determina que el interés con el que accionan el amparo es simple, sin que ello pueda ser desvirtuado mediante la tramitación del juicio constitucional. Ello pues, para que un interés personal, jurídicamente relevante, pueda traducirse en una posibilidad de conceder el amparo, debe acreditarse la existencia de un beneficio jurídico en favor de los quejosos derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; así, de una evaluación realizada por esta juzgadora, se advierte que del planteamiento formulado por los quejosos, no existe una posibilidad lógica que haga evidente la procedencia de su demanda de amparo, pues no acreditan la existencia de una afectación real sus derechos como ciudadanos libres que habitan en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, y que este se vea afectado por la determinación de un autogobierno por parte de la comunidad indígena de Crescencio Morales, o que alguno de los servicios a los que tiene derecho como habitante se ha visto mermado por la entrega del recurso al órgano de autogobierno. No se soslaya que los quejosos solicitan la suplencia de la queja en términos de la fracción VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, aduciendo que pertenecen a una comunidad indígena, sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para considerar que acuden en representación de la comunidad indígena de Crescencio Morales, pues ellos manifiestan que acuden en cuanto ciudadanos libres que habitan en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, aunado a que de una lectura íntegra al escrito de demanda los formulan con esa calidad de ciudadanos libres no así como representantes de los intereses de la comunidad. Bajo esas directrices, se estima que los quejosos promueven la presente instancia constitucional con interés simple y no legítimo, dado que de conceder el amparo no les traería ningún beneficio, puesto que no se advierte que derivado del auto gobierno y la entrega de los recursos públicos municipales a la tenencia de Crescencio Morales se les haya negado el acceso alguno de los servicios que refieren corresponden garantizar a las autoridades del Estado. Así pues, lo procedente es desechar la demanda al actualizar de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Martín Ramos Ruiz, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos Sergio García Fraga, Vianey Alejandra García Fraga y Carlos Olvera Campos, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado expresamente. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Por otro lado, se establece que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la reproducción electrónica que solicita, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les invita a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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