María de Jesús Diaz Diaz
Expediente 778/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María de Jesús Diaz Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Morelia, Michoacán, trece de agosto de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, del once al quince de agosto de esta anualidad, en términos del oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VI-778/2020, promovido por María de Jesús Díaz Díaz, contra actos del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, María de Jesús Díaz Díaz, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, por el acto consistente en la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, consistente en la condonación de revalidación 2019-2020, de un vehículo de trasporte público. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con la misma con el número de expediente VI-778/2020; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tiene lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto omisivo a una autoridad administrativa con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: ". la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, consistente en la condonación de revalidación 2019-2020, de un vehículo de trasporte público." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. A cuyo efecto remitió copia certificada de diversas constancias, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza del acto reclamado indicado en el apartado anterior, previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo a la luz de los conceptos de violación expresados por la impetrante del amparo, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se considera actualizada, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el presente asunto, la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, consistente en la condonación de revalidación 2019-2020, de un vehículo de trasporte público. En ese tenor, de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su oficio 1230, consistente en copia certificada del oficio de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por la quejosa, misma que le fue notificada el dos de febrero de dos mil veintiuno, de lo que se colige que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado. Ello, al haberse emitido el oficio CCT-DAJ-108/20, de veintidós de enero de este año, en respuesta a la solicitud formulada, mediante el cual se le informa a la quejosa que existe un programa denominado "borrón y cuenta nueva" el cual consiste en pagar solamente el ejercicio fiscal 2021, y se le condona el adeudo 2019-2020, asimismo que dicho programa vencía el treinta de abril del presente año, por lo que se le formuló invitación para que realizara el pago a este ejercicio y se le aplicara el beneficio de dicho programa, respuesta que como ya se dijo fue notificada a la quejosa el dos de febrero del año en curso, por lo que es evidente que se actualiza la citada hipótesis de improcedencia, porque los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, así como las consecuencias jurídicas y de hecho que puedan derivarse han quedado destruidos, lo que dio lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del impetrante, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues, la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ciertamente, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, ha cesado en sus efectos, pues según se advierte de las constancias que obran en el sumario, el veintidós de enero de dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo que da contestación al mismo y cuyo contenido le fue notificado el dos de febrero pasado; de ahí, resulta obvio que, los efectos de las omisiones que se impugnan se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional y, por ende, la omisión reclamada, no puede surtir ningún efecto en agravio de la parte quejosa. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta resolución, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sustenta lo así considerado, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María de Jesús Díaz Díaz, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA MARÍA DE JESÚS DIAZ DÍAZ EL SIGUEINTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la quejosa reclama del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, consistente en la condonación de revalidación 2019-2020, de un vehículo de trasporte público, sin que a la fecha de la presentación de la demanda, se le hubiere dado respuesta a su solicitud; y teniendo en consideración que, de las pruebas documentales que remitió el citado coordinador señalado como responsable, consistente en copia certificada del oficio CCT-DAJ-108/20, se advierte que el veintidós de enero de este año, en respuesta a la solicitud formulada, se dictó un acuerdo mediante el cual se le informa a la quejosa que existe un programa denominado "borrón y cuenta nueva" el cual consiste en pagar solamente el ejercicio fiscal 2021, y se le condona el adeudo 2019-2020, asimismo que dicho programa vence el treinta de abril del presente año, por lo que se le formuló invitación para que realizara el pago a este ejercicio y se le aplicara el beneficio de dicho programa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contados a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste: a) Si es su deseo ampliar el libelo constitucional por lo que ve al oficio número CCT-DA-108/20, suscrito por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, en donde se le dio respuesta a su solicitud de condonación; o bien, b) Si no se pretende ampliar la demanda en torno a la respuesta contenida en dicho acuerdo, por ser en cierto modo favorable y acorde a la petición que le formuló. Bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se seguirá el juicio únicamente por el acto (omisión de dar respuesta a su escrito) y autoridad señalada en el libelo constitucional. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia, cuya sinopsis se transcribe a continuación: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para la hora y fecha antes anotadas y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriz
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