María de Jesús Hernández Castro

Expediente 1976/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1976/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • María de Jesús Hernández Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible el presente expediente, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1976/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. (...) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado La Junta responsable, al rendir su informe de ley, aceptó el acto que se le reclama, sin embargo dicha aceptación se desvirtúa, dado que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el juicio de origen no se encuentra para la emisión de la sentencia definitiva, pues por auto veintisiete de septiembre del año en curso, se ordenó reabrir la instrucción del proceso, al momento de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de recabar diversas pruebas por considerarse necesarias para dictar la resolución correspondiente. Documentales que tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 122 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, debido a que se reclama un acto de naturaleza omisiva, se vuelve imprescindible identificar si existe la obligación jurídica de la responsable de realizar el acto que se le atribuye, pues no cualquier omisión debe tenerse cierta, ya que debe existir obligación objetiva de su parte de obrar en el sentido aducido. Orienta lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número (.) En el caso, debe tenerse por inexistente el acto que se reclama, consistente medularmente en la omisión de dictar sentencia en autos del juicio contencioso administrativo *** del índice de la responsable, ya que de las constancias que obran en autos, se desprende que no existe obligación de parte de la responsable de emitir sentencia, puesto que el juicio de origen no se encuentra en el momento procesal para ello, esto es, el asunto aún no se encuentra en estado de resolución, debido a que se reabrió la instrucción, a fin de que se recaben diversas pruebas. Por tanto, el juicio laboral no se encuentra en el momento procesal para emitir sentencia; de ahí que deba considerarse inexistente el acto reclamado. Ilustra lo expuesto por analogía, la jurisprudencia que se invoca: (.) Así, al resultar inexistente el acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." No obsta para lo hasta aquí determinado, el hecho de que no haya mediado el término de ocho días que prevé el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que aun y que transcurriera el término referido, en nada variaría lo aquí expuesto. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que, de una revisión de las actuaciones que integran el pendiente juicio, no se cuenta con diversas documentales que guardan relación con el acto reclamado, mismas que se consideran necesarias para la resolución del juicio de amparo en el que se actúa. Esto, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 401, Materia Constitucional, Décima Época, marzo de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que, en el término de tres días, contados a partir de la fecha de la notificación del presente acuerdo, exhiba la documentación relacionada con el tratamiento médico relativo al procedimiento llevado a cabo con la tercera interesada ****** efectuado en la clínica de fertilización denominada *****. Asimismo, requiérase al Director del ****, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir de la fecha de la notificación del presente acuerdo remita el expediente clínico y toda la documentación relacionada con el nacimiento de la menor de iniciales ****, nacida el cinco de marzo de dos mil veintidós; se hace especial énfasis, en el documento relativo al certificado de nacimiento con número de folio *****. Se apercibe a la requerida, que de no cumplir con lo anterior, o no comunicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá, por desacato a un mandato de autoridad judicial, una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la misma norma. En virtud de lo antes acordado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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