María Cristina Salas Chi
Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- María Cristina Salas Chi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 10/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ****, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ****, en la que señaló como autoridad responsable al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y otra autoridad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción y se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos u omisiones provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de comenzar el trámite solicitado por la quejosa en el trámite de jubilación, así como el traspaso de cuenta. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado En los informes justificados rendidos por las siguientes autoridades responsables Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) negaron la existencia de las omisiones que se les reclama. Lo anterior se corrobora pues respecto de la primera señaló que de las propias manifestaciones de la quejosa se advertía que la cuenta individual de la quejosa se encuentra activa en otra administradora de manera que carece de facultades para realizar trámites sobre la misma. Incluso destacó que mediante oficio número 170.177.5/554/2022 de veintiuno de octubre de dos mil veintidós -exhibido por la quejosa-, se le informó que derivado de la búsqueda en la base de datos del Fondo, localizó tres cuentas individuales de las cuales dos se encuentra inactivas con saldo. Además se mencionó que el trámite denominado "Expediente de identificación" realizado por la quejosa resultó improcedente en razón de que la cuenta individual con clave única de registro de población (CURP) ***, no se encuentra administrada por el Fondo Nacional de Pensiones y que la cuenta individual la administra Profuturo Afore, sociedad anónima de capital variable. En ese sentido, refiere la autoridad que la quejosa podrá disponer de los recursos de su Cuenta Individual un vez que realice la unificación de sus cuentas inactivas en la Afore que administra sus cuenta activa, en términos de los artículos 258 y 260 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro. Por su parte, la diversa responsable señaló que los trámites que ha realizado la quejosa han sido ante el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) y no así en la Delegación Estatal del ISSSTE en Yucatán, además de que conforme al artículo 4, fracción II, inciso b) del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la primera es un órgano desconcentrado del instituto, quien tiene las facultades previstas en el numeral 65 del ordenamiento antes referido, entre ellas, la de dirigir las actividades técnicas y operativas para administrar las cuentas individuales de los Trabajadores (fracción I). Es por dichas razones por las que la autoridad concluye señalando que cada institución cuenta con autonomía y reglamentación orgánico diferente e independiente, de ahí que no cuenta con atribuciones para resolver la problemática de la quejosa. Derivado de lo anterior, es que juzgador estima que la quejosa no desvirtuó la negativa de las responsables relativa a que existe una omisión de comenzar el trámite por jubilación solicitado por aquella, así como el traspaso de cuenta pues, en efecto como lo señala la autoridad e igualmente la quejosa en sus antecedentes del acto reclamado: "NO ME PUEDO JUBILAR SINO QUE ES, EN EL AFORE PROFUTURO QUE ELLOS SON LOS RESPONSABLES", por lo que no se desvirtúa la negativa de las responsables ni se aprecia que de la presuncional legal y humana se pueda advertir lo contrario. Lo anterior, pues aunque mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés se le corrió traslado con los informes de las responsables a fin de que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, lo cierto que una solicitud de ampliación se tuvo por no presentada, en tanto que la diversa se desechó. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.[...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa ***, con el cual pretende ampliar la demanda de amparo respecto de un nuevo acto que pretende reclamar a las autoridades responsables; sin embargo, no es de admitirse dicha ampliación de la demanda, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Delegación Estatal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, lo siguiente: [...] Por lo que resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se realizó desde un plano de supra a subordinación, por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis del rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", ha señalado que las circunstancias que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del gobernado. Así, un acto desplegado por una autoridad como órgano de gobierno es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado; imperativo, debido a que se impone al particular contra su voluntad; y, coercitivo, ya que su inobservancia trae como consecuencia que se imponga una sanción con base en la ley. En ese tenor, una relación entre el estado y su súbdito es de supra a subordinación, en atención a que surge entre dos entes ubicados en una posición distinta, en la que el órgano de gobierno actúa debido a la autoridad que le fue otorgada por el ciudadano. En el caso de la lectura integral de la ampliación la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama el reconocimiento de antigüedad por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 34 años 9 meses a 35 años 9 meses De lo anterior, se colige que la relación que existe entre la impetrante de amparo y la autoridad responsable, es de naturaleza laboral, es decir, deriva de una relación meramente contractual; en consecuencia, lo que por esta vía se combate, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dado que el vínculo entre las partes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no surgió en ejercicio de una potestad pública para los efectos del juicio de amparo, sino de una relación contractual entre trabajador - patrón; de lo que se colige que actuaron como personas de derecho privado y no por mandato legal, en ejercicio de una potestad para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; de lo que se deduce que, en el caso particular, por tanto, no colma los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que el reconocimiento de antigüedad que reclama la quejosa, deberá ventilarse ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De lo que se concluye, que el acto reclamado se atribuye a un ente que no tiene el carácter de autoridad para efectos del presente asunto, entendiéndose como autoridades a las que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo están en la posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados; por ende, resulta improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia antes mencionada, por lo que debe desecharse en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Al efecto, es aplicable la tesis que a continuación se cita: AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL AMPARO. De acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debiendo entenderse por tal, no aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública. Por tanto, en virtud de que el acto que reclama la quejosa, no puede ser objeto de control constitucional, por las razones expuestas es procedente desechar la ampliación de demanda de amparo presentada por María Cristina Salas Chi, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés se previno a la parte quejosa a fin de que respecto de su escrito de ampliación demanda cumpla con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, acuerdo que se encuentra pendiente de notificar. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Fecha que se fija fuera de la temporalidad que establece la Ley de Amparo, tomando en consideración la carga de trabajo que impera en el juzgado. NOTIFÍQUESE. [...]
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