María de los Ángeles Gómez Baz

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Gómez Baz
  • Gloría María de los Ángeles Baz Uc
  • MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ BAZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por la quejosa *** y, en atención a su solicitud, se le tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; asimismo, téngase como autorizados con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a quienes refiere en su ocurso de cuenta, en virtud de que no acreditó el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el usuario "***" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, SE AUTORIZA al citado usuario para CONSULTAR EL PRESENTE EXPEDIENTE EN LÍNEA. Hágase lo anterior del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Asimismo, téngase como medios de contacto los números telefónicos y el correo electrónico que señala en el escrito de mérito, lo anterior únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, cuando las labores del juzgado lo permitan y téngase por autorizados para recibir las citadas copias a las personas que menciona en su escrito de cuenta, previa identificación y razón que de su recibo se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado.********************Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.********************Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General.********************Finalmente, dado que no existe razón legal para que continúe en este juzgado el legajo que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado (registro 1293), devuélvase a su lugar de procedencia; sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo.****************************************NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 19/2022-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************y********************, contra actos del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************y********************, en la que señaló como autoridad responsable al Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Previo desahogo de las prevenciones formuladas en autos, por providencia de once de enero de la anualidad, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado (foja 20), quien no presentó su correspondiente alegato. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de una autoridad distinta de la judicial; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda y los escritos que la aclaran, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán Mérida, Yucatán La expedición de la licencia de construcción número ********************, respecto del predio ubicado en la calle ********************, número ******************** letra ********************, por ******************** y ******************** y dos, de la colonia ********************, de esta ciudad. La omisión de llevar a cabo la visitas de inspección en el expediente administrativo ********************, respecto al bien inmueble que en esta vía defiende. La omisión de dictar resolución en el indicado expediente administrativo. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, pues no obstante que al rendir su informe justificado (fojas 23 a 36) únicamente aceptó la existencia de la licencia de construcción que se combate. Lo cierto es que de las constancias que remitió como apoyo a su informe, no se aprecia que, a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de diciembre de dos mil veintidós), haya llevado a cabo visita alguna al inmueble que en esta vía defienden las quejosas, ni que haya emitido la resolución definitiva en el procedimiento administrativo ********************. Documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En la especie, respecto al acto consistente en la expedición de la licencia de construcción número ********************, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés legítimo para incoar la presente acción de amparo. En efecto, el interés jurídico y legítimo necesario para ejercer la acción constitucional, tienen su origen con el principio de instancia agraviada que rige en el juicio de amparo, y el cual se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Ley Suprema, que dispone: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede advertirse, la norma constitucional establece que para la procedencia del juicio de amparo -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberán ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (ii) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer al juicio. Acorde con lo anterior, en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 5, fracción I, párrafo primero, 6º, prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos reproducidos, se desprende que el juicio de amparo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). De igual forma, establecen que el juicio únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor, cuando el acto reclamado produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las vertientes jurídica o legítima. Por otra parte, cuando el acto reclamado no cause agravio al quejoso, es decir, no lesione el interés jurídico o legítimo, tendrá como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo será improcedente: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo contra actos no jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes vertientes: La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. Y la segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo, el cual, en una primera aproximación, ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora, en cuanto su alcance y contenido para la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sustentadas entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una serie de directrices para analizar los juicios de amparo en los que el promovente alegue una afectación en su interés legítimo. Así, en primer lugar, el Máximo Tribunal del País dejó claro que el interés legítimo es distinto al interés jurídico que tradicionalmente se exigió para la procedencia del juicio de amparo. Su inclusión como una posibilidad para acudir al juicio constitucional deriva de la reforma al juicio de amparo, publicada en Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, con relación a la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de mil once, la cual creó un nuevo paradigma constitucional. En ese contexto, el análisis del interés para comparecer al juicio de amparo, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello tomando como base la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. legítimo, y iii. jurídico. En relación a los tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, refiere al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, el cual puede ser individual, es decir, solo corresponde a un individuo -con independencia del nivel de afectación-; mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible, con independencia de que también pueda ser ejercido en forma individual. Por otra parte, en relación con el nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, se habla de interés simple, legítimo y jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-; en cambio que el interés jurídico, como se expuso, es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Ahora, en relación con el interés legítimo, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, en cualquier vertiente, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclarar que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, el órgano de control constitucional al apreciar el interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, debe tomar en consideración que no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado, sino que, al igual que sucede con el interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica, pues de lo contrario se estará ante la presencia de un mero interés simple que no hace procedente el juicio constitucional. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo, es decir, el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de pruebas idóneos para ello, y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la voz: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Expuesto lo anterior, debe decirse que en el presente asunto, las quejosas María de loa Ángeles Gómez Baz y********************, acudieron a la acción constitucional, con motivo de que -aducen-, la licencia de construcción ******************** otorgada por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, transgrede sus prerrogativas constitucionales, ya que el predio que defienden y que -refieren- es de su propiedad, sufre daños estructurales con las obras generadas por la persona jurídica tercera interesada ********************, en el predio contiguo, ubicado en la calle ********************, número ******************** letra ********************, por ******************** y ******************** y dos, de la colonia ********************, de esta ciudad. Sin embargo, únicamente exhibieron 1) copia simple de dos credenciales para votar y 2) una placa fotográfica de una licencia para construcción. Documentales que resultan insuficientes para acreditar el interés que le asiste para acudir a esta instancia constitucional, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues para ello, era necesario acreditar fehacientemente que el inmueble que en esta vía defiende se ubica dentro del área de afectación de la obra, así como el perjuicio jurídicamente relevante que aduce le causa. En efecto, en lo que respecta a las copias simples que exhibió la parte quejosa, dichas documentales carecen de cualquier valor probatorio por la facilidad que tiene su confección, alteración o modificación. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Y, en lo que toca a la placa fotográfica que exhibió la parte quejosa, también carece de valor probatorio pleno, pues no cuenta con la certificación que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fue tomada, así como que corresponden a lo representado en ellas, como lo dispone el artículo 217 del código civil supletorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXII, Tercera Parte, visible a página 22, del rubro y texto siguientes: "FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena." No se inadvierte que la parte quejosa exhibió en autos del incidente de suspensión diversas probanzas consistentes en: 1) Copia simple del testimonio de escritura pública de donación a título gratuito otorgado por ******************** o Ramón ******************** a favor de ********************y de ********************, así como 2) Nueve fotografías a color, pues bajo los argumentos anteriormente expuestos, dichos documentos también carecen de eficacia probatoria. En ese sentido, las documentales allegadas por la parte quejosa no demuestran que la emisión de la licencia de construcción número ********************, le cause un perjuicio, pues no acreditó que el inmueble que en esta vía defiende se ubique dentro del área de afectación de la obra, esto es, de manera contigua al predio ubicado en la calle ********************, número ******************** letra ********************, por ******************** y ******************** y dos, de la colonia ********************, de esta ciudad y, por ende, no se demostró el perjuicio jurídicamente relevante que aduce le causa. De ahí que la parte quejosa carezca de interés legítimo para reclamar el acto atribuido a la responsable y, por ende, se deba sobreseer en el presente juicio de amparo respecto al indicado acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.A. J/2 A (11a.) del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, visible a página 4370, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALAN COMO ACTOS RECLAMADOS LA LICENCIA, PERMISO Y/O AUTORIZACIONES PARA REALIZAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA SUFICIENTE QUE EL PREDIO O FINCA SE UBICA DENTRO DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PERJUICIO JURÍDICAMENTE RELEVANTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios diferentes al analizar juicios de amparo indirecto en los que se señalaron como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción, pues mientras uno consideró que para la demostración del interés legítimo basta la evidencia de ser vecino de la obra en construcción con pruebas documentales, el otro estimó que para justificar dicho interés legítimo es necesario demostrar con prueba pericial tanto la vecindad con la obra, como el perjuicio jurídicamente relevante generado por ella, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple." En otro orden de ideas, en lo tocante al diverso acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo la visitas de inspección en el expediente administrativo ********************, respecto al bien inmueble que en esta vía defiende, bajo el análisis de la causa de improcedencia antes indicada, debe decirse que la parte quejosa carece de legitimación para impugnar dicha conducta de la responsable. En efecto, respecto a la denuncia ciudadana, el Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, refiere en sus artículos 118 a 122, que todo hecho, acto u omisión que ocasione o pueda ocasionar una violación a las disposiciones legales de carácter administrativo cuya competencia corresponda al Municipio de Mérida, puede ser puesto en conocimiento de la autoridad administrativa por cualquier persona, grupo social, organización ciudadana o no gubernamental, asociaciones y sociedades; a dichas manifestaciones se les conoce como denuncia ciudadana. Para ejercitar tal potestad, basta presentar un escrito que contenga los generales del denunciante, los actos, hechos u omisiones denunciados, los datos que permitan identificar al presunto infractor y el domicilio donde se comete la infracción, y las pruebas correspondientes. Una vez recibida la denuncia, la autoridad correspondiente debe acusar recibo de su recepción y proceder a asignarle número de expediente para su registro, en cuyo caso, dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación, deberá notificar al denunciante el acuerdo en el que se señale el trámite otorgado a la misma. En caso de haber sido admitida la denuncia y de advertirse conductas u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, se ordenará una visita de inspección o verificación con el objeto de comprobar su cumplimiento. Asimismo, el indicado reglamento dispone expresamente que el denunciante no es parte en el procedimiento de denuncia ciudadana, empero, la autoridad administrativa se encuentra obligada a informar la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo o la solución que se haya dado al caso denunciado. Así, la potestad de denunciar hechos que contravengan las disposiciones administrativas municipales no crean un derecho en el denunciante, sino que únicamente pone en conocimiento de la autoridad administrativa aquellos hechos constitutivos de infracciones cometidas por los gobernados que las incumplen. Por ello, el denunciante en ese procedimiento carece de legitimidad para impugnar las omisiones en las que, en su caso, la incurra en la investigación de los hechos denunciados, pues la legislación correspondiente no le otorga participación activa que le permita coadyuvar con la autoridad administrativa para lograr la imposición de las sanciones correspondientes. Lo anterior, porque la limitante antes indicada radica en que la competencia para imponer las sanciones correspondientes es exclusivamente del Municipio de Mérida, esto es, de la autoridad administrativa, sin que el reglamento correspondiente prevea, para ello, la intervención de terceros. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis I.1o.A.E.175 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, visible a página 3009, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN CONTENIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO PREVÉ LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS INTERESADOS O COADYUVANTES..." Así, de las constancias que integran estos autos, se aprecia que las aquí quejosas hicieron del conocimiento de la autoridad responsables, mediante denuncia presentada el tres de febrero de dos mil veintidós, diversos hechos relacionados con la expedición de la licencia de construcción ******************** otorgada en favor de ********************, pues refirieron que se inició la construcción de una casa de dos pisos con piscina a puerta cerrada; construcción que afectó de manera estructural al inmueble que aduce de su propiedad. Circunstancias que, indefectiblemente, compete verificar al municipio en uso de su facultad sancionadora por infracciones al Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida. Bajo ese contexto, es evidente que la parte quejosa carece de legitimación para impugnar la omisión de llevar a cabo la visitas de inspección en el expediente administrativo ********************, pues la integración de dicho procedimiento administrativo únicamente compete a la autoridad aquí responsable, sin que le legislación correspondiente le otorgue a los denunciantes el carácter de coadyuvantes. En consecuencia, es evidente que es improcedente dicho acto reclamado y, por ende, se debe sobreseer en e presente juicio respecto a éste. Finalmente, respecto al último acto reclamado, consistente en la omisión de dictar resolución en el expediente administrativo ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. Esto, ya que de las constancias adjuntadas por la autoridad responsable, se aprecia que mediante determinación de veintitrés de enero de este año, la responsable emitió la resolución definitiva en el procedimiento administrativo de origen, concluyéndose la denuncia ciudadana de la parte aquí quejosa y ordenando su archivo (fojas 56 y 57); resolución que se notificó personalmente a la quejosa ********************el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (foja 58). En consecuencia, si los actos combatidos en esta vía constitucional se hicieron consistir en la omisión de resolver ese procedimiento y, durante la tramitación de este expediente, se subsanó dicha omisión, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia examinadas, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************y********************, contra los actos de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que aún no se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada en proveído de quince de febrero del presente año con el informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se cita al caso, la tesis de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE.

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