María Cristina Carranza Piña
Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Cristina Carranza Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó, respecto de las autoridades responsables, en virtud del sentido de tal determinación. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, junto con los cuadernos incidentales, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica, no existen documentos originales exhibidos por las partes y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, ya que se sobreseyó en el juicio, es susceptible de ********************, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser destruido en su totalidad. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que, por un lado, se concedió la suspensión provisional y, por otro, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase constar lo anterior en la carátula del expediente y de los incidentes respectivos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos originales, ello en virtud de que no fueron exhibidos. Po otra parte, visto el oficio del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y atento a su contenido y anexos, se le tiene remitiendo el oficio signado por ********************, quien se ostenta apoderado del ********************carácter que se le reconoce en términos de la documental que adjunta, mediante el cual dice rendir informe justificado; agréguese a los autos únicamente para que conste, dado que en el presente juicio, ya se dictó la sentencia correspondiente, en la que se contó con el informe del tesorero de dicho ayuntamiento, en su calidad de autoridad responsable; sin perjuicio de lo anterior, téngasele señalando domicilio en esta ciudad, para los efectos legales pertinentes. Conforme con lo establecido en los artículos 3o y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Incidental
Por tanto, dado que actualmente no existe vigente orden de suspensión salarial reclamada que pueda ser objeto de pronunciamiento en esta incidencia, lo procedente es NEGAR la suspensión definitiva, por falta de materia para decretarla. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************en cuanto********************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número V-735/2020, promovido por MARÍA CRISTINA CARRANZA PIÑA en cuanto Síndico propietario del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán; el licenciado Reynaldo Piñón Rangel Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Claudia Paulina García Ortiz, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: la demanda de amparo, auto admisorio, constancias de notificación a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, informes justificados y oficios complementarios remitidos por las responsables. En este momento, se da cuenta al Juez con el oficio y sus anexos, que remite el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por otro lado, con relación a los informes de las responsables, se cuenta con los que se indican a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS 1. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán "El acuerdo de fecha 16 dieciséis de octubre, del año 2020 dos mil veinte, dictado dentro del Juicio laboral Número 723/2005, y en consecuencia el oficio número TCA/P/2027/2020, de la misma fecha, mediante los cuales se ordenó la suspensión del salario Cierto hasta por 15 quince días de la quejosa C. Síndico del H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, María Cristina Carranza Piña, determinación que fue impuesta como medida para lograr el cumplimiento del laudo dictado dentro del Juicio Laboral 723/2005." 2. Tesorero del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán "La suspensión ilegal al salario de mi poderdante que le ordeno realizar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en la nómina de pago de salario siguiente a la fecha de la recepción del oficio número TCA/P/2027/2020, de fecha 16 dieciséis de octubre del año 2020 dos mil veinte, mismo que fue recibido el día 03 tres de noviembre del año 2020 dos mil veinte.". Niega Por último, se hace constar que no obra pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales conducentes; asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables ilustradas en la tabla que antecede. De igual manera, agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual exhibe a los autos el diverso oficio mediante el cual la responsable ejecutora, en el que informa que se ha dejado sin efectos la orden de suspensión salarial que constituye el acto reclamado en este juicio. Asimismo, se toma nota de la ausencia de pedimento ministerial. Se declara abierto el período probatorio: En el que la secretaria hace constar: que se cuenta con las documentales remitidas por las responsables tanto en sus informes con justificación, como en los oficios complementarios al mismo. A lo que el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas y desahogadas dada su especial naturaleza, las documentales allegadas por las responsables, mismas que serán tomadas en consideración al resolver. Abierto el período de alegatos: la Secretaria hace constar que no se formularon. A lo que el Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes en alegar, ordenándose cerrar esta etapa. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, procediendo a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo V-735/2021 promovido MARÍA CRISTINA CARRANZA PIÑA en cuanto Síndico propietario del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. MARÍA CRISTINA CARRANZA PIÑA en cuanto Síndico propietario del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos reclamados que se indican a continuación: "AUTORIDAD RESPONSABLES: a) Como autoridad ordenadora: El H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. b) Como autoridad ejecutora: El C. Tesorero del H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán.". ACTOS RECLAMADOS: Se reclama: a) De la autoridad ordenadora responsable: El acuerdo de fecha 16 dieciséis de octubre, del año 2020 dos mil veinte, dictado dentro del Juicio laboral Número 723/2005, y en consecuencia el oficio número TCA/P/2027/2020, de la misma fecha, mediante los cuales se ordenó la suspensión del salario hasta por 15 quince días de la quejosa C. Síndico del H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, María Cristina Carranza Piña, determinación que fue impuesta como medida para lograr el cumplimiento del laudo dictado dentro del Juicio Laboral 723/2005. b) De la autoridad responsable ejecutora: La suspensión ilegal al salario de mi poderdante que le ordenó realizar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en la nómina de pago de salario siguiente a la fecha de la recepción del oficio número TCA/P/2027/2020, de fecha 16 dieciséis de octubre del año 2020 dos mil veinte, mismo que fue recibido el día 03 tres de noviembre del año 2020 dos mil veinte.". Los que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 123, apartado A, fracción VIII, y 123 apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. En proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; una vez que se tuvo conocimiento de la posible existencia de una causa de improcedencia, se recabaron las constancias atinentes; y, se señalaron hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito1 ; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama se atribuye a autoridades con residencia en la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."2 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.3 En ese sentido, se tiene que la parte quejosa señala como actos reclamados: ? Al tribunal laboral responsable: La orden emitida dentro del juicio laboral 723/2005 de su índice, de suspender por quince días el salario que la peticionaria de amparo percibe como síndico del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, como medida tomada por el referido tribunal para lograr el cumplimiento del laudo emitido en el aludido juicio laboral. ? Al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, la ejecución de la referida suspensión laboral que la quejosa reclama al tribunal responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, acepto el acto reclamado, pues al respecto señala que en ese tribunal se tramita el expediente ordinario laboral número 723/2005, en el cual mediante proveído de dieciséis de octubre del año dos mil veinte, emitió acuerdo en el que ordenó la suspensión por quince días del salario percibido por el Síndico del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, calidad que tiene la ahora quejosa-, como medida coactiva para lograr que las autoridades demandadas en dicho controvertido laboral, llevaran a cabo el cumplimiento del laudo final dictado en el mismo. Por su parte, el Tesorero del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, manifestó que no es cierto que haya ejecutado la suspensión salarial que se le reclama, pues aun cuando recibió la orden respectiva, no la llegó a materializar. Sin embargo, para efectos de este juicio de amparo, no es factible considerar que no existen los actos reclamados, y con motivo de ello decretar un sobreseimiento por inexistencia de actos, toda vez que la propia responsable indica que es de su conocimiento la orden de suspensión salarial que ahora nos ocupa, de modo que aun cuando señaló que no eran ciertos los actos reclamados, al menos hasta la rendición del informe, estaba en aptitud de ejecutarla, al margen de las razones por las que no lo hubiere hecho, sin que pueda obviarse tal circunstancia para considerar que no son ciertos los actos reclamados, puesto que ello dejaría a la parte quejosa en estado de indefensión, pues permitiría a la responsable evadir el análisis de sus actos mediante el juicio constitucional, con el solo retardo en la ejecución de actos que son de su conocimiento. Luego, es evidente que la negativa propuesta por la responsable ejecutora debe ser desvirtuada, en atención a los motivos citados en el párrafo que antecede. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley de Amparo. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto la jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 186, tomo VI, Séptima época, materia común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es dable precisar que los actos que se reclaman en esta instancia, como se dijo, son: ? Al tribunal laboral responsable: La orden emitida dentro del juicio laboral 723/2005 de su índice, de suspender por quince días el salario que la peticionaria de amparo percibe como síndico del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, como medida tomada por el referido tribunal para lograr el cumplimiento del laudo emitido en el aludido juicio laboral. ? Al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, la ejecución de la referida suspensión salarial que la quejosa reclama al tribunal responsable, que le fuera comunicada mediante oficio TCA/P/2027/2020. Precisado lo anterior, este juzgador advierte, de oficio, que en el asunto a estudio se actualiza respecto del citado acto reclamado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o, bien, porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores es pertinente recordar que la parte quejosa reclamó en esta los actos de autoridades siguientes: ? Al tribunal laboral responsable: La orden emitida dentro del juicio laboral 723/2005 de su índice, de suspender por quince días el salario que la peticionaria de amparo percibe como síndico del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, como medida tomada por el referido tribunal para lograr el cumplimiento del laudo emitido en el aludido juicio laboral. ? Al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, la ejecución de la referida suspensión salarial que la quejosa reclama al tribunal responsable, que le fuera comunicada mediante oficio TCA/P/2027/2020. De igual modo, se tiene que las responsables admitieron tanto la emisión de la suspensión salarial reclamada, como tener conocimiento de la misma, respectivamente, con lo cual se acredita de manera fehaciente, que la orden de suspensión salarial existió al momento de que se presentó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Sin embargo, el propio tribunal responsable mediante oficio CA/P/99/2021, remitió copia certificada del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, que emitió en el juicio laboral 723/2005 de su índice, en el cual deja sin efectos la suspensión salarial que constituye el acto reclamado en este juicio, al considerar que era innecesaria que la misma continuara subsistiendo, virtud a que en el controvertido de laboral se cumplió de forma cabal el laudo de emitido, por lo que era innecesario el sostenimiento de la medida coactiva dictada para lograr su cumplimento -acto reclamado-. De igual modo, en dicho auto se ordenó hacer del conocimiento de la autoridad ejecutora esa determinación, a fin de que dictara lo conducente a la suspensión de la medida coactiva que se le ordenó ejecutar. Así, con relación a este último, en el oficio que se agregó en la audiencia constitucional que antecede, se observa que el Tesorero del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, tomó conocimiento de la determinación que deja sin efectos la suspensión salarial y a ese respecto indicó que, por su parte, se ha dejado sin efectos su intervención de ejecutora de la misma. Como se advierte de la narrativa preinserta, las constancias remitidas por las responsables, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ponen de manifiesto que han cesado los actos reclamados; toda vez que aun cuando a la fecha de presentación a la demanda de amparo, se encontraba vigente la suspensión salarial que constituye el acto reclamado en el presente juicio -al margen de que no se hubiese ejecutado materialmente-; lo cierto es que durante la tramitación de este contencioso, el tribunal de la ordenó procedió a dejarla sin efectos, por los motivos que se indican en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen. De igual modo, se observa que el tribunal responsable llevó a cabo la notificación de la decisión anulatoria del actor reclamado, a la autoridad a quien se había encomendado su cumplimiento; autoridad ejecutora que, como se observa de las constancias integradas en la audiencia constitucional, reportó a la responsable ordenadora, que había tomado conocimiento que ya no tenía vigente la orden de suspensión salarial de referencia, procediendo a dejar sin efectos su intervención de ejecución de la misma. Todo lo cual implica que a la presente data, han dejado de tener efecto sobre la esfera jurídica de la quejosa, los actos de que se duele en su escrito inicial de demanda; precisamente porque las responsables tanto ordenadora, como ejecutora, han dejado sin efectos la orden de suspensión salarial reclamada y su respectiva orden de cumplimentarla. En otras palabras, es evidente que en el caso particular, HAN CESADO LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la de la materia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, respecto del acto que se atribuyó a las citadas autoridades responsables. QUINTO. Anotaciones, capturas e integración al expediente electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Por lo expuesto y fundado en los artículos 63, fracción IV, 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por MARÍA CRISTINA CARRANZA PIÑA en cuanto Síndico propietario del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, contra el acto que atribuyó a las autoridades responsables precisadas en los considerandos de este fallo, acorde con los motivos especificados en el mismo. SEGUNDO. Háganse las anotaciones del caso e integración del expediente, conforme lo indicado en el último considerando de este fallo.
- Incidental
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación que antecede, de los que se observa que aún no se recibe la información solicitada al Tesorero Municipal de Zacapu, Michoacán, con relación a cuál fue la determinación que hubiese recaído a la indicación de dejar sin efectos la suspensión salarial que constituye el acto reclamado en esta instancia, lo cual es necesario para la integración de este expediente, dado que tienen por objeto esclarecer la posible existencia de una causa de improcedencia en el juicio de donde emana este incidente. En esas condiciones, para dar margen a que la responsable cumpla con lo ordenado y que no se violen las reglas del procedimiento, SE DIFIERE la audiencia incidental señalada para esta fecha, fijándose las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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