María Consuelo Colorado Silva
Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Consuelo Colorado Silva
- Consuelo Alejandra Escobedo Colorado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se obtiene que la parte quejosa, no compareció ante este juzgado a fin de cumplir con las prevenciones que se le hicieron en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, pese a encontrarse notificada para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se obtiene que la parte quejosa, no compareció ante este juzgado a fin de cumplir con las prevenciones que se le hicieron en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, pese a encontrarse notificada para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-469/2020; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinte ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Cuauhtémoc Campos Torres, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Finalmente se dio aviso a las partes sobre la readscripción de quien esto resuelve. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 48, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que la demanda de amparo fue promovida por una persona que se ostenta tercero extraño al juicio por equiparación y en contra de una autoridad judicial que residen dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, prevé que en las sentencias de amparo se fijará y precisará el acto o actos reclamados. El peticionaria de amparo, en cuanto tercero extraño al juicio, reclama el emplazamiento practicado el catorce de marzo de dos mil dieciocho y, como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 179/2018, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, que sobre prescripción positiva promovió Virgilio Campos Torres, en contra del aquí quejoso y otros. Acto que se reclamaron al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Actuario de su adscripción, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacán y Director de Catastro de Morelia, Michoacán. Tal reclamo lo formula señalando que es propietario del bien que fue objeto directo de la acción de prescripción. TERCERO. Existencia de actos reclamados. I. No son ciertos los actos que el quejoso reclama al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio ya que al rendir el informe justificado (dieciocho de diciembre de dos mil veinte), negó haber realizado registro alguno diverso al inscrito bajo el número 81766 del tomo 442 del libro de propiedad correspondiente al distrito judicial de Morelia, que corresponde a la copropiedad del quejoso y sus hermanos María Crisantema y Tulio, ambos de apellido Campos Torres, sin que la parte quejosa haya aportado probanza alguna para desvirtuar el sentido del informe; lo que además de so comprueba con las copias certificadas de la escritura pública dos mil ciento noventa y uno, relativa al contrato de compraventa celebrado entre el quejoso y sus hermanos con diversas personas el seis de mayo de mil novecientos cincuenta y seis. En tal virtud, al no haberse demostrados los actos que se atribuyen al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto y autoridad se refiere. II. En cambio, son ciertos los actos que la quejosa reclama al Juez, y Actuario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán ya que así se desprende del contenido de los informes justificados rendidos y se corrobora con las copias certificadas del expediente 179/2018, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción promovió el tercero interesado, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. III. Respecto de los actos reclamados al Director del Catastro, debe precisarse que omitió rendir el informe justificado que se le requirió a través del oficio 1165/2020, entregado el ocho de octubre de dos mil veinte según consta en sello impuesto en la constancia de notificación respectiva, por tanto, procede presumir cierto el acto que de dicha dependencia se reclama consiste en la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio ordinario civil 178/2017, lo anterior con base en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, pero además, porque del estudio integral del expediente que la autoridad responsable ordenadora remitió como complemento, se advierte que el veintiséis de noviembre de dos mil de dos mil dieciocho, se expidió el oficio 2560/2017, en el cuál en cumplimiento con el diverso auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se le remitieron las documentales correspondiente a efecto de que procediera a su registro (fojas 106). CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sin embargo, en el caso ninguna de las partes las hizo valer; y este tribunal, no advierte, de oficio, alguna que impida el estudio de los conceptos de violación los que no se transcriben en este apartado dada la inexistencia de esa obligación como requisito de la sentencia conforme a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además porque al estudiarse de forma integral los planteamientos de la parte quejosa se dará satisfacción a los principio de congruencia y exhaustividad como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 58/2010 que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación. El acto reclamado está constituido -en esencia- por todas las actuaciones que derivan del juicio ordinario civil 179/2018, de usucapión que accionó el tercero interesado Virgilio Campos Torres, en contra de quejoso Cuauhtémoc (quejoso) y su hermanos María Crisantema y Tulio, todos de apellido Campos Torres, demanda de amparo que se planteó desde la perspectiva de que el quejoso es tercero extraño por equiparación. Al respecto, el quejoso señala que en el domicilio donde se llevó a cabo el emplazamiento corresponde al de la "casa paterna", y que en realidad es en el que el actor del juicio subyacente habita, trabaja o tienen el principal asiento de sus negocios ya que Virgilio Campos Torres también es su hermano; que no es verdad que el día catorce de marzo de dos mil dieciocho -fecha en que se verificó el emplazamiento- él estuviera en el sitio mencionado, y que por ello es falso que la diligencia se haya verificado de forma personal con el promovente; y que, probablemente las credenciales para votar con fotografía que se anexaron a la diligencia de emplazamiento fueron proporcionadas al actuario por el propio Virgilio Campos Torres. Para demostrar tales asertos, en el juicio de amparo se desahogaron como pruebas la documental pública consistente en: Copia certificadas de las credenciales para votar de Cuauhtémoc, María Crisantema y Tulio de apellidos Campos Torres. Constancia de residencia expedida por el Encargado del Orden de la colonia Alberto Oviedo Mota. No obstante lo anterior, y aunque se trata de documentales públicas, no resultan útiles para demostrar que el domicilio del quejoso es el que se encuentra ubicado en la calle Margarita Maza de Juárez número 358 de la colonia Alberto Oviedo Mota, en esta ciudad Capital, lo anterior porque la credencial para votar, con base en el LIBRO CUARTO de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es el documento por el cual los ciudadanos inscritos en el "Registro Federal de Electores", pueden ejercer su derechos, y si bien para para conformar el "Padrón Electoral" y en su caso la integración de la "Lista Nominal" se toma como referencia el domicilio de los ciudadanos, también los es que el domicilio aludido es que el que voluntariamente manifiestan tener; esto es, ni el padrón, ni la lista nominal ni la credencial para votar constituyen medios idóneos para demostrar el domicilio de una persona. Al respecto, cobra aplicación el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la tesis VI.1o.C J/26 que establece: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria". Por lo que respecta a la constancia de residencia simple expedida por el Encargado del Orden de la "Colonia Alberto Oviedo Mota", el doce de diciembre de dos mil veinte, la misma fue expedida por una autoridad que carece de competencia para ello. Lo anterior, porque con base en el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento expedir certificaciones sobre actos y resoluciones de competencia municipal; asimismo, el artículo 7 del mismo ordenamiento, encomienda la integración y el mantenimiento del padrón municipal a la Secretaría del Ayuntamiento, y no a los Encargados del Orden, de ahí que tales pruebas no tengan el alcance probatorio que el quejoso pretende. Respecto de las diversas documentales consistente en: Recibo del servicio de agua potable, expedido a nombre de la señora María Crisantema Campos Torres, donde se señala que su domicilio es el ubicado en la calle José Silva Herrera número 689, de la colonia Alberto Oviedo Mota de esta ciudad. Impresión de la segunda invitación expedida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de la cual se desprende que Jennifer Iztlaccihuatl Campos Vázquez (hija del quejoso), fue citada para llevar a cabo una audiencia de conciliación. Estas últimas probaturas que con independencia del valor demostrativo que les pueda ser asignado, resultan intrascendentes para demostrar los hechos y abstenciones que con base en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, sirven de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, dado que aun asignándoles valor probatorio pleno con ellas sólo se demostraría que las personas que en ellos se mencionan, respectivamente, tiene su domicilio en determinado lugar y que la segunda fue citada a una audiencia de conciliación; empero, no se refieren a la persona del quejoso, de ahí que son irrelevantes para los efectos de este juicio. Instrumental de actuaciones. La documental pública consistente en las copias certificadas del expediente 179/2018, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, la que si bien fue ofrecida como instrumental de actuaciones, lo cierto es que, al no tratarse de actuaciones efectuadas por este Juzgado de Distrito, en realidad tiene la naturaleza de prueba documental, sin embargo, de tales documentos sólo se advierten los hechos que el quejoso precisó en la demanda como actuaciones de la autoridad responsable; y, en todo caso, que no compareció al juicio, más no así en los que se fundan los conceptos de violación. Presunciones. En relación con esta prueba, es oportuno destacar que con base el Capítulo VIII, del Título Cuarto, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo en materia probatoria, las presunciones pueden ser de dos tipos, (i) las que se establecen expresamente en la ley, y (ii) las que se deducen de hechos comprobados. Asimismo, el diverso normativo 192 señala que quien alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma sin que le incumba la prueba de su contenido. Sin embargo, en el caso concreto la parte quejosa omitió señalar cuáles eran las presunciones que se generan de los hechos que en su caso pudieron demostrarse con el resto de las pruebas, lo que imposibilita a tomar en consideración este medio de convicción. En el caso, se advierte que la posición que se alega en el juicio de amparo del quejoso Cuauhtémoc Campos Torres, es la de tercero extraño por equiparación, ya que en el juicio subyacente se ejerció una acción real en su contra, de ahí que para justificar su carácter y las violaciones aducidas el quejoso tenía la carga procesal de demostrar los cinco asertos en que se fundaron los conceptos de violación expuesto en contra del emplazamiento que se combate; a saber: Que el domicilio en donde se practicó, corresponde al de la "casa paterna". Que en realidad ese domicilio es en el que el actor del juicio subyacente habita, trabaja o tienen el principal asiento de sus negocios ya que Virgilio Campos Torres también es su hermano. Que no es verdad que el día catorce de marzo de dos mil dieciocho -fecha en que se verificó el emplazamiento- él estuviera en el sitio mencionado. Que por ello es falso que la diligencia se haya verificado de forma personal con el promovente. Y, probablemente las credenciales para votar con fotografía que se anexaron a la diligencia de emplazamiento fueron proporcionadas al actuario por el propio Virgilio Campos Torres. Lo anterior es así, porque de las constancias de autos aparecen comprobados hechos diversos a tales asertos; esto es, que Cuauhtémoc Campos Torres tiene su domicilio en un lugar diverso al en que se practicó el emplazamiento, empero, no está demostrado que la casa ubicada en Sor Juan Inés de la Cruz, corresponde a la "casa paterna" de todos los involucrados en el juicio subyacente, ya que ninguna prueba se aportó para tal efecto. Tampoco que sea el domicilio de Virgilio Campos Torres -parte actora en el juicio natural- porque tampoco se aportó prueba alguna en relación con tal hecho. Asimismo, tampoco se aportó prueba para derrotar el valor probatorio de la fe pública que tiene el actuario, y por tanto, la veracidad del hecho de que el emplazamiento se practicó de forma personal con el quejoso, pues si bien es cierto que el quejoso aportó la copia de la credencial para votar con fotografía, en la que se establece que el domicilio que se señaló ante el Instituto Nacional Electoral como propio del quejoso es el ubicado en la calle Margarita Maza de Juárez número 358, colonia Alberto Oviedo Mota, de esta ciudad de Morelia, lo que incluso es congruente con la constancia expedida por el encargado del orden de tal colonia, también es cierto que tales pruebas no son las idóneas para acreditar el domicilio del mismo, y por tanto son insuficientes para derrotar la fe pública del actuario que se deriva de la diligencia de emplazamiento. En efecto, en la parte que interesa en la actuación practicada el catorce de mayo de dos mil dieciocho, el actuario asentó: Lo anterior pone de manifiesto, que el actuario dio fe haber practicado la diligencia personalmente con el quejoso, en el domicilio ubicado en Sor Juan Inés de la Cruz, número setenta y nueve de la colonia Centro de esta ciudad, y que ese es el domicilio en que el quejoso personalmente le manifestó que habita, de ahí que en todo caso, en este juicio de amparo lo que debió ser materia de prueba es precisamente tal aserto; esto es, que el quejoso, el día de la diligencia se encontraba en otro lugar, que la diligencia se llevó en términos distintos a los descritos en el acta respectiva y que se entendió con persona diversa al quejoso. Lo anterior, porque aunque la credencial para votar junto con otros medios de pruebas como pueden ser los recibos de pago de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y saneamiento, que es prestado por un organismo público descentralizado, o el de energía eléctrica que es prestado por una empresa productiva del Estado, pueden ser útiles para demostrar el domicilio de las personas, ello no significa que en un momento y época determinada no puedan encontrarse en uno diverso. Efectivamente, el Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, en el artículo 29 señala que el domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar donde tienen el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se encuentren. Como puede advertirse, el domicilio de las personas físicas puede ser incluso el lugar en donde se les encuentre, de ahí que para efectos del juicio de amparo, era necesario que el quejoso acreditara cuando menos los asertos positivos que revelaran la imposibilidad material de que la diligencia se practicó en los términos descritos en el acta levanta por el actuario. No escapa a la consideración del juzgador la factibilidad de que el quejoso tenga su domicilio particular en la calle Margarita Maza de Juárez número 358, colonia Alberto Oviedo Mota, de esta ciudad de Morelia, empero, ello no significa que no estuviera en un lugar diverso cuando se realizó el emplazamiento. Lo anterior quiere decir, que si en el acta levantada por el actuario el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dio fe de que la diligencia se entendió personalmente con el quejoso, es ese hecho el que debió ser materia de controversia, dado que los actuarios gozan de fe pública con base en lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Lo anterior significa, que no es materia de controversia el hecho de que el quejoso pueda tener su domicilio particular en la calle Margarita Maza de Juárez número 358, colonia Alberto Oviedo Mota, de esta ciudad de Morelia, porque aunque ello fuera así, no es suficiente para derrotar la fe pública del actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, ya que los hechos que se desprenden de tal diligencia son que el emplazamiento se efectuó personalmente con el quejoso, y que éste le manifestó al actuario que ahí vivía, por ello estos aspectos son los que debieron controvertirse, y demostrarse los asertos positivos con base en los cuales se controvirtió, lo que en el caso no ocurrió. Así es, la afirmación que formuló el quejoso en el sentido de que no fue emplazado personalmente lleva imbíbita una aserción positiva, esto es, que se encontraba en un lugar diverso al en que se practicó la diligencia, así pues, con base en el principio lógico de que habla, recogido por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al él correspondía demostrar tal aserto positivo de que el día de la diligencia se encontraba en otro lugar, porque debe insistirse el hecho de que tenga su domicilio en un lugar diverso, no significa que no hubiera estado en donde se practicó el emplazamiento. En ese orden, tampoco se demostró que el lugar en donde se realizó el emplazamiento sea en el que habita el actor del juicio natural Virgilio Campos Torres, aserto positivo que también debió ser materia prueba máxime que del texto de la demanda se puede apreciar que en ese mismo lugar se dice que también habita otro de los hermanos del quejoso de nombre Enrique Campos Torres, persona que podría haber testificado en ese sentido. En virtud de lo anterior, el primer concepto de violación en estudio es infundado. En el segundo concepto de violación, el quejoso sostiene que el emplazamiento es ilegal, porque se llevó a cabo en contravención al artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles, porque a su modo de ver, el actuario jamás asentó en qué parte de la calle vio la placa con el nombre del domicilio y en qué parte de la casa vio el número 79 ni cómo llegó al conocimiento cierto y verdadero de que esa era la colonia, calle y número en el que se tenía que haber constituido, no describe las características de casa donde supuestamente llevó a cabo el emplazamiento. Argumento que también deviene infundado, porque si se parte de la premisa de que el emplazamiento se practicó de forma personal con los demandados -hecho que hasta este momento no se ha desvirtuado-, con base en la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito VI.2o.C J/15 (10a.) es suficiente que el diligenciario entienda la actuación directamente con el demandado, para estimar cumplido el cercioramiento exacto del domicilio. La tesis de jurisprudencia en comento establece lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar". En el mismo concepto de violación segundo, el quejoso sostiene que otras de las irregularidades que se cometieron gira alrededor del hecho de que el actuario omitió precisar quién de los tres demandados lo atendió primero o si salieron en grupo a recibirlo; y que por ello, es falso que los haya emplazado a los tres juntos el mismo día, mes, año y hora, el actuario abusando de la fe pública que tiene, hace creer que el quejoso y sus hermanos ya lo estuviéramos esperando, y que en ese momento tuvieran copias simples de sus credenciales de elector y que voluntariamente se las entregaron, pero, que a pesar de toda su supuesta buena voluntad y disposición, dice el actuario que los demandados se negaron a firmarle el acta, no sin antes describir la media filiación, omitiendo señalar como estaban vestidos en ese momento. Lo anterior también es infundado, porque con base en la doctrina de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trata de diversos demandados, que tienen el mismo domicilio, no existe impedimento para que el emplazamiento pueda realizarse conjuntamente siempre que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se cerciore de quiénes están presentes y entregue a cada uno las copias de traslado correspondientes, ya que ambos requisitos son indispensables para considerar que la diligencia se llevó a cabo en forma personal. Ahora bien, si el emplazamiento se efectúa en la forma precisada no es necesario levantar un acta por cada demandado emplazado, ya que el acta sólo es la relación escrita de cómo se realizó la diligencia respectiva, de ahí que si el funcionario judicial tuvo ante sí a los demandados que tienen el mismo domicilio, les hizo de su conocimiento el inicio del juicio en su contra, las pretensiones del actor, entregándoles las respectivas copias de traslado, todo ello puede hacerse constar en una sola acta. En el caso particular, de la diligencia de emplazamiento practicada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se advierte que el actuario realizó el emplazamiento de forma conjunta, se cerciore de quiénes estaban presentes y entreguó a cada uno las copias de traslado correspondientes, tal como se puede advertir de las siguientes inserciones: Lo anterior significa, que al haberse entendido el emplazamiento de forma personal con los demandados -porque hasta este momento no se ha demostrado que se haya realizado de forma diversa- no existe razón jurídica alguna por la que pueda exigirse que en la diligencia se asentara quién de los tres demandados lo atendió primero o si salieron en grupo a recibirlo; el por qué los haya emplazado a los 3 tres juntos el mismo día, mes, año y hora, si los estaban esperando, y por qué en ese momento tuvieran copias simples de sus credenciales de elector y que voluntariamente se las entregaron, o que debiera señalar como estaban vestidos en ese momento. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 77/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE TRATA DE VARIOS DEMANDADOS CON UN MISMO DOMICILIO, Y SE REALIZA CONJUNTAMENTE, NO ES NECESARIO HACERLO CONSTAR EN ACTAS DISTINTAS O SEPARADAS (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS DE PUEBLA Y MICHOACÁN). Cuando se trata de diversos demandados, que tienen el mismo domicilio, no existe impedimento para que el emplazamiento pueda realizarse conjuntamente siempre que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se cerciore de quiénes están presentes y entregue a cada uno las copias de traslado correspondientes, ya que ambos requisitos son indispensables para considerar que la diligencia se llevó a cabo en forma personal. Ahora bien, si el emplazamiento se efectúa en la forma precisada no es necesario levantar un acta por cada demandado emplazado, ya que el acta sólo es la relación escrita de cómo se realizó la diligencia respectiva, de ahí que si el funcionario judicial tuvo ante sí a los demandados que tienen el mismo domicilio, les hizo de su conocimiento el inicio del juicio en su contra, las pretensiones del actor, entregándoles las respectivas copias de traslado, todo ello puede hacerse constar en una sola acta". En virtud de lo anterior, son infundados los argumentos propuestos en el segundo concepto de violación. En el mismo concepto de violación (segundo) el quejoso sostiene que la diligencia de emplazamiento es ilegal porque el actuario no se identificó plenamente con credencial o documento alguno que lo acreditara como funcionario del Poder Judicial del Estado. Lo anterior también es infundado. Es así, que dentro de las formalidades previstas para las notificaciones en general, y para el emplazamiento en particular, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, no establece como requisito que el actuario, ministro ejecutor o notificador que las practique, deba identificarse ante el notificado, de ahí que prima facie, puede interpretarse que no fue voluntad del legislador michoacano establecer tal requisito como formalidad, lo que si sucede, por ejemplo en materia mercantil, ya que el Código de Comercio en el artículo 1,390 Bis 15, expresamente señala: "Artículo 1390 Bis 15.- El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado [.]". Sin embargo -como ya se dijo- el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, no prevé una disposición semejante, de ahí que no pueda considerarse una formalidad que ante su incumplimiento acarre la ilegalidad del mismo. En el propio segundo concepto de violación el quejoso señala que la diligencia es ilegal puesto que el funcionario judicial que levantó el acta de emplazamiento dijo: "...por lo que de inmediato le (s) saber sobre el motivo de mi presencia dándole (s) lectura integra al auto de fecha ¿2 o 7? De marzo de 2018, dictado dentro del juicio ordinario civil número 179/2018 que sobre prescripción positiva, promueve Virgilio Campos Torres frente ustedes..." lo que a su modo de ver lo deja en estado de indefensión porque no se puede saber si estaba cumplimentando el auto de 2 dos o 7 siete, ya que no lo puso con letra y al parecer es un 7 siete, siendo que del expediente no se advierte ningún auto de fecha 7 siete de marzo de 2018 dos mil dieciocho, puesto que el acuerdo que admitió la demanda en la cual se ordena emplazar a juicio, lo es de data 2 dos del mismo mes y año, produciendo indefensión porque tampoco dejó copia de ese proveído. Agrega que la ley es clara al indicar que las actuaciones judiciales las fechas y cantidades se escriban con letra y los artículos con número, de lo que se sigue que el procedimiento civil es eminentemente escrito; de esta manera, se concluye que el acta de emplazamiento no cumple con dichas exigencias, ya que dicho funcionario no satisfizo los requisitos exigidos por la ley para su desahogo, como son: el día y hora en que ocurre, la asistencia o no de las partes, instrumentos utilizados, hechos, circunstancias. Lo anterior también es infundado. En efecto, del estudio integral de las constancias que remitió la autoridad responsable, puede advertirse la diligencia de emplazamiento de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en la que, efectivamente consta que el actuario al momento de circunstanciar los hechos relativos a la entrega de las copias de traslado, ausento lo siguiente: Puede advertirse entonces, que tanto el número de la calle en la que se llevó a cabo el emplazamiento, como la fecha del auto que ordenó el emplazamiento y la referencia del expediente, no se asentaron además del número, con letra, sin embargo tal omisión resulta intrascendente porque con base en lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo esa deficiencia, la ausencia de esa formalidad no acarrea su nulidad sino solamente una sanción administrativa para el servidor público que la cometió, por tanto, no puede ser considerada como violación a las formalidades que dejan sin defensa a las partes, máxime que existen otros elementos que dan certeza de los datos asentados, como el hecho de haberles corrido el traslado de los documentos que más adelante se describieron. Además, en la diligencia consta que el actuario dio lectura integra del auto que ordenó el emplazamiento, de ahí que con esa lectura se disipó cualquier duda que pudo haber generado la mala caligrafía del diligenciarío, aspectos con los cuales se cumple el propósito del emplazamiento, esto es, que el demandado tenga conocimiento cierto y pleno de la demanda y del plazo con el que cuenta para comparecer hacer valer sus derechos ante el órgano que lo requiere, aspectos que en la diligencia que se revisa quedaron cumplidos. En el segundo concepto de violación, el quejoso también señala que el actuario actuó de forma ilegal, porque le bastó para tener por cierto que el domicilio en el que se constituyó, era el de la parte demanda, el dicho de una persona que desconoce (e imagina que fue su hermano Virgilio Campos Torres), sin que exista constancia alguna con la que se demuestre que en realidad si es su domicilio. Argumento que también es infundado. En efecto, tal como quedó precisado en párrafos anteriores la diligencia de emplazamiento se entendió directamente con el quejoso, hecho que hasta este momento no se ha desvirtuado de ahí que -como ya se estableció-, esa circunstancia es suficiente para estimar cumplida la formalidad del cercioramiento exacto del domicilio, ello con independencia de que el quejoso pueda tener un domicilio diverso al en que se le emplazó, pues como quedó precisado, el emplazamiento puede practicarse incluso en el lugar en donde se encuentre el demandado. El quejoso también alega, que el emplazamiento reclamado es apócrifo y contrario a derecho, porque a su modo de ver, el actuario afirmó que hasta ese momento los demandados se identificaron con las credenciales de elector, cuando lo correcto era, que en el momento en que supuestamente le informaron los demandados que vivían en ese domicilio, debió inmediatamente cerciorarse de su identidad, procediendo a identificamos plenamente, para que pudiera continuar con la diligencia, lo que está claro que no hizo. Añade que jamás asentó que le hayan dejado voluntariamente las credenciales de elector, ni tampoco dijo tenerlas a la vista y que correspondieran a los demandados, y menos que les haya regresado esas identificaciones; tampoco dijo que tuvieran listas y a la mano copias simples de las citadas credenciales y que por lo tanto se las entregaron para que formaran parte del emplazamiento, puesto que si se revisan las actuaciones judiciales del expediente, se podrá corroborar, que obran copias simples de las mismas pero nunca dijo por qué se anexaban, como tampoco dice quién se las proporcionó, Afirma que lo anterior trasciende, ya que si los demandados jamás le entregaron esas copias, lo que significa que fue VIRGILIO CAMPOS, quien le entregó esos documentos y describió nuestra media filiación al actuario. Argumento que también es infundado. Ya quedó indicado, que con base en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que garantizan de forma mínima el derecho de defensa, y uno de los elementos que integran esas garantías es el emplazamiento, el cual, para que resulte constitucional, debe cumplir con los requisitos que las leyes expedidas con anterioridad establezcan. En ese orden, ninguna de las disposiciones consignadas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán relativas al emplazamiento en los juicios ordinarios, dispone que el orden que debe seguir el notificador para realizarlos, sea el indicado por el quejoso, ya que el normativo 79 señala: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado". En virtud de lo anterior lo alegado en este apartado del concepto de violación no se justifica. En el mismo concepto de violación, el quejoso mabnifiesta que es totalmente absurdo, de mala fe, y alevoso el actuar de VIRGILIO CAMPOSO TORRES, junto con el actuario del juzgado de origen, ya que según dicho funcionario, a pesar de toda la supuesta buena voluntad y disposición de los demandados de recibir personal y voluntariamente el emplazamiento, identificarse, e incluso después de supuestamente describió la media filiación de los demandados, éstos se negaron firmar la diligencia, lo que desde su perspectiva resulta absurdo. Añade que el actuario omitió señalar cómo es que llegó a sus manos copias simples de las credenciales de elector, que tienen los domicilio ubicados en otro lugar al que supuestamente se les emplazó; que omitió describir cómo estaban vestidos en ese momento. Argumentos que también son infundados, porque como se ha venido precisando esos requisitos no se encuentran establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán como formalidades del procedimiento. En el tercero concepto de violación, el quejoso aduce que en su perjuicio se violaron las formalidades del procedimiento porque en acuerdo de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciocho, a petición del actor VIRGILIO CAMPOS TORRES, se nos acusó rebeldía, por no haber dado contestación a la demanda; sin embargo, asegura que el juez fue omiso en hacer efectivo el diverso apercibimiento de que si no señalaban domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones las mismas correrían por lista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Procedimientos Civiles; en consecuencia, si no se hizo efectivo ese apercibimiento, es claro que todas las notificaciones se debieron realizar en el domicilio en donde supuestamente se les emplazó a juicio, hasta en tanto se hiciera efectivo por parte del juez ese apercibimiento legal. Señala que lo anterior trasciende porque la supuesta audiencia de conciliación entre las partes, que mandó citar el a quo para las nueve horas con treinta minutos del dos de mayo del mismo año (dos mil dieciocho), que se ordenó notificar personalmente, debió realizarse en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 79 setenta y nueve de centro la colonia de esta ciudad, virtud de que nunca se les hizo efectivo dicho apercibimiento legal. Y contrario a ello el actuario la realizó a través de una razón que levantó a las nueve horas del día diecinueve de abril del año en cita (dos mil dieciocho), en la que hizo constar que los demandados no tenían señalado domicilio dentro de los autos para recibir notificaciones. Argumento que también es infundado. Lo anterior es así ya que con base en lo expuesto en este fallo, las formalidades esenciales del procedimiento, son aquellos requisitos mínimos que garantizan el ejercicio del derecho de defensa, y son los requisitos que se encuentran establecidos en las normas generales que regula cada procedimiento en particular. En ese sentido, tratándose de los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo para la práctica de las notificaciones, en particular las que deben realizarse de forma personal, no existe disposición alguna que establezca que previo a practicar una notificación por medio de lista, cuando no existe un domicilio procesal señalado por la parte a quien debe comunicarse la actuación correspondiente, deba "hacerse efectivo un apercibimiento". Lo anterior porque el artículo 86 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, en el artículos 86 señala: "Artículo 86. Todas las demás notificaciones se harán personalmente por el que deba practicarlas, si las partes ocurrieren ante el juzgado o tribunal el mismo día en que se fije la lista o al siguiente hábil, durante las horas del despacho ordinario. Si los interesados, sus mandatarios o abogados autorizados para recibir notificaciones no ocurren en este tiempo al tribunal o juzgado, la notificación se dará por hecha a las veinticuatro horas del día siguiente hábil al de la publicación de la lista, asentándose en autos la correspondiente razón". De la interpretación gramatical de este precepto, se advierte que todas las demás notificaciones se harán personalmente por el que deba practicarlas, si las partes ocurrieren ante el juzgado o tribunal el mismo día en que se fije la lista o al siguiente hábil, durante las horas del despacho ordinario. Y que si los interesados, sus mandatarios o abogados autorizados para recibir notificaciones no ocurren en este tiempo al tribunal o juzgado, la notificación se dará por hecha a las veinticuatro horas del día siguiente hábil al de la publicación de la lista, asentándose en autos la correspondiente razón. Esto es, no se precisa que previo a que se practique una notificación personal por medio de lista, por la incomparecencia del interesado, su abogado patrono o autorizado para tal efecto, deba "hacerse efectivo algún apercibimiento"; por tanto, este apartado del tercer concepto de violación también es infundado. En el tercero concepto de violación el quejoso alega que previo a acusarle la rebeldía por no haber comparecido a dar contestación a la demanda, el Juez debió analizar de oficio el emplazamiento, toda vez que la verificación del emplazamiento en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilitó a los demandados y al quejoso para contestar la demanda y, por consiguiente, se le impidió oponer las excepciones y defensas a mi alcance para defenderme; además, se me privó del derecho a presentar las pruebas con las que acreditaría mis defensas y excepciones y a oponerme a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dictara. En apoyo a lo anterior invoca la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO". Argumento que también deviene infundado. Si bien es cierto que la falta de emplazamiento o su indebida realización es una violación grave de alta envergadura, y por ello puede ser analizada de oficio por las autoridad judicial en cualquier etapa del procedimiento, incluso puede plantarse como violación procesal en un juicio de amparo directo, siempre y cuando no se encuentre convalidada, se haya realizado una correcta preparación de la impugnación mediante la interposición del incidente de nulidad, y su actualización en el recurso de apelación, la facultad que tienen los jueces del fueron común para revisarlo, sólo se activas cuando se trata de violaciones evidentes o de obvia constatación, esto es, que no dependan de las razones que puedan aducir las partes o de las pruebas que puedan ofrecerse al respecto, ya que de lo contrario, atendiendo al principio dispositivo que rige en materia civil, será necesario que quien resienta el agravio haga valer incidente de nulidad de actuaciones a que alude el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Derivado de lo anterior, aunque cualquier autoridad que ejerce actos materialmente jurisdiccionales deben velar por la protección de los derechos humanos dentro del ámbito de su competencia, incluso en algunas legislaciones como en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establece la facultad de los jueces y magistrados de "regularizar" los procedimientos, lo cierto es cierto que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán no contempla una disposición semejante. De ahí lo infundado del concepto de violación e inaplicable la tesis que invoca el quejoso. Por idénticas razones, son infundados los argumentos expuestos el mismo sentido pero respecto de la notificación de los acuerdos de veintitrés de mayo, treinta de agosto (en el que se abrió el juicio a prueba), diecinueve de septiembre (sentencia definitiva), de dos mil dieciocho, porque se basan en la misma premisa; esto es, que se realizaron por medio de lista no obstante que se ordenó su práctica de manera personal, sin que previamente a la notificación por lista se hubiera hecho efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de admisión. En el tercer concepto de violación el quejoso afirma que impugna la sentencia que se pronunció en el juicio ordinario civil que sobre prescripción de inmueble demandó el tercero interesado, sin embargo en realidad constituyen una reiteración de los argumentos a los que ya se les dio respuesta. Efectivamente, dice el quejoso, que la sentencia definitiva carece de debida fundamentación y motivación, porque el juez antes de acusar la rebeldía por no contestar la demanda, debió revisar de manera oficiosa el supuesto emplazamiento a juicio, toda vez que la verificación del emplazamiento en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilitó para contestar la demanda y, por consiguiente, impidió oponer las excepciones y defensas, se privó del derecho a presentar las pruebas con las que acreditaría mis defensas y excepciones y a oponerme a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dictara. Enseguida señala que el proceder del juez lo en estado de indefensión y que en consecuencia, procede se obligue a la reposición de procedimiento; reitera que la extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no ajustado a derecho el emplazamiento. En apoyo a lo anterior, invocó la tesis 111/2007, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. PARA SU DILIGENCIA CIÓN DEBEN SEGUIRSE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 76 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CUANDO EL JUEZ ADVIERTA AL DEMANDADO LAS CONSECUENCIAS POR NO CONTESTAR LA DEMANDA Y NO SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". La diversa tesis: XX. J/41. "EMPLAZAMINETO. LOS ACTUARIOS, AL LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA, DEBERÁN ASENTAR LOS MEDIOS QUE UTILIZARIÓN PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO EL". Así como la identificada: "EMPAZAMIENTO A JUICIO, REQUISITOS DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)". El criterio del TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, con rubro "EMPLAZAMIENTO. LOS ACTUARIOS, AL LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA, DEBERÁN ASENTAR LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ EL". Y la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL". Luego, más adelante reitera que el juez pasó por alto en su sentencia que, mediante proveído de fecha 2 dos de marzo de 2018 dos mil dieciocho, cuando admitió en trámite la demanda presentada por VIRGILIO CAMPOS TORRES, y que una vez que se llevó a cabo el emplazamiento en acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se acusó la correspondiente rebeldía; sin embargo, el juez fue omiso en hacer efectivo el diverso apercibimiento de que si no señalábamos domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones las mismas nos correrían por lista, que jamás se enteró de la supuesta audiencia de conciliación entre las partes; tampoco de la invitación al Centro de Mediación y Conciliación; tampoco de la apertura del término probatorio; menos de la citación para sentencia, ni de la notificación de la sentencia misma. También aduce que el juez en el punto resolutivo SEXTO de la sentencia definitiva, ordenó notificar personalmente a las partes; sin embargo -reitera- de las constancias del juicio principal, tenemos que en acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho se acusó la correspondiente rebeldía; sin embargo, el juez omitió hacer efectivo el diverso apercibimiento de que si no señalábamos domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones las mismas nos correrían por lista. En virtud de lo anterior, dado que estos argumentos ya fueron contestados en los apartados precedente, el tercero concepto de violación es inoperante, e inaplicables las tesis aisladas y de jurisprudencia que invocó la parte demanda, porque en ellas se expone supuestos fácticos diversos a los que realmente acontecieron en este asunto, pues se insiste, el quejoso no aportó prueba idónea para derrotar la fe público del actuario, en el sentido de que el emplazamiento lo entendió de manera o personas con el quejoso; por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cuauhtémoc Campos Torres, respecto de los actos que reclamó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio con base en lo resuelto en el considerando tercero apartado "I" de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cuauhtémoc Campos Torres, en contra de los actos que reclamó al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, del Poder Judicial del Estado, Actuario de su adscripción y Dirección de Catastro del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: Visto el comunicado de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se tiene informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con esa información, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, plazo en que podrá hacer valer las consideraciones vinculadas con el exceso o defecto; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento con las constancias que obren en autos. Asimismo, córrasele traslado con el comunicado que se acuerda y sus anexos, a fin de que esté en condiciones de manifestar lo que a su interés convenga.
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