María Cristina Hernández Saavedra y Otros.

Expediente 70/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
70/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • César González Samaniego
  • María del Carmen Murrieta Oregel
  • María Cristina Hernández Saavedra
  • María Cristina Hernández Saavedra y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Intégrese el comunicado de la autoridad que lo suscribe, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo III-C 70/2020, e informa que admitió a trámite el recurso de revisión planteado y lo registró con el número 99/2021; de lo que queda enterado este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por los quejosos María Cristina Hernández Saavedra, María del Carmen Murrieta Oregel, César González Samaniego, María Lestenia Sánchez Camacho y Agueda Díaz Díaz; en atención a su contenido, se les tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el once de enero de dos mil veintiuno, en la que se les negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, una vez integrado debidamente el presente expediente, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la sustanciación del medio de defensa mencionado, el original del escrito por el que se interpuso y se manifestaron agravios, así como una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Lo anterior, previa formación del cuadernillo de antecedentes, integrado con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer el historial procesal completo del juicio respectivo, el cual deberá quedar en este juzgado para los efectos legales conducentes, de conformidad con la circular CD/1/2008 emitida por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-70/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte en el buzón judicial, recibido el día siguiente (veintitrés) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, turnado ese día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María Cristina Hernández Saavedra, María del Carmen Murrieta Oregel, César González Samaniego, María Lestenia Sánchez Camacho y Agueda Díaz Díaz, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos de autoridad que consideraron contrarios a los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narraron bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite. En proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte y previo cumplimiento de un auto preventivo, se admitió la demanda a trámite (página 48, expediente electrónico), se requirió a las autoridades responsables el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer del juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados están constituidos por una norma general cuyos efectos materiales se verifican dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. Asimismo, es oportuno resolver esta controversia en virtud de que en el acuerdo general 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en el artículo 2, fracción III, señala lo siguiente: "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que: [.] III. Las y los titulares resuelvan los asuntos tramitados físicamente y que se encuentren listos para sentencia, para lo cual podrán integrar y publicar las listas respectivas". En ese orden, dado que este asunto se encuentra debidamente integrado y cuenta con audiencia constitucional celebrada, resulta oportuno pronunciar sentencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora, de la interpretación sistemática de la demanda con el resto de las actuaciones se advierte que la intención de los quejosos es reclamar lo siguiente: "ACTO QUE SE RECLAMA: La promulgación, refrendo y publicación del Decreto de Extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Primera Sección, Tomo CLXXIV, con fecha de 31 treinta y uno de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve" (foja 3). Que se atribuyen conforme a la participación que tuvieron en el proceso al [a] Gobernador y [b] Secretaría de Gobierno, [c] Secretaría de Finanzas y Administración, [d] Secretaría de Salud, y [e] Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. Existencia de actos reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al [a] Gobernador y [b] Secretaría de Gobierno, [c] Secretaría de Finanzas y Administración, [d] Secretaría de Salud y [e] Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, pues al margen de la forma en que hayan rendido el informe justificado que les fue requerido, como lo que se les reclama es la participación que tuvieron en el proceso que culminó con la promulgación del decreto de extinción del organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, por tratarse de normas generales dadas a conocer a través del medio oficial de difusión, su existencia no está sujeta a prueba. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse por el juzgador, aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV.1 Causales aducidas por la Secretaría de Finanzas y Administración. IV.1.1. Del estudio integral de los informes justificados se advierte que la Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, encargada de la defensa jurídica de esa Secretaría, al rendir el informe justificado, adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; porque -a su modo de ver- no son ciertos los actos que se reclaman al titular de la Secretaría de Finanzas (página 91, expediente electrónico). Lo así alegado es infundado por lo siguiente. Las porciones normativas invocadas señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". De esta transcripción se observa, que la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, no es en sí misma una causal de improcedencia sino que, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé el artículo en cita, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que las fracciones I a XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causales previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; de ahí que, cuando se invoque en el juicio la fracción XXIII, necesariamente deberá relacionarse con alguna otra disposición de la Ley de Amparo, o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso no sucedió, porque, lo que en realidad se hizo valer fue una causal de sobreseimiento que no es lo mismo que la improcedencia. En efecto, el sobreseimiento es una institución jurídica que impide al juzgador analizar la constitucionalidad de los actos que se reclaman por no haberse cumplido con alguno de los presupuestos del proceso. Existen varias causas que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, pero sólo una de ellas se relaciona con la procedencia. Es así que la procedencia y el sobreseimiento no son instituciones análogas, guardan una relación de continente-contenido porque todas las causas de improcedencia conducen al sobreseimiento en el juicio; empero, no todas las causas de sobreseimiento provienen o se relacionan con la improcedencia. Así, el artículo 63 de la Ley de Amparo prevé cinco hipótesis de sobreseimiento y sólo la fracción "V" alude a la improcedencia. Efectivamente, si después de haberse promovido la demanda de amparo, [i] el quejoso desiste y ratifica el escrito en un plazo de tres días, procederá el sobreseimiento; al igual que [ii] si omite acreditar sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo; o [iii] el quejoso muere durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; y, cuando [iv] de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; deberá decretarse el sobreseimiento, no la improcedencia de la acción; en cambio, [hipótesis de la fracción V], si después de analizar las constancias se advierte la actualización de una causal de improcedencia, entonces también deberá decretarse como consecuencia el sobreseimiento. Por tanto, lo alegado por la autoridad responsable no se justifica. Al respecto, cobra aplicación la tesis XCI/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En virtud de lo anterior, lo alegado por la autoridad responsable no se justifica. Lo anterior, al margen de que a la referida autoridad responsable se le cuestiona que no signó el decreto de extinción reclamado, y en el considerando precedente se tuvo por cierto el acto reclamado a ella; ello, al margen de que la falta de signa de ella en dicho decreto resulte constitucional o no, mas esto es materia de fondo. IV.1.2. La misma autoridad señaló que el juicio de amparo es improcedente, porque la parte quejosa no demostró el interés jurídico para la promoción del juicio, ya que -desde su perspectiva- el decreto de extinción del organismo público descentralizado denominado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo", no afecta los intereses jurídicos de los quejosos porque en ningún momento acreditaron alguna afectación, ya que en el artículo 3o. del decreto señala que los derechos laborales de los trabajadores del organismo serán respetados de conformidad con la legislación aplicable. Lo anterior es infundado. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La causal de improcedencia por falta de interés, a partir de la reforma constitucional en materia de juicio de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se construye sobre dos vertientes; esto es, el interés que legitima a una persona para la promoción del juicio de amparo contra actos u omisiones de la autoridad, distinta a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte puede ser jurídico o legítimo. El interés jurídico es aquel que se identifica con la afectación que sufre una personas determinada respecto de algún derecho subjetivo público que se ve transgredido o amenazado con la norma general el acto u omisión de la autoridad; en tanto que el interés legítimo se asocia con el perjuicio que una persona determinada sufre o puede llegar a sufrir, aunque ese daño o perjuicio no recaiga sobre un derecho subjetivo público de manera directa sino que se produce por la especial situación que el quejoso guarda frente al orden jurídico, esto es, cuando sufre una afectación personal pero de manera indirecta y cualificada. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, el acto reclamado es el decreto por el cual se extinguió el organismo público descentralizado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo", extinción que incide en la esfera jurídica de los quejosos ya que, en cuanto trabajadores de dicho organismo -lo que acreditaron con los recibos de nómina expedidos por el organismos en cita, debidamente timbrados (fojas 22, 25, 20, 29 y 33)-, los derechos y obligaciones existentes entre el extinto organismo y ellos, los legítima para ejercer la acción de amparo. Lo anterior, con independencia de que la afectación a los intereses jurídicos o legítimos con la emisión del decreto, sea constitucional o no, pues la determinación que sobre este aspecto se llegue a tomar es materia de fondo del asunto, no de la procedencia. Dicho de otra forma, el método de estudio de las controversias que se plantea a través del juicio de amparo, por su orden, requiere que se cumpla con el principio de instancia de parte, la existencia de una agravio personal y directo (interés jurídico) o indirecto cualificado (interés legítimo), aspectos que son independientes de la constitucionalidad del acto, pues una vez satisfechos estos principios, si no existe alguna causa que lo impida, entonces el juez podrá analizar el fondo de la controversia, esto es, decidir si el acto reclamado viola o no los derechos deducidos en el juicio. En ese orden, la idea de perjuicio requerido para la procedencia del juicio se refiere a la incidencia que una norma general, acto u omisión de la autoridad produce en la esfera jurídica de los quejosos -lo que opera en el ámbito de la procedencia-, con independencia de que esa incidencia encuentre justificación constitucional o no -lo que pertenece al ámbito de la decisión que se tome respecto del fondo del planteamiento-. En esta tesitura, el hecho de que el artículo 3o. del decreto de extinción reclamado precise que los derechos laborales de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, serán respetados de conformidad con la legislación laboral aplicable, no suprime la incidencia que el decreto puede tener en la esfera jurídica de los quejosos, en todo caso será una razón que debe analizarse para sostener su constitucionalidad o no; por tanto, lo alegado no se justifica. IV.1.3. En el apartado intitulado como "TERCERA" la autoridad responsable señaló que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Argumento que es infundado por lo siguiente. Con independencia de las razones expuestas por la autoridad responsable, lo alegado no se justifica porque la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos emitidos por los tribunales Judiciales, Administrativos o de Trabajo; y, el [a] Gobernador del Estado de Michoacán, no es un tribunal. Lo anterior, porque con base en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales, no así en el Gobernador del Estado. En virtud de lo anterior, lo alegado por la autoridad responsable es infundado. IV.2. Causales aducidas por la Secretaría de Salud, por sí y en cuanto liquidador del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. IV.2.1. Al rendir el informe justificado que le fue requerido la Secretaría de Salud, aludió a cuatro actos reclamados separándolos en incisos del A) al D), actos que -a su modo de ver- dedujo del capítulo de suspensión de los actos reclamados, ya que la solicitud de que "A) No se extinga el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo", "B) No se emita ni publiquen las bases para llevar a cabo el proceso de liquidación del organismo referido", "C) No se inicie en contra de los quejosos el procedimiento de liquidación; y", "D) Se continúe con el pago de los salarios de los quejosos de forma retroactiva al uno de enero de dos mil veinte", en realidad constituyen los efectos para los cuales los quejosos solicitaron la suspensión de los actos reclamados como se aprecia de la transcripción siguiente: "SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO A efecto de que las cosas guarden el estado en que se encuentran, en tanto no se resuelva en Juicio el Amparo presentado, por este conducto solicitamos a su Señoría se nos conceda la suspensión provisional del acto reclamado y en su momento la definitiva, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es que no se extinga el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; que no se emitan ni publique las bases para llevar a cabo el proceso de liquidación del organismo y en caso de haberse emitido que no se inicie en nuestra contra ningún procedimiento de liquidación; hasta en tanto sea resuelto el Juicio de Amparo Indirecto, debido a lo anterior, los suscritos sigamos fingiendo como trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; se nos paguen nuestros salarios, en quincenas de forma retroactiva al 1° primero de enero de 2020 dos mil veinte; por cuanto a que con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se atenta contra el interés social" (foja 13). En este contexto, se reitera que el único acto reclamado es la emisión del decreto por el que se declaró la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. Precisión que tiene trascendencia en la medida en que con independencia de que pudiera tener incidencia en los derechos laborales de los quejosos, el acto reclamado, desde el punto de vista material, es de naturaleza legislativa, aunque formalmente administrativo por haberlo emitido el titular del Poder Ejecutivo del Estado, pero que contiene normas generales que goza de los atributos de las leyes. Se explica lo anterior de la forma siguiente. El Supremo Poder de la Unión se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo o Administrativo y Judicial, por ello, los actos de autoridad pueden ser catalogados desde el punto de vista material, en legislativos, administrativos o judiciales. Para efectos de esta resolución los que interesan son los legislativos. El acto legislativo -desde el punto de vista material- se caracteriza porque crea situaciones jurídicas abstractas; por tanto, gozan de los atributos siguientes: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, esto es, los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y sólo pueden ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el Poder Público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Precisado lo anterior, para analizar las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable se tomará en consideración como único acto reclamado, el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de protección Social en Salud, y no los que refirió en el informe justificado. IV.2.1. Así, la Secretaría de Salud del Estado Michoacán adujo que el juicio de amparo es improcedente, porque la liquidación del organismo público no es un acto de autoridad sino realizado por la administración pública pero equiparado a un particular, lo que -afirma- es así porque los quejosos se duelen de una afectación en derechos laborales. Lo anterior es infundado. No asiste razón a la autoridad responsable, pues lo alegado en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente con base en que el acto reclamado no es, para efectos del juicio de amparo, un acto de autoridad (página 147), deviene inexacto, ya que el hecho de que los derechos deducidos por los quejosos se vinculen con cuestiones laborales, es independiente del hecho de que el decreto de extinción se emitió con base en el ejercicio de una de las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, contenidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual establece: "Artículo 7. El Gobernador del Estado podrá crear, modificar, fusionar o extinguir, mediante decreto o acuerdo administrativo, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado, organismos descentralizados y desconcentrados, así como empresas de participación estatal, comisiones, comités, patronatos y entidades de la administración pública paraestatal, independientemente de la denominación que se les dé, y asignarles las funciones que estime conveniente. En el caso de los fideicomisos, su constitución se sujetará a lo que establezcan las leyes respectivas". Esto es, se trata de una resolución emitida de forma unilateral, con base en una atribución prevista en una ley, que crea, modifica y extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, tal como lo señala el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, lo alegado por la autoridad responsable no se justifica, e inaplica el criterio invocado, derivado de la Contradicción de Tesis 153/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, dado que el tema que ahí se decidió se refiere a la interpretación que el Alto Tribunal realizó respecto de los Contratos Colectivo de Trabajo, no de los decretos de extinción de los organismos descentralizados. IV.2.2. La autoridad responsable también adujo que el juicio de amparo es improcedente porque el decreto de extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo es un acto derivado de otro consentido, ya que es una consecuencia natural del decreto de reformas a la Ley General de Salud promulgada en noviembre de dos mil diecinueve, en contra de la cual no se promovió el juicio de amparo indirecto dentro de los plazos establecidos en la ley. Afirma que lo anterior es así, porque el artículo séptimo transitorio del decreto de reformas a la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre dedos mil diecinueve, precisó que las Entidades Federativas contarían con un plazo deciento ochenta días para armonizar las leyes respectivas y demás normativas vigentes en la materia; y, que tratándose del Régimen de Protección Social en Salud, substituido por las disposiciones establecidas por el "TÍTULO TERCERO BIS", que crea la institución "De la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social", la extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, deviene de forma natural, ya que los recursos públicos destinados a este nuevo sistema de salud, son administrados por un nuevo instituto, al que debe adecuarse las disposiciones del estado de Michoacán. Lo anterior es infundado. Efectivamente, el hecho de que en el juicio de amparo se reclaman actos derivados de otros consentidos, no es una causal de improcedencia por sí misma, sino que se trata de una causal de integración jurisprudencial por virtud de la cual, cuando el acto reclamado es una consecuencia directa e inmediata de otro que no fue controvertido previamente, se erige una imposibilidad técnica para analizar el acto derivado del consentido, sin afectar a éste, respecto del cual precluyó el derecho para impugnarlo. Empero, para que se integre la causal de improcedencia, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: La existencia de un acto anterior, respecto del cual no se haya promovido el juicio de amparo indirecto en los plazos y términos que fija la ley. La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa, legal y necesaria del primero. Aspectos que en el caso no se actualizan, ya que el acto reclamado en el juicio es una norma general, y el que lo precede con el cual la autoridad responsable lo vincula, también es una norma general, lo que produce una imposibilidad técnica para sostener que el primer acto fue consentido tácitamente, ya que tratándose de este tipo de actos, "normas generales", el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En virtud de lo anterior, no puede reputarse que el decreto de reformas a la Ley General de Salud promulgado por decreto publicado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, sea un acto consentido por no haberse promovido en su contra el juicio de amparo, pues -en todo caso- en perjuicio de los quejosos no existió un acto de aplicación; esto es, el acto de aplicación a que se alude, podría estar constituido por el decreto reclamado con base en la tesis de jurisprudencia 70/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes". En virtud de lo anterior, no es factible sostener que el decreto que extingue el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, se trate de un acto derivado de uno consentido. De ahí que lo alegado en este apartado también es infundado. Al respecto cobran aplicación la tesis sin número de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por si mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo". Así como la diversa, también sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en los casos en que se reclama un acto derivado de otro consentido, también lo es que ello supone que el acto reclamado sea una consecuencia directa y necesaria de que se consintió, lo que no sucede cuando un precepto establece una determinada facultad y esta se ejercita posteriormente, toda vez que tal ejercicio supone la celebración de nuevos actos concretos, llevados a cabo por la autoridad, que en si mismos pueden ser violatorios de garantías y que por ello al no ser consecuencia necesaria y directa de dichos preceptos, tampoco pueden estimarse como derivadas de él". IV.3. Ahora como el resto de las partes hizo valer alguna causal de improcedencia distinta a las analizadas, y este juzgador inadvierte que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación, procede su estudio sin que para ello sea necesaria su transcripción dado que no existe ningún precepto en la Ley de Amparo que así lo imponga, además que tal omisión no es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantías para la protección del derecho humano de acceso a la justicia, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio sistemático de los conceptos de violación. El acto reclamado está constituido por el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en contra del cual la parte quejosa expresó cuatro conceptos de violación. V.1. En el primero, señalan que el decreto es inconstitucional porque no cumplió los requisitos establecidos en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que de la publicación del decreto en comento se advierte que fue firmado por el Gobernador, Secretario de Gobierno, y la Secretaria de Salud, omitiendo hacerlo el Secretario de Finanzas no obstante que con base en los normativos indicados tenía el deber hacerlo. Lo anterior es infundado. Es verdad que conforme a la publicación contenida en el Periódico Oficial del Estado del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el decreto der extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, carece de la firma del Secretario de Finanzas y Administración; sin embargo, ello se debe a un error tipológico, pues mientras que por debajo del nombre del resto de los suscriptores aparece la leyenda "(Firmado)", en relación con el secretario de finanzas no, como se puede apreciar de la siguiente inserción: Sin embargo, el aludido error fue salvado con la "Fe de erratas" publicada en la Séptima Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el siete de enero de dos mil veinte, en donde se realizó la corrección correspondiente de la forma siguiente (foja 62): Cabe mencionar que la fe de erratas se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán antes de la presentación de la demanda (veintidós de enero de dos mil veinte), de ahí que lo alegado en el primer concepto de violación no se justifica. V.2. En el segundo concepto de violación, los quejosos sostienen que es inconstitucional el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, ya que fue emitido por las autoridades señaladas como responsables en agravio de todos los beneficiarios y trabajadores de dicho organismo sin sujetarse a los plazos y reglas del procedimiento previstas, tanto en la Ley General de Salud (reformada el 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve), como en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, lo anterior, porque las autoridades responsables anticipándose a la entrada en vigor del decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, que se estableció al uno de enero de dos mil veinte, emiten el decreto impugnado, incluso antes de que el Ejecutivo Federal formulara las disposiciones reglamentarias que permitieran proveer en la esfera administrativa lo previsto en el Decreto federal, en el que se establece que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor las entidades federativas armonizaran sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia. Es decir, en concepto de los quejosos, el Estado de Michoacán contaba y cuenta con 180 días naturales a partir del uno de enero de dos mil veinte, para armonizar las leyes respectivas, no antes, ya que la ley que lo facultaba para ello todavía no entraba en vigor como se desprende del artículo Décimo Segundo transitorio en que se estableció que hasta en tanto no se diera cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en los acuerdos de coordinación (que por cierto, el estado de Michoacán no ha firmado) a que se refiere el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, las entidades federativas deberán establecer y operar un sistema en los mismos términos de la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley. Así, -señalan los quejosos-, la indicación era la de sustituir y no extinguir al organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, ya que los fines y el objeto para los que fue creado subsisten y son del interés público conforme a la reformada Ley General de Salud, vulnerando con ello el principio de legalidad y certeza jurídica tutelados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en agravio de todos los trabajadores que laboran para dicho organismo. Lo anterior es infundado. En principio, resulta oportuno señalar que, por regla general, el control de la regularidad constitucional de una norma general, no puede realizarse a partir de su adecuación con alguna legislación secundaria como lo es la Ley General de Salud, como así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LXXXVIII/2016 (10a.) que establece lo siguiente: "REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UNA NORMA ORDINARIA. NO ES VÁLIDO REALIZAR EL EXAMEN RESPECTIVO A PARTIR DE SU ADECUACIÓN A ALGUNA LEGISLACIÓN SECUNDARIA. El análisis sobre la regularidad constitucional de una norma se efectúa atendiendo al contenido legal impugnado y su compulsa con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los derechos fundamentales que ésta y los tratados internacionales de los que México es parte tutelan. De ahí que no es válido evaluar la constitucionalidad de una norma ordinaria a partir de su adecuación a alguna legislación secundaria, porque ello condicionaría la constitucionalidad de un ordenamiento legal a la calificación de los factores asumidos por el legislador ordinario para emitir sus leyes secundarias en detrimento del principio de supremacía constitucional, lo que es inaceptable en nuestro sistema jurídico". No obstante, esta regla genera admite varias excepciones, una de ellas -como sucede en el caso- se presenta cunado esa contravención con otra ley secundaria de igual o mayor jerarquía vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica; por ejemplo, tratándose del principio de subordinación. Al respecto, también es aplicable la tesis de jurisprudencia 104/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. Los actos de autoridad de creación y vigencia de normas generales pueden combatirse en el juicio de garantías, con base en la infracción de exigencias que deben respetar, como las derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso aquellas derivadas del respeto a la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia, cuya violación puede demostrarse no sólo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, como la contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto constitucional, sin embargo, en este último supuesto, el examen de las normas jurídicas relativas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas, y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no exclusivamente el ordenamiento jurídico utilizado como parámetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de facultades, pues sólo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional, de otra manera, por más inconstitucional que resultara la norma comparativa no aplicada, no podría concederse la protección federal". Sentado lo anterior, es dable analizar el concepto de violación en este apartado el cual deviene infundado, porque su planteamiento partió de una hipótesis incorrecta, pues se asevera que el decreto de extinción se emitió un día antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley General de Salud, lo cual es incorrecto. Se afirma lo anterior, porque en la reforma a la Ley General de Salud (promulgada a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve), se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que substituyó al Régimen de Protección Social en Salud (comúnmente conocido como seguro popular); en efecto, se estableció en el artículo séptimo transitorio, que las entidades federativas contarían con un plazo hasta de ciento ocho días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto de reformas para armonizar las leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia. Asimismo, en el artículo primero transitorio se señaló: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2020, excepto por lo que se establece en los artículos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo transitorios". De ahí entonces, que el plazo de ciento ochenta días a que alude el artículo séptimo transitorio comenzó a correr a partir del uno de enero de dos mil veinte para fenecer el veintiocho de junio de dos mil veinte; sin embargo, atendiendo a lo que establece nominalmente el artículo primero transitorio, el decreto de extinción del organismo público denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, sí se realizó dentro del plazo aludido, pues como ya se indicó -nominalmente hablando-la entidad contaba con un plazo de hasta ciento ochenta días, contados a partir de la entrada de vigor del decreto de reformas, que fue el uno de enero de dos mil veinte. Siendo esto así, si el decreto que constituye el acto reclamado se expidió el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, pero su entrada en vigor se prorrogó hasta el día uno de enero de dos mil veinte, su vigencia comenzó el primer día del plazo previsto en el artículo primero transitorio del decreto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de ahí que lo alegado no se justifica. Efectivamente, el período que transcurre entre la emisión de un acto formal y materialmente legislativo (leyes), se ha denominado en la teoría del derecho constitucional como "vactio legis", en ese lapso -aunque ya culminó el proceso legislativo y debe tenerse por manifestada la voluntad del Poder Legislativo-, los derechos y obligaciones contenidos en la norma general no pueden ser exigidos porque se trata de una norma general que carece de vigencia, puesta ésta se activará dentro de la temporalidad que el propio legislador estableció en el decreto por el cual la expidió, y en caso de no se mencione, por regla general, al día hábil siguiente al de su publicación. En ese orden, si el acto reclamado -como ya se estableció- es una norma general desde el punto de vista material y por ello goza de los atributos de las leyes, su validez temporal se encuentra sujeta también a las mismas reglas de las leyes, esto es, si bien la voluntad del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo se manifestó un día antes de la entrada en vigor del decreto que reformó la Ley General de Salud, porque el decreto de extinción se expidió el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que se trata de una norma general cuyo ámbito temporal de validez comenzó hasta el día uno de enero de dos mil veinte, cuando la reforma en primer término mencionada ya había cobrado vigencia por haber concluido el periodo de la vacatio legis. Lo anterior puede corroborarse, del contenido del artículo primero transitorio del decreto de extinción que señala: "Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo". Sentado lo anterior, si el decreto se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en la primera sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el día siguiente de su publicación es el uno de enero de dos mil veinte, mismo día en el que también entró en vigor el decreto de reformas a la Ley General de Salud; por tanto, lo alegado en este apartado es infundado. V.3. En el tercer concepto de violación, los quejosos sostienen que el decreto de extinción reclamado atenta contra de sus derechos humanos y laborales, así como de todos los trabajadores que laboraban para el extinto Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, que constituye la fuente de trabajo de cerca de 300 trescientos trabajadores, pretendiendo con ello extinguir la posibilidad de la continuidad laboral con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, conocido por sus siglas como (INSABI), en contravención directa de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, y de la Ley General de Salud, reformada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, violentando con ello los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afirman que lo anterior es así, porque el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, establece: "Artículo 4. Todas las autoridades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la legislación secundaria, normas y reglamentos; en todo momento las dependencias y entidades se guiarán y actuarán bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como con igualdad de oportunidades igualdad sustantiva, respeto a la cultura y protección de los pueblos indígenas". También señalan que Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, establece: "Capítulo VIII Del Instituto de Salud para el Bienestar Artículo 77 bis 35.- El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá las funciones siguientes: [.] X. Proponer, con sujeción a los recursos disponibles, programas de regularización del personal profesional, técnico y auxiliar para la salud que participe en la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, en el que se consideren, entre otros aspectos, la antigüedad y el desempeño; XI. Formular y mantener actualizada la plantilla ocupada de los trabajadores que participan en la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, y operar, conforme a lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias, un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de rendición de cuentas". "Artículo 77 bis 35 H. El Director General, además de las facultades que le confieren los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes: I. Ejercer el presupuesto autorizado del Instituto de Salud para el Bienestar, con sujeción a las disposiciones legales y administrativas aplicables; II. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los coordinadores que estarán a cargo de las regiones a que se refiere el artículo 77 bis 35 F, fracción III de la presente Ley; III. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el Estatuto Orgánico, los manuales de organización específicos, de procedimientos y de servicios al público, así como otros instrumentos que conforme a las disposiciones aplicables deba expedir dicho Órgano de Gobierno, y IV. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno y las disposiciones jurídicas aplicables". "Artículo 77 bis 35 I.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto de Salud para el Bienestar y sus trabajadores, se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Transitorios. Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud serán transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en términos de las disposiciones aplicables. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud será responsable del proceso de transferencia de los recursos a que se refiere este transitorio, por lo que proveerá y acordará lo necesario para tal efecto, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la Administración Pública Federal. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán, en sus respectivos ámbitos de competencia, los lineamientos y disposiciones de carácter general que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo". "Cuarto. Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto cambie de adscripción, se respetarán conforme a la ley de la materia." En concepto de los quejosos, con lo anterior se acredita que el decreto de extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, resulta ilegal al contravenir la legislación estatal y la Ley General de Salud reformada, así como al no encontrase armonizada con la misma, ya que -afirman- en su dictado se pasan por alto los derechos adquiridos y reconocidos en la ley General de Salud de todos los trabajadores que laboraban para los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en las entidades federativas, lo que atenta y afecta directamente a los derechos de los ahora quejosos al carecer de certeza sobre su estabilidad laboral y posición frente al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, vulnerando con ello los derechos humanos, y la debida fundamentación y motivación en relación con la armonización que debiera contenerse en el proceso de promulgación, refrendo y publicación del decreto impugnado. Lo anterior también es infundado. Se afirma lo anterior porque si bien el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo -al igual que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la propia del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo- prevé la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema de toda la unión así como las garantías que otorga para su protección, el hecho de que se extinga una organismo público descentralizado, por sí mismo, no trastoca la prevención general contenida en las disposiciones constitucionales y legales indicadas, sobre todo porque las obligaciones a que aluden los quejosos, no tienen como destinataria la Administración Pública Estatal. Efectivamente, con base en el artículo, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, éstos son organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, no estatal, ya que la porción normativa en consulta señala: "Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por: [.] III. Institutos Nacionales de Salud, a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el Sector Salud, que tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional". En ese orden, las disposiciones que los quejosos invocan como violadas, no son aplicables -orgánicamente hablando-, al organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, ya que la existencia de este organismo se rige por el decreto de creación publicado el diez de septiembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se precisó que se trataba de un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, no federal. No escapa a la consideración del juzgador que el artículo séptimo transitorio del decreto de reformas a la Ley General de Salud, que creó el Instituto de Salud para el Bienestar, estableció la obligación a cargo de las entidades federativas de armonizar sus legislaciones, sin embargo, en esa reforma no se sujetó esa armonización a alguna base específica, en cambio, en el artículo octavo transitorio de ese decreto sí se especificó: "Octavo. Durante el ejercicio fiscal 2019, los gobiernos de las entidades federativas continuarán prestando los servicios de atención médica a que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud con los recursos asignados al Sistema de Protección Social en Salud para dicho ejercicio. Para tales efectos, dichos gobiernos locales podrán ejercer los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2019 a través de la totalidad de las unidades médicas de sus redes de servicios de salud". Y en el estado de Michoacán existe otro organismo público, también descentralizado que se denomina "Servicios de Salud de Michoacán", creado por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis. En virtud de lo anterior, lo alegado en este apartado es infundado. V.4. En el cuarto concepto de violación, los quejosos sostienen que en virtud del decreto de extinción del organismo público se le dejó e cubrir de manera ilegal el pago de los salarios que venían percibiendo cada quincena, toda vez que el día quince de enero de dos mil veinte, correspondía el depósito de nuestra quincena y la misma no les fue cubierta, dejándolos en estado de indefensión e incertidumbre, ya que -afirman- como ha sido del dominio público la Secretaría de Salud en el Estado, lejos de cubrir el pago de los salarios de los trabajadores, ha manifestado públicamente que se liquidará a los trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, aun cuando -bajo protesta de decir verdad- manifiestan los quejosos que formal o informalmente no se les ha notificado absolutamente nada al respecto. Sin embargo -precisan- la certeza del actuar de las autoridades responsables se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento, el cual de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo no está sujeto a prueba al tratarse de hechos públicos y notorios, determinación que incluso se contrapone con las declaraciones públicas hechas por el Presidente de la Republica, quien en diferentes entrevistas, a pregunta expresa, ha manifestado que no se despedirá a ningún trabajador del Seguro Popular y que más bien se están buscando los espacios en donde ubicarlos para regularizar su situación laboral. Que en el mismo sentido anterior se ha pronunciado el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y Titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quien ha manifestado públicamente y a través de su cuenta de Twitter, que todos los trabajadores de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud cuentan con la continuidad laboral a partir del uno de enero de dos mil veinte, y que hasta en tanto se suscriban los acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, sin exceder del quince de abril de dos mil veinte hasta el 6% de los recursos totales transferibles a los Servicios Estatales de Salud, para la atención a los beneficiarios de los servicios referidos, podrán destinarse al pago de los servicios personales correspondientes a las personas que hasta esta fecha laboran para los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. Agregan que tales determinaciones son distintas a la situación que priva en esta entidad federativa, ya que a la fecha no se ha firmado el Convenido o Acuerdo de Colaboración por parte del Gobernador del Estado de Michoacán con la federación, lo que los deja en estado de indefensión, al provocar que no lleguen los recursos que garanticen el pago de las quincenas con retroactivo al uno de Enero de dos mil veinte, circunstancia por demás grave ya que hasta en tanto no se firme el convenio de colaboración el organismo y sus obligaciones aún existen en la vida jurídica. Bajo tal escenario -continúan señalando- es clara la violación constitucional por parte de las autoridades responsables, puesto que pone a los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, en un estado de vulnerabilidad permanente, porque el respaldo económico que otorga el Presupuesto, da seguridad jurídica a los ahora quejosos de que su sueldo y prestaciones están asegurados. Añaden que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos y omisiones, en lo que interesa, se advierte que corresponde al Gobernador la firma del convenio, siendo su obligación constitucional ponderar con una visión global y decidir sobre si acepta la propuesta o no. Partiendo de las premisas anteriores, se tiene que los quejosos se encuentran bajo el supuesto de que constituye una omisión del ejecutivo del estado, porque se encuentra obligado constitucionalmente a ello, empero al emitir el decreto de extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, lo realizó de forma inconstitucional, incompleta y deficiente. Es decir, las autoridades responsables fueron omisas en incluir y respetar los derechos laborales de los trabajadores, lo cual redunda en una violación a los derechos fundamentales, ya que el hecho de que un organismo no cuente con capital económico para operar se traduce, en resumen, en la paralización administrativa operativa de dicho órgano. También señalan que el hecho de que una entidad cuente con capital económico otorga seguridad sobre su operatividad durante el ejercicio fiscal correspondiente. De esta forma, la circunstancia de que el órgano descentralizado en comento y la entidad carezca de una asignación económica para este ejercicio fiscal en el tema de salud, cuando los ahora quejosos aún tienen una relación jurídica con dicha entidad, constituye una omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables que afecta de forma directa sus derechos humanos y laborales al carecen de certeza sobre la estabilidad y posición frente al empleador e Instituto como patrón sustituto. Lo anterior es infundado. V.4.1. Con base en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, con fundamento en el diverso 83 de la misma ley, se advierte que éste puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Así mismo, el artículo 99 señala que el derecho a percibir el salario es irrenunciable que igualmente lo es el de percibir los salarios devengados. Cuando los salarios se fijan por unidad de tiempo, deben ser pagados dentro de un plazo que no podrá ser mayor a una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores. De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto), puede advertirse que la obligación en el pago de salarios está condicionada a la prestación del servicio personal subordinado por parte del trabajador, dentro de la jornada laboral para la que fue contratada, de lo que se sigue que el decreto de extinción del organismo público descentralizado no provoca -como incorrectamente lo aprecian los quejosos- la interrupción en el pago del salario, sino la terminación colectiva de las relaciones laborales entabladas entre el organismo en liquidación y sus trabajadores, lo cual implica que el trabajador ya no prestará el servicio personal subordinado, y el patrón ya no pagará los salarios correspondientes, sino la indemnización que en su caso orden la Junta de Conciliación y Arbitraje que conozca del procedimiento previsto en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabo. Al respecto, cobra aplicación la tesis XL/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. CAUSA DE FUERZA MAYOR PARA LA TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES DE TRABAJO CON SUS TRABAJADORES. LA GENERA, PREVIO PROCEDIMIENTO LABORAL, EL DECRETO PRESIDENCIAL QUE EXTINGUE A UNA ENTIDAD DE ESA NATURALEZA. Atento a la naturaleza jurídica de los organismos descentralizados y a su propia personalidad jurídica diversa de la del Ejecutivo Federal, cuando éste emite un decreto de extinción de un organismo descentralizado genera una causa indirecta y mediata de terminación de las relaciones de trabajo, que posibilita el inicio del procedimiento conducente para que la autoridad en materia de trabajo se pronuncie sobre la efectiva terminación de las relaciones laborales, por actualizarse una causa de fuerza mayor conforme al artículo 434, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el citado decreto extingue la fuente de trabajo de los trabajadores de la entidad paraestatal, lo que constituye una cuestión ajena y externa al patrón, ya que no puede concebirse al Presidente de la República y a los órganos que integran la administración pública paraestatal como un solo ente del Estado para efectos de las relaciones laborales que mantiene un organismo descentralizado con sus trabajadores. Lo anterior es así, porque los organismos públicos descentralizados no actúan con la personalidad del Estado y, en ese sentido, no puede sostenerse que el decreto de extinción de un organismo descentralizado sea un decreto que involucra al patrón para efectos de no darse la causa de fuerza mayor aludida; y no lo involucra porque el Presidente de la República no tiene esa calidad, sino que el patrón es el propio organismo público descentralizado, que se ve extinguido a través del decreto presidencial que lleva a cabo una autoridad con la que no existe relación jurídica como el patrón". En ese sentido, el argumento expuesto por los quejosos en el cuarto concepto de violación, en el sentido de que el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, provoca la suspensión del pago de salarios es infundado. V.4.2. También es infundado lo aducido en el sentido de que el decreto de extinción del organismo público se contrapone con las declaraciones públicas hechas por el Presidente de la Republica, quien en diferentes entrevistas a pregunta expresa ha manifestado que no se despedirá a ningún trabajador del Seguro Popular y que más bien se están buscando los espacios en donde ubicarlos para regularizar su situación laboral, y lo que, en el mismo sentido se ha pronunciado el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y Titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quien ha manifestado públicamente y a través de su cuenta de Twitter, que todos los trabajadores de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud cuentan con la continuidad laboral a partir del uno de enero de dos mil veinte, y que hasta en tanto se suscriban los acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, sin exceder del quince de abril de dos mil veinte hasta el 6% de los recursos totales transferibles a los Servicios Estatales de Salud, para la atención a los beneficiarios de los servicios referidos, podrán destinarse al pago de los servicios personales correspondientes a las personas que hasta esta fecha laboran para los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. Y se afirma que lo anterior es infundado, porque si bien en materia de salud existe una concurrencia de facultades entre la Federación y las Entidades Federativas, también lo es que esa concurrencia se refiere a la prestación del servicio público de salud, en todo lo relativo a las obligaciones del estado para con la población, empero, en materia de organización administrativa, los organismos públicos de las entidades federativas, por su naturaleza, tienen personalidad y patrimonio jurídicos propios, su existencia se rige por los decretos que los crean y, por ello, no puede existir injerencia de ninguna autoridad que no esté expresamente contemplada en el propio decreto o en las leyes vigentes, ni siquiera por parte del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así porque la descentralización administrativa es una forma de organización que en términos generales consiste en confiar algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración centralizada una relación diversa de la de jerarquía, pero sin que dejen de existir respecto de ellas las facultades indispensables para conservar la unidad del Poder. Esta disociación de la relación de la jerarquía entre los organismos descentralizados con el Poder Ejecutivo, impide que éste tenga injerencia de manera directa tanto en la organización y operación del organismo, de ahí que, aún el supuesto de que fuera verídico las manifestaciones formuladas por los quejosos en el sentido en que se pronunciaron el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y Titular del Instituto de Salud para el Bienestar -aspectos que no se encuentran demostrados en autos porque no se ofreció ninguna prueba para ello- dado que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, no federal, ello no significa que al emitirse el decreto de extinción el Titular del Poder Ejecutivo del Estado estuviera obligado a atender tales manifestaciones, sino lo que expresamente señala la Ley General de Salud en los artículos séptimo y octavo de las disposiciones transitorias del decreto de reformas publicado en el Diario oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Sin que pase inadvertido para este juzgador, lo alegado por los quejosos en el sentido de que las manifestaciones que atribuyen al Presidente de los estados Unidos Mexicanos, al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar constituyan un hecho notorio, pues por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. En ese sentido, las manifestaciones que los quejosos atribuyen al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar, no son un hecho notorio, pues aseveran que tales manifestaciones las realizaron, el primero en diversas entrevistas y el resto en Twitter, y las notas periodísticas, o de redes sociales carecen de valor probatorio por sí solas. Al respecto, cobra aplicación la tesis "con registro digital 237424 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIODISTICA COMO. SU VALOR PROBATORIO. Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con relación a un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor probatorio en el juicio de garantías, porque se trata de informaciones estructuradas fuera del procedimiento de dicho juicio". V.4.3. En relación con lo alegado en el cuarto concepto de violación en el sentido de que el decreto de extinción contiene determinaciones que son distintas a la situación que priva en esta entidad federativa, ya que a la fecha no se ha firmado el Convenido o Acuerdo de Colaboración por parte del Gobernador del Estado de Michoacán con la federación, lo que provoca que se deje en estado de indefensión, al propiciar que no lleguen los recursos que garanticen el pago de las quincenas con retroactivo al uno de enero de dos mil veinte, y que bajo tal escenario es clara la violación constitucional por parte de las autoridades responsables, puesto que coloca a los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, en un estado de vulnerabilidad permanente, porque el respaldo económico que otorga el Presupuesto, da seguridad jurídica a los ahora quejosos de que su sueldo y prestaciones están asegurados, también es infundado. Lo anterior porque, como ya se explicó, la obligación de pagar los salarios a los trabajadores depende que de que se preste un servicio personal subordinado y por virtud del decreto de extinción, con base en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, implica la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, debiendo en consecuencia ejercerse las acciones correspondientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente. Ahora, si bien con base en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones, cuando llamadas a realizar tal o cual conducta la omiten, para que esta circunstancia se pueda configurar es necesario que la parte quejosa demuestre la fuente de la obligación incumplida. Y en el caso, los quejosos sostienen que el Estado de Michoacán, previo a la emisión del decreto de extinción, estaba obligado a suscribir el convenio de colaboración a que alude el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, en relación con el artículo Décimo Segundo de las disposiciones transitorias del decreto de reformas publicado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, los cuales establecen: "Artículo 77 bis 16 A.- En el caso de las entidades federativas que acuerden con el Instituto de Salud para el Bienestar, que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios a que se refiere este Título, los recursos que les correspondan de los mencionados en el artículo 77 bis 15 de esta Ley, serán ejercidos por el citado Instituto en términos de los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo. En el caso a que se refiere el presente artículo, las entidades federativas deberán aportar al Instituto de Salud para el Bienestar los recursos a que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 14 de esta Ley, en términos de las disposiciones reglamentarias y en los respectivos acuerdos de coordinación. Por lo que se refiere a los recursos que correspondan a las entidades federativas en términos del artículo 25, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, estas deberán enterarlos, en un plazo no mayor a cinco días naturales a su recepción, incluyendo los intereses generados, al fideicomiso público que constituya el Instituto de Salud para el Bienestar en términos de las disposiciones reglamentarias. Los acuerdos de coordinación mediante los cuales se formalice lo relativo al presente artículo serán celebrados previa opinión de viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, con base en el análisis técnico que presente el Instituto de Salud para el Bienestar por conducto de la Secretaría de Salud; y en los términos de las disposiciones reglamentarias deberán contemplar cuando menos: I. Criterios relativos a los recursos humanos, materiales y financieros objeto de los acuerdos de coordinación; II. Régimen laboral, incluyendo, entre otros, lo relativo a las remuneraciones que observará el personal objeto de los acuerdos de coordinación; III. Régimen inmobiliario; IV. La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de esta Ley; V. Obligaciones de transparencia, y VI. El porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar. Para efecto de la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo, las entidades federativas deberán proporcionar previamente al Instituto de Salud para el Bienestar la información que les requiera. Las entidades federativas serán responsables de llevar a cabo todos los actos necesarios a fin de que los recursos humanos, financieros y materiales objeto de los acuerdos de coordinación, se encuentren libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. En ningún caso el Instituto de Salud para el Bienestar podrá asumir el cumplimiento de obligaciones adquiridas por las entidades federativas previo a la celebración de dichos convenios. En caso de incumplimiento respecto de la aportación a que se refiere la fracción VI del presente artículo, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación. Lo anterior se deberá establecer en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo". "Décimo Segundo. Hasta en tanto se dé cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, las entidades federativas deberán establecer y operar un sistema en los mismos términos de la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley. El Instituto de Salud para el Bienestar deberá actualizar, como parte del análisis técnico a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, la plantilla ocupada de los trabajadores que participan en la prestación de los servicios, a que se refiere la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley". Del contenido nominal de estos preceptos, no se advierte la obligación por parte del Estado de Michoacán de suscribir el convenio a que aluden los quejosos, menos que ello deba ser de forma previa al decreto de extinción; por lo contrario, puede deducirse que la suscripción del convenio es de carácter potestativo ya que si alguna entidad federativa decide hacerlo obtendrán como beneficio que el Instituto de Salud para el Bienestar, se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salud en facvor de las personas que carezcan de seguridad social. Lo anterior significa que el convenio a que aluden los preceptos legales transcritos no es de carácter obligatorio sino potestativo, si es que el Estado decide transferir a la federación la prestación de los servicios de salud señalados en el Capítulo VIII, con la consecuencia de que los recursos humanos y materiales que correspondan sean transferidos al fideicomiso encargado de la administración del Instituto de Salud para el Bienestar. En virtud de lo anterior lo alegado en este apartado del concepto de violación no se justifica. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Al resultar infundados los conceptos de violación y advertir que en perjuicio de los quejosos deba suplirse la deficiencia de la queja en la exposición de estos con base en el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Cristina Hernández Saavedra, María del Carmen Murrieta Oregel, Cesar González Samaniego, María Lestenia Sánchez Camacho y Agueda Díaz Díaz, en contra de los actos que reclamaron al [a] Gobernador y [b] Secretaría de Gobierno, [c] Secretaría de Finanzas y Administración, [d] Secretaría de Salud y [e] Director del Periódico Oficial, precisados en el considerando tercero de esta resolución por las razones expuesto en el considerando quinto.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-70/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte en el buzón judicial, recibido el día siguiente (veintitrés) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, turnado ese día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María Cristina Hernández Saavedra, María del Carmen Murrieta Oregel, César González Samaniego, María Lestenia Sánchez Camacho y Agueda Díaz Díaz, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos de autoridad que consideraron contrarios a los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narraron bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite. En proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte y previo cumplimiento de un auto preventivo, se admitió la demanda a trámite (página 48, expediente electrónico), se requirió a las autoridades responsables el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer del juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados están constituidos por una norma general cuyos efectos materiales se verifican dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. Asimismo, es oportuno resolver esta controversia en virtud de que en el acuerdo general 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en el artículo 2, fracción III, señala lo siguiente: "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que: [.] III. Las y los titulares resuelvan los asuntos tramitados físicamente y que se encuentren listos para sentencia, para lo cual podrán integrar y publicar las listas respectivas". En ese orden, dado que este asunto se encuentra debidamente integrado y cuenta con audiencia constitucional celebrada, resulta oportuno pronunciar sentencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora, de la interpretación sistemática de la demanda con el resto de las actuaciones se advierte que la intención de los quejosos es reclamar lo siguiente: "ACTO QUE SE RECLAMA: La promulgación, refrendo y publicación del Decreto de Extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Primera Sección, Tomo CLXXIV, con fecha de 31 treinta y uno de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve" (foja 3). Que se atribuyen conforme a la participación que tuvieron en el proceso al [a] Gobernador y [b] Secretaría de Gobierno, [c] Secretaría de Finanzas y Administración, [d] Secretaría de Salud, y [e] Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. Existencia de actos reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al [a] Gobernador y [b] Secretaría de Gobierno, [c] Secretaría de Finanzas y Administración, [d] Secretaría de Salud y [e] Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, pues al margen de la forma en que hayan rendido el informe justificado que les fue requerido, como lo que se les reclama es la participación que tuvieron en el proceso que culminó con la promulgación del decreto de extinción del organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, por tratarse de normas generales dadas a conocer a través del medio oficial de difusión, su existencia no está sujeta a prueba. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse por el juzgador, aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV.1 Causales aducidas por la Secretaría de Finanzas y Administración. IV.1.1. Del estudio integral de los informes justificados se advierte que la Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, encargada de la defensa jurídica de esa Secretaría, al rendir el informe justificado, adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; porque -a su modo de ver- no son ciertos los actos que se reclaman al titular de la Secretaría de Finanzas (página 91, expediente electrónico). Lo así alegado es infundado por lo siguiente. Las porciones normativas invocadas señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". De esta transcripción se observa, que la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, no es en sí misma una causal de improcedencia sino que, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé el artículo en cita, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que las fracciones I a XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causales previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; de ahí que, cuando se invoque en el juicio la fracción XXIII, necesariamente deberá relacionarse con alguna otra disposición de la Ley de Amparo, o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso no sucedió, porque, lo que en realidad se hizo valer fue una causal de sobreseimiento que no es lo mismo que la improcedencia. En efecto, el sobreseimiento es una institución jurídica que impide al juzgador analizar la constitucionalidad de los actos que se reclaman por no haberse cumplido con alguno de los presupuestos del proceso. Existen varias causas que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, pero sólo una de ellas se relaciona con la procedencia. Es así que la procedencia y el sobreseimiento no son instituciones análogas, guardan una relación de continente-contenido porque todas las causas de improcedencia conducen al sobreseimiento en el juicio; empero, no todas las causas de sobreseimiento provienen o se relacionan con la improcedencia. Así, el artículo 63 de la Ley de Amparo prevé cinco hipótesis de sobreseimiento y sólo la fracción "V" alude a la improcedencia. Efectivamente, si después de haberse promovido la demanda de amparo, [i] el quejoso desiste y ratifica el escrito en un plazo de tres días, procederá el sobreseimiento; al igual que [ii] si omite acreditar sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo; o [iii] el quejoso muere durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; y, cuando [iv] de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; deberá decretarse el sobreseimiento, no la improcedencia de la acción; en cambio, [hipótesis de la fracción V], si después de analizar las constancias se advierte la actualización de una causal de improcedencia, entonces también deberá decretarse como consecuencia el sobreseimiento. Por tanto, lo alegado por la autoridad responsable no se justifica. Al respecto, cobra aplicación la tesis XCI/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En virtud de lo anterior, lo alegado por la autoridad responsable no se justifica. Lo anterior, al margen de que a la referida autoridad responsable se le cuestiona que no signó el decreto de extinción reclamado, y en el considerando precedente se tuvo por cierto el acto reclamado a ella; ello, al margen de que la falta de signa de ella en dicho decreto resulte constitucional o no, mas esto es materia de fondo. IV.1.2. La misma autoridad señaló que el juicio de amparo es improcedente, porque la parte quejosa no demostró el interés jurídico para la promoción del juicio, ya que -desde su perspectiva- el decreto de extinción del organismo público descentralizado denominado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo", no afecta los intereses jurídicos de los quejosos porque en ningún momento acreditaron alguna afectación, ya que en el artículo 3o. del decreto señala que los derechos laborales de los trabajadores del organismo serán respetados de conformidad con la legislación aplicable. Lo anterior es infundado. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La causal de improcedencia por falta de interés, a partir de la reforma constitucional en materia de juicio de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se construye sobre dos vertientes; esto es, el interés que legitima a una persona para la promoción del juicio de amparo contra actos u omisiones de la autoridad, distinta a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte puede ser jurídico o legítimo. El interés jurídico es aquel que se identifica con la afectación que sufre una personas determinada respecto de algún derecho subjetivo público que se ve transgredido o amenazado con la norma general el acto u omisión de la autoridad; en tanto que el interés legítimo se asocia con el perjuicio que una persona determinada sufre o puede llegar a sufrir, aunque ese daño o perjuicio no recaiga sobre un derecho subjetivo público de manera directa sino que se produce por la especial situación que el quejoso guarda frente al orden jurídico, esto es, cuando sufre una afectación personal pero de manera indirecta y cualificada. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, el acto reclamado es el decreto por el cual se extinguió el organismo público descentralizado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo", extinción que incide en la esfera jurídica de los quejosos ya que, en cuanto trabajadores de dicho organismo -lo que acreditaron con los recibos de nómina expedidos por el organismos en cita, debidamente timbrados (fojas 22, 25, 20, 29 y 33)-, los derechos y obligaciones existentes entre el extinto organismo y ellos, los legítima para ejercer la acción de amparo. Lo anterior, con independencia de que la afectación a los intereses jurídicos o legítimos con la emisión del decreto, sea constitucional o no, pues la determinación que sobre este aspecto se llegue a tomar es materia de fondo del asunto, no de la procedencia. Dicho de otra forma, el método de estudio de las controversias que se plantea a través del juicio de amparo, por su orden, requiere que se cumpla con el principio de instancia de parte, la existencia de una agravio personal y directo (interés jurídico) o indirecto cualificado (interés legítimo), aspectos que son independientes de la constitucionalidad del acto, pues una vez satisfechos estos principios, si no existe alguna causa que lo impida, entonces el juez podrá analizar el fondo de la controversia, esto es, decidir si el acto reclamado viola o no los derechos deducidos en el juicio. En ese orden, la idea de perjuicio requerido para la procedencia del juicio se refiere a la incidencia que una norma general, acto u omisión de la autoridad produce en la esfera jurídica de los quejosos -lo que opera en el ámbito de la procedencia-, con independencia de que esa incidencia encuentre justificación constitucional o no -lo que pertenece al ámbito de la decisión que se tome respecto del fondo del planteamiento-. En esta tesitura, el hecho de que el artículo 3o. del decreto de extinción reclamado precise que los derechos laborales de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, serán respetados de conformidad con la legislación laboral aplicable, no suprime la incidencia que el decreto puede tener en la esfera jurídica de los quejosos, en todo caso será una razón que debe analizarse para sostener su constitucionalidad o no; por tanto, lo alegado no se justifica. IV.1.3. En el apartado intitulado como "TERCERA" la autoridad responsable señaló que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Argumento que es infundado por lo siguiente. Con independencia de las razones expuestas por la autoridad responsable, lo alegado no se justifica porque la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos emitidos por los tribunales Judiciales, Administrativos o de Trabajo; y, el [a] Gobernador del Estado de Michoacán, no es un tribunal. Lo anterior, porque con base en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales, no así en el Gobernador del Estado. En virtud de lo anterior, lo alegado por la autoridad responsable es infundado. IV.2. Causales aducidas por la Secretaría de Salud, por sí y en cuanto liquidador del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. IV.2.1. Al rendir el informe justificado que le fue requerido la Secretaría de Salud, aludió a cuatro actos reclamados separándolos en incisos del A) al D), actos que -a su modo de ver- dedujo del capítulo de suspensión de los actos reclamados, ya que la solicitud de que "A) No se extinga el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo", "B) No se emita ni publiquen las bases para llevar a cabo el proceso de liquidación del organismo referido", "C) No se inicie en contra de los quejosos el procedimiento de liquidación; y", "D) Se continúe con el pago de los salarios de los quejosos de forma retroactiva al uno de enero de dos mil veinte", en realidad constituyen los efectos para los cuales los quejosos solicitaron la suspensión de los actos reclamados como se aprecia de la transcripción siguiente: "SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO A efecto de que las cosas guarden el estado en que se encuentran, en tanto no se resuelva en Juicio el Amparo presentado, por este conducto solicitamos a su Señoría se nos conceda la suspensión provisional del acto reclamado y en su momento la definitiva, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es que no se extinga el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; que no se emitan ni publique las bases para llevar a cabo el proceso de liquidación del organismo y en caso de haberse emitido que no se inicie en nuestra contra ningún procedimiento de liquidación; hasta en tanto sea resuelto el Juicio de Amparo Indirecto, debido a lo anterior, los suscritos sigamos fingiendo como trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo; se nos paguen nuestros salarios, en quincenas de forma retroactiva al 1° primero de enero de 2020 dos mil veinte; por cuanto a que con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se atenta contra el interés social" (foja 13). En este contexto, se reitera que el único acto reclamado es la emisión del decreto por el que se declaró la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. Precisión que tiene trascendencia en la medida en que con independencia de que pudiera tener incidencia en los derechos laborales de los quejosos, el acto reclamado, desde el punto de vista material, es de naturaleza legislativa, aunque formalmente administrativo por haberlo emitido el titular del Poder Ejecutivo del Estado, pero que contiene normas generales que goza de los atributos de las leyes. Se explica lo anterior de la forma siguiente. El Supremo Poder de la Unión se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo o Administrativo y Judicial, por ello, los actos de autoridad pueden ser catalogados desde el punto de vista material, en legislativos, administrativos o judiciales. Para efectos de esta resolución los que interesan son los legislativos. El acto legislativo -desde el punto de vista material- se caracteriza porque crea situaciones jurídicas abstractas; por tanto, gozan de los atributos siguientes: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, esto es, los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y sólo pueden ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el Poder Público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Precisado lo anterior, para analizar las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable se tomará en consideración como único acto reclamado, el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de protección Social en Salud, y no los que refirió en el informe justificado. IV.2.1. Así, la Secretaría de Salud del Estado Michoacán adujo que el juicio de amparo es improcedente, porque la liquidación del organismo público no es un acto de autoridad sino realizado por la administración pública pero equiparado a un particular, lo que -afirma- es así porque los quejosos se duelen de una afectación en derechos laborales. Lo anterior es infundado. No asiste razón a la autoridad responsable, pues lo alegado en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente con base en que el acto reclamado no es, para efectos del juicio de amparo, un acto de autoridad (página 147), deviene inexacto, ya que el hecho de que los derechos deducidos por los quejosos se vinculen con cuestiones laborales, es independiente del hecho de que el decreto de extinción se emitió con base en el ejercicio de una de las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, contenidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual establece: "Artículo 7. El Gobernador del Estado podrá crear, modificar, fusionar o extinguir, mediante decreto o acuerdo administrativo, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado, organismos descentralizados y desconcentrados, así como empresas de participación estatal, comisiones, comités, patronatos y entidades de la administración pública paraestatal, independientemente de la denominación que se les dé, y asignarles las funciones que estime conveniente. En el caso de los fideicomisos, su constitución se sujetará a lo que establezcan las leyes respectivas". Esto es, se trata de una resolución emitida de forma unilateral, con base en una atribución prevista en una ley, que crea, modifica y extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, tal como lo señala el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, lo alegado por la autoridad responsable no se justifica, e inaplica el criterio invocado, derivado de la Contradicción de Tesis 153/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, dado que el tema que ahí se decidió se refiere a la interpretación que el Alto Tribunal realizó respecto de los Contratos Colectivo de Trabajo, no de los decretos de extinción de los organismos descentralizados. IV.2.2. La autoridad responsable también adujo que el juicio de amparo es improcedente porque el decreto de extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo es un acto derivado de otro consentido, ya que es una consecuencia natural del decreto de reformas a la Ley General de Salud promulgada en noviembre de dos mil diecinueve, en contra de la cual no se promovió el juicio de amparo indirecto dentro de los plazos establecidos en la ley. Afirma que lo anterior es así, porque el artículo séptimo transitorio del decreto de reformas a la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre dedos mil diecinueve, precisó que las Entidades Federativas contarían con un plazo deciento ochenta días para armonizar las leyes respectivas y demás normativas vigentes en la materia; y, que tratándose del Régimen de Protección Social en Salud, substituido por las disposiciones establecidas por el "TÍTULO TERCERO BIS", que crea la institución "De la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social", la extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, deviene de forma natural, ya que los recursos públicos destinados a este nuevo sistema de salud, son administrados por un nuevo instituto, al que debe adecuarse las disposiciones del estado de Michoacán. Lo anterior es infundado. Efectivamente, el hecho de que en el juicio de amparo se reclaman actos derivados de otros consentidos, no es una causal de improcedencia por sí misma, sino que se trata de una causal de integración jurisprudencial por virtud de la cual, cuando el acto reclamado es una consecuencia directa e inmediata de otro que no fue controvertido previamente, se erige una imposibilidad técnica para analizar el acto derivado del consentido, sin afectar a éste, respecto del cual precluyó el derecho para impugnarlo. Empero, para que se integre la causal de improcedencia, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: La existencia de un acto anterior, respecto del cual no se haya promovido el juicio de amparo indirecto en los plazos y términos que fija la ley. La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa, legal y necesaria del primero. Aspectos que en el caso no se actualizan, ya que el acto reclamado en el juicio es una norma general, y el que lo precede con el cual la autoridad responsable lo vincula, también es una norma general, lo que produce una imposibilidad técnica para sostener que el primer acto fue consentido tácitamente, ya que tratándose de este tipo de actos, "normas generales", el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En virtud de lo anterior, no puede reputarse que el decreto de reformas a la Ley General de Salud promulgado por decreto publicado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, sea un acto consentido por no haberse promovido en su contra el juicio de amparo, pues -en todo caso- en perjuicio de los quejosos no existió un acto de aplicación; esto es, el acto de aplicación a que se alude, podría estar constituido por el decreto reclamado con base en la tesis de jurisprudencia 70/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes". En virtud de lo anterior, no es factible sostener que el decreto que extingue el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, se trate de un acto derivado de uno consentido. De ahí que lo alegado en este apartado también es infundado. Al respecto cobran aplicación la tesis sin número de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por si mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo". Así como la diversa, también sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en los casos en que se reclama un acto derivado de otro consentido, también lo es que ello supone que el acto reclamado sea una consecuencia directa y necesaria de que se consintió, lo que no sucede cuando un precepto establece una determinada facultad y esta se ejercita posteriormente, toda vez que tal ejercicio supone la celebración de nuevos actos concretos, llevados a cabo por la autoridad, que en si mismos pueden ser violatorios de garantías y que por ello al no ser consecuencia necesaria y directa de dichos preceptos, tampoco pueden estimarse como derivadas de él". IV.3. Ahora como el resto de las partes hizo valer alguna causal de improcedencia distinta a las analizadas, y este juzgador inadvierte que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación, procede su estudio sin que para ello sea necesaria su transcripción dado que no existe ningún precepto en la Ley de Amparo que así lo imponga, además que tal omisión no es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantías para la protección del derecho humano de acceso a la justicia, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio sistemático de los conceptos de violación. El acto reclamado está constituido por el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en contra del cual la parte quejosa expresó cuatro conceptos de violación. V.1. En el primero, señalan que el decreto es inconstitucional porque no cumplió los requisitos establecidos en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que de la publicación del decreto en comento se advierte que fue firmado por el Gobernador, Secretario de Gobierno, y la Secretaria de Salud, omitiendo hacerlo el Secretario de Finanzas no obstante que con base en los normativos indicados tenía el deber hacerlo. Lo anterior es infundado. Es verdad que conforme a la publicación contenida en el Periódico Oficial del Estado del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el decreto der extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, carece de la firma del Secretario de Finanzas y Administración; sin embargo, ello se debe a un error tipológico, pues mientras que por debajo del nombre del resto de los suscriptores aparece la leyenda "(Firmado)", en relación con el secretario de finanzas no, como se puede apreciar de la siguiente inserción: Sin embargo, el aludido error fue salvado con la "Fe de erratas" publicada en la Séptima Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el siete de enero de dos mil veinte, en donde se realizó la corrección correspondiente de la forma siguiente (foja 62): Cabe mencionar que la fe de erratas se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán antes de la presentación de la demanda (veintidós de enero de dos mil veinte), de ahí que lo alegado en el primer concepto de violación no se justifica. V.2. En el segundo concepto de violación, los quejosos sostienen que es inconstitucional el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, ya que fue emitido por las autoridades señaladas como responsables en agravio de todos los beneficiarios y trabajadores de dicho organismo sin sujetarse a los plazos y reglas del procedimiento previstas, tanto en la Ley General de Salud (reformada el 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve), como en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, lo anterior, porque las autoridades responsables anticipándose a la entrada en vigor del decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, que se estableció al uno de enero de dos mil veinte, emiten el decreto impugnado, incluso antes de que el Ejecutivo Federal formulara las disposiciones reglamentarias que permitieran proveer en la esfera administrativa lo previsto en el Decreto federal, en el que se establece que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor las entidades federativas armonizaran sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia. Es decir, en concepto de los quejosos, el Estado de Michoacán contaba y cuenta con 180 días naturales a partir del uno de enero de dos mil veinte, para armonizar las leyes respectivas, no antes, ya que la ley que lo facultaba para ello todavía no entraba en vigor como se desprende del artículo Décimo Segundo transitorio en que se estableció que hasta en tanto no se diera cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en los acuerdos de coordinación (que por cierto, el estado de Michoacán no ha firmado) a que se refiere el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, las entidades federativas deberán establecer y operar un sistema en los mismos términos de la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley. Así, -señalan los quejosos-, la indicación era la de sustituir y no extinguir al organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, ya que los fines y el objeto para los que fue creado subsisten y son del interés público conforme a la reformada Ley General de Salud, vulnerando con ello el principio de legalidad y certeza jurídica tutelados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en agravio de todos los trabajadores que laboran para dicho organismo. Lo anterior es infundado. En principio, resulta oportuno señalar que, por regla general, el control de la regularidad constitucional de una norma general, no puede realizarse a partir de su adecuación con alguna legislación secundaria como lo es la Ley General de Salud, como así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LXXXVIII/2016 (10a.) que establece lo siguiente: "REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UNA NORMA ORDINARIA. NO ES VÁLIDO REALIZAR EL EXAMEN RESPECTIVO A PARTIR DE SU ADECUACIÓN A ALGUNA LEGISLACIÓN SECUNDARIA. El análisis sobre la regularidad constitucional de una norma se efectúa atendiendo al contenido legal impugnado y su compulsa con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los derechos fundamentales que ésta y los tratados internacionales de los que México es parte tutelan. De ahí que no es válido evaluar la constitucionalidad de una norma ordinaria a partir de su adecuación a alguna legislación secundaria, porque ello condicionaría la constitucionalidad de un ordenamiento legal a la calificación de los factores asumidos por el legislador ordinario para emitir sus leyes secundarias en detrimento del principio de supremacía constitucional, lo que es inaceptable en nuestro sistema jurídico". No obstante, esta regla genera admite varias excepciones, una de ellas -como sucede en el caso- se presenta cunado esa contravención con otra ley secundaria de igual o mayor jerarquía vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica; por ejemplo, tratándose del principio de subordinación. Al respecto, también es aplicable la tesis de jurisprudencia 104/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. Los actos de autoridad de creación y vigencia de normas generales pueden combatirse en el juicio de garantías, con base en la infracción de exigencias que deben respetar, como las derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso aquellas derivadas del respeto a la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia, cuya violación puede demostrarse no sólo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, como la contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto constitucional, sin embargo, en este último supuesto, el examen de las normas jurídicas relativas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas, y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no exclusivamente el ordenamiento jurídico utilizado como parámetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de facultades, pues sólo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional, de otra manera, por más inconstitucional que resultara la norma comparativa no aplicada, no podría concederse la protección federal". Sentado lo anterior, es dable analizar el concepto de violación en este apartado el cual deviene infundado, porque su planteamiento partió de una hipótesis incorrecta, pues se asevera que el decreto de extinción se emitió un día antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley General de Salud, lo cual es incorrecto. Se afirma lo anterior, porque en la reforma a la Ley General de Salud (promulgada a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve), se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que substituyó al Régimen de Protección Social en Salud (comúnmente conocido como seguro popular); en efecto, se estableció en el artículo séptimo transitorio, que las entidades federativas contarían con un plazo hasta de ciento ocho días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto de reformas para armonizar las leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia. Asimismo, en el artículo primero transitorio se señaló: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2020, excepto por lo que se establece en los artículos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo transitorios". De ahí entonces, que el plazo de ciento ochenta días a que alude el artículo séptimo transitorio comenzó a correr a partir del uno de enero de dos mil veinte para fenecer el veintiocho de junio de dos mil veinte; sin embargo, atendiendo a lo que establece nominalmente el artículo primero transitorio, el decreto de extinción del organismo público denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, sí se realizó dentro del plazo aludido, pues como ya se indicó -nominalmente hablando-la entidad contaba con un plazo de hasta ciento ochenta días, contados a partir de la entrada de vigor del decreto de reformas, que fue el uno de enero de dos mil veinte. Siendo esto así, si el decreto que constituye el acto reclamado se expidió el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, pero su entrada en vigor se prorrogó hasta el día uno de enero de dos mil veinte, su vigencia comenzó el primer día del plazo previsto en el artículo primero transitorio del decreto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de ahí que lo alegado no se justifica. Efectivamente, el período que transcurre entre la emisión de un acto formal y materialmente legislativo (leyes), se ha denominado en la teoría del derecho constitucional como "vactio legis", en ese lapso -aunque ya culminó el proceso legislativo y debe tenerse por manifestada la voluntad del Poder Legislativo-, los derechos y obligaciones contenidos en la norma general no pueden ser exigidos porque se trata de una norma general que carece de vigencia, puesta ésta se activará dentro de la temporalidad que el propio legislador estableció en el decreto por el cual la expidió, y en caso de no se mencione, por regla general, al día hábil siguiente al de su publicación. En ese orden, si el acto reclamado -como ya se estableció- es una norma general desde el punto de vista material y por ello goza de los atributos de las leyes, su validez temporal se encuentra sujeta también a las mismas reglas de las leyes, esto es, si bien la voluntad del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo se manifestó un día antes de la entrada en vigor del decreto que reformó la Ley General de Salud, porque el decreto de extinción se expidió el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que se trata de una norma general cuyo ámbito temporal de validez comenzó hasta el día uno de enero de dos mil veinte, cuando la reforma en primer término mencionada ya había cobrado vigencia por haber concluido el periodo de la vacatio legis. Lo anterior puede corroborarse, del contenido del artículo primero transitorio del decreto de extinción que señala: "Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo". Sentado lo anterior, si el decreto se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en la primera sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el día siguiente de su publicación es el uno de enero de dos mil veinte, mismo día en el que también entró en vigor el decreto de reformas a la Ley General de Salud; por tanto, lo alegado en este apartado es infundado. V.3. En el tercer concepto de violación, los quejosos sostienen que el decreto de extinción reclamado atenta contra de sus derechos humanos y laborales, así como de todos los trabajadores que laboraban para el extinto Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, que constituye la fuente de trabajo de cerca de 300 trescientos trabajadores, pretendiendo con ello extinguir la posibilidad de la continuidad laboral con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, conocido por sus siglas como (INSABI), en contravención directa de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, y de la Ley General de Salud, reformada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, violentando con ello los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afirman que lo anterior es así, porque el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, establece: "Artículo 4. Todas las autoridades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la legislación secundaria, normas y reglamentos; en todo momento las dependencias y entidades se guiarán y actuarán bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como con igualdad de oportunidades igualdad sustantiva, respeto a la cultura y protección de los pueblos indígenas". También señalan que Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, establece: "Capítulo VIII Del Instituto de Salud para el Bienestar Artículo 77 bis 35.- El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá las funciones siguientes: [.] X. Proponer, con sujeción a los recursos disponibles, programas de regularización del personal profesional, técnico y auxiliar para la salud que participe en la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, en el que se consideren, entre otros aspectos, la antigüedad y el desempeño; XI. Formular y mantener actualizada la plantilla ocupada de los trabajadores que participan en la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, y operar, conforme a lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias, un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de rendición de cuentas". "Artículo 77 bis 35 H. El Director General, además de las facultades que le confieren los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes: I. Ejercer el presupuesto autorizado del Instituto de Salud para el Bienestar, con sujeción a las disposiciones legales y administrativas aplicables; II. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los coordinadores que estarán a cargo de las regiones a que se refiere el artículo 77 bis 35 F, fracción III de la presente Ley; III. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el Estatuto Orgánico, los manuales de organización específicos, de procedimientos y de servicios al público, así como otros instrumentos que conforme a las disposiciones aplicables deba expedir dicho Órgano de Gobierno, y IV. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno y las disposiciones jurídicas aplicables". "Artículo 77 bis 35 I.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto de Salud para el Bienestar y sus trabajadores, se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Transitorios. Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud serán transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en términos de las disposiciones aplicables. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud será responsable del proceso de transferencia de los recursos a que se refiere este transitorio, por lo que proveerá y acordará lo necesario para tal efecto, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la Administración Pública Federal. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán, en sus respectivos ámbitos de competencia, los lineamientos y disposiciones de carácter general que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo". "Cuarto. Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto cambie de adscripción, se respetarán conforme a la ley de la materia." En concepto de los quejosos, con lo anterior se acredita que el decreto de extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, resulta ilegal al contravenir la legislación estatal y la Ley General de Salud reformada, así como al no encontrase armonizada con la misma, ya que -afirman- en su dictado se pasan por alto los derechos adquiridos y reconocidos en la ley General de Salud de todos los trabajadores que laboraban para los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en las entidades federativas, lo que atenta y afecta directamente a los derechos de los ahora quejosos al carecer de certeza sobre su estabilidad laboral y posición frente al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, vulnerando con ello los derechos humanos, y la debida fundamentación y motivación en relación con la armonización que debiera contenerse en el proceso de promulgación, refrendo y publicación del decreto impugnado. Lo anterior también es infundado. Se afirma lo anterior porque si bien el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo -al igual que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la propia del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo- prevé la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema de toda la unión así como las garantías que otorga para su protección, el hecho de que se extinga una organismo público descentralizado, por sí mismo, no trastoca la prevención general contenida en las disposiciones constitucionales y legales indicadas, sobre todo porque las obligaciones a que aluden los quejosos, no tienen como destinataria la Administración Pública Estatal. Efectivamente, con base en el artículo, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, éstos son organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, no estatal, ya que la porción normativa en consulta señala: "Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por: [.] III. Institutos Nacionales de Salud, a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el Sector Salud, que tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional". En ese orden, las disposiciones que los quejosos invocan como violadas, no son aplicables -orgánicamente hablando-, al organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, ya que la existencia de este organismo se rige por el decreto de creación publicado el diez de septiembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se precisó que se trataba de un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, no federal. No escapa a la consideración del juzgador que el artículo séptimo transitorio del decreto de reformas a la Ley General de Salud, que creó el Instituto de Salud para el Bienestar, estableció la obligación a cargo de las entidades federativas de armonizar sus legislaciones, sin embargo, en esa reforma no se sujetó esa armonización a alguna base específica, en cambio, en el artículo octavo transitorio de ese decreto sí se especificó: "Octavo. Durante el ejercicio fiscal 2019, los gobiernos de las entidades federativas continuarán prestando los servicios de atención médica a que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud con los recursos asignados al Sistema de Protección Social en Salud para dicho ejercicio. Para tales efectos, dichos gobiernos locales podrán ejercer los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2019 a través de la totalidad de las unidades médicas de sus redes de servicios de salud". Y en el estado de Michoacán existe otro organismo público, también descentralizado que se denomina "Servicios de Salud de Michoacán", creado por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis. En virtud de lo anterior, lo alegado en este apartado es infundado. V.4. En el cuarto concepto de violación, los quejosos sostienen que en virtud del decreto de extinción del organismo público se le dejó e cubrir de manera ilegal el pago de los salarios que venían percibiendo cada quincena, toda vez que el día quince de enero de dos mil veinte, correspondía el depósito de nuestra quincena y la misma no les fue cubierta, dejándolos en estado de indefensión e incertidumbre, ya que -afirman- como ha sido del dominio público la Secretaría de Salud en el Estado, lejos de cubrir el pago de los salarios de los trabajadores, ha manifestado públicamente que se liquidará a los trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, aun cuando -bajo protesta de decir verdad- manifiestan los quejosos que formal o informalmente no se les ha notificado absolutamente nada al respecto. Sin embargo -precisan- la certeza del actuar de las autoridades responsables se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento, el cual de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo no está sujeto a prueba al tratarse de hechos públicos y notorios, determinación que incluso se contrapone con las declaraciones públicas hechas por el Presidente de la Republica, quien en diferentes entrevistas, a pregunta expresa, ha manifestado que no se despedirá a ningún trabajador del Seguro Popular y que más bien se están buscando los espacios en donde ubicarlos para regularizar su situación laboral. Que en el mismo sentido anterior se ha pronunciado el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y Titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quien ha manifestado públicamente y a través de su cuenta de Twitter, que todos los trabajadores de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud cuentan con la continuidad laboral a partir del uno de enero de dos mil veinte, y que hasta en tanto se suscriban los acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, sin exceder del quince de abril de dos mil veinte hasta el 6% de los recursos totales transferibles a los Servicios Estatales de Salud, para la atención a los beneficiarios de los servicios referidos, podrán destinarse al pago de los servicios personales correspondientes a las personas que hasta esta fecha laboran para los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. Agregan que tales determinaciones son distintas a la situación que priva en esta entidad federativa, ya que a la fecha no se ha firmado el Convenido o Acuerdo de Colaboración por parte del Gobernador del Estado de Michoacán con la federación, lo que los deja en estado de indefensión, al provocar que no lleguen los recursos que garanticen el pago de las quincenas con retroactivo al uno de Enero de dos mil veinte, circunstancia por demás grave ya que hasta en tanto no se firme el convenio de colaboración el organismo y sus obligaciones aún existen en la vida jurídica. Bajo tal escenario -continúan señalando- es clara la violación constitucional por parte de las autoridades responsables, puesto que pone a los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, en un estado de vulnerabilidad permanente, porque el respaldo económico que otorga el Presupuesto, da seguridad jurídica a los ahora quejosos de que su sueldo y prestaciones están asegurados. Añaden que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos y omisiones, en lo que interesa, se advierte que corresponde al Gobernador la firma del convenio, siendo su obligación constitucional ponderar con una visión global y decidir sobre si acepta la propuesta o no. Partiendo de las premisas anteriores, se tiene que los quejosos se encuentran bajo el supuesto de que constituye una omisión del ejecutivo del estado, porque se encuentra obligado constitucionalmente a ello, empero al emitir el decreto de extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, lo realizó de forma inconstitucional, incompleta y deficiente. Es decir, las autoridades responsables fueron omisas en incluir y respetar los derechos laborales de los trabajadores, lo cual redunda en una violación a los derechos fundamentales, ya que el hecho de que un organismo no cuente con capital económico para operar se traduce, en resumen, en la paralización administrativa operativa de dicho órgano. También señalan que el hecho de que una entidad cuente con capital económico otorga seguridad sobre su operatividad durante el ejercicio fiscal correspondiente. De esta forma, la circunstancia de que el órgano descentralizado en comento y la entidad carezca de una asignación económica para este ejercicio fiscal en el tema de salud, cuando los ahora quejosos aún tienen una relación jurídica con dicha entidad, constituye una omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables que afecta de forma directa sus derechos humanos y laborales al carecen de certeza sobre la estabilidad y posición frente al empleador e Instituto como patrón sustituto. Lo anterior es infundado. V.4.1. Con base en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, con fundamento en el diverso 83 de la misma ley, se advierte que éste puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Así mismo, el artículo 99 señala que el derecho a percibir el salario es irrenunciable que igualmente lo es el de percibir los salarios devengados. Cuando los salarios se fijan por unidad de tiempo, deben ser pagados dentro de un plazo que no podrá ser mayor a una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores. De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto), puede advertirse que la obligación en el pago de salarios está condicionada a la prestación del servicio personal subordinado por parte del trabajador, dentro de la jornada laboral para la que fue contratada, de lo que se sigue que el decreto de extinción del organismo público descentralizado no provoca -como incorrectamente lo aprecian los quejosos- la interrupción en el pago del salario, sino la terminación colectiva de las relaciones laborales entabladas entre el organismo en liquidación y sus trabajadores, lo cual implica que el trabajador ya no prestará el servicio personal subordinado, y el patrón ya no pagará los salarios correspondientes, sino la indemnización que en su caso orden la Junta de Conciliación y Arbitraje que conozca del procedimiento previsto en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabo. Al respecto, cobra aplicación la tesis XL/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. CAUSA DE FUERZA MAYOR PARA LA TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES DE TRABAJO CON SUS TRABAJADORES. LA GENERA, PREVIO PROCEDIMIENTO LABORAL, EL DECRETO PRESIDENCIAL QUE EXTINGUE A UNA ENTIDAD DE ESA NATURALEZA. Atento a la naturaleza jurídica de los organismos descentralizados y a su propia personalidad jurídica diversa de la del Ejecutivo Federal, cuando éste emite un decreto de extinción de un organismo descentralizado genera una causa indirecta y mediata de terminación de las relaciones de trabajo, que posibilita el inicio del procedimiento conducente para que la autoridad en materia de trabajo se pronuncie sobre la efectiva terminación de las relaciones laborales, por actualizarse una causa de fuerza mayor conforme al artículo 434, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el citado decreto extingue la fuente de trabajo de los trabajadores de la entidad paraestatal, lo que constituye una cuestión ajena y externa al patrón, ya que no puede concebirse al Presidente de la República y a los órganos que integran la administración pública paraestatal como un solo ente del Estado para efectos de las relaciones laborales que mantiene un organismo descentralizado con sus trabajadores. Lo anterior es así, porque los organismos públicos descentralizados no actúan con la personalidad del Estado y, en ese sentido, no puede sostenerse que el decreto de extinción de un organismo descentralizado sea un decreto que involucra al patrón para efectos de no darse la causa de fuerza mayor aludida; y no lo involucra porque el Presidente de la República no tiene esa calidad, sino que el patrón es el propio organismo público descentralizado, que se ve extinguido a través del decreto presidencial que lleva a cabo una autoridad con la que no existe relación jurídica como el patrón". En ese sentido, el argumento expuesto por los quejosos en el cuarto concepto de violación, en el sentido de que el decreto de extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, provoca la suspensión del pago de salarios es infundado. V.4.2. También es infundado lo aducido en el sentido de que el decreto de extinción del organismo público se contrapone con las declaraciones públicas hechas por el Presidente de la Republica, quien en diferentes entrevistas a pregunta expresa ha manifestado que no se despedirá a ningún trabajador del Seguro Popular y que más bien se están buscando los espacios en donde ubicarlos para regularizar su situación laboral, y lo que, en el mismo sentido se ha pronunciado el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y Titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quien ha manifestado públicamente y a través de su cuenta de Twitter, que todos los trabajadores de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud cuentan con la continuidad laboral a partir del uno de enero de dos mil veinte, y que hasta en tanto se suscriban los acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, sin exceder del quince de abril de dos mil veinte hasta el 6% de los recursos totales transferibles a los Servicios Estatales de Salud, para la atención a los beneficiarios de los servicios referidos, podrán destinarse al pago de los servicios personales correspondientes a las personas que hasta esta fecha laboran para los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. Y se afirma que lo anterior es infundado, porque si bien en materia de salud existe una concurrencia de facultades entre la Federación y las Entidades Federativas, también lo es que esa concurrencia se refiere a la prestación del servicio público de salud, en todo lo relativo a las obligaciones del estado para con la población, empero, en materia de organización administrativa, los organismos públicos de las entidades federativas, por su naturaleza, tienen personalidad y patrimonio jurídicos propios, su existencia se rige por los decretos que los crean y, por ello, no puede existir injerencia de ninguna autoridad que no esté expresamente contemplada en el propio decreto o en las leyes vigentes, ni siquiera por parte del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así porque la descentralización administrativa es una forma de organización que en términos generales consiste en confiar algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración centralizada una relación diversa de la de jerarquía, pero sin que dejen de existir respecto de ellas las facultades indispensables para conservar la unidad del Poder. Esta disociación de la relación de la jerarquía entre los organismos descentralizados con el Poder Ejecutivo, impide que éste tenga injerencia de manera directa tanto en la organización y operación del organismo, de ahí que, aún el supuesto de que fuera verídico las manifestaciones formuladas por los quejosos en el sentido en que se pronunciaron el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y Titular del Instituto de Salud para el Bienestar -aspectos que no se encuentran demostrados en autos porque no se ofreció ninguna prueba para ello- dado que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, no federal, ello no significa que al emitirse el decreto de extinción el Titular del Poder Ejecutivo del Estado estuviera obligado a atender tales manifestaciones, sino lo que expresamente señala la Ley General de Salud en los artículos séptimo y octavo de las disposiciones transitorias del decreto de reformas publicado en el Diario oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Sin que pase inadvertido para este juzgador, lo alegado por los quejosos en el sentido de que las manifestaciones que atribuyen al Presidente de los estados Unidos Mexicanos, al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar constituyan un hecho notorio, pues por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. En ese sentido, las manifestaciones que los quejosos atribuyen al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Federal y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar, no son un hecho notorio, pues aseveran que tales manifestaciones las realizaron, el primero en diversas entrevistas y el resto en Twitter, y las notas periodísticas, o de redes sociales carecen de valor probatorio por sí solas. Al respecto, cobra aplicación la tesis "con registro digital 237424 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIODISTICA COMO. SU VALOR PROBATORIO. Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con relación a un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor probatorio en el juicio de garantías, porque se trata de informaciones estructuradas fuera del procedimiento de dicho juicio". V.4.3. En relación con lo alegado en el cuarto concepto de violación en el sentido de que el decreto de extinción contiene determinaciones que son distintas a la situación que priva en esta entidad federativa, ya que a la fecha no se ha firmado el Convenido o Acuerdo de Colaboración por parte del Gobernador del Estado de Michoacán con la federación, lo que provoca que se deje en estado de indefensión, al propiciar que no lleguen los recursos que garanticen el pago de las quincenas con retroactivo al uno de enero de dos mil veinte, y que bajo tal escenario es clara la violación constitucional por parte de las autoridades responsables, puesto que coloca a los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, en un estado de vulnerabilidad permanente, porque el respaldo económico que otorga el Presupuesto, da seguridad jurídica a los ahora quejosos de que su sueldo y prestaciones están asegurados, también es infundado. Lo anterior porque, como ya se explicó, la obligación de pagar los salarios a los trabajadores depende que de que se preste un servicio personal subordinado y por virtud del decreto de extinción, con base en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, implica la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, debiendo en consecuencia ejercerse las acciones correspondientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente. Ahora, si bien con base en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones, cuando llamadas a realizar tal o cual conducta la omiten, para que esta circunstancia se pueda configurar es necesario que la parte quejosa demuestre la fuente de la obligación incumplida. Y en el caso, los quejosos sostienen que el Estado de Michoacán, previo a la emisión del decreto de extinción, estaba obligado a suscribir el convenio de colaboración a que alude el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, en relación con el artículo Décimo Segundo de las disposiciones transitorias del decreto de reformas publicado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, los cuales establecen: "Artículo 77 bis 16 A.- En el caso de las entidades federativas que acuerden con el Instituto de Salud para el Bienestar, que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios a que se refiere este Título, los recursos que les correspondan de los mencionados en el artículo 77 bis 15 de esta Ley, serán ejercidos por el citado Instituto en términos de los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo. En el caso a que se refiere el presente artículo, las entidades federativas deberán aportar al Instituto de Salud para el Bienestar los recursos a que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 14 de esta Ley, en términos de las disposiciones reglamentarias y en los respectivos acuerdos de coordinación. Por lo que se refiere a los recursos que correspondan a las entidades federativas en términos del artículo 25, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, estas deberán enterarlos, en un plazo no mayor a cinco días naturales a su recepción, incluyendo los intereses generados, al fideicomiso público que constituya el Instituto de Salud para el Bienestar en términos de las disposiciones reglamentarias. Los acuerdos de coordinación mediante los cuales se formalice lo relativo al presente artículo serán celebrados previa opinión de viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, con base en el análisis técnico que presente el Instituto de Salud para el Bienestar por conducto de la Secretaría de Salud; y en los términos de las disposiciones reglamentarias deberán contemplar cuando menos: I. Criterios relativos a los recursos humanos, materiales y financieros objeto de los acuerdos de coordinación; II. Régimen laboral, incluyendo, entre otros, lo relativo a las remuneraciones que observará el personal objeto de los acuerdos de coordinación; III. Régimen inmobiliario; IV. La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de esta Ley; V. Obligaciones de transparencia, y VI. El porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar. Para efecto de la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo, las entidades federativas deberán proporcionar previamente al Instituto de Salud para el Bienestar la información que les requiera. Las entidades federativas serán responsables de llevar a cabo todos los actos necesarios a fin de que los recursos humanos, financieros y materiales objeto de los acuerdos de coordinación, se encuentren libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. En ningún caso el Instituto de Salud para el Bienestar podrá asumir el cumplimiento de obligaciones adquiridas por las entidades federativas previo a la celebración de dichos convenios. En caso de incumplimiento respecto de la aportación a que se refiere la fracción VI del presente artículo, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación. Lo anterior se deberá establecer en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo". "Décimo Segundo. Hasta en tanto se dé cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, las entidades federativas deberán establecer y operar un sistema en los mismos términos de la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley. El Instituto de Salud para el Bienestar deberá actualizar, como parte del análisis técnico a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, la plantilla ocupada de los trabajadores que participan en la prestación de los servicios, a que se refiere la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley". Del contenido nominal de estos preceptos, no se advierte la obligación por parte del Estado de Michoacán de suscribir el convenio a que aluden los quejosos, menos que ello deba ser de forma previa al decreto de extinción; por lo contrario, puede deducirse que la suscripción del convenio es de carácter potestativo ya que si alguna entidad federativa decide hacerlo obtendrán como beneficio que el Instituto de Salud para el Bienestar, se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salud en facvor de las personas que carezcan de seguridad social. Lo anterior significa que el convenio a que aluden los preceptos legales transcritos no es de carácter obligatorio sino potestativo, si es que el Estado decide transferir a la federación la prestación de los servicios de salud señalados en el Capítulo VIII, con la consecuencia de que los recursos humanos y materiales que correspondan sean transferidos al fideicomiso encargado de la administración del Instituto de Salud para el Bienestar. En virtud de lo anterior lo alegado en este apartado del concepto de violación no se justifica. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Al resultar infundados los conceptos de violación y advertir que en perjuicio de los quejosos deba suplirse la deficiencia de la queja en la exposición de estos con base en el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Cristina Hernández Saavedra, María del Carmen Murrieta Oregel, Cesar González Samaniego, María Lestenia Sánchez Camacho y Agueda Díaz Díaz, en contra de los actos que reclamaron al [a] Gobernador y [b] Secretaría de Gobierno, [c] Secretaría de Finanzas y Administración, [d] Secretaría de Salud y [e] Director del Periódico Oficial, precisados en el considerando tercero de esta resolución por las razones expuesto en el considerando quinto.

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