Maria Concepcion Lugo Herrera
Expediente 106/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Concepcion Lugo Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. Como de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión, en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías promovido por -, a través de su apoderada jurídica; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se asentó el término para que la autoridad señalada como responsable se inconformara con dicho proveído, toda vez que, el sentido del auto que puso fin al presente juicio, en nada afecta el interés legítimo para sostener el acto reclamado por medio del recurso de revisión, que en su caso se interponga, toda vez que en el juicio se sobreseyó y únicamente afecta su sentido a la parte quejosa, de quien ya quedó asentado que no interpuso tal recurso. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacan, siete de junio de dos mil veintidos. Agreguese a los autos el acta de cuenta levantada por la Actuaria adscrita, en la que consta la manifestación de la quejosa -, de ratificar expresamente la manifestación realizada en la diligencia de diecinueve de mayo pasado, ante la autoridad responsable, en que se desiste de la demanda de amparo, reconoce el contenido del mismo y reitera que todo lo ahí expresado deriva de su propia voluntad; en consecuencia, se tiene a la citada impetrante, por desistida de su libelo constitucional; por tanto, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, para los efectos legales conducentes. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 14/2006-PL, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad tanto en la intención de promovente como en la resolución del sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presentencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se conforma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de la ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como en artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o del cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha fijada para las doce horas con cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe la autoridad en cita, a través del cual cumple con el requerimiento decretado en autos y remite la documental descrita en la constancia secretarial, de la que se evidencia que el diecisiete de los actuales, ante el Tribunal responsable compareció la trabajadora actora aquí quejosa, data en la que se le hizo entrega del cheque de caja a su nombre, por la cantidad de $603,626.96 (seiscientos tres mil seiscientos veintiséis pesos .96/100 M.N.), a que fue condenada la parte demandada y la actora se dio por pagada de las prestaciones reclamadas; con lo anterior dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cita, se evidencia que la quejosa en la comparecencia de mérito, refirió desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; sin embargo, previo a proveer lo conducente, requiérase a la impetrante para que en el acto mismo de la notificación, que por conducto de la Actuaria de la adscripción le practique de este proveído, o bien dentro del término de tres días que prevé el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ello una vez que genere su código QR a efecto de requerir una cita para acudir a este Juzgado Federal, y bajo todas las medidas de protección e higiene establecidas por el Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comparezca debidamente identificada a ratificar el desistimiento de mérito, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y se seguirá con el trámite del presente juicio de amparo. Sobre el particular es de aplicarse la Jurisprudencia número 119/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2006-PL, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Cuarto del Octavo Circuito, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial se desprende, que mediante proveído de dos de mayo pasado, este órgano jurisdiccional ordenó requerir a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informara la respuesta dada al oficio remitido a la Institución ... relativo al embargo realizado a la cuenta de la parte demandada dentro del expediente laboral de origen, sin que a la fecha en que se actúa haya informado al respecto no obstante encontrarse notificada, como se advierte de la constancia relativa que obra en autos; en consecuencia, requiérase al referido Tribunal responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este juzgado la información requerida en el proveído de referencia y adjunte copias certificadas de las constancias relativas; lo anterior por ser indispensables para la emisión de la resolución en el presente asunto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo en el lapso citado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las, DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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