Maria Cecilia Ortiz Reyes

Expediente 1350/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1350/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Cecilia Ortiz Reyes
  • Karla Jazmin Sandoval Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, mediante el cual acusa de recibo del expediente III-1350/2023-1, e informa que en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por -, por conducto de su defensor -. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede se aprecia que el Defensor Público Federal al Centro de Justicia Penal Federal del Décimo Primer Circuito, interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado el expediente, de inmediato remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviando al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Notifíquese.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte quejosa del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que dice: Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, por medio del cual formula los alegatos que a su parte corresponde; sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional, y serán tomados en consideración en el momento oportuno. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en auto de dos de mayo del año en curso, se ordenó reservar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la prueba testimonial propuesta por la parte quejosa, la cual fue anunciada en tiempo y forma, hasta en tanto obraran en el presente juicio los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo que en la especie ya aconteció; de igual manera, se advierte que la parte quejosa no adjuntó el interrogatorio al tenor de los cuales deberán ser examinados los mismos; por tanto, previo a acordar entorno a su admisión o desechamiento de tal probanza, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, exhiba el interrogatorio relativo así como las copias necesarias para ser distribuido entre las partes, apercibida de que no hacerlo, se le tendrá por desinteresada de dicho medio de convicción. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia visible en la página número 3613, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO, SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE. Si bien el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del que derivó la jurisprudencia P./J. 12/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 9, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE.", se refiere a la exhibición de copias y no a la exhibición de los originales de los interrogatorios, lo cierto es que si los párrafos quinto y sexto del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente señalan la obligación de la quejosa de exhibir tanto el original como las copias de los indicados interrogatorios, pero sólo prevé la formulación de un requerimiento para el caso de no presentar las copias correspondientes, sin prevenir el mismo para el diverso formalismo (exhibición del original del interrogatorio) de una interpretación en favor de la persona, debe considerarse que si la ley reglamentaria da oportunidad para exhibir las copias con posterioridad, no habría impedimento jurídico alguno para requerir, de igual manera, al oferente de la prueba, la exhibición del original respectivo, en tanto que ello no perjudica la esfera jurídica de la parte tercero interesada, ni obstaculiza su oportunidad para conocer el contenido del interrogatorio. Esto es, formalmente la Ley de Amparo vigente requiere el original y copia de los interrogatorios para el ofrecimiento de la prueba testimonial, sin embargo, a falta parcial o total de las copias (cuya exhibición fue formalmente exigida) existe la posibilidad de formular un requerimiento para su presentación; así, por identidad de razón, debe interpretarse el diverso requisito, es decir, la formulación de prevención para los casos en los cuales no exhibió el original respectivo, porque ello no implica inequidad procesal alguna. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO." Asimismo, la Jurisprudencia visible en la página número 65, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE COPIAS DEL CUESTIONARIO O DEL INTERROGATORIO RESPECTIVOS, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO SINO DE PREVENCION, SIEMPRE QUE EL OFRECIMIENTO SE HAGA OPORTUNAMENTE. El hecho de haber omitido acompañar la parte interesada, copias del cuestionario al tenor del cual deben sujetarse los peritos, o del interrogatorio para el examen de los testigos en el juicio de amparo, en su caso, no es motivo suficiente para que el juez de Distrito le deseche la prueba, siempre que el ofrecimiento se haga oportunamente; pues en tal caso, debe el citado juez federal prevenir al interesado que subsane la omisión en los términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, para darle oportunidad de exhibir las copias faltantes en lugar de tener por no admitida la referida prueba; puede en estos casos aplicarse, por analogía, el criterio que se tiene cuando faltan copias de la demanda de garantías, en que el juez manda requerir al promovente para que las exhiba." Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese; por lista al tercero interesado ********************, y personalmente a la parte quejosa. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, inciso B), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ******************** Defensor Público Federal de la sentenciada******************** carácter que se le reconoce en términos del artículo 6, párrafo segundo de la Ley de Amparo, contra actos de la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía, con sede en la Ciudad de México. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número lII-1350/2023-1. En atención a los actos que se impugnan este Juzgado considera que procede desechar la demanda de amparo, en atención a los argumentos que a continuación se exponen. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que los Juzgados de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse, sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, se cita en apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.41 K, visible en la página 1275, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186294, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE" Ahora, tanto del escrito inicial de demanda, así como su aclaración se aprecia que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: El acuerdo de once de octubre del dos mil veintitrés, por el que la Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación, le desechó la solicitud de amnistía que realizó dentro del expediente ********************. En el caso este Juzgado, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, por lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;(.)." Del numeral en cita se advierte que la quejosa no se encuentra en alguna de las excepciones que la ley contempla como son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que se trate de persona extraña al procedimiento, pues en el presente asunto la quejosa reclama el acuerdo de once de octubre del dos mil veintitrés, por el que la Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación, le desechó la solicitud de amnistía que realizó dentro del expediente ********************, que le fue notificado el trece del citado mes y año. Así, se desprende que el juicio será improcedente si no se observa el principio de definitividad, el cual consiste en que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se agoten los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 75, Agosto de 1992, del Semanario Judicial de la Federación número 56, Octava Época, Registro digital: 218761, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACION. SEGUN SE DESPRENDA DE LAS HIPOTESIS DE LOS ARTICULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO. El principio de definitividad consagrado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. Ahora bien, el segundo párrafo, de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, señala: "114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas últimas hubiese quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.". Del análisis de esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto, se desprende que la resolución definitiva a que se refiere, debe entenderse como aquélla que sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, impidiendo con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de procedimiento, los cuales sí podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión." En el caso, debe precisarse que la fracción XII del numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; [.]" De la lectura del numeral antes transcrito, se aprecia que el juicio de nulidad procede contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, como en el caso acontece en relación con el acuerdo de once de octubre del dos mil veintitrés, por el que la Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación, le desechó la solicitud de amnistía que realizó dentro del expediente ********************, que le fue notificado el trece del citado mes y año; por tanto, todas aquellas determinaciones emitidas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, de manera que en su contra proceda el juicio de nulidad, éste deberá agotarse previó a la promoción del juicio de amparo indirecto. El ordenamiento invocado prevé como medio de defensa en contra del acto reclamado, el juicio de nulidad, que se traduce en una vía de protección legal previsto por la norma que lo regula, por virtud de la cual puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica la necesidad de agotar el principio de definitividad para que proceda el juicio de garantías. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No pasa inadvertido para la anterior determinación que la quejosa se encuentra actualmente privada de la libertad compurgando una pena de prisión, y que por ello se pudiera encontrar en el supuesto de excepción de agotar el citado medio de impugnación, toda vez que, la solicitud de amnistía no es un acto de autoridad judicial, en el que se vea condicionada la restricción a la libertad de las personas, por el contrario, es un beneficio previsto en la Ley de Amnistía, en el que la autoridad legislativa salvaguarda al respecto al derecho a la libertad personal, procurando establecer un término legal a efecto de resolver el estado de las solicitudes promovidas, así como los medios de defensa que resulten aplicables en caso de que la solicitud se considere resuelta en sentido negativo o se deseche (como aconteció en el caso). Por lo que, la amnistía de que se trata, se encuentra sustentada en la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veinte, y se trata de una institución jurídica ajena al estado procesal de la investigación o causa penal que se instruya al solicitante, y por supuesto al avance del tratamiento de reinserción o a la mera compurgación de la pena. De ahí que, como manifiesta la quejosa, si en la especie la Comisión desechó su solicitud de amnistía dentro del expediente ********************, esta no influirá en la compurgación de la pena, pues no se trata de la solicitud de algún beneficio preliberacional al cual la quejosa tenga acceso para reducir o modificar la compurgación de la pena, sin que la negativa del beneficio agrave, modifique o incida en modo alguno en la libertad de la solicitante. Lo cual es así, porque tal afectación en la libertad del justiciable, cuya compurgación de la pena se encuentra cumpliendo, no puede atribuirse a la determinación de la Comisión de Amnistía dado que, por un lado, las determinaciones de amnistía conforme a la voluntad del legislador solo tiene por objeto que las personas cuya libertad ha sido restringida legalmente por la autoridad judicial, encuentren un medio para recuperar su libertad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el propio legislador para tal efecto, por lo que el desechamiento de la solicitud de tal beneficio de amnistía no influye en modo alguno respecto a la libertad material de la solicitante. Por tanto, si la quejosa no agotó el medio de defensa ordinario, consistente en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es inconcuso que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite?correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Igualmente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el proporciona en su escrito de demanda y únicamente como medio de contacto el número telefónico ******************** Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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