Maria Concepcion Miranda Aguirre

Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
736/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Maria Concepcion Miranda Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; asimismo, como lo solicita, háganse llegar a dicha autoridad las copias certificadas que refiere.

  2. Principal

    Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de cinco de septiembre pasado, que desechó su demanda de garantías, feneció sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda ha CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; hágase la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo que originó el presente. Asimismo, se precisa que el asunto en que se actúa, no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obren en autos las constancias remitidas por el MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, como complemento a su informe justificado, consistente en toca de apelación 189/2018 de su índice, devuélvase a su lugar de origen y solicítese el acuse de recibo de estilo, en el entendido que de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computado, se dará por hecho que dicha autoridad recibió a su entera satisfacción las constancias devueltas. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia 682/2018, el toca de apelación 189/2018; así como la determinación de veintinueve de agosto pasado, en la que la Superioridad considero declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por José Jesús Jiménez Nambo en cuanto apoderado jurídico de María Concepción Miranda Aguirre, al considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, por lo que ordenó remitirla a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, correspondiendo conocer de la misma a este órgano de control constitucional. En las relatadas condiciones este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número IV-736/2018-2. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Acúsese de recibo. CUENTA CON LIBELO CONSTITUCIONAL. En atención a lo antes precisado, visto el escrito signado por José Jesús Jiménez Nambo, en cuanto apoderado jurídico de María Concepción Miranda Aguirre, carácter que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancias remitidas como complemento del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, consistente en toca de apelación 189/2018 de su índice, donde se tiene a éste como apoderado jurídico de la citada María Concepción Miranda Aguirre; en consecuencia, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-736/2018-2. ANALISIS Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La sentencia interlocutoria de fecha 29 veintinueve de junio del año 2018." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que establece como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que la resolución interlocutoria dictada el veintinueve de junio pasado en el toca de apelación I-189/2018 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que confirma la diversa emitida en el juicio ordinario mercantil 1085/2017 tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en la que se declaró procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario a efecto de que se llame al juicio de origen a deducir sus derechos a los albaceas de la sucesión de los litisconsortes - no puede ser considerada con efectos de imposible reparación para la quejosa directa. Lo anterior así se considera, toda vez que la figura del litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución misma que se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que confirma aquella que declara procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que a dicho procedimiento se integre la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a la quejosa y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento, lo que en el caso no acontece, toda vez que la aquí quejosa es parte dentro del juicio ordinario mercantil 1085/2017, de donde emanan los actos reclamados, mismo que actualmente se encuentra en trámite. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene sentencia favorable. Ilustra lo anterior la tesis 4o.2 C, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Común, Página: 2488, que a la letra es como sigue: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como la diversa III.1o.T.Aux.3 K, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Común, Página: 1379, que a la letra es como sigue: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." En consecuencia, la determinación emitida en el toca de apelación I-189/2018 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que confirma la diversa emitida en el juicio ordinario mercantil 1085/2017 tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en la que se declaró procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario a efecto de que se llame al juicio de origen a deducir sus derechos a los albaceas de la sucesión de los litisconsortes Edith Eloisa Peña Ramírez y José Espinoza Bautista, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que éstos constituyen una infracción de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la impetrante obtiene sentencia favorable en el juicio de origen, pues la comisión de dicho actos, no implica necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses de la solicitante de garantías. Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu; se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Igualmente, se informa a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no señala domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, con fundamento en el numeral 27 fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto la parte quejosa proporcione domicilio en esta ciudad para tal fin. Por último, se tiene como autorizado de la parte quejosa con las facultades que le confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia al licenciado -, quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrada en el Sistema Electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales, como se aprecia de la certificación de cuenta, así como de las impresiones de los acuses de recibo correspondientes y únicamente para recibir notificaciones y toda clase de documentos a-, quienes se ubican en el supuesto contrario, como se acredita con la constancia relativa que se precisa en la certificación de cuenta.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... su apoderado... del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho...Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia 682/2018, el toca de apelación 189/2018; así como la determinación de veintinueve de agosto pasado, en la que la Superioridad considero declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por ... en cuanto apoderado de ..., al considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, por lo que ordenó remitirla a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, correspondiendo conocer de la misma a este órgano de control constitucional. En las relatadas condiciones este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número IV-736/2018-2. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Acúsese de recibo. CUENTA CON LIBELO CONSTITUCIONAL. En atención a lo antes precisado, visto el escrito signado por ..., en cuanto apoderado jurídico de María Concepción Miranda Aguirre, carácter que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancias remitidas como complemento del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, consistente en toca de apelación 189/2018 de su índice, donde se tiene a éste como apoderado jurídico de la citada María Concepción Miranda Aguirre; en consecuencia, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-736/2018-2. ANALISIS Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La sentencia interlocutoria de fecha 29 veintinueve de junio del año 2018." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que establece como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que la resolución interlocutoria dictada el veintinueve de junio pasado en el toca de apelación I-189/2018 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que confirma la diversa emitida en el juicio ordinario mercantil 1085/2017 tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en la que se declaró procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario a efecto de que se llame al juicio de origen a deducir sus derechos a los albaceas de la sucesión de los litisconsortes - no puede ser considerada con efectos de imposible reparación para la quejosa directa. Lo anterior así se considera, toda vez que la figura del litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución misma que se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que confirma aquella que declara procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que a dicho procedimiento se integre la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a la quejosa y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento, lo que en el caso no acontece, toda vez que la aquí quejosa es parte dentro del juicio ordinario mercantil 1085/2017, de donde emanan los actos reclamados, mismo que actualmente se encuentra en trámite. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene sentencia favorable. Ilustra lo anterior la tesis 4o.2 C, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Común, Página: 2488, que a la letra es como sigue: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como la diversa III.1o.T.Aux.3 K, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Común, Página: 1379, que a la letra es como sigue: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." En consecuencia, la determinación emitida en el toca de apelación I-189/2018 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que confirma la diversa emitida en el juicio ordinario mercantil 1085/2017 tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en la que se declaró procedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario a efecto de que se llame al juicio de origen a deducir sus derechos a los albaceas de la sucesión de los litisconsortes ... no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que éstos constituyen una infracción de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la impetrante obtiene sentencia favorable en el juicio de origen, pues la comisión de dicho actos, no implica necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses de la solicitante de garantías. Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu; se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano