María Concepción Arzate Morales

Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 63 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
366/2019
Año
2019
Actuaciones
63
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • María Concepción Arzate Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 63.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. Agente del Ministerio Público solicita copias Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; atento a su contenido expídase copia de las constancias que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. No obstante, hágasele del conocimiento que se pueden obtener las copias del mismo, a través del uso de instrumentos digitales, mismas que contienen firma criptográfica que a su vez hace la de certificada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Ministerio Público Federal adscrito informa trámite a la vista dada. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la adscripción del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, del cual se advierte que, en desahogo a la vista que le fue dada en proveído de veinte de abril de este año, giró esa comunicación a la Agente del Ministerio Público Federal encargada de la Ventanilla Única de Atención Morelia, acompañando un legajo de copias fotostáticas con evidencia criptográfica de las principales constancias que integran el presente juicio de amparo y solicitando que se canalice al área competente la consignación de hechos, para que se realice la investigación correspondiente. De lo anterior toma este órgano jurisdiccional y se tiene a la representante social adscrita, desahogando la vista que se le dio en auto de veinte de los actuales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó a través de su escrito donde desahogó la vista. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el agente responsable allegó copia certificada de las constancias con la que informó la situación jurídica del bien inmueble relacionado con la medida de aseguramiento reclamada. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable. "a) De manera inmediata emita una determinación en la que, con libertad de jurisdicción, indique y justifique plenamente la pertinencia e idoneidad de continuar con la vigencia de la medida de aseguramiento que pesa sobre el inmueble ubicado en calle Flor de Río, número 15, fraccionamiento Lomas de la Floresta de esta ciudad; y, en caso de que así sea, fije la temporalidad por la que deberá continuar, fundando y motivando su determinación, sin que ésta pueda establecerse durante un periodo excesivo; o bien, cese dicha medida de aseguramiento, en cuyo caso deberá girar el oficio respectivo a fin de que se verifique la cancelación de la inscripción registral del aseguramiento decretado; b) Asimismo, en cualquiera de los casos deberá notificar a la aquí quejosa, en su calidad de propietaria, dicha determinación. [.] Concesión que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios." El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la U.E.I.D.C.S., informó que se encontraba en imposibilidad o impedido para realizar el cumplimiento a la sentencia de amparo, dado que su homólogo que anteriormente se encontraba a cargo de la indagatoria, no hizo del conocimiento de este juzgado, la actual situación jurídica del inmueble, esto es: I. Con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/327/2013, triplicado de la PGR/SEIDO/UEIDCS/321/2013, se emitió Acuerdo de Abandono a favor del Gobierno Federal en beneficio de la Procuración de Justicia, respecto del inmueble ubicado en Calle de Flor de Río, número 15, Fraccionamiento Lomas de la Floresta, Morelia, Michoacán; además, giró oficio al Director Ejecutivo de Bienes Muebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de que tuviera conocimiento de esa resolución y llevara a cabo la ejecución del abandono; y, II. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/327/2013, triplicado de la PGR/SEIDO/UEIDCS/321/2013, se emitió Acuerdo de Abandono a favor del Gobierno Federal en beneficio de la Procuración de Justicia, respecto del menaje existente en el inmueble asegurado citado con antelación. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Bajo tales circunstancias, se estima innecesario analizar si la responsable cumplió o no con el fallo protector, toda vez que los efectos de la sentencia de amparo vinculaban al Agente del Ministerio Público responsable, para que con libertad de jurisdicción, indicara y justificara plenamente la pertinencia e idoneidad de continuar con la vigencia de la medida de aseguramiento que pesaba sobre el inmueble ubicado en calle Flor de Río, número 15, fraccionamiento Lomas de la Floresta de esta ciudad; fijando la temporalidad de esa medida; o bien, cesara dicho aseguramiento, en cuyo caso debería girar el oficio respectivo a fin de que se verificara la cancelación de la inscripción registral del aseguramiento decretado. Ahora, si en la especie se acreditó que en la averiguación previa de donde emana el acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de conceder la tutela constitucional, dado que, con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo de Abandono a favor del Gobierno Federal en beneficio de la Procuración de Justicia, respecto del inmueble citado con antelación, girando oficio al Director Ejecutivo de Bienes Muebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de que tuviera conocimiento de esa resolución y llevara a cabo la ejecución del abandono. De ahí que, en términos del artículo 196, segundo párrafo de Ley de Amparo, resulta estéril realizar el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por tanto, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, al no subsistir el acto reclamado contra el que se hizo valer (aseguramiento de inmueble) y existir un imposibilidad legal para cumplirla, por cambio de situación jurídica de ese bien, al haberse decretado el abandono de inmueble a favor del Gobierno Federal. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2ª./J.2/2008, localizable en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Se atienden manifestaciones de la parte quejosa. Por otra parte, no pasan inadvertidas las manifestaciones que vierte la quejosa, en su escrito por el que desahogó la vista que se ordenó darle en los presentes autos y donde estima que la responsable no tiene impedimento, ni sustento legal, para no cumplimentar la sentencia de amparo, pues medularmente refiere lo siguiente: - Que la responsable jamás le notificó la existencia del Acuerdo de Abandono a Favor del Gobierno Federal en Beneficio de la Procuración de Justicia, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, por lo que desconocía la existencia del mismo; - Que la responsable únicamente exhibe copia del oficio dirigido al Director Ejecutivo de Bienes Muebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde le informó el contenido del acuerdo de abandono a favor del Gobierno Federal, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pero que es omiso en exhibir la documentación de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, donde se acredite un cambio de situación legal en cuanto al dominio del inmueble, ya que para la fecha de presentación de la demanda en junio de dos mil diecinueve, las inscripciones en esa dependencia prevalecían y prevalecen a su favor y por ello, estima que el inmueble prevalece bajo el radio de posesión legal mediante el aseguramiento; motivo por el cual, aduce que no puede considerarse que existe un cambio de situación jurídica, ya que solo participa la responsable y que basta que el Ministerio Público le pida al citado Director, la devolución y cancelación de la recepción del acuerdo de abandono, para que cumplimente ese requerimiento; - Asimismo, señala que no existe impedimento para ejecutar la sentencia de amparo, por considerar que por analogía jurídica cabe la aplicación del criterio jurisprudencial que invoca, en el sentido de que procede la ejecución de sentencias aun cuando exista un adquirente de buena fe en relación al inmueble materia de la Litis y bajo el principio del que puede en los más, lo puede en lo menos. En ese sentido, es necesario precisar que de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 22, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 182-A, 182-N y 182-Ñ, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de los artículos 58, fracción XI, 70, fracción VI, y 103, fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se desprende que el legislador secundario estableció que el Ministerio Público Federal durante la integración de la averiguación previa y el juez del proceso penal federal, son las autoridades competentes para decretar el abandono de bienes a favor del Gobierno Federal, en dos supuestos: 1) Una vez que decreten el aseguramiento de bienes sin que persona alguna reclame los mismos en un plazo de noventa días, o bien 2) Al ordenar la devolución de bienes asegurados, sin que persona alguna reclame éstos en un lapso de tres meses, lo que puede presentarse ya sea durante la averiguación previa, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la reserva, o se levante el aseguramiento, como durante el proceso penal federal cuando la autoridad judicial no decrete el decomiso o levante el aseguramiento; De lo anterior, se conoce que en el contexto de la legislación procesal penal, el aseguramiento de un bien es una figura con fundamentación propia que puede dictar tanto la autoridad ministerial como judicial, las cuales dentro del ámbito de sus facultades se encontrarán constreñidas a asegurar los bienes y en su caso ordenar su devolución; mientras que, el acuerdo de abandono en favor del Gobierno, es una determinación con naturaleza jurídica y fundamentación propia, que es subsecuente o consecuencia a aquella donde se decreta el aseguramiento y que puede o no actualizarse en caso de existir manifestación de la parte interesada en los tiempos que señala la legislación. Consecuentemente y contrario a lo señalado por la parte quejosa, se estima que en el caso particular, si existe un cambio de situación jurídica en torno al bien inmueble asegurado, ya que aun y cuando no se hayan llevado actos traslativos de dominio ante las autoridades registrales que corresponda, el inmueble pasó de estar asegurado a determinarse su abandono a favor del Gobierno Federal; motivo por el cual, ese acuerdo de abandono no puede ser analizado ni quedar insubsistente vía cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que su emisión, fundamentación y motivación, no fueron materia de la Litis constitucional ni pudieron ser analizados en la sentencia de amparo. De igual manera, no procedería requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo para dejar insubsistente el acuerdo de abandono, considerando que se surte por analogía el supuesto previsto en el jurisprudencia que invoca, pues la misma versa sobre la procedencia del juicio de amparo pedido por un tercero extraño en un juicio donde no se le escuchó, aun cuando los bienes materia de éste se hayan adjudicado a tercero adquiriente de buena fe; ya que en el caso particular, no estamos analizando la procedencia de una demanda de amparo, sino calificando el impedimento legal de la responsable para ejecutar una sentencia de amparo, dado el cambio de situación jurídica ocurrida y el artículo 196 de la Ley de Amparo, impide que se incorporen aspectos que no fueron establecidos como obligaciones en la sentencia de amparo, ya que establece que las sentencias de amparo se cumplan sin excesos ni defectos. No obstante, quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para que en su caso, interponga los medios de defensa o recursos que estime necesarios en contra del acuerdo de abandono en favor del Gobierno, donde podrá hacer valer como violación que afectó a su esfera de derechos, tanto la falta de notificación del aseguramiento y posterior acuerdo de abandono, así como las violaciones que estime se cometieron en su dictado. Sobre el tema abordado, orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018524 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCCLI/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 249 Tipo: Aislada "ABANDONO DE BIENES A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. EL ARTÍCULO 182-Ñ DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, QUE LO PREVÉ, ES CONSTITUCIONAL FRENTE A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, DISPOSICIÓN O POSESIÓN DE LOS BIENES. El precepto legal citado al establecer un plazo de tres meses para recoger los bienes de los cuales se ordenó su devolución y la consecuencia de que causarán abandono a favor del Gobierno Federal para el caso de no presentarse a recibirlos, es constitucional frente a los derechos de propiedad, disposición o posesión de los bienes por quienes tengan derecho, ya que esas medidas persiguen una finalidad constitucionalmente válida, consistente en hacer eficientes la administración y enajenación de los bienes sobre los cuales, en principio, procedería su devolución, debido a que la tenencia en su administración implica la erogación de recursos materiales y humanos, así como el destino de lugares especiales para resguardarlos, por lo que buscan un bien colectivo, como es que el Estado no continúe efectuando erogaciones materiales y humanas en los bienes que no han sido recogidos por las personas que pudieran tener interés en ello, después de transcurrido el plazo citado y que, en dado caso, el Estado pudiera realizar dichas erogaciones en otros rubros de mayor beneficio para la colectividad. Además esas medidas son idóneas, porque contribuyen directamente y en buen grado a lograr ese propósito de reducir los costos que genera continuar en administración de los bienes de los cuales no es necesario permanezcan en aseguramiento y de los que no se decretó su decomiso, lo que implica de forma directa la optimización y eficiente administración de los recursos del erario federal. Adicionalmente, tales medidas son necesarias, porque no se advierten otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen, porque si se amplía el plazo para recoger los bienes, el cual inicia una vez notificado, o si no se establece la consecuencia de que causarán abandono a favor del Gobierno Federal, previo el apercibimiento respectivo, no se alcanzaría el objeto consistente en reducir las cargas que implica al erario federal, mantener en administración bienes de los cuales quienes tienen derecho a ellos, no demuestren interés en recogerlos, por lo que es necesario obligar a que se recojan esos bienes, en un plazo que se estima adecuado y que se inicia una vez que se ha notificado, si se toma en cuenta que en él, el interesado sólo debe demostrar que cuenta con derecho a recibirlos. Por último, las medidas legislativas son proporcionales en sentido estricto, porque el nivel de realización que se logra con ellas es mayor que el grado de afectación que sufre el gobernado; por lo que si no se establecieran, se causarían graves daños a la colectividad, al tener que soportar el gasto que se realice para la custodia, administración y conservación de ciertos bienes, sólo por el desinterés prolongado de quien cuenta con el derecho para recogerlos; de ahí que prevalece en mayor medida, el adecuado manejo de los recursos públicos." Se ordena dar vista al Ministerio Público Federal adscrito. Por otra parte, como la quejosa en su escrito donde desahogó la vista, también refiere lo siguiente: "2. Dicha autoridad responsable, al momento de rendir el informe justificado, jamás indicó la existencia del Acuerdo de Abandono a Favor del Gobierno Federal en Beneficio de la Procuración de Justicia, de fecha 18 dieciocho de abril del año 2018 dos mil dieciocho, por lo cual incumplió con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Amparo, porque a la fecha que le fue notificada la demanda de amparo, la responsable ya sabía de la existencia del acuerdo que ahora revela y toma como excusa para no querer cumplimentar la sentencia de amparo, por lo cual existió un dolo procesal y deslealtad por parte de la responsable en ese sentido, en el entendido que en los procedimientos no existe la dispensa por errores u omisiones por parte de la responsable, que puedan servir de fundamento para volver nugatorio el derecho." Consecuentemente, con las anteriores manifestaciones vertidas por la parte quejosa, con apoyo en el numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 262, fracción I, de la Ley de Amparo, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que, de considerarlo necesario, proceda conforme a sus atribuciones respecto a la conducta señalada por la parte quejosa. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte se negó y en otra, se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó a través de su escrito donde desahogó la vista. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional por una parte 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA ??????A???????? sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó la protección constitucional a MARÍA CONCEPCIÓN ARZATE MORALES, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el agente responsable allegó copia certificada de las constancias con la que informó la situación jurídica del bien inmueble relacionado con la medida de aseguramiento reclamada. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable. "a) De manera inmediata emita una determinación en la que, con libertad de jurisdicción, indique y justifique plenamente la pertinencia e idoneidad de continuar con la vigencia de la medida de aseguramiento que pesa sobre el inmueble ubicado en calle Flor de Río, número 15, fraccionamiento Lomas de la Floresta de esta ciudad; y, en caso de que así sea, fije la temporalidad por la que deberá continuar, fundando y motivando su determinación, sin que ésta pueda establecerse durante un periodo excesivo; o bien, cese dicha medida de aseguramiento, en cuyo caso deberá girar el oficio respectivo a fin de que se verifique la cancelación de la inscripción registral del aseguramiento decretado; b) Asimismo, en cualquiera de los casos deberá notificar a la aquí quejosa, en su calidad de propietaria, dicha determinación. [.] Concesión que se El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la U.E.I.D.C.S., informó que se encontraba en imposibilidad o impedido para realizar el cumplimiento a la sentencia de amparo, dado que su homólogo que anteriormente se encontraba a cargo de la indagatoria, no hizo del conocimiento de este juzgado, la actual situación jurídica del inmueble, esto es: I. Con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/327/2 013, triplicado de la PGR/SEIDO/UEIDCS/321/2 013, se emitió Acuerdo de Abandono a favor del Gobierno Federal en beneficio de la Procuración de Justicia, respecto del inmueble ubicado en Calle de Flor de Río, número 15, Fraccionamiento Lomas de la Floresta, Morelia, Michoacán; además, giró oficio al Director Ejecutivo de Bienes Muebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de que tuviera conocimiento de esa resolución y llevara a cabo la ejecución del 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA ??????A???????? hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios." abandono; y, II. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/327/2 013, triplicado de la PGR/SEIDO/UEIDCS/321/2 013, se emitió Acuerdo de Abandono a favor del Gobierno Federal en beneficio de la Procuración de Justicia, respecto del menaje existente en el inmueble asegurado citado con antelación. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Bajo tales circunstancias, se estima innecesario analizar si la responsable cumplió o no con el fallo protector, toda vez que los efectos de la sentencia de amparo vinculaban al Agente del Ministerio Público responsable, para que con libertad de jurisdicción, indicara y justificara plenamente la pertinencia e idoneidad de continuar con la vigencia de la medida de aseguramiento que pesaba sobre el inmueble ubicado en calle Flor de Río, número 15, fraccionamiento Lomas de la Floresta de esta ciudad; fijando la temporalidad de esa medida; o bien, cesara dicho aseguramiento, en cuyo caso debería girar el oficio respectivo a fin de que se verificara la cancelación de la inscripción registral del aseguramiento decretado. Ahora, si en la especie se acreditó que en la averiguación previa de donde emana el acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de conceder la tutela constitucional, dado que, con fecha 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo de Abandono a favor del Gobierno Federal en beneficio de la Procuración de Justicia, respecto del inmueble citado con antelación, girando oficio al Director Ejecutivo de Bienes Muebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de que tuviera conocimiento de esa resolución y llevara a cabo la ejecución del abandono. De ahí que, en términos del artículo 196, segundo párrafo de Ley de Amparo, resulta estéril realizar el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por tanto, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, al no subsistir el acto reclamado contra el que se hizo valer (aseguramiento de inmueble) y existir un imposibilidad legal para cumplirla, por cambio de situación jurídica de ese bien, al haberse decretado el abandono de inmueble a favor del Gobierno Federal. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2ª./J.2/2008, localizable en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA ??????A???????? Se atienden manifestaciones de la parte quejosa. Por otra parte, no pasan inadvertidas las manifestaciones que vierte la quejosa, en su escrito por el que desahogó la vista que se ordenó darle en los presentes autos y donde estima que la responsable no tiene impedimento, ni sustento legal, para no cumplimentar la sentencia de amparo, pues medularmente refiere lo siguiente: - Que la responsable jamás le notificó la existencia del Acuerdo de Abandono a Favor del Gobierno Federal en Beneficio de la Procuración de Justicia, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, por lo que desconocía la existencia del mismo; - Que la responsable únicamente exhibe copia del oficio dirigido al Director Ejecutivo de Bienes Muebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde le informó el contenido del acuerdo de abandono a favor del Gobierno Federal, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pero que es omiso en exhibir la documentación de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, donde se acredite un cambio de situación legal en cuanto al dominio del inmueble, ya que para la fecha de presentación de la demanda en junio de dos mil diecinueve, las inscripciones en esa dependencia prevalecían y prevalecen a su favor y por ello, estima que el inmueble prevalece bajo el radio de posesión legal mediante el aseguramiento; motivo por el cual, aduce que no puede considerarse que existe un cambio de situación jurídica, ya que solo participa la responsable y que basta que el Ministerio Público le pida al citado Director, la devolución y cancelación de la recepción del 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA acuerdo de abandono, para que cumplimente ese requerimiento; - Asimismo, señala que no existe impedimento para ejecutar la sentencia de amparo, por considerar que por analogía jurídica cabe la aplicación del criterio jurisprudencial que invoca, en el sentido de que procede la ejecución de sentencias aun cuando exista un adquirente de buena fe en relación al inmueble materia de la Litis y bajo el principio del que puede en los más, lo puede en lo menos. En ese sentido, es necesario precisar que de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 22, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 182-A, 182-N y 182-Ñ, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de los artículos 58, fracción XI, 70, fracción VI, y 103, fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se desprende que el legislador secundario estableció que el Ministerio Público Federal durante la integración de la averiguación previa y el juez del proceso penal federal, son las autoridades competentes para decretar el abandono de bienes a favor del Gobierno Federal, en dos supuestos: 1) Una vez que decreten el aseguramiento de bienes sin que persona alguna reclame los mismos en un plazo de noventa días, o bien 2) Al ordenar la devolución de bienes asegurados, sin que persona alguna reclame éstos en un lapso de tres meses, lo que puede presentarse ya sea durante la averiguación previa, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la reserva, o 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA ??????A???????? se levante el aseguramiento, como durante el proceso penal federal cuando la autoridad judicial no decrete el decomiso o levante el aseguramiento; De lo anterior, se conoce que en el contexto de la legislación procesal penal, el aseguramiento de un bien es una figura con fundamentación propia que puede dictar tanto la autoridad ministerial como judicial, las cuales dentro del ámbito de sus facultades se encontrarán constreñidas a asegurar los bienes y en su caso ordenar su devolución; mientras que, el acuerdo de abandono en favor del Gobierno, es una determinación con naturaleza jurídica y fundamentación propia, que es subsecuente o consecuencia a aquella donde se decreta el aseguramiento y que puede o no actualizarse en caso de existir manifestación de la parte interesada en los tiempos que señala la legislación. Consecuentemente y contrario a lo señalado por la parte quejosa, se estima que en el caso particular, si existe un cambio de situación jurídica en torno al bien inmueble asegurado, ya que aun y cuando no se hayan llevado actos traslativos de dominio ante las autoridades registrales que corresponda, el inmueble pasó de estar asegurado a determinarse su abandono a favor del Gobierno Federal; motivo por el cual, ese acuerdo de abandono no puede ser analizado ni quedar insubsistente vía cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que su emisión, fundamentación y motivación, no fueron materia de la Litis constitucional ni pudieron ser analizados en la sentencia de amparo. De igual manera, no procedería requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo para dejar insubsistente el acuerdo de abandono, considerando que se surte por analogía el supuesto previsto en el 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA jurisprudencia que invoca, pues la misma versa sobre la procedencia del juicio de amparo pedido por un tercero extraño en un juicio donde no se le escuchó, aun cuando los bienes materia de éste se hayan adjudicado a tercero adquiriente de buena fe; ya que en el caso particular, no estamos analizando la procedencia de una demanda de amparo, sino calificando el impedimento legal de la responsable para ejecutar una sentencia de amparo, dado el cambio de situación jurídica ocurrida y el artículo 196 de la Ley de Amparo, impide que se incorporen aspectos que no fueron establecidos como obligaciones en la sentencia de amparo, ya que establece que las sentencias de amparo se cumplan sin excesos ni defectos. No obstante, quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para que en su caso, interponga los medios de defensa o recursos que estime necesarios en contra del acuerdo de abandono en favor del Gobierno, donde podrá hacer valer como violación que afectó a su esfera de derechos, tanto la falta de notificación del aseguramiento y posterior acuerdo de abandono, así como las violaciones que estime se cometieron en su dictado. Sobre el tema abordado, orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018524 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCCLI/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 249 Tipo: Aislada "ABANDONO DE BIENES A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. EL ARTÍCULO 182-Ñ DEL 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA ??????A???????? CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, QUE LO PREVÉ, ES CONSTITUCIONAL FRENTE A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, DISPOSICIÓN O POSESIÓN DE LOS BIENES. El precepto legal citado al establecer un plazo de tres meses para recoger los bienes de los cuales se ordenó su devolución y la consecuencia de que causarán abandono a favor del Gobierno Federal para el caso de no presentarse a recibirlos, es constitucional frente a los derechos de propiedad, disposición o posesión de los bienes por quienes tengan derecho, ya que esas medidas persiguen una finalidad constitucionalmente válida, consistente en hacer eficientes la administración y enajenación de los bienes sobre los cuales, en principio, procedería su devolución, debido a que la tenencia en su administración implica la erogación de recursos materiales y humanos, así como el destino de lugares especiales para resguardarlos, por lo que buscan un bien colectivo, como es que el Estado no continúe efectuando erogaciones materiales y humanas en los bienes que no han sido recogidos por las personas que pudieran tener interés en ello, después de transcurrido el plazo citado y que, en dado caso, el Estado pudiera realizar dichas erogaciones en otros rubros de mayor beneficio para la colectividad. Además esas medidas son idóneas, porque contribuyen directamente y en buen grado a lograr ese propósito de reducir los costos que genera continuar en administración de los bienes de los cuales no es necesario permanezcan en aseguramiento y de los que no se decretó su decomiso, lo que implica de forma directa la optimización y eficiente administración de los recursos del erario federal. Adicionalmente, tales medidas son necesarias, porque no se advierten otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen, porque si se amplía el plazo para recoger los bienes, el cual inicia una vez notificado, o si no se establece la consecuencia de que causarán abandono a favor del Gobierno Federal, previo el apercibimiento respectivo, no se alcanzaría el objeto consistente en reducir las cargas que implica al erario federal, mantener en administración bienes de los cuales quienes tienen derecho a ellos, no demuestren interés en recogerlos, por lo que es necesario obligar a que se recojan esos bienes, en un plazo que se estima adecuado y que se inicia una vez que se ha notificado, si se toma en cuenta que en él, el 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA interesado sólo debe demostrar que cuenta con derecho a recibirlos. Por último, las medidas legislativas son proporcionales en sentido estricto, porque el nivel de realización que se logra con ellas es mayor que el grado de afectación que sufre el gobernado; por lo que si no se establecieran, se causarían graves daños a la colectividad, al tener que soportar el gasto que se realice para la custodia, administración y conservación de ciertos bienes, sólo por el desinterés prolongado de quien cuenta con el derecho para recogerlos; de ahí que prevalece en mayor medida, el adecuado manejo de los recursos públicos." Se ordena dar vista al Ministerio Público Federal adscrito. Por otra parte, como la quejosa en su escrito donde desahogó la vista, también refiere lo siguiente: "2. Dicha autoridad responsable, al momento de rendir el informe justificado, jamás indicó la existencia del Acuerdo de Abandono a Favor del Gobierno Federal en Beneficio de la Procuración de Justicia, de fecha 18 dieciocho de abril del año 2018 dos mil dieciocho, por lo cual incumplió con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Amparo, porque a la fecha que le fue notificada la demanda de amparo, la responsable ya sabía de la existencia del acuerdo que ahora revela y toma como excusa para no querer cumplimentar la sentencia de amparo, por lo cual existió un dolo procesal y deslealtad por parte de la responsable en ese sentido, en el entendido que en los procedimientos no existe la dispensa por errores u omisiones por parte de la responsable, que puedan servir de fundamento para volver nugatorio el derecho." Consecuentemente, con las anteriores manifestaciones vertidas por la parte quejosa, con apoyo en el numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 262, fracción I, de la Ley de Amparo, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que, de considerarlo necesario, proceda conforme a sus atribuciones respecto a la conducta señalada por la parte quejosa. Se ordena el archivo del presente juicio 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA ??????A???????? Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. 31/01/24 16:35:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c8.44 MARBELLA JUAREZ GARCIA Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte se negó y en otra, se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente.

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