María Concepción Álvarez Covarrubias

Expediente 1082/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1082/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • María Concepción Álvarez Covarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de veintiocho de febrero de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1082/2018, promovido por María Concepción Álvarez Covarrubias, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por razón de turno al día siguiente hábil, María Concepción Álvarez Covarrubias, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previo cumplimiento a la prevención realizada en autos, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad admitió a trámite la demanda, misma que quedó registrada bajo el número II-977/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, que en auto de trece de diciembre del año próximo pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, se declaró legalmente incompetente por razón de turno para seguir conociendo del presente juicio de amparo, esto al estimar que se actualizaban los supuestos establecido en los artículo 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones de materia en actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales; de ahí que este juzgado mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibidos los autos se avocó al conocimiento, ordenando así continuar con el trámite del mismo, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: ".la resolución de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal número I-130/2017, mediante el cual se revocó el auto de libertad recurrido y en su lugar se decretó la formal prisión de la quejosa." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias de donde deriva el acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza de los actos reclamados, es pertinente mencionar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para examinar si el acto reclamado es constitucional o no. Luego, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma conjunta con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público, se procede a analizar las causas de improcedencia que se adviertan en autos, o bien, que en su caso, hagan valer las partes, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor, y la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, quien ahora resuelve considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17, 18 y 22 del referido ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." Los artículos 17, 18 y 22 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzaran a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." En suma, bajo el cuadro legal antes expuesto se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que estatuye el artículo 17 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a). Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b). Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c). Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado o de su ejecución. Conforme a estos supuestos existen tres reglas de graduación del conocimiento de los actos reclamados. En el primer supuesto, se requiere una notificación expresa en forma, la cual debe constar probada de modo directo, sin inferencias con base en presunciones. En este supuesto, se atenderá a la fecha en que surta sus efectos dicha notificación conforme a la ley que rija al acto reclamado. En la segunda hipótesis ya no se hace referencia a una notificación, sino al día en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución. Y a falta de notificación expresa o de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos o de su ejecución, operará la tercera y última regla, conforme a la cual se atenderá simplemente a aquella en que la parte que promueve se hubiera ostentado sabedora de los actos reclamados. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La Jurisprudencia que precede y que se considera afín a la Ley de Amparo vigente, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a). Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. b). Una persona afectada por tal acto. c). La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d). El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e). El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, una vez especificado lo anterior, y como se adelantó este juzgador estima que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo, en torno a las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, el presente juicio de amparo deviene improcedente ante la extemporaneidad de la demanda, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la determinación reclamada fue notificada a la quejosa por medio de lista que se publicó en los estrados electrónicos, así como también por medio de internet en la página electrónica el diez de octubre de dos mil dieciocho. Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se recibió en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito hasta el día catorce de noviembre de dos mil dieciocho, es incuestionable que ésta se presentó en forma extemporánea, es decir, después de los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, de las que se advierte que el acto reclamado le fue notificado a la parte quejosa desde el diez de octubre de dos mil dieciocho por medio de lista que se publicó en los estrados electrónicos de la Cuarta Sala Penal, así como también por medio de internet en la página correspondiente a dicho tribunal; de ahí que al habérsele notificado desde el diez de octubre de dos mil dieciocho, dicha notificación surtió efectos acorde al numeral 172 del Código de Procedimientos Penales del Estado al día siguiente en que fue hecha la publicación, y el término de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo, transcurrió del quince de octubre al seis de noviembre de dos mil dieciocho, y como quedó asentado del sello del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, dicho libelo fue presentado el catorce de noviembre del año próximo pasado, por lo que resulta extemporánea su presentación. En este orden de ideas, en virtud de que en autos quedó comprobado que el término para la interposición de la demanda de amparo que originó el presente juicio de amparo, excede el término de quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y al no estar en alguna de las hipótesis de excepción que prevé dicho numeral, se concluye que el presente juicio de amparo RESULTA IMPROCEDENTE, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al resultar consentida tácitamente el auto de vinculación reclamado. En tales condiciones, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia referida, en consecuencia se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados señalados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA CONCEPCIÓN ÁLVAREZ COVARRUBIAS, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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