María Ciria Anguiano García

Expediente 1166/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1166/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • María Ciria Anguiano García
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, ciudad y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. AUTORIDAD ACUSA RECIBO Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, a través del cual, entre otras cosas, acusa recibo del oficio en el cual se acompañó los autos originales del juicio de origen; lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. SE AUTORIZAN COPIAS CERTIFICADAS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa; mediante el cual solicita copias certificadas de las principales constancias que obra dentro del presente sumario. AUTORIZACIÓN En tales condiciones, dígase a la ocursante que se esté a lo acordado en proveído de dieciséis de diciembre del año pasado, el cual se tiene autorizado la expedición de copias simples y certificadas del presente juicio, salvo las que por su naturaleza deben permanecer en sigilo. Por tanto, dígasele que se pueden obtener las copias del mismo, a través del uso de instrumentos digitales, y una vez que la parte solicitante obtenga las copias simples, deberá acudir ante este juzgado con las mismas a fin de que se lleve la certificación correspondiente. En el entendido de que debe tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. Además, deberá tomar en consideración que el trámite a realizar tendrá que ser efectuado dentro del tiempo estipulado en su cita agendada, por lo que pudiera ser el caso que dada la voluminosidad de las constancias y atendiendo a la carga de trabajo que se pueda presentar este órgano jurisdiccional, de ser necesario deberá agendar una diversa cita para la recepción de las copias solicitadas. SE AUTORIZA Por otra parte, se tiene como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Leonel Cardoso Hilario y Eunice Edith Suárez Cornejo, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita que dichas personas se encuentran facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Ahora, las personas restantes sin dicha plenitud de facultades, hasta en tanto acrediten encontrarse facultadas para ejercer la aludida profesión. De ese modo, se tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de cuenta NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas, consistente en el expediente que contienen los autos originales del juicio agrario número 224/2019. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-1166/2021, promovido por María Ciria Anguiano García, a través de su apoderado Manuel Tinajero Cisneros, contra actos de Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, María Ciria Anguiano García, a través de su apoderado Manuel Tinajero Cisneros, promovió demanda de amparo indirecto en contra de actos el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8°, fracción I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma como expediente III-1166/2021. En el mismo proveído, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por territorio, grado y materia, para conocer del asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: Del (1) Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado: La omisión de realizar los actos para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario número 224/2019, en la que se ordenó la expedición en su favor el certificado parcelario que ampare la parcela número 7341. Al (2) Director de Jefe del Registro Agrario Nacional, al (3) Comisionado y al (4) Encargado, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán: La omisión de expedir el certificado parcelario, en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, dentro del juicio agrario referido. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al (1) Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad y al (2) Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Mientras que el (3) Comisionado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, por lo que se presumen ciertos los actos reclamados, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Además, lo anterior queda corroborado con las constancias remitidas por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, al rendir su informe, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. Por su parte, el (4) Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, negó la existencia de los actos impugnados, sin embargo, se presume cierta la omisión reclamada, por las siguientes razones. Se precisa que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Al respecto, la autoridad referida, al rendir el informe de ley, negó la existencia de las omisiones reclamadas, al manifestar que no era la encargada de expedir los certificados parcelarios. Sin embargo, no le asiste la razón, debido a que se presumen ciertas las omisiones reclamadas, pues al Registro Agrario Nacional, dependencia a la cual representa el Director en Jefe, sí le corresponde la expedición de los certificados parcelarios, no obstante que los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Agraria, en relación con el 22, fracción IX, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, lo faculten para coordinarse con las Delegaciones de los Estados para tal efecto. En ese sentido, al tener la facultad originaria, está obligado a la inscripción de los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Por lo que, si la parte quejosa le reclamó la omisión y falta de expedición del certificado parcelario en su favor, y la referida autoridad responsable es la encargada de tal operación, porque la Ley le impone tal facultad originaria; en consecuencia, se presumen ciertos los actos a ella reclamados. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 621 de la Ley de Amparo. Previo al análisis de la causal que se actualiza, se hace alusión a los antecedentes del caso. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciocho, María Ciria Anguiano García, promovió acción de nulidad de actos y documentos ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, en el que solicitó: La nulidad absoluta del procedimiento administrativo de traslado de derechos que se realizó ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, respecto de la parcela número 7341 Z-1 P1/1. Así como la cancelación del certificado parcelario 1056103 que ampara dicha parcela; en consecuencia, la declaración en resolución judicial que era a ella a la que le asistía un mejor derecho para poseer y usufructar la parcela. La cancelación del número de registro SAGARPA HUE08160094608 que obra a favor de José Natividad Anguiano García, en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Poblado de Ario de Rosales, Michoacán. Que se ordenara en sentencia definitiva al Registro Agrario Nacional en el Estado, la expedición en su favor del correspondiente certificado parcelario. Demanda a la que -el Tribunal Unitario Agrario- le formó el expediente agrario 224/2019 y, seguidos los trámites respectivos, el catorce de enero de dos mil veinte, dictó sentencia definitiva, en los términos siguientes: ".CUARTO.- Mediante atento oficio, remítase copia certificada de la presente resolución a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, para que proceda a su inscripción en los términos del artículo 152, fracción I, de la Ley Agraria; asimismo, atento a lo dispuesto en el artículo 187, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos, en relación con el 76 y 78 de la Ley de la Materia, para que expida de manera gratuita en favor de la actora María Ciria Anguiano García, el certificado parcelario que le acredite la titularidad de la parcela 7341 Z1 P1/1, con una superficie de 1-19-01.12 hectáreas, en el Ejido La Barca, Municipio de Ario, Estado de Michoacán, previa cancelación del certificado número 1056103, expedido a favor de JOSÉ NATIVIDAD ANGUIANO GARCÍA. (.)." En atención a lo anterior, y ante la omisión del Registro Agrario Nacional de expedir el certificado parcelario ordenado, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, a la que anexó un documento con sello de recepción que fue presentado en el Registro Agrario Nacional el treinta de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte solicitó la expedición del certificado parcelario referido ordenado en la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario citado. Ahora, de los autos que integran el presente expediente de amparo, se advierte que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, mediante oficio 512/2022, remitió el acuerdo de veintinueve de abril de este año, por el cual, tuvo al Registro Agrario Nacional informando que llevó a cabo la inscripción de la sentencia dictada en ese proceso agrario 224/2019, correspondiente al núcleo agrario "La Barca", del Municipio de Ario de Rosales, en el Estado y había procedido a la cancelación del certificado parcelario número 1056103, expidiéndose para tal efecto, el diverso número 1066843. Además, por acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa, pretendiendo desistirse de la demanda, y para ello afirmó que el Registro Agrario Nacional en el Estado, había cumplido con la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, en el Estado, en el expediente número 224/2019, aunque dicho desistimiento no prosperó, debido a que la parte quejosa no acudió a ratificarlo. Posteriormente, la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de las constancias donde se advierte la entrega del certificado parcelario 1066843 a la parte quejosa. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a las conductas omisivas que se atribuyen a las responsables. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de expedir el certificado parcelario a su favor, tal como se ordenó en la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, dentro del juicio agrario número 224/2019. Sin embargo, la propia autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que la diversa responsable Registro Agrario Nacional ya había expedido el certificado parcelario en cumplimiento a la resolución citada. Así también, se toma en cuenta lo manifestado por el apoderado de la parte quejosa, quien precisó que ya había recibido el certificado parcelario, lo que constituye una confesión expresa de que las omisiones reclamadas han cesado. Lo que se reitera, se encuentra corroborado con las constancias que la autoridad responsable anexó a los diversos oficios presentados en la instancia constitucional, esto es, no existe prueba en contrario que desvirtúe tal manifestación, por el contrario, se reitera, con los citados documentos se acredita que efectivamente se expidió el certificado parcelario que solicitó la parte quejosa. De esta manera, la confesión expresa de la parte quejosa, por conducto de su apoderado, tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 93, fracción I , 95 y 96 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Se citan como apoyo, las siguientes tesis, la primera por las razones que la sustentan y la segunda interpretada en sentido contrario: Registro digital: 200094 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 57 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Registro digital: 2024643 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: X.2o.T.1 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada "CONFESIÓN EXPRESA EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INEFICAZ PARA DECRETAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, SI DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE PRUEBA EN CONTRARIO QUE LA DESVIRTÚA EFICAZMENTE. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto a través de la cual se reclamó la inconstitucionalidad del emplazamiento practicado en el juicio de origen, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la parte quejosa sostuvo en su demanda que había promovido un incidente de nulidad de actuaciones contra el acto reclamado, lo que constituía una confesión expresa y, en consecuencia, le desconoció la calidad de tercero extraño equiparado con la que promovió el juicio biinstancial, sin atender a las constancias anexas a la demanda. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la confesión expresa en la demanda de amparo indirecto es ineficaz para decretar la improcedencia del juicio, si de sus anexos se advierte prueba en contrario que la desvirtúa eficazmente. Justificación: Ello es así, pues aun cuando la confesión expresa formulada en la demanda -en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo, y 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del diverso 2o., párrafo segundo, de la ley de la materia-, hace prueba plena para decretar la improcedencia del juicio; sin embargo, si dicha manifestación se desvirtúa con la documental pública consistente en el expediente original del juicio de origen, de la que se advierte fehacientemente que la quejosa no compareció a la contienda de origen en momento alguno y, por tanto, que no interpuso el incidente de nulidad de emplazamiento aducido en la demanda, con base en el cual el Juez de Distrito la desechó al estimarla notoriamente improcedente, no se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo." Por ende, es evidente que los actos reclamados - omisivos- quedaron insubsistentes con motivo de la expedición del certificado parcelario expedido a favor de la parte quejosa en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, dentro del juicio agrario número 224/2019. Por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." No obsta a lo anterior, que la parte quejosa reclame específicamente al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, la omisión de realizar los trámites para la expedición del certificado parcelario referido, sin embargo, a ningún efecto práctico conduciría la concesión del amparo para que realice tales gestiones, si ya se ha logrado su cumplimiento con la expedición del documento citado. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Ciria Anguiano García, a través de su apoderado Manuel Tinajero Cisneros, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe. Gabk/jegp El suscrito hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio 12719, 12720, 12721 y 12722. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie certifica y hace constar que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. SENTENCIA: 13 DE JUNIO DE 2022 CUADERNO: PRINCIPAL NO AUTORIDADES OFICIO 1 MAGISTRADO DEL TRIBUAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 17 EN EL ESTADO. 12719 2 DIRECTOR DE JEFE DEL REGISTROAGRARIO NACIONAL. 12720 3 COMISIONADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 12721 4 ENCRAGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 12722 Por vía de notificación para su conocimiento y efectos legales del caso, remito a Usted copia de la resolución dictada el día hoy, dentro del juicio de amparo número III-1166/2021, promovido por María Ciria Anguiano García, a través de su apoderado Manuel Tinajero Cisneros. A T E N T A M E N T E. MORELIA, MICH., A 13 DE JUNIO DE 2022. EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE. JegpR E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, María Ciria Anguiano García, a través de su apoderado Manuel Tinajero Cisneros, promovió demanda de amparo indirecto en contra de actos el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8°, fracción I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma como expediente III-1166/2021. En el mismo proveído, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por territorio, grado y materia, para conocer del asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: Del (1) Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado: La omisión de realizar los actos para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario número 224/2019, en la que se ordenó la expedición en su favor el certificado parcelario que ampare la parcela número 7341. Al (2) Director de Jefe del Registro Agrario Nacional, al (3) Comisionado y al (4) Encargado, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán: La omisión de expedir el certificado parcelario, en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, dentro del juicio agrario referido. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al (1) Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad y al (2) Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Mientras que el (3) Comisionado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, por lo que se presumen ciertos los actos reclamados, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Además, lo anterior queda corroborado con las constancias remitidas por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, al rendir su informe, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. Por su parte, el (4) Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, negó la existencia de los actos impugnados, sin embargo, se presume cierta la omisión reclamada, por las siguientes razones. Se precisa que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Al respecto, la autoridad referida, al rendir el informe de ley, negó la existencia de las omisiones reclamadas, al manifestar que no era la encargada de expedir los certificados parcelarios. Sin embargo, no le asiste la razón, debido a que se presumen ciertas las omisiones reclamadas, pues al Registro Agrario Nacional, dependencia a la cual representa el Director en Jefe, sí le corresponde la expedición de los certificados parcelarios, no obstante que los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Agraria, en relación con el 22, fracción IX, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, lo faculten para coordinarse con las Delegaciones de los Estados para tal efecto. En ese sentido, al tener la facultad originaria, está obligado a la inscripción de los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Por lo que, si la parte quejosa le reclamó la omisión y falta de expedición del certificado parcelario en su favor, y la referida autoridad responsable es la encargada de tal operación, porque la Ley le impone tal facultad originaria; en consecuencia, se presumen ciertos los actos a ella reclamados. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 621 de la Ley de Amparo. Previo al análisis de la causal que se actualiza, se hace alusión a los antecedentes del caso. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciocho, María Ciria Anguiano García, promovió acción de nulidad de actos y documentos ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, en el que solicitó: La nulidad absoluta del procedimiento administrativo de traslado de derechos que se realizó ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, respecto de la parcela número 7341 Z-1 P1/1. Así como la cancelación del certificado parcelario 1056103 que ampara dicha parcela; en consecuencia, la declaración en resolución judicial que era a ella a la que le asistía un mejor derecho para poseer y usufructar la parcela. La cancelación del número de registro SAGARPA HUE08160094608 que obra a favor de José Natividad Anguiano García, en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Poblado de Ario de Rosales, Michoacán. Que se ordenara en sentencia definitiva al Registro Agrario Nacional en el Estado, la expedición en su favor del correspondiente certificado parcelario. Demanda a la que -el Tribunal Unitario Agrario- le formó el expediente agrario 224/2019 y, seguidos los trámites respectivos, el catorce de enero de dos mil veinte, dictó sentencia definitiva, en los términos siguientes: ".CUARTO.- Mediante atento oficio, remítase copia certificada de la presente resolución a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, para que proceda a su inscripción en los términos del artículo 152, fracción I, de la Ley Agraria; asimismo, atento a lo dispuesto en el artículo 187, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos, en relación con el 76 y 78 de la Ley de la Materia, para que expida de manera gratuita en favor de la actora María Ciria Anguiano García, el certificado parcelario que le acredite la titularidad de la parcela 7341 Z1 P1/1, con una superficie de 1-19-01.12 hectáreas, en el Ejido La Barca, Municipio de Ario, Estado de Michoacán, previa cancelación del certificado número 1056103, expedido a favor de JOSÉ NATIVIDAD ANGUIANO GARCÍA. (.)." En atención a lo anterior, y ante la omisión del Registro Agrario Nacional de expedir el certificado parcelario ordenado, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, a la que anexó un documento con sello de recepción que fue presentado en el Registro Agrario Nacional el treinta de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte solicitó la expedición del certificado parcelario referido ordenado en la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario citado. Ahora, de los autos que integran el presente expediente de amparo, se advierte que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, mediante oficio 512/2022, remitió el acuerdo de veintinueve de abril de este año, por el cual, tuvo al Registro Agrario Nacional informando que llevó a cabo la inscripción de la sentencia dictada en ese proceso agrario 224/2019, correspondiente al núcleo agrario "La Barca", del Municipio de Ario de Rosales, en el Estado y había procedido a la cancelación del certificado parcelario número 1056103, expidiéndose para tal efecto, el diverso número 1066843. Además, por acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa, pretendiendo desistirse de la demanda, y para ello afirmó que el Registro Agrario Nacional en el Estado, había cumplido con la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, en el Estado, en el expediente número 224/2019, aunque dicho desistimiento no prosperó, debido a que la parte quejosa no acudió a ratificarlo. Posteriormente, la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de las constancias donde se advierte la entrega del certificado parcelario 1066843 a la parte quejosa. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a las conductas omisivas que se atribuyen a las responsables. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de expedir el certificado parcelario a su favor, tal como se ordenó en la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, dentro del juicio agrario número 224/2019. Sin embargo, la propia autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que la diversa responsable Registro Agrario Nacional ya había expedido el certificado parcelario en cumplimiento a la resolución citada. Así también, se toma en cuenta lo manifestado por el apoderado de la parte quejosa, quien precisó que ya había recibido el certificado parcelario, lo que constituye una confesión expresa de que las omisiones reclamadas han cesado. Lo que se reitera, se encuentra corroborado con las constancias que la autoridad responsable anexó a los diversos oficios presentados en la instancia constitucional, esto es, no existe prueba en contrario que desvirtúe tal manifestación, por el contrario, se reitera, con los citados documentos se acredita que efectivamente se expidió el certificado parcelario que solicitó la parte quejosa. De esta manera, la confesión expresa de la parte quejosa, por conducto de su apoderado, tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 93, fracción I , 95 y 96 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Se citan como apoyo, las siguientes tesis, la primera por las razones que la sustentan y la segunda interpretada en sentido contrario: Registro digital: 200094 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 57 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Registro digital: 2024643 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: X.2o.T.1 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada "CONFESIÓN EXPRESA EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INEFICAZ PARA DECRETAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, SI DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE PRUEBA EN CONTRARIO QUE LA DESVIRTÚA EFICAZMENTE. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto a través de la cual se reclamó la inconstitucionalidad del emplazamiento practicado en el juicio de origen, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la parte quejosa sostuvo en su demanda que había promovido un incidente de nulidad de actuaciones contra el acto reclamado, lo que constituía una confesión expresa y, en consecuencia, le desconoció la calidad de tercero extraño equiparado con la que promovió el juicio biinstancial, sin atender a las constancias anexas a la demanda. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la confesión expresa en la demanda de amparo indirecto es ineficaz para decretar la improcedencia del juicio, si de sus anexos se advierte prueba en contrario que la desvirtúa eficazmente. Justificación: Ello es así, pues aun cuando la confesión expresa formulada en la demanda -en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo, y 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del diverso 2o., párrafo segundo, de la ley de la materia-, hace prueba plena para decretar la improcedencia del juicio; sin embargo, si dicha manifestación se desvirtúa con la documental pública consistente en el expediente original del juicio de origen, de la que se advierte fehacientemente que la quejosa no compareció a la contienda de origen en momento alguno y, por tanto, que no interpuso el incidente de nulidad de emplazamiento aducido en la demanda, con base en el cual el Juez de Distrito la desechó al estimarla notoriamente improcedente, no se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo." Por ende, es evidente que los actos reclamados - omisivos- quedaron insubsistentes con motivo de la expedición del certificado parcelario expedido a favor de la parte quejosa en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, dentro del juicio agrario número 224/2019. Por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." No obsta a lo anterior, que la parte quejosa reclame específicamente al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, la omisión de realizar los trámites para la expedición del certificado parcelario referido, sin embargo, a ningún efecto práctico conduciría la concesión del amparo para que realice tales gestiones, si ya se ha logrado su cumplimiento con la expedición del documento citado. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Ciria Anguiano García, a través de su apoderado Manuel Tinajero Cisneros, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.

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