Maria Cecilia Perez Islas

Expediente 851/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
851/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Maria Cecilia Perez Islas

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta promovida por María Cecilia Pérez Islas, contra los actos que reclama del Fiscal Investigador Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializado en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, con sede en esta ciudad; fórmese y regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número IV.851/2023. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la demanda y de su lectura integral, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama del Fiscal Investigador Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializado en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, la omisión la autoridad responsable de investigar, ordenar realizar los exámenes pertinentes para determinar el grado de daño físico y emocional debido a la agresión sexual que sufrió en veinte de mayo de dos mil veintitrés, así como la de otorgarle la protección, al considerarse víctima de un hecho delictivo, derivado de la denuncia que interpuso, por lo que se formó la carpeta de investigación S1-G2-526-2023. En ese sentido, del análisis del escrito inicial de demanda, se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Se afirma lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión la autoridad responsable de investigar, ordenar realizar los exámenes pertinentes para determinar el grado de daño físico y emocional debido a la agresión sexual que sufrió en veinte de mayo de dos mil veintitrés, así como la de otorgarle la protección, al considerarse víctima de un hecho delictivo, derivado de la denuncia que interpuso, por lo que se formó la carpeta de investigación S1-G2-526-2023; actos que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las partes, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones, negligencias o actuaciones que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse ante el Juez de Control. En cuyo caso, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra actuaciones o decisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que en términos del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Juez de Control puede revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, para estimar que si su actuación es ilegal, conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Igualmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. Sustenta lo anterior, las tesis jurisprudenciales 27/2018 y 28/2018, de la Décima Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de publicación en el Semanario Judicial de la Federación: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse las hipótesis de improcedencia antes ponderadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como sus autorizados a Carlos Antonio Pérez Islas y César Barroso Maldonado, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo hasta en tanto acrediten los registros de su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a las personas citadas en su demanda de amparo; y de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello su nombre de usuario, que es ******************** relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, en el mismo con su nombre de usuario antes referido, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tienen como correos electrónicos y números telefónicos de la parte quejosa los plasmados en la demanda de amparo, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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